En medio de la crisis por las fugas de presos de las comisarías, Jorge Macri se reunió con Karina Milei y por el momento los libertarios no acompañarán las modificaciones al código urbano ni el presupuesto.
El encuentro sucedió en la Legislatura y fue tenso. Pilar Ramírez, jefa del bloque libertario oficial, fue quien encabezó la discusión con el jefe de gobierno. Karina intervino poco y se mostró más componedora que su legisladora. Matías López, el vice 1° del parlamento porteño también participó de la reunión.
La cuestión del usufructo del nombre La Libertad Avanza fue un tema recurrente. Karina está furiosa con Ramiro Marra porque encabeza un bloque con el mismo nombre que Pilar Ramírez. La composición del bloque fue variando, hoy el «oficial» tiene más integrantes que el clase B.
La conducción libertaria argumenta que la justicia les dio la razón que Ramírez es la única autorizada a utilizar el nombre. Ramírez presentó una queja que aún no fue abordada por la Junta de Ética y muy posiblemente nunca será tratada.
La reunión no dejó saldo positivo para el gobierno, que comenzó a buscar los votos para el código urbanístico y el presupuesto en otros espacios.
El encuentro ocurrió dos días después de que aconteciera la onceava fuga de presos de las comisarías porteñas en 2024. Desde el gobierno porteño argumentan que esos presos no deberían estar a cargo de la Ciudad, sino que le corresponde a Nación custodiarlos.
Pilar Ramírez adelantó que no votará el código urbano si no hay cambios en el proyecto.
A pesar de que Jorge Macri comenzó a negociar con Patricia Bullrich para sacar a los presos de las comisarías y llevarlos a cárceles federales, el acuerdo está lejos de producirse. En el gobierno porteño no saben cómo prevenir las fugas.
La cuestión también genera conflictos con vecinos de distintos barrios, especialmente los que tienen comisarías cerca. La solución de las cárceles container también causa rechazo.
«El problema lo genera Nación. Los vecinos de la Ciudad no tenemos por qué subsidiar con nuestro presupuesto los delitos que juzga la justicia de Nación y que deberían estar presos en cárceles nacionales», le dijo a LPO Leandro Halperín, ex legislador y especialista en políticas penitenciarias.
«Si quieren que la Ciudad se ocupe, entonces que transfirieran los delitos junto a la justicia nacional en lo criminal y el servicio penitenciario con su presupuesto como hicieron con la policía», reclamó.
«Esa es la puerta giratoria», criticó la legisladora peronista Claudia Neira durante la exposición de Néstor Grindetti en el parlamento porteño.
El intendente de San Isidro aseguró que existen conversaciones de sectores de la política para volver a la reelección indefinida de intendentes en Provincia de Buenos Aires. Además, adelantó que gracias a los ahorros de este año en 2025 San Isidro invertirá el 20% del presupuesto en más seguridad y obras, cuando históricamente sólo se usaba el 10% con dinero de Nación y Provincia.
«No tengo dudas de que hay conversaciones para lograr, antes de fin de año, borrar la restricción para que vuelvan las reelecciones indefinidas de intendentes y cargos provinciales bonaerenses», disparó con preocupación el intendente de San Isidro, Ramón Lanús. Y señaló que el tema instalado por parte del gobierno de la Provincia de Buenos Aires para desdoblar las próximas elecciones es «solo una distracción».
«Lo preocupante es volver a las elecciones indefinidas, porque es una clara señal de que la política sigue mirando sus intereses y que está totalmente alejado de lo que le preocupa a la gente», expresó el jefe comunal.
«En mi experiencia como intendente, que apenas llevo casi un año, puedo asegurar que el trabajo es de una intensidad y vocación inmensa, y que difícilmente se pueda sostener 20 años esa intensidad, salvo que la bajes y te conviertas en un peor intendente. Por eso, estoy convencido de que un modelo de seis años o dos de cuatro está más que bien», opinó Ramón Lanús.
