La Corte Suprema se prepara para funcionar con conjueces cuando Juan Carlos Maqueda se jubile en diciembre y de ese modo saldría de un escenario de inactividad.
Para aprobar las cuestiones administrativas del Máximo Tribunal alcanza solamente con dos votos, pero los fallos requieren un mínimo de tres votos positivos. Con la salida de Maqueda, la mayoría que consiguió Horacio Rosatti junto a Carlos Rozenkrantz quedará empantanada si así lo quiere Ricardo Lorenzetti.
La Corte venía con un récord de fallos que estiman que va a detenerse con la jubilación de Maqueda. Para salir de esa situación y que la Corte funcione de manera institucional, se convocarán a dos conjueces circunstanciales para llegar a los 5 votos, según anticiparon en exclusiva a LPO en el Máximo Tribunal.
«En un momento de locura, los supremos quieren llevar sensatez», dijeron a este medio fuentes allegadas a la Corte.
Rosatti fue reelecto el martes como presidente por tres años en un golpe al Gobierno. Milei cayó en la fantasía de la mayoría favorable a la Rosada que le acercó Lorenzetti al momento de proponer a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.
‘En un momento de locura, los supremos quieren llevar sensatez’, dijeron a este medio fuentes allegadas a la Corte.
Pero el propio García-Mansilla tiene pronunciamientos en sus escritos contra decisiones de Lorenzetti, por lo que tampoco está claro que, de concretarse la jugada del gobierno, la Corte le responda de manera automática.
LPO anticipó que las negociaciones del gobierno con el peronismo se trabaron por pedido de Cristina Kirchner, que planteó una negociación más amplia tanto para ampliar el Máximo Tribunal como para cubrir vacantes que Milei mantiene cajoneadas.
A Cristina le molestó que toda la jugada se parezca a una Corte diseñada por Lorenzetti, con quien arrastra una muy mala relación.
La conducción de la UCR asestó este miércoles un durísimo golpe a Javier Milei. La Mesa Nacional del partido, integrada por Martín Lousteau como presidente e Inés Brizuela y Doria, Pamela Verasay y Luis Nahidenoff como vices, emitió un comunicado para ratificar la suspensión dispuesta por la Convención, a cargo de Gastón Manes, contra los radicales que se fotografiaron con el Presidente y cambiaron su voto tras el veto a la movilidad jubilatoria.
Además, los jefes partidarios resolvieron el rechazo al pliego del juez Ariel Lijo, bajo el argumento de promover la paridad de género en la Corte Suprema, y llamaron a sus bloques parlamentarios a sostener el apoyo a la ley de aumento presupuestario para las universidades públicas.
La definición política se produjo justo cuando el gobierno se jactaba de los 87 diputados que habían blindado el veto de Milei al aumento previsional. Por un lado, es un mensaje político al oficialismo y, por otro lado, el anuncio de una nueva ecuación para el diseño de mayorías en el Congreso: si 28 de los 33 diputados del bloque de Rodrigo De Loredo deben insistir con los fondos para las universidades en caso que Milei los vete, también podría suceder lo mismo frente a otras iniciativas parlamentarias.
Fuentes del partido centenario dijeron a LPO que los miembros de la Mesa votaron sobre los tres temas. «En la ratificación de la suspensión de los ‘radicales peluca’, salimos 12-2», repusieron en referencia a la sanción que les aplicaron a Mariano Campero, Luis Picat, Pablo Cervi y Martín Arjol.
Los dos dirigentes que se pronunciaron contra la suspensión habrían sido Verasay y Naidenoff.
La decisión de rechazar el pliego de Lijo para defender la posibilidad de que se postule a una mujer en su lugar cosechó el respaldo unánime de la conducción, mientras que la orden partidaria para que el radicalismo mantenga la voluntad de incrementar la cantidad de dinero destinada a la universidad pública terminó 13 a 1 a favor del sistema de educación superior. Verasay, de nuevo, se opuso.
