Desde la Municipalidad de Dolores se informa a los vecinos cómo deben sacarse los residuos o restos de poda a la calle.
Los montículos de ramas, tierra y escombros (hasta 1m3), deben sacarse a la vía pública con previo aviso. Si superan estas dimensiones se debe contratar un contenedor.
Para esto, es necesario juntarlos de manera ordenada. Los escombros y ramas van en la calle, mientras que las bolsas de pasto deben ubicarse en la vereda y las de residuos domiciliarios en los respectivos canastos.
Es importante recordar que no se recolectan los residuos de obras en construcción. Además, se recuerda que el incumplimiento de estas indicaciones puede implicar multas y sanciones.
Para más información podes comunicarte con obras públicas al 44-2207 o por WhatsApp al 2245-403020
José Voytenco, titular del gremio de los peones rurales Uatre, enfrenta graves acusaciones por presuntos manejos irregulares de fondos de la obra social del sindicato, Osprera, en medio de denuncias que exponen un multimillonario patrimonio del líder sindical.
Por esas razones, este lunes, numerosas seccionales de Uatre reclamaron la remoción de Voytenco hasta que se esclarezcan los hechos. En paralelo, siguen las denuncias por convenios cortados con clínicas por deudas millonarias que no cancela Osprera, a pesar de ser la tercera obra social más grande del país, con una recaudación de 50 mil millones de pesos.
Un informe de Telenueve Investiga dio cuenta de irregularidades en la extracción de dinero de la obra social sin rendición de cuentas y la contratación del ex titular del Pami Daniel Cassinotti para que audite la cuestionada obra social, por casi 60 millones por mes.
Eso, a la par que se expuso un exorbitante patrimonio de Voytenco, con la construcción de una casa de 700 mil dólares y relojes de lujo por más de 150 mil dólares. Esa revelación recrudeció la guerra interna que cruza al gremio de los peones rurales.
«Solicitamos la remoción en el cargo hasta que se terminen de investigar las denuncias que lo involucra en los malos manejos económicos que lleva adelante en las instituciones que preside», dice un comunicado de la seccional La Plata que sostuvo que «la lujosa vida» de Voytenco «no representa en ningún termino los valores y la lucha que lleva adelante Uatre».
En Necochea, la seccional de base del Momo Venegas, el reclamo para que Voytenco se aparte de su cargo será acompañado por 300 firmas de afiliados
Un caso paradigmático es Necochea, una de las seccionales más fuertes y emblemáticas de Uatre, al ser base del fallecido líder histórico del gremio, Gerónimo «Momo» Venegas. Ahí, fuentes del gremio adelantaron a LPO que el reclamo para que Voytenco se aparte de su cargo será acompañado por 300 firmas de afiliados.
Esa seccional es una de las cerca de 80 en todo el país que permanecen con expedientes en el Ministerio de Trabajo para que sus autoridades sean reconocidas. Sin embargo, a pesar de que esos reclamos llevan más de un año, no hay avances.
«No lo sacan porque no quieren, porque saben que todo está a favor nuestro», señalaron a LPO en la seccional Necochea que conduce Eduardo Davico que, este lunes, volvió a presionar por su reconocimiento en la cartera laboral.
La guerra por el control de Uatre tiene un capítulo especial en Necochea. Días atrás, Voytenco mandó un interventor y eso desató un episodio de tensión con el grupo alineado a Davico, que reclama «elecciones transparentes» para normalizar la seccional.
Por ese conflicto, cerca de Davico acusan a Voytenco de no mandar a la seccional el 40% de los aportes que los afiliados de Necochea hacen mensualmente, recursos contemplados por estatuto para el sostén de cada seccional.
Además, denunciaron que Osprera mantiene una deuda de 40 millones con la Clínica Necochea y otro tanto con farmacias, razón por la que, acusan «no nos cubren ni una aspirina y tenemos que atendernos en el hospital».
Actualmente, los 300 afiliados de esa seccional que reconocen como su representante a Davico, mantienen las instalaciones y el pago de servicios de la seccional a partir de un «aporte solidario» acordado por asamblea.
Sin embargo, advierten que tienen problemas para ingresar a algunos campos (para detectar denuncias por trabajo informal) ya que no cuentan con el reconocimiento de Trabajo. «Voytenco no nos quiere y nos amenaza con interventores y patovicas», acusan en el grupo de Davico.
