El Gobierno analiza llevar a Karina Milei como primera diputada en la provincia en una lista en la que estén José Luis Espert, Sebastián Pareja y Diego Santilli.
La hermana del presidente es quien controla el armado bonaerense de La Libertad Avanza por medio de Pareja, que coordina todas las actividades de los libertarios, incluso la del sector de Patricia Bullrich y Diego Valenzuela.
Patricia y Valenzuela quieren una mesa de tres patas integrada por ellos, por el eje de Karina y Pareja y por Espert, para tomar decisiones antes de abrir el juego al resto de los actores, incluido el propio Mauricio Macri.
Pero Karina avanza sin dar explicaciones y piensa colocar a Pareja en uno de los lugares auspiciosos de la boleta libertaria. Para darle el gusto a su hermano, aceptaría que Espert vaya en el lugar de la lista.
Santilli, en tanto, tiene su propio juego con los libertarios. El ex candidato a gobernador de Larreta tomó distancia de Victoria Villarruel después del acercamiento anticipado por LPO y trata de conseguir una foto con Karina como la que se sacó Rogelio Frigerio la semana pasada en Casa Rosada.
Sergio Massa dará su primer discurso desde que gobierna Javier Milei el próximo sábado en Sierra de la Ventana, en donde hará una autocrítica del momento del peronismo.
El ex ministro de Economía reunirá a la mesa provincial del Frente Renovador para instalar la idea del crecimiento económico para el peronismo que viene, con el objetivo de hacer un contraste con lo que califica de «sacrificio inútil» de la sociedad. Massa cree que el modelo de Milei no va a cerrar y que por eso los esfuerzos de la gente ante el ajuste no traerán frutos.
La idea central del evento es la promoción de figuras jóvenes, la regionalización de los liderazgos y la construcción de una estrategia para el diálogo en las redes para darle pelea a los libertarios.
Para el congreso del FR se espera un panel con propuestas que marcarán matices ideológicos con el kirchnerismo y con Axel Kicillof. El ex intendente de San Andrés de Giles y actual diputado bonaerense, Carlos Puglielli, disertará sobre el uso de las pistolas taser.
Luciana Padulo propondrá la eliminación de la suspensión de la repitencia en las escuelas que impulsó el gobierno de Kicillof. Otro punto de diferencia con el gobernador es que los massistas rechazaron hacer el evento en el Hotel Provincial de Sierra de la Ventana.
Luis Andreotti, ex intendente de San Fernando, hablará de las policías municipales. El intendente de Tornquist, Sergio Bordoni, hablará de la descentralización y autonomía regional. Marcela Passo llevará una propuesta de financiamiento a municipios y Mónica Litza una idea de gobierno para el área metropolitana.
Micaela Moran propondrá
un sistema de identificacion facial
contra la base del Renaper
para limitar el juego on line y presencial.
Eduardo Setti, Lisandro Cleri y Agustín Gerez van a hablar de la macroeconomía y José de Mendiguren y Natalia Del Cogliano de la micro. Massa cerrará hablando de esas dos áreas, además de la política exterior. Al final del acto bajará su mirada nacional.
Diosdado Cabello, el número dos de Nicolás Maduro, salió al cruce de Cristina Kirchner y sin nombarla dijo que en Argentina han «traicionado el legado de Kirchner, de Perón y al pueblo».
El venezolano se refirió a Argentina en su programa Con El Mazo Dando.»Milei gobierna por la tibieza del gobierno de Alberto Fernández», dijo Cabello y luego usó la palabra «legado» para mandarle un mensaje a Cristina, horas después de que la ex presidenta hablara en México en un evento organizado por el gobernante partido Morena.
«De acá le pido, no solamente por el pueblo venezolano, por la oposición, la democracia, por el propio legado de Hugo Chávez, que presenten las actas», dijo Cristina.
«Tenemos que pedir que se publiquen para que todos puedan escrutar: la opinión pública internacional, la oposición y el pueblo de Venezuela», dijo la ex presidenta, que se alineó así con la postura de presidentes de izquierda de la región como López Obrador, Lula y Petro que emitieron un comunicado conjunto de México, Colombia y Brasil.