Con tono ecuménico, uno de los presentes resumió ante LPO: «La UCR avaló la decisión de la convención, que suspendió a los radicales peluca, pidió que los legisladores rechacen el veto al financiamiento universitario y a los senadores les encargó que aseguren la integración de ministras mujeres a la Corte».
A través de su comunicado, el cuerpo expresó su «repudio» al veto presidencial a la ley «que hubiera compensado parte de la pérdida de poder adquisitivo que los jubilados vienen padeciendo», y respaldó «la decisión y el proceso abierto por parte de la Convención Nacional» contra los legisladores que se dieron vuelta.
Bajo esa perspectiva, recordó que la actualización presupuestaria para las casas de altos estudios fue una iniciativa del radicalismo y «fue votada por una mayoría superior a dos tercios en el Senado y por 143 sobre 222 en Diputados, sin que se registrara ningún voto radical en contra». «La Mesa Nacional de la UCR insta a que los bloques parlamentarios nacionales sostengan esa postura, estén presentes en el recinto y voten en contra del anunciado veto del Presidente», enfatizó.
Sobre el final del texto, los referentes radicales manifestaron: «Vivimos en un tiempo signado por imágenes difusas y por líderes políticos que cambian sus posturas según modas pasajeras. La Unión Cívica Radical sostiene un conjunto de ideas y valores desde hace más de 130 años».
Axel Kicillof consiguió este miércoles la aprobación en Diputados del Régimen Provincial de Promoción de Inversiones Estratégicas, el cual promueve en contraste al RIGI de Javier Milei.
Al no pasar por comisiones, el proyecto requería de los dos tercios del recinto para poder ser tratado sobre tablas. Para superar ese escollo, fue central la abstención de los dos bloques radicales y de Unión, Renovación y Fe, que integran diputados que llegaron en listas de La Libertad Avanza pero que se muestran permeable a apoyar proyectos clave de Kicillof.
Una vez obtenido el tratamiento, la iniciativa se aprobó con los 37 votos del oficialismo, mientras que los radicales, la Coalición Cívica y libertarios dialoguistas mantuvieron sus abstenciones y los bloques del PRO, PRO Libertad y LLA se opusieron.
En el oficialismo, Gustavo Pulti dijo que los bloques radicales (uno alineado a Maximiliano Abad, el otro a Facundo Manes), sumaron aportes referidos a la Agroindustria. «Nos parecen importantes y mejoran el proyecto que vino del Ejecutivo», dijo el ex intendente de Mar del Plata al dar cuenta de una de las llaves de las negociaciones.
Presentada por Kicillof ante industriales semanas atrás, el régimen provincial auspiciará inversiones entre 5 y 50 millones de dólares, con un beneficio del 30% en Impuesto Inmobiliario, de Sellos e Ingresos Brutos por 5 años.
Para las inversiones entre 50 y 200 millones de dólares, el beneficio es del 25% en esos impuestos y por 4 años, mientras que , para aquellas mayores a 200 millones de dólares, la reducción impositiva será del 20% por 3 años.
«Es una ley imprescindible para que no sigan pagando los rotos las pymes y los comerciantes pero sobre todo para poner un dique de contención al desbarajuste y derrumbe que invade a actividad económica», dijo Pulti al defender el proyecto que pasará al Senado, donde se abre un nuevo margen de negociación, sobre todo con los mismos bloques que se abstuvieron este miércoles en Diputados.
Pulti sostuvo que el contraste entre el RIGI de Milei y el régimen bonaerense «definen un modelo, valores ideológicos, metas y una cosmovisión». Así, sostuvo que el proyecto bonaerense «impulsa la generación de valor agregado, desarrollo de proveedores locales, diversificación y promoción de nuevos sectores productivos».
También, dijo que el régimen de promoción provincial plantea beneficios, como un 10% adicional de rebaja, a quienes se radiquen en Parques Industriales y premia el incremento de las exportaciones y sostenibilidad ambiental. «Ninguna de estas cuestiones contempla el RIGI», dijo Pulti.
