Un comunicado firmado por distintas y muy diversas entidades de Santa Fe le reclamaron a la Corte Suprema de la provincia que deje de estirar los tiempos procesales que impide que se homologue definitivamente el acuerdo que llegó Vicentín con la mayoría de los acreedores.
El concurso de la agroexportadora que ya lleva cuatro años, se empantanó en el Máximo Tribunal provincial por una maniobra de un grupo minoritario que trató de quedarse con la empresa y generó incertidumbre en los afectados directos que no pudieron cobrar la deuda pero también en muchas localidades que dependen de la dinámica de la empresa.
En consecuencia, productores autoconvocados de todos los rincones de la provincia emitieron un duro comunicado que fue acompañado por el diputado Dionisio Scarpin, ex intendente de Avellaneda, ciudad donde nació Vicentín, Amalia Granata y varios dirigentes políticos de la región.
«Aprobada la propuesta de pago de Vicentín por amplia mayoría de acreedores (63% de las personas y el 73% del capital) y homologado el acuerdo, una minoría ha planteado recursos de inconstitucionalidad e ido en queja a la Corte Suprema de Justicia provincial, dilatando una situación que se vuelve insostenible», sostiene el escrito.
«Mientras el proceso no concluye, los pequeños productores que podrían cobrar el 100% de la acreencia no lo hace, los inversores que están dispuestos a hacerse cargo no lo hacen y las medidas cautelares siguen entorpeciendo el funcionamiento y los trabajadores continúan en estado de zozobra», enumera el documento y le exigen a la Corte que devuelva el expediente para terminar con la incertidumbre y se concrete el acuerdo.
Escala una fuerte disputa entre los Moyano por el control de Las 62 Organizaciones Justicialistas. Dividido en distintas líneas, en los últimos meses surgieron conversaciones para unificar el brazo político del movimiento obrero en algunos municipios.
Sin embargo, esas negociaciones no solo fracasaron, sino que estallaron tensiones en un bastión clave como La Matanza, algo que amenaza con espiralizar la conflictividad en otros puntos.
La línea de Las 62 auspiciada por Pablo Moyano (y que a nivel nacional lidera su hermana Karina junto a Marcelo Pariente) avanzó con la normalización de la seccional matancera, con apoyo del conductor de la CGT Regional, Heraldo Cayuqueo (Uocra), que anotó al secretario General (Pablo Boschi, de Sutaca). En tanto, Camioneros puso a Pablo Villalba como Adjunto.
Según pudo saber LPO, ese esquema de conducción generó desagrado en Facundo Moyano, que promovía como Adjunta a Florencia Cañabate, secretaria General del Sindicato de Peajes que, hasta agosto, participó de las conversaciones para la normalización.
«Es lamentable que haya gremios que no vean que la unidad es la única forma de vencer a este Gobierno. No sé qué piensan», dijo Karina en el acto de normalización de Las 62 en La Matanza, donde Pablo mandó un video de salutación.
En un reciente plenario del que participó Facundo Moyano, el líder de Las 62-Línea Fundadora, José Ibarra, advirtió que su sello es el único reconocido por la IGJ y amenazó con denunciar a quienes lo usen para normalizaciones
Las 62 «Línea Fundadora», que a nivel nacional lidera el taxista José Ibarra y que integra Facundo Moyano, no se sumó a ese esquema y su referente local, Marcelo Dávila (Guincheros), salió duro contra la anunciada normalización de Pablo y Karina Moyano.
«Nuestras organizaciones peronistas, nuestras confederaciones no son una franquicia, no es posible la existencia de más de una regional en un mismo lugar, como tampoco es posible eso de resolver a dedo los lugares para que luego terminen calentando sillas», dijo Dávila.
En julio, el titular de «Las 62-Línea Fundadora» en La Matanza había anunciado un acto en pos de lograr la unidad y en la que estaba prevista la presencia de Facundo Moyano, en un intento de liderar el proceso normalizador que, finalmente, se arrogó la otra línea de Las 62.
Frente a eso, en un reciente plenario del que participó Facundo, el líder de Las 62-Línea Fundadora, José Ibarra, advirtió que su sello es el único reconocido por la Inspección General de Justicia (IGJ) y amenazó con denunciar a quienes lo usen para normalizaciones.
«Cualquier acto que se tenga por objeto confundir será denunciado en el organismo de contralor por la posible existencia de delitos», aseguraron en el armado de Ibarra y Facundo Moyano, al marcar que son «la única autoridad legalmente legitimada».