En cuanto al sistema de Boleta Única Papel (BUP) aprobada en el Congreso, el intendente mira con buenos ojos que esta iniciativa se replique en territorio bonaerense. «Estoy a favor, aunque no creo que ocurra por el momento. Cada vez más provincias están transitando ese camino», sostuvo.
Sin embargo, opinó que no es momento de cambiar reglas electorales, porque la gente viene de años muy malos. «La verdad es que me enoja ver a la política preocupada solo de sus problemas y no de los problemas de la gente», expresó Ramón Lanús.
Por último, el intendente de San Isidro adelantó: «En 2025 vamos a tener una inversión del 20 por ciento del presupuesto que será volcada en materia de seguridad, espacio público y más obras».
«Con un gran esfuerzo este año generamos ahorros para invertir en 2025 más de lo que históricamente se invirtió siempre en San Isidro, ya que en los mejores años solo se invertía un 10% con dinero de Nación y Provincia. Nuestra inversión es exclusivamente con fondos propios. Y esto es el resultado de cuidar el mango de cada vecino para luego volcarlo en obras para vivir mejor», concluyó el intendente de San Isidro.
Las fuertes críticas de Rodrigo de Loredo al Gobierno de Martín Llaryora no hicieron mella en el bloque de legisladores radicales que este miércoles votó a favor del presupuesto con el cual el mandatario cordobés gobernará en 2025, ley que lo habilita a tomar 3.500 millones de dólares en deuda que seguramente se usará para la obra pública que inaugurará en 2027, cuando busque su reelección.
De Loredo viene levantando su perfil crítico a la gestión de Llaryora. Hace algunas horas, dijo del gobernador mediterráneo: «Se muestra antik en Córdoba, pero en la Nación, se alía a los kirchneristas en su intento desestabilizador del gobierno de Milei».
Como si fuera poco, De Loredo denunció que «mientras la inflación nacional baja, en Córdoba vemos incrementos del 400% en peajes y del 416% en el transporte interurbano. Es la ‘Inflación Llaryora’ que no resuelve problemas y agrava la vida de los cordobeses».
Pese a los misiles verbales, el radicalismo en la Legislatura dio una señal contraria a los dichos de su jefe al avalar -además del presupuesto- una ley impositiva en la que no se especifica cuánto aumentarán los impuestos provinciales el año próximo, y deja la suba de impuestos atada al ajuste de los salarios formales, polinómica que excluye a la mitad de la población que trabaja en negro.
El presupuesto de Llaryora tuvo el aval en primera lectura de 53 legisladores (sobre 70 miembros), 20 más de los votos propios del peronismo. De estos 20, el grueso llegó desde el radicalismo, que desconocieron en los hechos las crítcas de De Loredo
El alineamiento del radicalismo con Llaryora generó un cortocircuito con el juecismo: la bancada de Juez. «Es un presupuesto mentiroso y dibujado», dijo Walter Nostrala, presidente del bloque del Frente Cívico, mientras sus socios radicales levantaban las manos. Hasta ahora, De Loredo y Luis Juez se tiraban flores ponderando que Juntos por el Cambio tenía una estrategia común para enfrentar al peronismo. Tras el apoyo monolítico de la UCR al presupuesto peronista, la tensión creció.
El apoyo de los radicales fue en la votación general, que es la que vale. El PJ tiene garantizada la mayoría simple para la votación en particular. Así, nientras De Loredo critica el plan de gestión, los intendentes radicales cerraban con Llaryora más recursos para obras en las localidades del interior. El gobernador cordobés les dio oxígeno extra para el año que viene al ampliar en 1% los recursos provinciales que se coparticipan.
Aunque los legisladores radicales criticaron al Gobierno provincial durante los discursos en la sesión de la Legislatura provincial, levantaron las manos para autorizar los gastos previstos por el oficialismo y el plan de gestión.
Con este aval en la primera lectura, el resto del trámite del presupuesto será meramente formal. La autorización es para que Llaryora destina 1 billón de pesos en obra pública. Casi el 40% de esos recursos (377.540 millones de pesos) serán destinados a obras viales; un 32% a infraestructura hospitalaria y escuelas; el 16% (148,166 millones) a redes eléctricas y gasoductos; y el resto ( 113.544 millones) irá a acueductos y cloacas. Es un paquete de obras que el Gobierno provincial expondrá en las campañas 2025 y 2027.