Además, marcó que el Régimen Provincial de Promoción de Inversiones Estratégicas, mantiene la jurisdicción local para resolución judicial de cualquier tipo de diferencia, en contraste con el RIGI, que lo establece en Washington.
A pesar de la mención de Pulti a la incorporación de aportes radicales, en ambos bloques señalaron que la mayoría de las sugerencias no fueron tenidas en cuenta.
Es una ley imprescindible para que no sigan pagando los rotos las pymes y los comerciantes pero sobre todo para poner un dique de contención al desbarajuste y derrumbe que invade a actividad económica
En el bloque alineado a Manes, el diputado Claudio Frangul dijo que se hizo caso omiso a las propuestas de plazos y beneficios a quienes contraten un porcentaje de personas con discapacidad. También sostuvo que el Ejecutivo «se arroga facultades muy importantes».
Por eso, dijo que su bloque se abstiene, «si bien estamos de acuerdo con el concepto general de que hay que generar espacios para la inversión y el incentivo».
En el bloque alineado a Abad, Valentín Miranda sostuvo: «Sugerimos trece modificaciones y ninguna fue aceptada», pero que su espacio se abstenía porque «no podemos ir en contra de nada que genere beneficios».
Hace meses que debería haberse dado esta discusión con mayor profundidad. El bloque PRO presentó un proyecto para adherir al régimen nacional en julio de 2024 y Kicillof jamás quiso dar ese debate.
El rechazo más fuerte al proyecto vino desde el PRO. «No es la ley que la Provincia necesita porque es arbitraria y le da todo el poder al gobernador para elegir qué inversiones avanzan y cuáles no. También, es una mala versión de la Ley Nacional», dijo el jefe de bloque PRO, Agustin Forchieri.
Y agregó: «Hace meses que debería haberse dado esta discusión con mayor profundidad. El bloque PRO presentó un proyecto para adherir al régimen nacional en julio de 2024 y Kicillof jamás quiso dar ese debate. Dejó pasar meses y se perdieron oportunidades. ¿Ahora se apura?»
En ese sentido, el diputado de esa bancada, Matías Ranzini cuestionó «la discrecionalidad» del proyecto y que se haya votado «a libro cerrado».
En el gobierno bonaerense salieron enseguida a celebrar la aprobación en Diputados: «Dimos el primer paso para tener una nueva herramienta de desarrollo económico e industrial», dijo Augusto Costa. Y agregó: «Frente a un Gobierno Nacional que se propone desmantelar la industria nacional, la Provincia sigue apostando por la producción y el trabajo».
Germán Martínez y José Mayans encabezaron este miércoles una conferencia de prensa contra el DNU que habilita al gobierno a canjear bonos de deuda sin pasar por el Congreso, y reclamaron la conformación de la Bicameral Seguimiento y Control de la Deuda Externa.
Acompañado por sus pares Julia Strada, Paula Penacca, Cecilia Moreau, Vanesa Siley, Ramiro Gutiérrez y Carolina Gaillard y las senadoras Juliana di Tullio y Anabel Fernández Sagasti, el santafecino recordó que el articulado del decreto estaba contemplado en la ley ómnibus pero el oficialismo lo tuvo que sacar y ahora lo introdujeron en el proyecto de Presupuesto 2025. «¿Por qué tanto apuro? Están construyendo el camino jurídico para hacer un proceso de canje de deuda formal o informal sin los requisitos de la Ley de Administración Financiera, de espaldas al Congreso y con un único objetivo, que es que no haya mejoras», dijo.
El artículo 65 de esa norma establece que cualquier canje deberá ser para mejorar al menos dos de tres aspectos en un compromiso financiero: montos, tasas o plazos. Por eso, Martínez conjeturó que «Caputo quiere construir un paraguas legal, a diferencia de (Federico) Sturzenegger, que se la pasó declarando en Tribunales».
Desde la oficina del bloque de UP en la Cámara Baja, el jefe de la bancada adelantó que planean llevar la discusión a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, para dictaminar contra el DNU
846/2024,
y llevarlo a recinto con el objetivo de voltearlo. Pero, además, anunció que pedirán a Martín Menem y Victoria Villarruel la conformación de la Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Externa.