No estamos fuera de lo legal, el brazo político de la CGT siempre se armó desde las regionales y eso es lo que se hizo. Además, estamos legitimados por el movimiento obrero
«La CGT Regional de La Matanza es una sola, como así también es una Las 62 y es la de Línea Fundadora», dijo Dávila, al no darle crédito a la normalización impulsada por Pablo y Karina.
En réplica a eso, el titular de la CGT matancera, Heraldo Cayuqueo, cruzó: «No estamos fuera de lo legal, el brazo político de la CGT siempre se armó desde las regionales y eso es lo que se hizo. Además, estamos legitimados por el movimiento obrero», dijo a LPO.
Cayuqueo dijo que, hacia las próximas elecciones, el brazo político de la CGT matancera le reclamará a Fernando Espinoza una mayor presencia de dirigentes sindicales. En 2015, el dirigente de Uocra desafió en las PASO al intendente matancero.
Ahí, también surgen tensiones con La 62 de Dávila, que empezó a articular con gremios que no integran la regional cegetista y que se alinean detrás del dirigente textil Mario Ortíz, cercano a Espinoza.
Karina Moyano junto al ministro Walter Correa, en el reciente acto de normalización de Las 62 en Moreno.
Esta polémica surge en un contexto donde Pablo y Karina Moyano avanzan con otras normalizaciones en el Conurbano, como el caso de Moreno, donde tuvieron el apoyo del ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa.
Referente del gremio de Curtidores, Correa articula con Pablo Moyano en la estructura de la Corriente Federal. Con esa línea de Las 62, el ministro de Kicillof también participó de actividades en San Isidro.
La interna por la conducción del peronismo hacia las próximas elecciones cruza esta pelea por el brazo político del movimiento obrero. Desde Las 62-Línea Fundadora, Facundo Moyano lideró días atrás el acto de normalización en Tierra del Fuego.
El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, se reunirá con Cristina Kirchner para negociar su llegada a la presidencia del PJ y pedirle que no lo vete.
Quintela es el único gobernador que empezó a moverse desde la renuncia de Alberto Fernández al PJ para sucederlo.
En agosto, en medio del escándalo de Fabiola, el riojano recibió a Axel Kicillof en una reunión a puertas cerradas la que también participó la ex gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci. Desde entonces empezó a juntar avales para ir por la presidencia del partido.
El riojano espera ser recibido por la ex presidenta la semana que viene en el Instituto Patria, según anticiparon a LPO fuentes del peronismo. Al cónclave podría sumarse Máximo Kirchner, presidente del PJ bonaerense. La relación tirante de Quintela con La Cámpora es su principal temor para no recibir luz verde.
Quintela busca encabezar una lista de unidad y evitar las internas con el kirchnerismo. La presentación de listas vence el próximo 19 de octubre y cada candidato necesita el aval de 5 presidentes de los PJ provinciales. El riojano dice ya tenerlos.
«Ricardo Quintela debe conducir el PJ», salió a decir este miércoles la diputada riojana, Hilda Clelia Aguirre, que habló con El Destape Radio.
Los descargos de Rocío Bonacci y Lourdes Arrieta por haber visitado a Alfredo Astiz y otros genocidas detenidos en el penal de Ezeiza reavivaron las chances de que el peronismo consiga el número para dictaminar a favor de la creación de una comisión investigadora, en el plenario de Peticiones, Poderes y Reglamento y Asuntos Constitucionales, presididas por Silvia Lospennato y María Eugenia Vidal.
La presentación de esa documentación se produjo este martes, 20 minutos después del horario de inicio de la reunión plenaria en el Anexo del Congreso, una desprolijidad que irritó por igual a la radical Karina Banfi y Lospennato. Solo el descargo de Arrieta tiene 23 páginas de extensión y ambas diputadas se quejaron de que no habían tenido tiempo de trabajar debidamente en su análisis.
En ese contexto, los diputados de Unión por la Patria (UP) encontraron en los párrafos de Bonacci y Arrieta una serie de argumentos que les permitieron sostener la importancia de promover una investigación. El presidente del bloque, Germán Martínez, sostuvo: «el deseo nuestro, interno, es que aquellos que han sido los responsables de esta visita puedan ser apartados de la Cámara, ahora no sabemos si eso va a ser así porque no hubo ninguna instancia de investigación».