El gobierno analiza rematar importantes propiedades del Estado para hacerse de los dólares que pierden las reservas. Una parte del Regimiento de Patricios de Palermo, 10000 hectáreas en Campo de los Andes en Mendoza, 900 hectáreas en Embalse, Córdoba, y tierras en Puerto Madero, son algunos de los terrenos más valiosos que el gobierno tiene en la mira.
Para hacer frente a la escasez de dólares, el gobierno busca recaudar con una modalidad que Mauricio Macri ya utilizó durante su presidencia y que fue festejada por los grandes jugadores del Real Estate.
La Agencia de Bienes del Estado (AABE) quedó en manos de Nicolás Pakgojz, un ex funcionario porteño vinculado a Eduardo Elsztain, el principal desarrollador del país.
El AABE tiene posesión de todos los terrenos militares de la Argentina. Algunos de ellos con una ubicación privilegiada, como el Regimiento de Patricios, ubicado a metros de la avenida Libertador y los bosques de Palermo.
Este regimiento ocupa varias hectáreas en una de las zonas más caras de Buenos Aires, pero el gobierno para no enojar a los militares planea desprenderse únicamente de las parcelas ocupadas por Easy y Jumbo, dejando al regimiento con su configuración actual. Lo mismo podría ocurrir con el predio de ciberdefensa en Puerto Madero.
También está en la mira el campo El Retiro en Odóñez, Córdoba, que fue explotado por Cresud, una empresa que pertenece a Elsztain y podría volver al mercado. El macrismo vendió 8300 hectáreas por 90 millones de dólares en 2018. El estado se quedó con 3800 hectáreas que durante el gobierno de Alberto regresaron al usufructo público. Ahora Milei piensa en subastarlas.
El ministro de Defensa, Luis Petri.
La relación de Elsztain con Milei es cercanísima. El empresario le permitió al libertario y a todo su comando de campaña vivir durante meses en su hotel Libertador y usarlo como bunker, en una práctica que continuó ya con Milei como presidente electo y hasta presidente en ejercicio.
Milei nunca pudo justificar como pagó esa estadía, que teniendo en cuenta su posición como funcionario público y los negocios de Elsztain con el Estado -por ejemplo es accionista del Banco Hipotecario- encuadra bastante bien en el delito de dádivas. Hasta ahora ningún juez o fiscal federal consideró necesario investigar ese conflicto de intereses.
El Ejército tiene miles de hectáreas en zonas muy codiciadas por los desarrolladores para hacer complejos de lujo, como el Valle de Uco en Mendoza o campos cercanos a Bariloche y San Martín de los Andes, en la Patagonia.
Como sea, otra de las propiedades públicas que alimenta la ambición de los grandes desarrolladores es la ubicada en Campo de los Andes en el Valle de Uco, una célebre zona viñadera en Mendoza. Las tierras vecinas a la Cordillera también pertenecen al Ejército.
Rio Negro y Neuquén son dos de las provincias con mayor superficie perteneciente a las fuerzas armadas. Algunos de los terrenos están en zonas muy codiciadas de Bariloche y San Martín de los Andes.
El complejo turístico de Chapadmalal es otra de las propiedades estatales que Milei prometió liquidar. Lo mismo ocurriría con el complejo Embalse de 900 hectáreas en Córdoba ubicado en el valle de Calamuchita que posee 7 hoteles que podrían ser gerenciados por una operadora española.
Desde el puente que enlaza Resistencia con Corrientes hasta la zona de Rosario el río Paraná, aunque desborda de caudal, es un desierto. La mayor parte del trecho de navegación transcurre sin que se vea a nadie en las costas o en el agua. La Prefectura está ausente porque no hay equipamiento que posibilite patrullar semejante autopista fluvial por donde baja todo tipo de cargas en la Hidrovía. Lo que genera una gran preocupación a las empresas privadas que explotan los puertos donde se embarca mayormente el cereal con destino de exportación. Inquietud que se acrecentó hace 12 días cuando se descubrieron en una terminal privada cercana a Asunción 4 mil kilos de cocaína que debían terminar en el puerto de Rotterdam.