Hasta el momento, los libertarios se manejaron con extrema lentitud para constituir las comisiones que les incomodan. El caso más resonante fue el de la Bicameral de Inteligencia pero la de Privatizaciones y la de Seguimiento de la Deuda Externa podrían batir récords. De hecho, Nicolás Massot y José Luis Espert protagonizaron un cruce este miércoles en el plenario que discutía la privatización de Aerolíneas por ese tema: mientras que el bahiense reprochó que no estuviera en funcionamiento la Bicameral de Privatizaciones, un asunto que ya reveló LPO cuando el senador Juan Carlos Romero se lo manifestó a Javier Milei, el economista retrucó que solo el bloque de Miguel Pichetto no había cumplido con el envío de los nombres para integrarla.
En la conferencia del peronismo, admitieron que es difícil de corroborar la veracidad de lo que dijo Espert. «El criterio de la conformación de las comisiones fue manoseado sin parar por los libertarios», se quejó una diputada.
Mayans, por su parte, exigió la presencia del ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, en el Congreso. «No vamos a permitir que se negocie ningún canje de deuda sin pasar por el Parlamento y el Ministro de Economía tiene que venir al Congreso a explicar por qué aumentó la deuda pública y qué hizo con la plata de los argentinos», expresó.
Armando «Pipi» Traferri es senador del Departamento San Lorenzo y uno de los principales dirigentes del peronismo de Santa Fe, pero desde el 2020 quedó bajo sospecha en una investigación a la red de juego clandestino que comandaba Leonardo Peiti.
Días atrás, el capitalista del juego admitió en una entrevista con LPO haberle aportado al senador Traferri 200 mil dólares para financiar la campaña a gobernador de Perotti en 2019 a cambio de designarlo como proveedor oficial de máquinas para el juego online de la Lotería de Santa Fe, pero eso nunca ocurrió y la interna entre Traferri y el entonces gobernador se desbocó.
La causa comenzó con la investigación del asesinato de un apostador en el Casino City Center en un ataque mafioso y tuvo derivaciones institucionales impactantes cuando se descubrió una red de corrupción y complicidades de las que participaba el jefe de los fiscales de Rosario, Patricio Serjal, un fiscal de grado, Ponce Asahad, y empleados del Ministerio Público de la Acusación.
El organigrama de esta banda que le adelantaba datos sensibles a Peiti para eludir allanamientos a cambio de pagos mensuales se completaría con la pata política: el senador Armando Traferri que fue citado a audiencia para el 7 de octubre y podría quedar imputado como organizador de la asociación ilícita que integraban fiscales y funcionarios judiciales para proteger al capitalista del juego ilegal.
La investigación la impulsaron los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra pero ninguno de los dos estarán en la audiencia del 7 de octubre ni podrán acusar a Traferri porque el primero enfrenta un proceso judicial en una causa enmarañada que lo dejó fuera de juego y Schiappa Pietra fue corrido de la causa luego de un pedido expreso y público que hizo el senador.
María Cecilia Vranicich, fiscal general de Santa Fe
En sus lugares, serán los fiscales Marisol Fabbro, José Luis Caterina y María de los Ángeles Granato quienes llevarán adelante la acusación por decisión de la jefa de fiscales María Cecilia Vranicich y el fiscal regional de Rosario, Matías Merlo. «Se prepararon muy bien para esta situación pero es un síntoma de debilidad política que no esté Luis (Schiappa Pietra)», dijeron a LPO fuentes judiciales.
Es que Traferri enfrentará la imputativa luego de haber renunciado a los fueros extraordinarios que prevé la Constitución provincial a los legisladores que ni siquiera permite que sean investigados. De todas maneras, el senador se reservó la inmunidad de arresto.
Ahora, desde que Traferri renunció parcialmente a sus fueros, el panorama político cambió radicalmente. El gobernador Maximiliano Pullaro logró mayoría especial en el Senado que podría dejar al legislador acusado afuera de la Cámara.
