Un fiscal santafesino pidió una pena de cinco años de prisión efectiva y una multa multimillonaria para el ex ministro de Seguridad provincial Marcelo Sain al que acusó formalmente de haber direccionado hacia un oferente una licitación para la compra de armas para la policía provincial por 17 millones de dólares, a fin de garantizarle al oferente un beneficio indebido.
La cuestionada licitación por la cual Sain está imputado desde abril de 2022 no llegó a contratarse porque un órgano estatal objetó el proceso e interrumpió el concurso. No obstante el fiscal Ezequiel Hernández afirma que el delito existió en grado de tentativa y que resulta agravado por tratarse sus impulsores de personas en ejercicio de funciones públicas.
De acuerdo a los investigadores de la Fiscalía Regional de Santa Fe, en una requisa efectuada en el momento de la salida de Sain en dependencias del Ministerio de Seguridad, el 29 de noviembre de 2021, el personal actuante revisó la oficina del funcionario encargado de administración financiera de esa cartera. Entre otros elementos al funcionario, Maximiliano Novas, le secuestraron un pendrive.
Al abrirlo el equipo de la fiscalía encontró un documento de texto que tenía una redacción idéntica a lo que sería el contenido del pliego para una licitación para la compra de 12 mil armas para la provincia por 17 millones de dólares. Ese texto, según el fiscal, era el oferente hacia el que se intentaría direccionar el concurso. Tenía como título de archivo el apellido del candidato.
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Saín quedó acusado este miércoles junto a dos ex funcionarios del Ministerio de Seguridad más un oficial superior de la policía provincial. En el caso del ex ministro la pena requerida es cinco años de prisión de cumplimiento efectivo más inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos y una multa por el doble del beneficio indebido que, a su criterio, pretendió obtener.
Los otros imputados son el ex secretario de Seguridad Germán Montenegro y el ex secretario de Gestión Técnica y Administración Financiera Maximiliano Novas. A ellos les solicitó penas de cuatro años de prisión efectiva, inhabilitación perpetua para ser cargos públicos y una multa por el doble del beneficio indebido estimado. Finalmente para el ex jefe del Departamento Logística de la Policía de Santa Fe, Marcelo Correa, pidió una pena de tres años de cumplimiento condicional y una multa.
Las calificaciones penales para los tres funcionarios civiles son coautoría de negociaciones incompatibles con el cargo y tentativa de defraudación a la administración pública con administración fraudulenta. Para el jefe policial el rol adjudicado cambia a partícipe necesario.
A criterio del fiscal lo que hicieron los acusados fue preparar la adjudicación de una multimillonaria venta de armas direccionándola hacia Fabián Menajovsky, representante de Emprendimientos Grupo Patagónico SRL y uno de los interesados en quedarse con la adjudicación, a quien le atribuyen haber sido quien redactó los términos del pliego licitatorio.
El fiscal Hernández señaló al momento de la imputación que la licitación a medida se hizo además con la redacción de un pliego que impidiera la competencia de oferentes distintos al grupo de Menajovsky. Este empresario falleció en marzo de 2021. Era representante en Argentina de las armas IWI de origen israelí y es un proveedor que participó en el pasado de otros concursos similares en la provincia de Santa Fe.
Según el fiscal el fraude a la administración pública no prosperó por razones ajenas a la voluntad de los acusados. Entre ellos la denuncia de la empresa Bersa SA, que en enero de 2021 objetó el contenido del pliego como una maniobra, lo que llevó a que llevó a que la Cámara Contencioso Administrativo de Santa Fe a ordenar la suspensión de la licitación un mes después.
Todo comenzó de acuerdo a la investigación penal el 25 de junio de 2020 con una nota que el entonces secretario de Seguridad Germán Montenegro remitía a Sain en donde se realizaba una justificación de carácter técnico-política, a entender del fiscal, para la compra de las armas.
El proceso licitatorio era para adquirir cinco tipos de bienes o pertrechos diferentes, incluidos en cinco distintos renglones, para la policía provincia. Lo anormal para Hernández fue que en el pliego de condiciones se obligaba a que los oferentes cotizaran para todos los ítems. Esto supone decir que no se podía ofrecer para comprar pistolas 9 milímetros Jericho si no se ofertaban además equipos francotirador Dan larga distancia con mira nocturna y a la vez 130 ametralladoras UZI PRO con mira 5 de punto rojo.
Por ser completamente inusual, esta condición le resultó inaceptable a la Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes del Ministerio de Economía de la provincia que advirtió que esa redacción era inválida, en cuanto obligaba a los proveedores a cotizar en todos los renglones.
Por eso la Secretaría Técnica y de Administración Financiera a cargo de Novas modificó el pliego a los 20 días, indicando que la forma de cotización era de un renglón con varios ítems. Eso fue una estrategia, según Hernández, para que nada cambiara, ya que el proveedor que se presentara debería igualmente ofrecer para todos los ítems o quedaba fuera del concurso.
El único oferente capaz de ofrecer todas las armas requeridas de acuerdo a las exigencias era Emprendimientos Grupo Patagónico SRL, es decir, el de Menajovksy. En la imputativa realizada hace dos años el fiscal argumentó que Sain, Montenegro y Novas sabían que solo esa empresa podía hacer el ofrecimiento. Y agregaron que las características del armamento descriptas en el pliego habían sido copiadas de folletos comerciales de la misma firma a la que, según ellos, querían beneficiar.
Los fiscales indican que para dar apariencia de rigor técnico a los documentos los tres funcionarios imputados le ordenaron al jefe de Logística de la policía de Santa Fe que firmara un documento referido al cuadro de necesidades sobre armamento para la policía. Pero que este documento se conformó después de iniciado el trámite.
En el inicio del caso los fiscales dijeron que el perjuicio calculado para el erario público fue de entre 2.814.000 y 8.274.000 dólares en relación a las ofertas parciales efectuadas por empresas distintas en relación a productos similares a los ofrecidos por la empresa IWI, la que representaba el oferente privilegiado. El monto total de la adjudicación que los investigadores denominan fraudulentas fue, dijeron en la audiencia, de 17.103.543 dólares