Los temas de seguridad en la zona encienden todas las luces de alarma en el complejo cerealero oleaginoso situado 30 kilómetros al norte de Rosario donde están los grandes puertos por los que sale un 70 por ciento de esas cargas a ultramar. Lo más perturbador es que a las bodegas de los buques de gran calado que mueven los embarques lleguen cargas de drogas. «Para nosotros el narcotráfico es una amenaza por la fuerte afectación de la relación de las empresas con la sociedad», indica un funcionario de seguridad de una de las compañías privadas de la zona. Los moviliza el fantasma de que los puertos queden tocados por sospechas de tener vínculos con esos contrabandos.
Contaminar depósitos con las cargas a granel que llegan en las barcazas es difícil pero las empresas disponen controles propios porque saben que no es imposible. No hubo incautaciones en puertos privados de la zona del Gran Rosario en esta variante. A diferencia de los contenedores la supervisión de cargas graneleras es a ojo y no por escaner, aunque sí recientemente en Rosario. En julio de 2022 se detectó que en el puerto frente al Monumento a la Bandera fueron metidos 1300 kilos de cocaína en una carga de maní llegada de Córdoba. La maniobra se hizo en el mismo puerto aunque la cocaína no llegó por agua sino mediante camiones ingresados a una plazoleta fiscal del Terminal Puerto Rosario. Todo esto se supo un mes después de que la droga saliera. La detectaron en Santos, Brasil, desde donde reportaron el hecho, que permitió mediante los circuitos de cámaras en la planta rosarina corroborar lo ocurrido con el hecho consumado.
Para los responsables de puertos privados hoy la posibilidad de actuar ante un evento sospechoso no es inmediata. Algunas compañías tienen cámaras en la cubierta del barco amarrado que carga en una terminal. Eso permite advertir la actividad allí, un bote una lancha que se acercaran por ejemplo. Pero las imágenes captadas son analizables una semana más tarde cuando se entregan los CD con los registros. Para entonces los navíos o las barcazas ya se fueron.
Ahora se implementará un proceso de registro de imágenes captadas por antenas móviles via Starlink, la empresa de Elon Musk, que permite la conectividad de áreas remotas del territorio nacional mediante el enlace provisto por una constelación de satélites. Eso facilitará el seguimiento online en centros de monitoreo de las empresas que controlan los puertos, algo que hoy no existe, y con ello eventualmente capacidad de respuesta inmediata ante acciones sospechosas. Tal mapeo habilitará a que unas tres mil barcazas sean seguidas en tiempo real durante la navegación los 365 días del año.
Hoy por un sistema obligatorio de GPS en los remolcadores que impulsan los convoyes, la Prefectura y las empresas sí pueden conocer el desplazamiento de barcazas y de los barcos. No pueden, en contraste, visualizar qué pasa durante la navegación de las flotas.
A nivel nacional desde el Ministerio de Seguridad han confiado a directivos de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), que nuclea a los ejecutivos de los puertos privados, la posibilidad de habilitar acciones de inteligencia con tecnología para identificar mediante inspección facial a las tripulaciones de las flotas que circulan por el tramo nacional de la hidrovía, mediante las cámaras que fiscalizan en sus centros de monitoreo. Esto facilitaría determinar si alguien del personal de flota está registrado en las bases de datos por denuncias que pudieran tener los países que comparten la red fluvial.
Desde la zona de Timbúes hasta San Lorenzo, pegado a Rosario, hay una decena de puertos privados, algunos de las firmas más renombradas del mundo. Están Renova, Dreyfus, Cofco, Cargill, Buyatti, Terminal 6, Bunge y ACA San Lorenzo. Una de las empresas que es Cargill tiene en Rosario un centro regional de operaciones y monitoreo global desde donde se supervisan cien instalaciones de esa compañía en 14 países. El hecho de haberlo instalado en la zona revela la preocupación especial por los controles en esta zona donde la navegación fluvial discurre en tierra de nadie. Son más de 700 kilómetros en los que están la mayoría de los 28 puertos del Paraná.
