La inminente audiencia preliminar para el juicio a dos altos funcionarios públicos en un caso de daño ambiental a cinco kilómetros de Rosario deja al desnudo una fuerte puja entre figuras de poder económico y político.
Este pleito tuvo, incluso, una acción por completo inusual de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Una resolución que se conoce ahora, cruzada por polémicas y que implica una demora en el trámite.
El juicio previsto para noviembre se requiere contra el ex fiscal regional de Rosario Patricio Serjal y el ex fiscal de Estado adjunto de Santa Fe Gabriel Luzzini, por inacción ante un grave caso de envenenamiento del ambiente para dejar sin sanción a un empresario poderoso de la Argentina, a quien representó, hasta asumir su cargo hace diez meses, el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona.
Se trata del caso de envenenamiento ambiental provocado por manejos negligentes o dolosos de sustancias contaminantes en la compañía Petroquímica Capitán Bermúdez y que tiene a Sergio Taselli, el propietario de la compañía, como principal acusado.
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Es un pleito donde están en juego tierras de valor multimillonario y multas altísimas por el daño contra el ambiente. Son 23 hectáreas sobre el río Paraná en un área portuaria donde en 2022 se exportaron 19 mil millones de dólares.
En 2015 se advirtió que Petroquímica Capitán Bermúdez operaba en instalaciones deterioradas, no aptas para la manipulación de esos químicos, con inspecciones que evidenciaron falta de mantenimiento en accesorios, cañerías y tanques de almacenamiento de sustancias peligrosas que se derramaron.
La compañía fabricaba gas cloro como principal producto, un gas venenoso con cualidades muy corrosivas por ser un poderoso oxidante. Su inhalación en pequeñas cantidades afecta las vías respiratorias.
Oportunamente, LPO relevó que en el predio había presencia de sustancias altamente tóxicas y muy dañinas para la salud en el suelo, aire y agua en niveles 50 veces más altos que los tolerables para la salud de las personas.
El municipio de Capitán Bermúdez detectó el mal estado de las cañerías y tanques de almacenamiento de cloro desperdigados por todo el predio. La Secretaría de Medio Ambiente de Santa Fe constató un evento de emisión de gas cloro y la presencia de residuos peligrosos mal tratados en 2016.
En ese contexto, el ex gobernador Miguel Lifschitz ordenó una denuncia a la Fiscalía de Estado. Como consecuencia se inició una causa penal en el marco de la cual un perito oficial, el ingeniero Andrés Salum, verificó graves problemas: bombonas de cloro desgastadas a la intemperie, estructuras que contenían material peligroso para la salud deterioradas, tanques rotos donde se guardaban sustancias químicas como benceno, amianto y mercurio, y derramamiento de estos elementos químicos en tierra.
Lo que pasó aquí, según la acusación, fue un notorio manejo de influencias para evitarle pérdidas cuantiosas y cárcel a un fuerte empresario como Taselli, que desde 2004 dirigió una veintena de empresas que explotan la generación de energía, metalurgia como Aceros Zapla, maquinaria agrícola y sector agropecuario.
El entonces fiscal regional de Rosario, acusado de corrupción en otras causas, de manera injustificada ordenó renunciar a la persecución al fiscal actuante lo que un juez, ante ese pedido, concedió. Otro magistrado consideró más tarde que ese fallo fue inadmisible y lo anuló, algo que resultó avalado después por unanimidad por tres camaristas rosarinos.
Petroquímica Bermúdez: la amenaza de una tragedia ambiental en el corazón del Gran Rosario
Todo eso fue apelado por el abogado Jorge Ilharrescondo, corresponsal de Cúneo Libarona en Rosario, quien sostiene que su cliente Taselli no puede ir a proceso porque será juzgado dos veces. Argumento que los camaristas descartaron. Ellos adujeron que la primera vez fue perdonado de manera injustificada.
Los fiscales actuantes deslizaron en 2021 que no era ilógico pensar que ese perdón incomprensible se debiera a cobro de sobornos. Un delito por lo que Serjal espera juicio en otra causa que lo mantuvo preso durante meses.
La defensa del empresario Taselli llegó hasta la Corte Suprema de la provincia con un pedido de inconstitucionalidad para evitar el juicio. Acá pasó algo curioso y sugestivo. Y es que el máximo tribunal aceptó, de manera inédita, abrir muy tempranamente esa queja para su consideración.
Lo inusual es que lo hizo en el inicio del trámite, cuando no hay lo que se llama gravamen irreparable, vale decir, algo que no se pueda solucionar jurídicamente en otra etapa.
La situación quedó trabada con tres votos por lado: los ministros Rafael Gutiérrez, María Angélica Gastaldi y Eduardo Spuler a favor del pedido de Taselli. Y sus colegas Mario Netri, Daniel Erbetta y Roberto Falistocco en disidencia. Hubo que convocar a un conjuez mediante un sorteo a puertas cerradas para dirimirlo.
Se llamó al camarista Fernando Gentile Bersano. Con eso se desniveló en favor de lo que quería la empresa. La fiscalía que llevaba el caso no fue notificada ni de que se agregaba un votante al caso ni tampoco de lo resuelto.
Pero la defensa de Tasellí sí lo fue, al día siguiente de la resolución, y por eso mismo reclamó en seguida en el juzgado de San Lorenzo que se paralizara la causa con el argumento de que el tema era cosa juzgada.
