La relación entre el gobierno de Maximiliano Pullaro y la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe está en fase de sinceramiento brutal de la confrontación. El gobernador de la provincia dijo directamente que el máximo tribunal debe renovarse, que se necesita una Justicia eficiente y que la conducción no está en condiciones de darle a la sociedad lo que necesita. El presidente del tribunal máximo, Rafael Gutiérrez, no tardó en responderle en los mismos términos en que se encajó hace dos semanas. «Me voy a ir el día que yo quiera».
Ya en frontal guerra de guerrillas, las tensiones se expresan con un permanente palo a palo en varios frentes. La reforma previsional que impuso aportes más altos a los jubilados estatales tiene en particular exaltación a los judiciales que, además, cuestionan las demoras del gobernador en cubrir vacantes de más de 100 juzgados en la provincia.
Además la semana pasada hubo una manifestación de adhesión espontánea de trabajadores judiciales hacia Rafael Gutiérrez, quien desde la máximo jerarquía juega con oficio el rol político de defensor de las condiciones laborales del Poder que dirige. Experimentado e intuitivo en las batallas de poder, de no disimulada filiación peronista, el titular de la Corte fue ovacionado al entrar en el Palacio de Justicia de Santa Fe por los trabajadores, quienes corearon su nombre.
Este jueves los judiciales realizarán un paro en sus lugares de trabajo. «Es la primera vez en 30 años que está planteado un conflicto de trabajadores judiciales a los que hace cinco meses le deben aumentos que no se han cumplido. Hay designaciones y ascensos que hace siete meses que no se firma. Esto perjudica al personal junto al tema previsional lo que motiva esta protesta», dijo Gutiérrez a la radio La Ocho.
A eso se suman otras escaramuzas como las de esta mañana en el mismo lugar, cuando más de un centenar de empleados judiciales manifestaron con claridad su descontento hacia el gobierno de Pullaro. Fue a la salida del acto donde dos ministros del Gobernador asistieron a la jura de tres vocales de la nueva Cámara de Ejecución Penal. Allí hubo expresiones de repudio, insultos clarísimos y hasta empujones cuando bajaban las escaleras del hall central los ministros de Gobierno, Fabián Bastia, y de Seguridad, Pablo Cococcioni.
Asumían como camaristas Mario Guedes, Valeria Haurigot y Horacio Pueyrredón, en un trámite que fue controvertido porque si bien aprobaron el concurso no quedaron en los primeros lugares en el orden de mérito y sin embargo el gobierno, con un ejercicio explícito de su derecho a hacerlo, remitió sus pliegos para esos cargos aprobados por la Legislatura. «Acomodo, acomodo», gritaban los manifestantes.
Este martes Pullaro había celebrado con sus ministros en Santa Fe una reunión abierta donde hizo un segundo balance de gestión. Allí aprovechó para tomar un reclamo judicial, el de cubrir las vacantes, y darlo vuelta. Con malhumor manifiesto y táctico, lo que hizo fue explicar que le había pedido a la Corte Suprema que brindara datos objetivos de cómo funcionan los juzgados de la provincia para poder entonces cubrir las vacantes. Y que lo único que le llegó, en una reunión presencial a cara de perro el 8 de septiembre, fue el número de cargos a cubrir sin el detalle de cómo es la actividad y los rendimientos de cada tribunal.
Fue muy claro. El gobierno plantea permanentemente al Poder Judicial que tienen un esquema de trabajo desajustado a la época, con horario de 7 a 13, los salarios más altos de la administración pública y que en relación a la actividad de los juzgados por cubrir retacean datos que mostrarían un rendimiento más bien pobre.