En mayo de 2022 en un barco puerto frente a Australia con 40 mil toneladas de harina de soja encontraron 50 kilos de cocaína junto a un buzo de nacionalidad brasileña sin vida. El barco había sido cargado en Renova, en Timbúes, y pasado por el puerto de Santos en Brasil. Una pericia de Prefectura descartaba que la droga hubiera sido ingresada en el Paraná por el método utilizado: se debió colocar droga en un suplemento soldado bajo la superficie del agua muy turbia y de fuerte corriente del río.
Un argumento conveniente para la fuerza de seguridad, aunque verosímil. Pero muy dañoso para la reputación de cualquiera de los puertos privados en un contexto desfavorable. En este caso puntual Renova puso a disposición de las autoridades todos sus registros de cámara de todo el tiempo que estuvo amarrado el buque en cuestión, el «Areti GR», y la Aduana descartó actividades sospechosas durante el proceso de carga.
El rudimentario control de la Hidrovía facilita todo tipo de contrabando. Ante ese agujero negro en la supervisión desde algunos puertos privados tienen métodos propios de control de cargas desde el ingreso desde Paraguay al Paraná en aguas argentinas. Los trabajos incluyen antes de que se afiancen los convoyes de hasta 20 barcazas de no más de diez pies de calado, unos tres metros, que se utilizan para trasladar cargas a granel como cereal, harinas y aceites que llegan a los grandes puertos donde esperan los buques de ultramar. Voceros de empresas privadas dicen que no solo hay que abrir el ojo para que no metan nada allí sino para que no saquen. Mientras las barcazas esperan salida hay oportunistas que pueden subir y robar hasta 100 toneladas de carga utilizando baldes.
Los convoyes se consolidan en un amarradero y allí algunas firmas hacen inspecciones con drones desde el aire para advertir si se acerca gente. Paso de la Patria en Corrientes es el primer puerto. Hacia abajo a 40 kilómetros está el puente entre Resistencia y Corrientes. Hasta allí hay acompañamientos de las barcazas de parte de Prefectura e inspecciones con perros. Pero desde Empedrado hasta Timbúes hay unos 700 kilómetros no hay nada. Ni retenes, ni controles, ni puestos de Prefectura que tiene a cargo demasiados kilómetros de costa para su capacidad de supervisión.
La Justicia habría encontrado fotos y videos que parecen confirmar golpes de Alberto Fernández a su pareja Fabiola Yáñez mientras era presidente y convivían en la Quinta de Olivos
Clarín reveló que las pruebas se encontraron en el celular de María Cantero, la histórica secretaria de Alberto, cuyo teléfono fue peritado en el marco de la causa del escándalo de los seguros que conducen el fiscal Carlos Rívolo y el juez Julián Ercolini.
Aunque se buscaba información sobre Fernández y su vínculo con la trama ilícita de los seguros, surgió del peritaje información mucho más sórdida para Fernández.
El juzgado fue notificado de que en el celular había pruebas de la posible comisión de un delito: violencia de género contra Fabiola Yañez, aparentemente perpetradas por su marido en la Quinta de Olivos.
Entre el material que se detectó en el celular de Cantero, aparecen fotos de Yáñez con signos visibles de golpes. Además, se descubrieron audios y chats donde la ex primera dama describe presuntas golpizas sufridas en la Quinta de Olivos, aún cuando estaba embarazada del hijo que tiene con Alberto.
Entre el material que se detectó en el celular de Cantero, aparecen fotos de Yáñez con signos visibles de golpes, un ojo morado, el maxilar muy hinchado y moretones en el torso. Se encontraron audios y chats donde la ex primera dama describe golpizas sufridas en la Quinta de Olivos, aún cuando estaba embarazada del hijo que tiene con Alberto.
Cuando el juez Ercolini se encontró con este material explosivo decidió abrir un expediente reservado y poner en conocimiento del mismo a la Oficina de Violencia de Género de la Corte Suprema. En el material se observan imágenes de Fabiola con un ojo morado, parte del maxilar superior muy hinchado y moretones en todo el torso.