Por lo demás, también se presentaron los descargos de María Fernanda Araujo y Alida Ferreyra, quien alegó que se presentó en el pabellón de los represores en calidad de abogada penalista. Su colega por el FIT Christian Castillo advirtió cuando avanzó el debate que no puede ejercer como letrada mientras ocupe una banca.
Para colmo, un quinto descargo llegó a la Presidencia de Peticiones, Poderes y Reglamento pero no tenía firma. Se estimaba que pertenecía a Guillermo Montenegro, otro de los integrantes de la expedición a Ezeiza. El dato revelaba que el único que no había hecho uso de su derecho al descargo era Beltrán Benedit, el principal apuntado como responsable de la visita.
Como sea, las explicaciones por escrito de Bonacci y Arrieta habrían estropeado los planes de Lospennato. En los pasillos del Congreso, se rumoreaba que su intención era cerrar el debate este martes y planchar el tema si no había firmas para los dictámenes.
Fuentes libertarias deslizaron que la diputada del PRO «hace buena letra porque se quiere quedar con el cargo de (Martín) Menem». Desde el partido amarillo abonaron la hipótesis: «Mauricio (Macri) está embelesado con Lospennato ahora», reconocieron.
Silvia Lospennato en la comisión de este martes
Como informó LPO cuando estalló el escándalo, el oficialismo había tratado de clausurar la discusión votando un repudio en recinto en la primera sesión de agosto pasado pero el peronismo se negaba a respaldar un texto lavado que licuaba responsabilidades. En medio de un acalorado intercambio en Labor Parlamentaria, habría sido la propia Lospennato quien se ofreció a discutir la iniciativa en la comisión que preside, ante la negativa de otros colegas a revisar lo actuado por los libertarios y determinar los cargos que correspondieran.
Desde entonces, la bancada de UP empujó el esclarecimiento con las herramientas parlamentarias, aunque los detalles de la visita y los planes de impunidad que un sector del gobierno tramaba para los represores cobraban estado público por la indiscreción de los propios miembros del bloque de La Libertad Avanza (LLA), sumidos en una interna antológica y despiadada. Fue lo que manifestó Cecilia Moreau cuando planteó que «en definitiva, esto es una sanata para no investigar lo que pasó, que es el plan de impunidad que los diputados de LLA pusieron de manifiesto e hicieron público», y agregó: «en esto nos metieron los diputados de LLA, que fueron los que filtraron las reuniones».
La nueva carambola libertaria, la de presentar los descargos fuera de tiempo y mal, le dio vida al intento de UP por darle volumen político a la denuncia cuando parecía que la cuestión volvía a diluirse. Si bien LPO recogió optimismo en el entorno de uno de los legisladores involucrados en la excursión, cuyo cálculo es que no les dan los números a la oposición para avanzar contra ellos, un diputado aliado de la Casa Rosada comentó que el peronismo va a ir a fondo, por lo menos, contra Benedit.
En esa tarea podrían terminar colaborando sectores de la UCR más cercanos a la memoria de Raúl Alfonsín y el alegato del fiscal Julio Strassera en el Juicio a las Juntas que a Javier Milei. La bronca de Banfi podría ser, incluso, sintomática del malestar que la bancada de Rodrigo De Loredo experimenta frente a Balcarce 50 por la ferocidad del Presidente para capturarle diputados, como los cinco que blindaron el veto contra los jubilados.
Una situación parecida atraviesa Encuentro Federal, conducido por Miguel Pichetto. El rionegrino se resistió en su momento a que se fiscalice con quién se reúnen los legisladores pero, si la creación de una comisión investigadora llegara a recinto, podría cosechar apoyos inesperados.
La incertidumbre matemática empezaría a despejarse recién en el próximo plenario de comisiones. Por eso, la legisladora Paula Penacca expresó este miércoles en FM La Patriada que «para avanzar en la investigación y determinar las sanciones correspondientes para los diputados de LLA que se reunieron con genocidas, se necesita de la voluntad de todas las fuerzas políticas, pero el PRO, la UCR y el bloque de Pichetto parece que prefieren mirar para otro lado».
Martínez, en ese sentido, apeló a la liturgia peronista para decir que «legislar también es persuadir». «Diseñar mayorías es persuadir, no se equivoquen, no es solamente apretar, no es solamente dar vuelta diputados», desafió, y concluyó: «Nosotros, desde el minuto uno, sinceramente queremos persuadir a aquellos que todavía tienen posiciones ambivalentes».
El escándalo en que terminó la última sesión de la Cámara de Diputados donde el oficialismo aceleró la votación para aprobar la reforma previsional en un ajustado escrutinio encendió las alarmas en la Legislatura.