Axel Kicillof podría pedirle en las próximas horas la renuncia al ministro de Transporte, Jorge D’Onofrio, jaqueado por un supuesto esquema de coimas con las fotomultas y la Verificación Técnica Vehicular (VTV).
La Justicia investiga un aceitado esquema de coimas e información privilegiada que habría montado D’Onofrio con la supuesta asistencia de un grupo de jueces de Faltas y abogados a cargo de gestorías. De acuerdo a la línea de investigación, esa estructura eliminaba multas de tránsito a cambio de un pago de un porcentaje del valor de la infracción.
Su pareja, Pilar Claudia Pombo, es presidenta del Concejo Deliberante de Pilar y trascendió que el jueves el legislativo local buscará correrla de ese cargo.
Según fuentes judiciales, Pombo era quien coordinaba a los gestores implicados en el esquema. Las acusaciones incluyen la creación de una red que captaba infractores y se quedaba con un porcentaje del dinero recaudado.
Pombo ya había enfrentado condenas judiciales por peculado en el pasado, tras ser acusada de sustraer fondos públicos mientras dirigía el Registro de la Propiedad Automotor Nº 2 de San Miguel. Su reincidencia en escándalos de corrupción ha despertado duras críticas desde la oposición.
La denuncia inicial en esta causa proviene de Secutrans, una compañía que provee tecnología para las fotomultas. Según la empresa, las prácticas fraudulentas habrían generado una caída en su recaudación de entre 4 y 10 millones de dólares mensuales. Este dato evidencia la magnitud del presunto desfalco y el impacto sobre las finanzas públicas.
El expediente principal se tramita en la fiscalía de Álvaro Garganta, que investiga el esquema de las multas. Sin embargo, las denuncias por la VTV han sido remitidas al Juzgado Federal de Campana, donde los denunciantes han señalado inversiones sospechosas en España, supuestamente vinculadas a Pombo y Quattrochi.
La investigación enfrenta obstáculos. En el caso de la VTV, el juez Adrián González Charbay se declaró incompetente, y el expediente fue devuelto por la Cámara Federal de San Martín. Mientras tanto, los fiscales analizan si las conductas denunciadas constituyen lavado de dinero o enriquecimiento ilícito.
D’Onofrio es un dirigente que ingresó al gobierno provincial a instancias de Sergio Massa, aunque se distanció del Frente Renovador el año pasado. Hoy no existe contacto entre Massa y el hasta hoy ministro provincial.
Desde el entorno de Kicillof buscan esquivar los daños del escándalo. Aseguran que el gobierno de Kicillof es de coalición y que ese ministerio será ocupado por la persona que Massa defina.
El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, evalúa designar al Chiqui Tapia como presidente de la Ceamse, un cargo que obsesiona al titular de la poderosa Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
LPO adelantó días atrás que Tapia dejaba de ser vicepresidente de empresa que gestiona los residuos en el área Metropolitana. Quien lo reemplazó fue Ezequiel Jarvis, actual secretario de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires. Esos cambios ya fueron publicados en el sitio web de la Ceamse.
Detrás de esos movimientos estuvo Mauricio Macri, quien le venía pidiendo a su primo Jorge la salida de Tapia. Es que ambos tienen visiones -y proyectos- contrapuestos para el fútbol argentino.
Fue el actual titular de la AFA quien le volteó al ex presidente las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en la Justicia. Ese es un tema central para Macri para sus aspiraciones de llegar a presidir la FIFA.
Al frente de la empresa está Mónica Cappellini quien responde directamente al intendente de Avellaneda. Se trata de una funcionaria que ocupó durante años distintos cargos en el municipio. Fue incluso funcionaria del ex intendente Baldomero Álvarez de Olivera, hoy uno de los armadores políticos de Ferraresi.