Casos como ese, aseguran, proliferan en todo el país. «Hacemos nuestros aportes, pero nada vuelve, todo queda en Buenos Aires», aseguran.
En medio de este descalabro, el mes pasado el gobierno intervino la obra social pero el juez federal de La Pampa, Juan José Baric, muy cercano a Voytenco, rechazó la intervención y le devolvió el control a Voytenco. En el programa de Tomás Méndez también señalaron que Baric reside en el mismo edificio de Voytenco.
Al ser la tercera obra social de relevancia en el país, el negocio es monstruoso. Del aporte individual del 3% que paga el trabajador, el 2,55% va a la obra social y el 0,45% a la Superintendencia de Salud. El gremio tiene 400.000 afiliados fijos, que en época de cosecha pueden superar los 750 mil.
A eso, se suma el aporte patronal del 6%, que se reparte en 5,10% para la obra social y 0,90% para la Superintendencia. Con un salario promedio de 600.000 pesos, la obra social recauda entre trabajadores fijos y de cosecha más de 50 mil millones.
Más allá de ese volumen, LPO contó desde principios de año las crecientes denuncias por falta de prestación y el corte del convenio con la obra social del Sindicato del Vidrio por deudas millonarias nunca canceladas.
El contraste de ese crítico panorama con las lujosas propiedades de Voytenco, generó una inmediata reacción de rechado de varias seccionales que pone en jaque la continuidad en el cargo del titular de Uatre.
En el campo apuntan a una empresa vinculada a Luis Caputo y su viciemnistro Juan Pazo detrás del anuncio de los chips para el seguimiento de vacas que el gobierno le impuso al campo.
En agosto, Pazo se cargó al vicepresidente del Senasa, Sergio Roberts, porque se negaba activar la trazabilidad individual electrónica del ganado. Ahora sin ese obstáculo avanzó con un crédito con el Banco interamericano de Desarrollo (BID) para aplicar los chips.
Según adelantó Bichos de Campo, el chip se aplicará a todos los terneros al momento de la vacunación contra la fiebre aftosa desde el 2025, proceso que se extendería al menos hasta 2028. El dinero para pagar el chip estará a cargo del Estado, que consiguió un préstamo del BID: Cada chip, según dicen los empresarios que lo venden en el mercado local, cuesta 1,20 dólar, pero el gobierno les dijo a los productores que el costo será de 70 centavos de dólar.
«Pazo nos saca un crédito para chipear, mañana van a meterse en los campos para enseñarnos a criar», se quejó un ruralista.
En el campo apuntan a un negocio del secretario coordinador, ya que una de las empresas que es mencionada para distribuir los chips es Invernea. Ese fondo fue creado por el propio Pazo y en él conviven Nicolás Caputo, hijo de Toto, y Estanislao Iraeta, pariente del secretario de Bioeconomía, Sergio Iraeta. Las otras dos empresas que se mencionan en el sector son Agrotoken y Ballanz.
«Será una licitación internacional. Además, Invernea no tiene nada que ver con esa actividad», aclararon a LPO en el ministerio de Economía.
Cristina Kirchner trató de bobo, misógino y violento a Luis «Toto» Caputo luego de que el ministro le dijera que siguiera chillando y pronosticara que no volverá a gobernar.
La ex presidenta cuestionó este lunes al gobierno de Javier Milei por los incendios en Córdoba, al advertir que en el primer trimestre de 2024 la administración nacional no ejecutó un solo peso de los fondos asignados a Manejo del Fuego.
En el mismo posteo Cristina comparó el fuego y el manejo de la deuda pública por parte de Milei y su ministro de Economía. «¿Qué quiere hacer Caputo con los próximos vencimientos de deuda? ¿Volver a incendiar el país en la hoguera de la deuda como hizo con Macri y el FMI?», dijo Cristina.
Caputo salió a responderle de manera vehemente. «Toda la deuda de los últimos 20 años la generaste vos, guiada por el primate que tuviste de ministro de economía. Primero heredaste 2 puntos de superávit fiscal y los convertiste en 7 de déficit. Luego Macri te dejó casi equilibrio primario y lo volviste a llevar a 5 puntos de déficit», dijo el ministro.
«Tenía razón tu marido cuando decía que no sabías nada de economía. Quedate chillando tranquila que es lo máximo que podés hacer, porque no vas a volver a gobernar nunca más…», dijo Caputo.