Algunas de las bombonas que estaban desperdigadas en las instalaciones de la planta
Luego el procurador de la Corte Jorge Barraguirre dictaminó que la Corte no debía tratar este recurso porque no hay gravamen irreparable, es decir, no hay nadie preso ni hay sentencia en esta etapa. No hay dice Barraguirre «definitividad» y por lo tanto el asunto es inadmisible.
La Corte Suprema está analizando, entonces, si el pedido de inconstitucionalidad es aceptable, algo que lleva un año y mantiene el trámite principal parado, es decir, la investigación contra Taselli y sus dos socios por la contaminación. Y el encubrimiento presunto del ex fiscal regional de Rosario y del ex fiscal de Estado adjunto de Santa Fe.
La fiscalía que lleva el caso está integrada hoy por José Caterina y Luis Schiappa Pietra. Este último se quejó muy fuerte el año pasado, cuando la Corte Suprema provincial sacó esta apretada resolución, porque no le dieron aviso de que se convocó a un conjuez ni de qué manera para desempatar un caso muy controvertido.
También reprochó que luego la Corte produjo una resolución inédita al abrir temprano el recurso. Y que tampoco de esto recibieron comunicación. Un ministro de la Corte como Erbetta, cuyo voto quedó en minoría, le dio la razón. Sostuvo que cuando un juez que no es un miembro natural del tribunal viene a desempatar una causa siempre hay que avisar a las partes del proceso.
Según órganos estatales de la provincia, el perjuicio ambiental por envenenamiento del ambiente provocó desmayos en alumnos de escuelas primarias de la zona. Son 23 hectáreas afectadas por derrame de cloro por lo que en 2017 el ex gobernador Miguel Lisfchitz por decreto a la Fiscalía de Estado iniciar acciones legales por el perjuicio para la provincia.
Según las imputaciones, pese a la directiva el fiscal de Estado adjunto Luzzini no acató el mandato del gobernador. Y el ex fiscal regional Serjal, que espera otro juicio por corrupción, directamente le ordenó al fiscal que investigaba un delito probado de daño ambiental que no acusara a Taselli.
El que acordó con Serjal el cese de la persecución en representación del empresario fue el estudio de Carlos Carranza, abogado que fue diputado nacional del PJ y ex ministro de Gobierno de Carlos Reutemann.
Serjal le dio la orden al fiscal que investigó a Taselli, Juan Carlos Ledesma, de favorecer al empresario con un criterio de oportunidad que extingue la acción penal. En la audiencia donde desistiría de la acusación, a Ledesma, que había obtenido una muy razonable cantidad de evidencia sobre el delito de Taselli, lo vieron aturdido.
A tal punto que el juez Juan José Tutau le preguntó tres veces si en verdad quería retirar su acusación al empresario. Como Ledesma contestó que sí, el juez Tutau aceptó el planteo de suspender la causa penal. Taselli quedó entonces, por tanto, perdonado.
Esto lo cambió luego el juez de San Lorenzo Carlos Gazza porque valoró que todo el trámite para levantar la acción penal contra Taselli fue irregular y que el juez anterior lo había aceptado bajo engaño porque le retacearon información. Lo mismo dijeron los tres camaristas.
Los ministros de la mayoría de la Corte de Santa Fe que abrieron el recurso de inconstitucionalidad pueden pensar que Taselli va a ser juzgado dos veces. Lo que es inusual es que lo planteen en este momento del trámite.
Los fiscales, el juez que reabrió el trámite, los tres camaristas y la mitad del máximo tribunal dicen que nunca el empresario será juzgado por segunda vez porque no hubo primera vez. La primera vez lo perdonaron en un trámite irregular donde, por ejemplo, no se convocaron a las víctimas de la contaminación ambiental, para decir si estaban de acuerdo con excluirlo del caso.
En noviembre está prevista la audiencia preliminar de juicio contra Serjal y Luzzini por la omisión de investigación contra Taselli. Mientras tanto, hasta que la Corte no resuelva el recurso de inconstitucionalidad el empresario no podrá ser juzgado.
Lo que está en discusión en este caso lo señaló el fiscal Schiappa Pietra hace exactamente tres años cuando el trámite no estaba parado. Según el fiscal la definición judicial del trámite venía a sellar un montón de debates futuros.
Desgasificación de algunas de las mil bombonas que se desactivaron.
«¿Qué va a hacer Santa fe con un predio contaminado? ¿Tenemos como Estado la decisión de hacer pagar la responsabilidad de contaminar? ¿Qué hacemos con una orden ilegal para perdonar una contaminación por un daño ambiental que hacía desmayar a nenas de colegio? Acá se habló mucho de remediación. Reparar el medio ambiente es muy caro. Son millones de dólares los que va a tener que pagar Taselli si podemos imputar», dijo.
En este controvertido asunto tendrá importancia como juega el gobierno de Maximiliano Pullaro. Es que la provincia podría quedarse, si hay juicio, con las tierras estratégicas afectadas a la contaminación denunciada.
En este asunto tendrá importancia la actuación del Ministerio de Medio Ambiente que está a cargo del socialista Enrique Estévez, ex diputado nacional que es hijo de Guillermo Estévez Boero, figura fundacional del Partido Socialista Popular.
Fuente: LaPoliticaOnline.com