El economista Mario Cimoli logró levantar al acartonado público de la conferencia anual dela UIA con un discurso muy disrruptivo en la Argentina Libertaria de Milei. Provocador, se definió como «keynesiano y estructuralista», dos malas palabras para el ideario económico del Presidente.
Su aguerrido discurso, tiene una explicación: el conflicto ya indisimulable entre la Unión Industrial y Milei, que nunca ocultó su desprecio por los industriales argentinos. Se entiende: su modelo es Chile, un país que no tiene industria y con una de las economías más abiertas del mundo.
Varios de los asistentes reconocieron a LPO que esta vez el malestar con el gobierno fue inocultable, pese a que algunos de los presentes reconocieron tener miedo los escraches de Milei. «Un empresario posteó en X una crítica al gobierno y le publicaron los contratos de los hijos con no se que municipio», gráfico a LPO uno de los presentes.
Otro empresario importante de la industria química, que también pidio mantener su identidad, agregó: «Fue el peor mes de la historia de la fábrica fundé en 1981. Si querés saber que pienso, replicá la exposición de Mario Cimoli».
La misma posición expresó a LPO un empresario de la industria electrónica: «El mensaje de la UIA es la exposición de Cimoli», afirmó y reforzó «fue la voz de los industriales». De hecho, Cimoli fue por lejos el expositor más aplaudido de la conferencia.
Cimoli fue secretario de la CEPAL, «keynesiano y estructuralista» como él mismo se definió. Actualmente es profesor de economía en la Universidad de Venecia. «Me voy a permitir decir algunas cosas porque hay un elefante en la habitación», así arrancó su provocativa exposición y marcó la cancha «la política industrial, la política tecnológica, al final de todo es política. Entonces, no se puede no debatirlo».
El tema de la política industrial no parte hace poco, parte de la crisis del 2008, cuando las clases medias europeas y americanas, empiezan a estar golpeadas por la descolocalización de la producción a otros países a costos inferiores. Ahí nacen los votos, ahí nace la política, ahí cambia todo. Hoy hay un mundo completamente distinto.
Cimoli, explicó porque cree que el mundo va a contramano de la visión de Milei y más en línea con el proteccionismo de Trump. Señaló que a partir del 2008 el mundo comenzó a cerrarse. «Ahi nace un proceso de política industrial muy fuerte», afirmó y puso como ejemplo la financiación del estado norteamericano por decenas de miles de millones de dólares para relocalizar la planta de fabricación de semiconductores de Taiwan.
«Sin semiconductores yo no voy a poder acceder a la tecnología digital y no voy a poder tener ni Trump, ni Elon Musk, ni Amazon, ni Google, ni ninguno. Entonces, es una política compleja de Estado y un política industrial. Entonces, si le tengo que poner a Intel más de 50, 60 mil o 100 mil millones de dólares para producir los semiconductores, y los semiconductores los traigo de Taiwan, todo lo que está alrededor de eso depende estratégicamente de semiconductores. Cambia la política profundamente. Y hay una continuidad en ese tipo de política», detalló.
«El tema de la política industrial parte de la crisis del 2008, cuando las clases medias europeas y americanas, empiezan a estar golpeadas por la descolocalización de la producción a otros países a costos inferiores. Punto. Ahí nacen los votos, ahí nace la política, ahí cambia todo. Hoy hay un mundo completamente distinto» agregó.
«La globalización a empieza a cerrar y se da cuenta del impacto sobre los ingresos medios. Y vuelvo a otra palabra, que se discutió poco en el último periodo de acá, la importancia de las clases medias, la parte que está con ustedes, la parte que hay que financiar y la parte que hace crecer la productividad. Se dan cuenta y ahí empieza el debate. Esto empieza con la crisis del 2008, con el impacto sobre las clases medias, con un proceso que cambia explícitamente la política. Ahí nace la primera elección de Trump en el 2016, cuando el impacto y el voto dicen, no, hay que cambiar el modelo productivo de la descolocalización. Y ahí nace un proceso de política industrial muy fuerte».