En shock, la ex primera dama habría enviado este material a la secretaria de Alberto para denunciarle la situación que vivía. Incluso se menciona un video en el que se vería a Alberto atacando a Fabiola.
El penalista Juan Pablo Fioribello, abogado de Fabiola, le admitió a Clarín que hubo «una fuerte discusión de pareja» entre el ex presidente y Fabiola, pero que el ex mandatario «niega violencia física».
«Efectivamente a raíz del secuestro del celular personal de María Cantero, se encontraron chats privados entre la señora Fabiola Yañez y Cantero. De esos chats se desprende que podría haber existido la posibilidad de hechos de violencia de género», admitió el abogado de Alberto Fernández.
Fabiola fue contactada por el juez Ercolini vía zoom, ya que vive en Europa separada de Alberto. La ex primera dama, siempre según Clarín, habría dicho que no quiere denunciar al ex presidente.
La bullrichista Sabrina Ajmechet rechazó un pedido de organizaciones de DDHH para tratar la visita de diputados libertarios a genocidas condenados en la cárcel de Ezeiza.
Ajmechet preside la Comisión de Derechos Humanos en Diputados y recibió una nota donde le solicitaban una reunión para «ampliar» una denuncia pública que habían realizado contra los legisladores libertarios.
Las organizaciones, entre las que se encuentran Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, H.I.J.O.S y la APDH, habían presentado otra carta a Martín Menem para que removiera a los visitantes de represores por «inhabilidad moral».
Como reveló LPO, Patricia Bullrich estaba al tanto de la visita de Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro, Rocío Bonacci y María Fernanda Araujo. Un colaborador de la ministra se habría encargado de hacer el papeleo para que pudieran ingresar al penal.
Ajmechet eludió el pedido de las organizaciones y les respondió que «el debate acerca de las inhabilidades mencionadas en el Art. 66 de la Constitución» no debía producirse «en el seno de la Comisión que presido sino en otras que funcionan a tal efecto».
El reclamos sigue abierto: las organizaciones le enviaron otra nota para que las reciba. «El amplio repudio social a este encuentro entre diputados y diputadas de LLA con quienes han cometido los crímenes más aberrantes desde el Estado no puede ser desconocido por la Comisión de Derechos Humanos y Garantías», dijeron en un comunicado.
El episodio es propio de lo absurdo. El gobierno nacional no acepta para la cancelación de compromisos pendientes que se utilicen los bonos que el propio gobierno emitió. La situación la vivió un gobernador cuando intentó usar los bonos que le dieron las eléctricas para pagarle a Cammesa. Un detalle: las distribuidoras fueron obligadas a aceptar ese bono a la fuerza por el ministro Caputo y ahora el propio gobierno lo repudia.
La secuencia es así: las generadoras de energía utilizan esos bonos para el pago de impuestos provinciales y regalías. Los gobernadores aceptaron convencidos de que las distribuidoras provinciales iban a poder pagar el suministro con esos bonos, pero fueron rechazados de plano por la mayorista de energía.
«Nadie dijo que Cammesa iba aceptar esos bonos», se justificaron ante LPO voceros de la Secretaría de Energía. Llamativamente esta declaración pone en evidencia la falta de reparos para admitir la desconfianza de la cartera que conduce Eduardo Rodriguez Chirillo en el valor de esos títulos públicos que les dio el ministro Caputo.
A fines de mayo, el propio Luis Caputo celebraba en sus redes sociales el acuerdo con las empresas del sector energético en la negociación por la deuda acumulada desde diciembre con Cammesa producto del salto cambiario y tarifas dolarizadas.
Lo cierto es el Gobierno decidió unilateralmente la restructuración compulsiva de la deuda acumulada con el sector energético desde comienzo de año, obligando a las energéticas a aceptar el bono AE38, que cotiza un 50% por debajo de la paridad, con lo cual la decisión implica una quita de la mitad del capital adeudado.
Somos firmas apalancadas en financiamiento externo, ¿Que entienden nuestros acreedores? ¿Que vamos a cumplir nuestros compromisos con papelitos de Caputo, que encima el propio Estado rechaza?