La ventana de gobernanza para la inteligencia artificial (AI) se está cerrando y América Latina necesita actuar ahora para garantizar que la tecnología esté al servicio de los derechos humanos y no profundice aún más las desigualdades en la región. Esto es lo que advirtieron más de 20 especialistas reunidos en el Foro DemocracIA.
El encuentro, organizado por Luminate, Civic Compass y el International Fund for Public Interest Media (IFPIM), convocó a más de 200 personas en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires.
«Como la región más desigual del mundo, América Latina tiene la oportunidad de liderar la revolución tecnológica centrada en los derechos humanos y la justicia social, pero debe actuar pronto. Es crucial adaptar marcos regulatorios a su contexto local, evitando copiar reglas externas sin considerar las realidades regionales», afirmó Stephen King, CEO de Luminate.
El primer panel discutió perspectivas de regulación de la IA para tender puentes entre el Norte y el Sur Global. Maroussia Lévesque, candidata a doctora y profesora en la Facultad de Derecho de Harvard, destacó que, a la hora de adoptar parámetros regulatorios, predomina la visión de la industria y no la del interés público: «Las grandes compañías están priorizando la velocidad y no la seguridad, porque los ganadores de esta carrera por la innovación se llevan la mayor porción de mercado».
Como la región más desigual del mundo, América Latina tiene la oportunidad de liderar la revolución tecnológica centrada en los derechos humanos y la justicia social, pero debe actuar pronto. Es crucial adaptar marcos regulatorios a su contexto local, evitando copiar reglas externas sin considerar las realidades regionales
Moderado por Gabriela Hadid, directora de Luminate para América Latina, este primer panel también destacó la importancia de la participación de países y voces diversas del Sur Global en las discusiones internacionales sobre regulación: «Las iniciativas que vemos son muy valiosas, pero dejan afuera a la mayor parte del mundo. No hay una participación realmente global. Así, corremos el riesgo de poner intereses de países y actores particulares que tienen el liderazgo político económico de la tecnología por encima de la humanidad», advirtió Vanina Martínez, científica titular en el Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial de Barcelona.
La experta destacó que este año se logró un primer acuerdo que compromete a los países a iniciar un diálogo global sobre la gobernanza en el marco de las Naciones Unidas.
Por su parte, Horrara Moreira, oficial de gestión de proyectos del Centro de Cambios Exponenciales del Instituto Beja, de Brasil, afirmó que es fundamental que las regulaciones contemplen los efectos de la IA en los grupos más vulnerables de la sociedad: «La concentración de poder de las empresas impacta de forma diferente en distintas poblaciones. Una preocupación con la propuesta de regulación de IA que está más avanzada en el Congreso en Brasil es el impacto en las comunidades pobres y negras».
Además, se refirió al reciente cierre de X: «Las plataformas han creado una narrativa en torno a la libertad de expresión pero lo que está siendo desafiado es la forma democrática en la que los países se organizan para regular la tecnología».
El segundo panel, moderado por Javier Pallero, de Civic Compass, puso el foco en cómo innovar con responsabilidad. Claudia López, investigadora principal en el Centro Nacional de Inteligencia Artificial en Chile, señaló que es clave reconocer los límites y las fallas de la IA, transparentarlos y comunicarlos a la sociedad.
«Es muy importante que los países del Sur Global nos apropiemos de la IA y que dejemos de ser solo usuarios y proveedores de datos. Esto requiere infraestructura, habilidad y dominio de nuestros datos. Debemos repensar cómo distribuimos los beneficios y los costos de la IA», señaló.
Las plataformas han creado una narrativa en torno a la libertad de expresión pero lo que está siendo desafiado es la forma democrática en la que los países se organizan para regular la tecnología
Por su parte, Luciana Benotti, profesora asociada de la Universidad Nacional de Córdoba, observó que, aunque mucho se habla de sesgos sociales -derivados de los prejuicios que tienen las personas- muy poco se habla de los sesgos emergentes de la IA.