Cristina le respondió con un video en el que Milei culpaba a Caputo de «fumarse» 15 mil millones de dólares de reservas durante el mandato de Cambiemos. «Como Ministro de Macri lo sabía endeudador serial en dólares y muy mentiroso con los números. Ahora, lo de violento y misógino como Ministro de Milei, la verdad que no la tenía… Se ve que es contagioso. Mirá lo que decía de vos tu jefe actual bobo!», dijo la ex presidenta.
«Jaja, veo que me hace caso, siga chillando nomás!!», replicó Caputo, cuya cuenta de Twitter estaría en manos de la banda de los Peaky Blinders de Santiago Caputo desde el inicio de su gestión.
Como Ministro de Macri lo sabía endeudador serial en dólares y muy mentiroso con los números. Ahora, lo de violento y misógino como Ministro de Milei, la verdad que no la tenía… Se ve que es contagioso. Mirá lo que decía de vos tu jefe actual bobo! https://t.co/kY1Xptmt7Wpic.twitter.com/Yp8L0rSpVB
El gobierno cambió por decreto la Ley de Administración de Entidades Financiaras promulgada en 1977 y abre la puerta a una reestructuración de deuda.
La nueva normativa modifica el artículo 65 de la Ley,
sobre la que el kirchnersimo avanzó con algunas modificaciones, que requería cumplir con al menos dos de tres condiciones para renegociar la deuda pública: mejora de montos, plazos o tasa de interés.
La medida se centra en dos aspectos clave: permite que el cambio de moneda de toda deuda pública y establece que los precios de estos instrumentos se determinarán según los valores de mercado.
«Se trata de una habilitación sin controles: un cheque en blanco», concluye un documento distrbuido por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) que dirigen los kirchneristas Hernan Letcher y Julia Strada. En ese informe estos economistas advierten que el decreto pasa por encima facultades del Congreso.
En el mercado entienden que ante la falta de financiamiento externo, el gobierno abre un paraguas preparando el terreno para una reestructuración. «No es para tomar más deuda porque nadie le presta un dólar, mas bien es para reperfilar la que no puede pagar», dijo a LPO un analista financiero.
Lo cierto es que la muralla de vencimientos que enfrenta la Argentina luce imposible de escalar. Y no solamente con la mira en 2025, donde los compromisos ascienden a la friolera de USD 15.000 millones. El 30 de septiembre vence el equivalente a USD 7700 millones en el mercado local.
En el mercado interpretan que el decreto del gobierno apunta a ese vencimiento. La lectura que hacen los analistas es que lo que se analiza es dolarizar ese vencimiento, convalidando tasas más altas y extendiendo plazos para evitar un crecimiento de la masa monetaria en pesos.
En paralelo el decreto contiene otro punto crítico. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS) podrá ampliar hasta el 70% de su cartera en títulos públicos, un significativo aumento de la exposición respecto al límite anterior del 50%.
China reconoció en un pronunciamiento inédito la «coyuntura adversa» en el proyecto de las represas de Santa Cruz pero salió a aclarar que no abandonará la obra, luego de que LPO anticipara de manera exclusiva que el país asiático amenaza con detonar la relación si Javier Milei los critica el martes en la ONU.
La paciencia del régimen comunista con Milei está cerca de agotarse y en las últimas horas el gigante asiático se encargó de mandar una señal: filtró un ultimátum al gobierno por la obra de las represas de Santa Cruz: si durante octubre la administración libertaria no firma la Adenda XII, documento clave para el avance de esas obras, la empresa dejará el país.
La China Gezhouba Group Company, que jamás envía comunicados relativos al estado de las represas, emitió un pronunciamiento que llegó a LPO. Para el reservado estilo chino, el comunicado es histórico.
«China Gezhouba Group Company informa que no planea dejar el proyecto y que continúa, junto a las empresas integrantes de la UTE, trabajando activamente para concretar la normalización contractual y la reactivación del proyecto», dice el comunicado.
Luego los chinos se refirieron a la situación con el gobierno de Milei sin sutilezas. «Para lograr este importante objetivo todas las partes miembros de la UTE se encuentran comprometidas con las gestiones y esfuerzos correspondientes, a pesar de las difíciles condiciones que estamos atravesando», dice el texto.
Con este comunicado, China busca dejar en claro que no rompe el contrato unilateralmente por las represas, porque el Estado argentino los puede demandar. Pero la misiva busca marcarle la cancha al gobierno, en el mismo momento en que Milei tocaba la campana en Wall Street, por la demora en el avance de las obras.