En la coalición gobernante se encontraron con un resultado más ajustado de lo imaginado y en la oposición, una Amalia Granata que se puso al frente de las críticas a la reforma que impulsó Pullaro y denunció que se violó el reglamento para adelantar el resultado cuando en las puertas de la Legislatura comenzaban los incidentes. Este jueves, llevará el tema a la justicia.
En ese contexto, Granata quedó empoderada como figura importante de la oposición lo cual incomodó a Pullaro que había elegido a Omar Perotti como contrincante. En el peronismo no perottista sospechan de un pacto subterráneo del ex gobernador con el radical.
Granata quedó empoderada como figura importante de la oposición lo cual incomodó a Pullaro que había elegido a Omar Perotti como contrincante. En el peronismo no perottista sospechan de un pacto subterráneo del ex gobernador con el radical.
En consecuencia, la aparición de Amalia produjo un realineamiento de las fuerzas opositoras en la Legislatura cuando se comienza a discutir la reforma constitucional y la reelección del gobernador, tema que empantanó los intentos reformistas previos.
En el bloque Somos Vida, anticiparon a LPO que avalan la reforma con una sola reelección para el gobernador pero no beneficiaría a Pullaro que juró por la Constitución actual que impide renovar mandato inmediatamente. En ese sentido, se comenzaron a alinear de distintos bloques.
Marcelo Lewandowski, senador
Sin embargo, en la oposición advierten riesgos institucionales y la preocupación hizo coincidir al senador nacional Marcelo Lewandowski con Amalia Granata que se reunieron este martes en las oficinas del peronista:
«En Santa Fe vemos gestos de avasallamiento a la institucionalidad de parte del Ejecutivo contra el Poder Judicial con nombramientos poco transparentes y una Legislatura completamente subyugada a las decisiones del gobernador. Es un gran daño para el funcionamiento de la democracia y de la división de poderes en la provincia», explicó el diputado provincial Miguel Rabbia del espacio de Lewandowski.
En Santa Fe vemos gestos de avasallamiento a la institucionalidad de parte del Ejecutivo contra el Poder Judicial con nombramientos poco transparentes y una Legislatura completamente subyugada a las decisiones del gobernador. Es un gran daño para el funcionamiento de la democracia y de la división de poderes en la provincia
En ese frente, además de los siete del bloque de Amalia y el peronista Rabbia, buscan acercar a los diputados de los monobloques celestes de Armas Belavi y Juan Argañaraz y los no perottistas Alejandra Rodenas y Varó Graff, entre otros.
La irrupción de Amalia liderando con vehemencia a la oposición obligó a Perotti, dicen en el peronismo, a levantar el perfil y mandó a su ex ministra de Gobierno, Celia Arena, a exigirle a Pullaro que se baje del Pacto de Mayo.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que comenzará un proceso para solicitar orden de aprehensión contra Javier Milei, presidente de Argentina, y Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de ese país, por la incautación del avión de Emtrasur de la aerolínea venezolana Conviasa.
Este avión quedó retenido en Ezeiza por tener tripulantes vinculados a la Guardia Revolucionaria iraní en 2022 y se convirtió en una política de estado para el régimen venezolano que presionó para que sea devuelto a su país, sin éxito.
Como anticipó LPO en su momento, la aeronave perteneció a una empresa iraní que tenía sanciones en EEUU y había sido utilizado por la empresa tabacalera del ex presidente paraguayo, Horacio Cartes, para transportar cigarrillos a Venezuela. Por eso lo investiga la DEA, según aparece en Wikileaks.
Para Maduro, el avión de carga que «cumplía importantes funciones humanitarias para Venezuela, países del Caribe y de África».
Pero en el chavismo hay enojo con Cristina porque de acuerdo a la información que tienen en Miraflores fue ella quien ordenó en 2022 al entonces viceministro de Justicia, Martin Mena, que no se le devolviera el avión venezolano.
«Cristina nunca habló de Maduro desde que dejó la presidencia. Solo una vez en 2017 en una entrevista. Con la retención del avión, el enojo creció. La orden la dio Cristina y el avión más importante para Venezuela terminó en pedacitos en Miami», afirmó a LPO un dirigente chavista con acceso a la cúpula del poder en Caracas.
En marzo de este año, Maduro decidió prohibir que los aviones con matrícula de Argentina sobrevuelen el espacio aéreo venezolano como represalia tras la decisión del gobierno argentino de dejar que las autoridades estadounidenses se lleven del país el avión.