Benotti explicó que los sesgos emergentes ocurren cuando los modelos de la IA se entrenan en un contexto, pero se utilizan en otros. «Hay sesgos emergentes en los sistemas de moderación de contenidos que derivan en discursos de odio. Para mitigarlos, es clave el diseño participativo y comunitario, hacer análisis de error discriminado por distintos grupos sociales, documentar los datos de entrenamiento y educar a quienes menos poder tienen», afirmó.
La profesora asociada del Centro Berkman Klein para Internet y Sociedad de la Universidad de Harvard, Paola Ricaurte, advirtió que América Latina provee recursos naturales, datos y mano de obra barata para el desarrollo de la IA, y que las personas usuarias y los gobiernos de la región pagan costos muy altos por estas tecnologías. «Si no cambiamos radicalmente las condiciones del juego, veremos un crecimiento de la desigualdad en América Latina y a nivel global», sentenció Ricaurte.
El último panel analizó el impacto de la IA en las elecciones bajo la moderación de Julia Pomares, cofundadora del Capítulo Latinoamericano de la Iniciativa Global para la Gobernanza Digital. Menno Cox, jefe de sector para aspectos globales de Servicios Digitales y Plataformas en Comisión Europea, destacó el funcionamiento de la Ley de Servicios Digitales (DSA, por su sigla en inglés) de la UE durante las elecciones de este año. El DSA es la legislación europea para las plataformas de redes sociales, y por eso es central al lidiar con los temas de diseminación de desinformación y discursos de odio en línea, incluso con IA.
Cox destacó que la ley permitió a las instituciones prepararse para las elecciones, y afirmó que no se registraron incidentes graves de desinformación. Asimismo, explicó que es fundamental tener instituciones electorales independientes y sostuvo que, gracias a la nueva regulación, las compañías están obligadas dentro de la Unión Europea a responder pedidos de acceso a la información y rendir cuentas a instancias de la Comisión.
Fernanda Martins, directora de Investigación y Desarrollo de InternetLab, en Brasil, que tiene elecciones municipales en octubre, advirtió sobre la «desinformación generificada» y señaló que la desinformación electoral afecta más a las candidatas mujeres, que son blanco de deep fakes con contenidos sexuales que deben considerarse una forma de violencia. Finalmente, el panel destacó la importancia del periodismo y los medios de comunicación para garantizar la integridad de la información.
Al mismo tiempo, frente al riesgo de la desinformación y la difusión de contenidos ilegales, los especialistas indicaron que la IA puede fortalecer la tarea del periodismo para contrarrestar los efectos negativos de esta tecnología en el debate público.
La diputada Florencia Carignano tildó este miércoles de «traidor» al presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, durante su intervención en el plenario de comisiones de Transporte y Presupuesto y Hacienda.
«Es uno de los tantos Scioli de la vida, traidores que andan por ahí dando vuelta en La Libertad Avanza», dijo la legisladora de Unión por la Patria.
Con vehemencia, Carignano sostuvo que «el actual presidente fue funcionario de Aerolíneas Argentinas de 2009 a 2015 y (Mauricio) Macri lo echó». «Y luego volvió: en 2019 era parte fundamental de la Aerolíneas que ahora todos ustedes están criticando», agregó.
La diputada preguntó entonces «por qué no lo echan». «Yo no entiendo por qué no lo echan, por qué no lo echan si tanto daño le hizo a la compañía», disparó, y añadió: «Por qué premiaron a un tipo que, además de ser traidor como Scioli, cobarde porque no vino a dar la cara acá, y encima verdugo de la compañía que gestionó durante muchísimo tiempo. ¡Hizo un desastre!».
Además, apuntó al oficialismo con otra inquietud: «Ahora, como les va a hacer el negocio a ustedes, ¿lo mantienen a este tipo?».