En el mercado entienden que ya con esa medida se provocó un enorme costo en términos de seguridad jurídica. «Somos firmas apalancadas en financiamiento externo, ¿Que entienden nuestros acreedores? ¿Que vamos a cumplir nuestros compromisos con papelitos de Caputo, que encima el propio Estado rechaza?», graficó una fuente del sector.
Por eso, el rechazo de Cammesa a los bonos que tuvieron que aceptar las distribuidoras corrió como reguero de pólvora en una industria caliente: «Piden la confianza del mercado y ellos no confían en su propio bono», dijo a LPO un directivo de una de las cooperativas eléctricas provinciales.
Pero la decisión también puede responder a la interna feroz que mantienen Caputo y el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo. «Es una muestra más de la interna con Economía. Caputo le intervino a cartera a Chirillo con Daniel Gonzalez, que si bien todavía no esta oficializado, esta en funciones», dijo a LPO un funcionario de Economía.
La justicia de Río Negro consideró que adulterar actas, firmas y falsificar adhesiones es una cuestión «que hacen a la vida de los partidos políticos» y podría salvar la estrategia de Karina Milei para hacer de La Libertad Avanza una fuerza nacional. El juez electoral que tiene la causa busca conseguir el traslado a un juzgado federal.
Los libertarios apelaron a documentos apócrifos que incluyeron firmas de muertos para reunir la cantidad de adhesiones necesarias para ser reconocidos. La principal sospechosa es una funcionaria de confianza de la diputada Lorena Villaverde. Se trata de Celeste Ventureyra, titular del Pami y Ansés en la Zona Andina.
Ventureyra fue suspendida de la presidencia de la federación de box local luego de que se comprobara que había utilizado las copias de los DNI de los deportistas federados para sumar adhesiones a LLA.
Villaverde fue denunciada por falsificar la firma de su ex mano derecha Ariel Zúñiga en al menos dos actas de la junta promotora del partido. En medio de una fuerte interna fue el propio Zúñiga quien la denunció.
El fiscal también consideró que haber falsificado en dos actas partidarias no era una cuestión judiciable, pues existía una tercer acta donde la firma de Zúñiga era válida.
Acompañada por Martín Menem y en medio del escándalo, Villaverde terminó pidiendo la suspensión del trámite de reconocimiento de La Libertad Avanza en la provincia.
La abrumadora cantidad de pruebas no fue suficiente para que el fiscal Marcos Scandell decidiera avanzar con la causa.
«Las cuestiones que hacen a la vida de los partidos políticos deben ser resueltas internamente, y solo llevar a decisión de un juez aquellas que las leyes determinan», escribió el fiscal en su dictamen antes de invitar al juez Hugo Greca a desestimar la denuncia.
Según pudo saber LPO, Greca busca ser trasladado del juzgado federal electoral de Viedma al juzgado federal de General Roca. Es una incógnita si ese deseo estuvo relacionado con la decisión de hacer caso al fiscal y recomendar que sea el propio partido quien resuelva las acusaciones.
Con las cuentas en rojo, Javier Milei tuvo que dar marcha atrás con el cierre de Télam. El gobierno creó una sociedad residual para los empleados que no aceptaron los retiros voluntarios y que tampoco seguirán en la empresa de contenidos ni publicidad.
El cierre de Télam fue el principal anuncio de Milei durante la apertura de sesiones ordinarias. Sin embargo, en dónde había una sola empresa, el gobierno terminó creando tres.
Los sindicatos habían conseguido que una parte de la planta de Télam siguiera generando contenido noticioso. Son cerca de 90 personas, que pasaron a una de las nuevas sociedades. Además, algunos trabajadores continuarán en la compañía para gestionar la pauta publicitaria oficial.
El resto de los empleados seguirán ligados a la empresa, pero desde el gobierno no les asignarán tareas. Serán parte de una sociedad residual hasta que sean reubicados en el Estado san contratados por una empresa privada.
El gobierno garantizará el sueldo por 12 meses y si luego de transcurrido ese tiempo el trabajador no es reubicado, entonces el estado deberá indemnizarlo.
