En los últimos días, el control de la terminal del Puerto Quequén generó fuertes tensiones, con foco en el rechazo que la Mesa de Enlace hizo al planteo de Axel Kicillof de contemplar en el nuevo pliego de concesión una reserva del 30% de los granos en acopio para la Provincia.
Los ruralistas acusaron intervencionismo y una reedición de la Junta de Granos. En la Provincia niegan que esa sea la intención y aseguran que el objetivo es que los pequeños productores tengan un cupo de elevación de granos, sin tener que buscar intermediarios.
Pero, más allá del caudal de voces que se levantaron en el sector objetando ese pedido de Kicillof, en la discusión por el pliego para licitar la terminal del Puerto Quequén subyacen fuertes tensiones entre las entidades del campo y las agroexportadoras que ahí operan.
Es una pelea por la letra fina del pliego de la licitación futura que tiene su anclaje en las condiciones que se habían fijado en la concesión otorgada en 1992 y que, desde 2022, viene siendo prorrogada.
Por aquel entonces, cuando se licitó por primera vez el elevador, se estipuló que se posicionaba mejor para ganar la licitación la oferta que contenga un mayor número de entidades intermedias.
Según detallaron fuentes confiables a LPO, las entidades intermedias se llevan el 15% de las utilidades anuales de la Terminal Quequén, a partir de lo establecido en el pliego de 1992
Es así que en el decreto 2072/92 firmado por Carlos Menen y Domingo Cavallo se otorgó esa concesión a 30 años a «Terminal Quequén», sociedad compuesta por grandes agroexportadoras y por entidades como la Sociedad Rural Argentina, Coninagro, CRA y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, entre otras.
En cuanto a las multinacionales que integran Terminal Quequén, aparecen Viterra (Glencore), Cofco y Bunge, entre otras.
Según detallaron fuentes confiables a LPO, las entidades intermedias se llevan el 15% de las utilidades anuales de la Terminal Quequén, a partir de lo establecido en el pliego de 1992. Ese porcentaje es el que algunas agroexportadoras que operan en Quequén buscarían barrer en las condiciones del próximo pliego.
Una voz de ese sector cuestionó que las entidades «se llevan el 15% de la elevación sin poner un peso». Es ahí donde entran a jugar fuertes tensiones.
Por lo pronto, se trata de una disputa que se viene dando por lo bajo, mientras que, en la superficie, se agitan cuestionamientos al planteo del gobierno bonaerense de reserva del 30% de los granos en acopio para la Provincia.
Ante eso la Mesa de Enlace provincial salió a rechazar lo que definió como «la creación de una Junta Provincial de Granos en Quequén».
Así, pidió respetar las condiciones en los pliegos y bases que datan de 1992 y exigió que, si no se llega con los tiempos administrativos a consensuar los pliegos, «se debería prorrogar la concesión hasta tanto estén disponibles los mismos».
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En la Provincia, fuentes consultadas señalaron que «bajo ningún concepto» el Ejecutivo busca una intermediación en el mercado, ya que el Puerto trabaja de manera anualizada y en relación a los buques que se tienen y, frente a eso, «jamás se pidió alterar el calendario».
En ese sentido, insisten en que el objetivo del 30% de reserva tiene que ver con buscar un mecanismo para que los pequeños productores tengan cupo de elevación.
Con el vencimiento de la prórroga cerca, al 30 de septiembre tiene que haber una definición en el Directorio, donde la semana que viene empezarían las discusiones en asamblea extraordinaria.
Considerando el escaso margen de tiempo y que de la operatoria del elevador dependen más de un centenar de trabajadores, una opción que se estaría barajando para reducir la escalada de tensión es dar una nueva prórroga y discutir la licitación en ese marco.