El último párrafo del breve comunicado es elocuente en ese sentido. «Como en cada coyuntura adversa que experimentó el proyecto, la UTE Represas Patagonia colaboró para aportar soluciones que ayudaron al desarrollo del proyecto. Actualmente continúan las gestiones con Energía Argentina S.A para adecuar el contrato con la meta de lograr la firma de una adenda que garantice la sustentabilidad de las obras, que establezca las condiciones económicas – legales adecuadas para que no vuelvan a producirse situaciones de desequilibrio en el contrato», dice el comunicado en relación a la Adenda.
El ciclista costero Lucas Vilar competirá en el Campeonato Argentino de Pista San Juan 2024.
El evento, organizado por la Federación Ciclista Sanjuanina con la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta como ente fiscalizador, se desarrollará del 24 al 28 de septiembre en el Velódromo Vicente Chancay de la Ciudad de San Juan.
El deportista marajense, que cuenta con el acompañamiento de la Subsecretaría de Deporte y Alto Rendimiento de la Municipalidad de La Costa, representó este año a Argentina en el Campeonato Panamericano de Ciclismo Pista de Los Ángeles (Estados Unidos) y en los últimos meses brilló en una gira por Europa, donde tuvo grandes actuaciones en Alemania y Bélgica.
La Municipalidad de la Costa participó de un encuentro de formación que acercó el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de las capacitaciones que viene llevando adelante destinadas a municipios bonaerenses. El objetivo del encuentro fue brindar herramientas para la generación de políticas públicas de prevención y promoción de derechos vinculados a las mujeres, adolescentes e infancias.
Formaron parte de la actividad, el intendente Juan de Jesús; el Ministerio de Trabajo de la Provincia, la nueva Dirección Provincial de Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas a través de Gustavo Vera; las áreas municipales de Desarrollo Social, Género, Niñez, Derechos Humanos, Salud Mental, Deporte y Seguridad, con el fin de delinear desafíos, objetivos y fortalecer el trabajo en conjunto.
En la jornada se hizo hincapié en las acciones que se llevan adelante en este sentido desde la Municipalidad y la oportunidad de fortalecimiento políticas públicas que significa la creación de la Dirección de Lucha contra la Trata desde la Provincia de Buenos Aires. Este nuevo nexo propone desarrollar lazos y una red de trabajo que potencie la prevención y la actuación ante estos casos.
El secretario de Desarrollo Social, Alejandro Laregina explicó: “Se hizo un diagnóstico inicial respecto al creciente contexto de desigualdad social que se está sufriendo a partir de las políticas públicas que se dejaron de implementar en La Nación, tanto de derechos humanos en general, como en lo referente a la trata en particular”.
“Durante la jornada trabajamos sobre las líneas que nuestra gestión municipal tiene tanto en promoción como en protección: acceso a la información, protocolos de intervención ante la vulneración de derechos en relación a la asistencia y el resguardo inmediato. Así como también, la implementación de protocolos específicos y operativos de articulación entre el Municipio y la Provincia”, detalló Laregina.
Y continuó: “Cuando se detecta el delito de trata, habiendo garantizado la asistencia y el resguardo de la víctima, el objetivo es lograr la reparación, que tiene que ver con el acceso a la justicia y la generación de condiciones del desarrollo de un proyecto de vida digno y deseado por esa persona”.
La confianza en el gobierno se derrumbó casi un 15% en el último mes, según reveló el índice mensual que publica la Universidad Di Tella.
El indice de Di Tella de septiembre fue de 2,16 puntos, con una baja de 14,8% respecto del mes anterior.
«El actual nivel de confianza es 14,6% menor al de la medición de septiembre 2016 al comienzo del gobierno de Mauricio Macri, y 4,6% menor al de la medición de septiembre 2020, al comienzo de la gestión de Alberto Fernández», indica el informe.
Todas las encuestas hablan de un quiebre en la confianza de la sociedad hacia el gobierno. LPO explicó que la habitual encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés arroja resultados alarmantes para el gobierno de Javier Milei, en línea con el sondeo de Poliarquía que detectó un desplome de la imagen del presidente en septiembre.
El trabajo de UdeSA muestra una fuerte insatisfacción sobre la marcha del gobierno, un alto rechazo al veto al aumento a los jubilados y una preocupación creciente sobre los bajos salarios y la pobreza, entre otras señales de alarma para la Casa Rosada.