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«De todos modos, para que tampoco mientan, en este momento hay 109 concursos en marcha», dijo Pullaro. En un espacio donde dijo que como gobernador sabe donde apostar para perder, si es necesario, capital político. La batalla con el campo judicial de la provincia, un sector que no goza de aprobación mayoritaria y es un segmento no especialmente masivo de la administración pública, es un lugar donde no retrocederá. «Como yo soy gobernador elegido por 1.032.000 santafesinos, voy a hacer lo que tengo que hacer. Y voy a dar el debate que tenga que dar, por más incómodo que sea».
Pullaro, que busca reemplazar a cinco de los seis miembros del superior tribunal santafesino que ya cumplieron los 75 años, volvió sobre el planteo de renovar a sus ministros. «No porque sean malos, no cuestiono sus fallos. Pero necesitamos una Justicia moderna, eficiente, efectiva, que le dé respuestas a la sociedad; una Justicia involucrada. Y lo nuestro no es maniqueo, ni decimos que son todos iguales. Pero nosotros entendemos que la conducción de la pirámide judicial hoy no está en condiciones de darle a la sociedad lo que necesita».
Al día siguiente de esas declaraciones los empleados judiciales presentes en los tribunales santafesinos esperaron a los funcionarios de gobierno con el vuelto, a los que salpicaron con recriminaciones e insultos a viva voz. Los cruzó en seguida en redes Juan Cruz Cándido, secretario de Gobierno de Santa Fe. «Reformar estructuras siempre genera resistencias, y más cuando están en juego corporaciones y estructuras anquilosadas. Se engañan los que creen que esta patota judicial defiende trabajadores: defienden privilegios cuya permanencia solo afecta a la ciudadanía, que es la verdadera dueña del Estado y a quien se lo vamos a devolver», posteó.
Los cruces de piñas entre el gobierno y Poder Judicial es en todos los escalones. A los señalamientos de privilegios de parte del Ejecutivo los judiciales replican con la viralización de una tabla con los sueldos más viáticos de un ministerio a septiembre donde el cargo más alto supera los 9 millones de pesos, el de secretario 8.600.000, subsecretarios 8 millones y dirección provincial 4.880.000. Claro que son cargos esporádicos y no vitalicios.
Para este jueves está previsto. «Es la primera vez en 30 años que está planteado un conflicto de trabajadores judiciales a los que hace cinco meses le deben aumentos que no se han cumplido. Hay designaciones y ascensos que hace siete meses que no se firma. Esto perjudica al personal junto al tema previsional lo que motiva esta protesta.
«Hay 129 decretos de ascensos, ingresos, concursos, cesantías, jubilaciones parados en el Poder Ejecutivo. También retiró (Pullaro) pliegos de la Legislatura. Estamos reclamado que cubra los cargos porque hay un 30 por ciento menos de jueces», estableció Gutiérrez.
«Tiene que entender Pullaro la división de poderes. Salvo que quiera una Corte para sus amigos», continuó Gutiérrez. «Si tuviera algún motivo que me pida el juicio político. Yo tengo 49 años en la Corte y nunca tuve denuncias ni ningún sumario. Yo creo que lo único que le interesa a él es poner amigos en la Corte».
En el gobierno reponen que Gutiérrez replica hacia los demás su propia situación. Recuerdan el hoy presidente del tribunal máximo llegó a ese lugar con una poco destacada carrera judicial pero impulsado hace 24 años por Reutemann. Es primo hermano de Mimicha Bobbio, la primera mujer del ex gobernador e ícono de la Fórmula 1.
El ministro de Gobierno Bastia, destinatario de la bronca de los judiciales esta mañana, cuestionó más fuerte a tres ministros de la Corte que no anuncian su retirada. «Uno ingresó porque era el primo y amigo de Carlos Reutemann. Otro su abogado personal y el otro se encargó de la ley de Lemas. Se refería en los dos últimos casos a Eduardo Spuler y a Roberto Falistocco. La ley de Lemas fue el sistema electoral que según amplias coincidencias permitió al justicialismo retener la Gobernación en Santa Fe hasta 2007. Con su derogación fue elegido el socialista Hermes Binner.