Y finalmente, recordó «un detalle» de Lombardo. «Tenía el brazalete en el búnker de (Sergio) Massa. Estaba llorando. Yo lo vi». «Estaba en el VIP de Massa, llorando», evocó, y lo calificó como «un traidor reverendo HdP».
También se detuvo en documentos públicos que firmó el actual titular de la empresa. «Aerolíneas Argentinas no requirió fondos del Tesoro nacional en 2023. Lombardo, teléfono. ¿Qué pasó? No sé. Alguien miente», graficó.
El juez federal Ariel Lijo tiene una causa contra Fernando Cerimedo que es un espejo de la investigación que acorrala al estratega digital de Javier Milei en Brasil por el manejo de milicias digitales de Jair Bolsonaro, que intentaron llevar adelante un golpe de Estado contra el presidente Lula.
El propio Cerimedo admitió en una entrevista con La Nación que maneja «un montón» de trolls. Poco después recibió una denuncia penal de Malena Galmarini, que lo acusó de dirigir un mecanismo de ataque coordinado, planificado y sistematizado de hostigamiento contra dirigentes, periodistas, figuras del espectáculo y ciudadanos que tengan una mirada crítica sobre el gobierno de Milei.
Galmarini acusó a Cerimedo y su equipo de redes de desprestigiar a dirigentes de la oposición, instalar noticias falsas, calumniar, injuriar y amedrentar a los usuarios de redes sociales con amenazas e insultos.Y definió a ese equipo como «una verdadera organización criminal», lo que los podría poner a tiro de la figura de asociación ilícita.
«Ahora parece haberse implementado una estrategia mucho más violenta, cuando no directamente delictiva, que incluye amenazas coordinadas o la exposición de datos personales («doxeo») con la finalidad de fomentar que otros usuarios más espontáneos adhieran o repliquen la amenaza o el insulto», señala la denuncia. El uso por parte de los libertarios de datos personales y comerciales para atacar a los blancos elegidos, ya es motivo de preocupación de los empresarios que ven atrás de eso la mano de Santiago Caputo que se ocupó de controlar a la Side y la división de inteligencia fiscal de la AFIP.
En su denuncia, la esposa de Sergio Massa apuntó directamente a Cerimedo y a funcionarios como el diputado Agustín Romo y Juan Pablo Carreira, alias Juan Doe, director de comunicación digital de Milei y ex empleado y socio de Cerimedo en el sitio La Derecha Diario. Además, el escrito menciona una por una las cuentas vinculadas a Santiago Caputo: el Gordo Dan, El Trumpista, Pregonero, El Buni y Traductor Te Ama. Detalla además el escrito, quienes están atrás de algunas de ellas.
El Gordo Dan ya es conocido y no es otro que Daniel Parisini, camillero del Hospital Rivadavia que ahora conduce el programa «La Misa» en el canal de streaming libertario «Carajo». Es en los hechos la mano derecha de Santiago Caputo en la operación libertaria en X, incluso para disciplinar a funcionarios que molesten al asesor presidencial.
Por encima de Cerimedo, en el organigrama real del mundo libertario, está Santiago Caputo, que es quien empuja la designación del juez Ariel Lijo en la Corte Suprema, lo que coloca al magistrado en una posición incómoda ya que es él quien debe investigar la denuncia de Galmarini contra el sistema de los trolls libertarios.
Traductor es Esteban Glavinich, hijo de Raúl, accionista de Mirgor, la empresa de Nicolás «Nicky» Caputo. El Buni se llama Franco Buoniconto y estuvo en el búnker del triunfo de Milei. Cuando La Nación reveló que El Trumpista es un uruguayo llamado Luciano Cabrera, hasta la cuenta de Twitter de Santiago Caputo asedió a la periodista que firmó la nota.
Es que por encima de Cerimedo, en el organigrama real del mundo libertario, está el principal asesor del presidente Milei, que empuja la designación del juez federal Ariel Lijo en la Corte Suprema, lo que coloca al magistrado en una posición incómoda ya que es él quien debe investigar la denuncia de Galmarini contra el sistema de los trolls libertarios.
El juez federal, Ariel Lijo.