La encuesta muestra que el 65% de los consultados está insatisfecho con la marcha general de las cosas, una cifra que crece diez puntos respecto a la medición de julio y que es mayor en la clase baja y entre los jóvenes.
«Ponen brigadistas, aviones y helicópteros. Además de la presencia de funcionarios, pero de plata… nada. Había un fondo que llegaba por ley de 58 millones de pesos y no entró nada. De la Nación es recurso humano e infraestructura». Así respondió a LPO una alta fuente del gobierno provincial en Córdoba ante la consulta sobre qué aportes llegan desde la gestión de Javier Milei en medio de la catástrofe ambiental ocasionada por los incendios.
Y esta tarde, después de varias semanas con distintos focos en suelo cordobés, la vicejefatura de Gabinete que lidera el equipo de Guillermo Francos dio a conocer el equipamiento asignado en Córdoba: para Villa Berna, en el valle de Calamuchita, son dos helicópteros, un avión hidrante AT802, un camión comando con personal y 16 brigadistas de Brigada Nacional NEA; para Capilla del Monte, en Punilla, un avión hidrante AT802; y para Chancaní, en el oeste provincial, un avión hidrante, un camión comando con personal, 32 brigadistas de la Brigada Nacional Sur, vehículos y equipamiento.
Con lo cual, de la misma manera que lo sostienen en Provincia, no habrá recursos económicos nacionales y el fondo al que hacía referencia el funcionario llaryorista es por la Ley Nacional 26.815 que establece presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de incendios forestales y rurales.
Esta información de la gestión libertaria se conoció casi en simultáneo con el anuncio que hizo el gobernador cordobés Martín Llaryora después de este mediodía, tras una reunión con intendentes de las zonas más afectadas. En donde les comunicó que incrementará el Fondo Permanente para Atención de Situaciones de Desastre a 5.000 millones de pesos.
Esto se produjo después de que, en la noche del domingo, arrancara un tenso cruce entre algunos diputados del llaryorismo y el jefe del bloque libertario en la Cámara baja, Gabriel Bornoroni. «Es una vergüenza que con incendios recurrentes la Provincia gaste cinco veces más en pauta publicitaria que en prevención del fuego», apuntó Bornoroni en redes anoche.
Lo que motivó una inmediata respuesta por parte de Ignacio García Aresca, el hombre de mayor confianza que tiene Llaryora en la Cámara baja. «Resulta de oportunismo político usar y mentir en las cifras como está sucediendo, ante la situación que está atravesando nuestra provincia y golpea a los cordobeses», le devolvió el parlamentario del cordobesismo al libertario en redes.
ARGENTINA BAJO FUEGO. De los fuegos del presente.Hace días ya que la tele nos devuelve las imágenes devastadoras de los incendios en la Provincia de Córdoba: Capilla del Monte, Dolores, Los Cocos y el avance implacable hacia otras localidades. Gente que pierde su proyecto de…
A la misma hora en la que otros diputados del mismo bloque Encuentro Federal, como el parlamentario Oscar Agost Carreño y Natalia de la Sota pedían que se declare la emergencia nacional.
En tanto, Gabriela Estévez, la diputada cordobesa que responde de manera directa a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se hizo eco de la publicación de la exmandataria y recordó la ley nacional del manejo del fuego que se sancionó en 2020. Y que había impulsado en Diputados, Máximo Kirchner; y luego aprobó el Senado.
Acá hay un contrapunto entre lo que dice el kirchnerismo cordobés y lo que sostiene el llaryorismo. Estévez dijo en reiteradas ocasiones que la ley provincial es insuficiente e insistió con la adhesión a la ley nacional, pero hoy fue crítica del exgobernador Juan Schiaretti porque la normativa local no establece los plazos en la prohibición de cambio del uso del suelo para las tierras arrasadas por los incendios.
En tanto, el propio Llaryora sostuvo que «la ley prohíbe claramente que lo que está marcado como zona roja por ser bosque nativo, no puede ser cambiado en el uso del suelo». Además de condenar y pedir penas más duras para quienes inicien incendios de estas características.
Por último, y con una perspectiva más local, hubo silencio en redes de Luis Juez, mientras Rodrigo de Loredo salió a cruzar a Llaryora. Ambos, la semana pasada pidieron la cabeza del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, hoy la cara visible en zona de catástrofe. Sin embargo, los legisladores provinciales que responden a los dos opositores a Llaryora insistirán en la Unicameral con pedidos de informes acerca de la manera en la que se asignan los presupuestos para combatir el fuego.