Ante esto, el gobierno de Milei mandó emisarios para conversar con Maduro y hasta se evalúo normalizar la relación pero las negociaciones fracasaron.
Ahora, Maduro apuesta a seguir polarizando con Milei como lo hizo durante toda la campaña electoral, algo que al libertario no le disgusta. «Milei es un peligro para toda a la región», dijo el fiscal general en el discurso en el que anuncio la orden de aprehensión.
La bronca de los diplomáticos con su sindicato es cada vez más grande. APSEN logró frenar el paro por Ganancias la semana pasada gracias a una maniobra que incluyó mas de 200 diplomáticos jubilados que votaron en sintonía con la cúpula y el gobierno y con la promesa que el amparo judicial que revierta el pago de ganancias estaría esta semana. Sin embargo, eso no pasó.
Por estas horas, la línea disidente de APSEN intenta canalizar el descontento ante la falta de medidas para presionar y avanzar con un paro contundente mientras se espera el fallo judicial.
Como adelantó en exclusivo LPO, el cobro compulsivo que se comió el 50 por ciento del sueldo de los diplomáticos y el enorme descontento de las bases de APSEN que se están yendo a ATE obligó a la conducción del gremio mayoritario a plegarse a la medida de fuerza.
El enojo es muy fuerte con el presidente de APSEN, Eduardo Michel, y su vice, Darío Zelaya que se fue Corea del Sur como embajador. El titular anterior, Gustavo Zlauvinen, dejó el cargo para irse a Austria, una plaza más que codiciada en el universo de la Cancillería.
Ganaron tiempo pero se los van a comer crudos y nos van a llevar puesto porque el mes que viene volvemos a pagar ganancias
«Ganaron tiempo pero se los van a comer crudos y nos van a llevar puesto porque el mes que viene volvemos a pagar ganancias», afirma una fuente que defiende la implementación de medidas de fuerza.
Los sectores juveniles que quieren sacar a la actual conducción comenzaron una campaña de videos para marcar la diferencias, exponer las críticas y defender la profundización de las medidas de fuerza.
La ex camporista Soledad Sandler es quien lidera el nuevo espacio llamado Nuevo Apsen que se propone modernizar el gremio y darle un perfil más combativo. Sandler se tuvo que volver a Argentina con un embarazo de 8 meses a dar a luz en el país porque el parto en EEUU salía 15 mil dólares y no lo podía pagar.
«El amparo viene con el General Alais. Hay mucha bronca porque el argumento para postergar la huelga fue que ya salía. Habían dicho que legalmente correspondía, que tenía cinco días hábiles la semana pasada pero seguimos sin novedades», resumen.
Este jueves 19, el programa La Muni Más Cerca llegará a Mar de Ajó.
La iniciativa tendrá lugar de 10.00 a 15.00 en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Eva Perón, ubicado en Cramer al 800.
De este modo, quienes se acerquen podrán realizar gestiones y trámites vinculados a las áreas municipales de Cultura, Desarrollo Social, Educación, Producción, Salud, Vivienda y Zoonosis.
Con el objetivo de acompañar el trabajo que llevan adelante los clubes para el desarrollo del deporte y el fortalecimiento de los chicos y las chicas que asisten a las instituciones, el intendente Juan de Jesús visitó la sede de la Liga de Fútbol del Partido de La Costa en Mar del Tuyú.
De Jesús estuvo acompañado por el subsecretario de Deporte y Alto Rendimiento, Gustavo Leiva, y la directora de Instituciones de Bien Público, Laura Escalante. Por parte de la Liga de Fútbol participaron del encuentro el presidente Miguel Letveñuk, el vicepresidente Pablo Bussolini y el tesorero Maximiliano Ruiz Díaz, entre otras autoridades.
En este marco, los directivos de la Liga de Fútbol conversaron con el jefe comunal sobre los proyectos deportivos y sociales que están desarrollando. En la reunión también se habló sobre la iniciativa del Programa de Selecciones de La Costa, un proyecto en conjunto con la Universidad Atlántida que apunta a la formación de jóvenes en un ambiente de aprendizaje, inclusión, igualdad de oportunidades y crecimiento integral.
Tras el encuentro, De Jesús subrayó la importancia del trabajo conjunto entre el municipio y las instituciones de bien público para, a través del deporte, la educación, la salud y la cultura, construir más oportunidades para los vecinos y las vecinas de La Costa.