«Desde que Lijo fue propuesto para la Corte Suprema, la causa de Galmarini contra Cerimedo no tuvo mayores movimientos», dijo a LPO un abogado que sigue el tema.
No es la primera vez que el juez federal se cruza con este grupo. Hace 13 años, Lijo instruyó una parte de la investigación contra Rodrigo Lugones y Guillermo Garat, socios de Santiago Caputo. Esa denuncia la presentó el peronista Juan Manuel Olmos por la campaña sucia que sufrió Daniel Filmus cuando era candidato a jefe de gobierno contra Mauricio Macri. En ese momento, se difundió a través de call centers la falsa versión que el padre de Filmus estaba vinculado al caso de corrupción de Sergio Schoklender. El operativo incluyó un precoz uso de Twitter para hacer envíos masivos de esa fake news.
La denuncia de Galmarini, a la que accedió LPO, incluye un detalle del entramado de empresas de Cerimedo, como Numen y Madero Group, en las que tienen acciones algunos de los trolls. En el escrito se cita una nota de En Orsai que reveló que el 10% de Madero está en manos de Tomás Federico Beltrame, dueño de una fiambrería en Vicente López y el otro socio es el veinteañero Ezequiel Ismael Acuña, @elpasanteok, que tiene el 2,5%.
Madero Group SRL, en realidad está registrada a nombre de Natalia Basil, la pareja de Cerimedo, que fue designada por Milei como directora en la Agencia Nacional de Discapacidad a pesar de que no tiene experiencia en el área, como exige la ley.
«Según algunos ex empleados que pasaron por Numen y Madero Group en tareas relacionadas con webs y landings, Madero Group no tenía a sus trabajadores en blanco ni con cargas sociales y los despedía sin causa y en cualquier momento, sin pagarles siquiera una mínima indemnización, por lo que tiene varios juicios laborales en curso», agrega la denuncia.
Madero Group SRL, en realidad está registrada a nombre de Natalia Basil, la pareja de Cerimedo, que fue designada por Milei como directora en la Agencia Nacional de Discapacidad a pesar que no tiene experiencia en el área, como exige la ley para ocupar ese cargo.
En el escrito consta que además de declarar que trabaja ad honorem para Milei desde hace más de dos años, Cerimedo fue
durante la campaña presidencial
donante permanente de dinero en efectivo. «Solo como un ejemplo, en la semana del 23 al 31 de agosto de 2023, aportó 6.186.097 de pesos en trece fragmentos de montos aleatorios y ni siquiera redondos: 2.009.226, 70.889, 731.570 y contando. Ningún aporte fue bancarizado tal como exige la ley, por lo que no se sabrá nunca ni su origen ni sentido», señala el escrito.
La denuncia recuerda que Cerimedo fue condenado por estafa por venderle a dos personas un mismo departamento en Mar del Plata. Por esa estafa fue sentenciado a dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional por parte del Juzgado en lo Correccional N°3 de Mar del Plata. El estratega digital de Milei, que por aquellos años trabajaba como taxista para la empresa Mardeltax, aclaró en una entrevista con La Nación que «ambas víctimas ya fueron compensadas».
La Liga Nacional de Powerchair Football llegó a Dolores con tres partidos que se disputaron en el estadio Arturo Illia.
Esta disciplina es impulsada por la Fundación Powerchair Football, dedicada a impulsar el fútbol en silla de ruedas motorizada en la Argentina, para integrar a personas con discapacidades motrices en prácticas deportivas.
La Municipalidad de la Costa invita a participar del taller de escritura emotiva “Escribí-te¨, que se realizará en Av. 7, entre 36 y 38, Las Toninas, el jueves 26 de septiembre a las 17.00.
La propuesta impulsada por la Subsecretaría de Cultura, será llevada adelante por la Profesora de Letras de la Universidad Nacional de la Plata, Claudia Peréz Seijas.
El encuentro literario es abierto a todo público y se puede realizar de forma gratuita. Para más información ingresar a @cultura.lacosta