«Estados Unidos, China y Europa están haciendo política de sustitución de importaciones, ¿si o no?», desafio Cimoli y agregó «¿Por que uno tiene miedo de decirlo?» remató.
«Lean los políticos, lean lo que están diciendo. Entonces, para justificar eso digo una palabra mágica, que es resiliencia, hay que ser resilientes. Entonces ese debate cambió. Lo más interesante de todo esto es que nosotros, como economistas, como gente que hace política, no lo hemos percibido. Y se dan cuenta cómo ajustaron los modelos a lo que era el interés del país, del sector y del proceso», cuestionó el profesor de economía.
¿Le contaron a Argentina que Manuel Macron hizo Airbus como una empresa de Estado, financiada por el Estado y construida por el Estado?. ¿Le contaron?, Porque los medios presentan cada cliché?
Luego Cimoli presentó los números finitos de los miles de millones que destinan los países desarrollados a fortalecer sus entramado industrial, como el paquete conocido como «Ley de Reducción de la Inflación» que insumió USD 739.000 millones y el Plan Verde con otros USD 750.000 millones. «Esto es plata que viene del Estado. Es así», afirmó.
«¿Le contaron a Argentina que Manuel Macron hizo Airbus como una empresa de Estado, financiada por el Estado y construida por el Estado?. ¿Le contaron, porque los medios presentan cada cliché?. ¿Le contaron a la Argentina el discurso que hizo la Giorgia Meloni el 18 de septiembre a Orsini, el nuevo secretario de la Confederación Industrial Italiana, cuando le dice, esta es la productividad, esto es lo que hay que hacer endogenamente, esto es lo que hay que hacer, ustedes son el alma del país para crecer en esto, estoy abierta a discutir con ustedes lo que necesitan, en las reglas y en el respeto?. ¿Esto, lo contaron o no nos estamos dando cuenta y nos estamos desfasando otra vez más?».
«Incluso con un gobierno que una vez nos desfasamos en un cierto modo porque no nos dábamos cuenta que para poder acceder al gasto, sea el que teníamos, necesitamos aumentar la productividad, pero no nos dimos cuenta que sí hay que ser un poco halmingtoniano, pero también hay que hacer la política industrial», concluyó Cimoli.
Germán Martínez le lanzó un ultimátum a Martín Menem este martes para desactivar la convocatoria a sesión con el proyecto de Ficha Limpia como temario, prevista para el jueves. «Si se vota Ficha Limpia, el próximo presidente de la Cámara es (Miguel) Pichetto», habría sido la frase que usó el santafecino para que el riojano retaceara el quórum con LLA, durante una reunión organizada por el oficialismo para contener a los jefes de bloque aliados y opositores.
No obstante, cerca de otro legislador que participó de la discusión deslizaron que los términos utilizados por el titular de la bancada de UP fueron menos crudos. «Para nosotros, Ficha Limpia es una línea roja», habría sido la advertencia con la que anunció que, en ese caso, se cortaría todo diálogo.
La amenaza de Martínez obedece a que el expediente en discusión está casi redactado para que Cristina Kirchner no pueda ser candidata, pese a que LPO ya informó sobre la postura de juristas que consideran que una ley no puede aplicarse retroactivamente y, en este caso, la norma no podría inhibir los derechos políticos de la ex Presidenta por una condena judicial previa.
Pero, además, se produce en un contexto donde las bancadas aliadas vienen planteando un nuevo reparto de los cargos y las autoridades en Diputados. LPO reveló en exclusiva que Cristian Ritondo, Emilio Monzó y Pichetto eran tres legisladores cuyos nombres sonaban como relevo de Menem para el próximo período parlamentario.
Desde el oficialismo niegan sistemáticamente esos movimientos tectónicos o dudan de su efectividad. Cuentan a su favor con que, al menos públicamente, dos de los tres candidatos se resisten a suplantar al riojano.
Por caso, LPO corroboró que la semana pasada, en medio de las inquietantes versiones sobre el golpe institucional en marcha, Pichetto y Monzó almorzaron con Menem en el comedor del Senado. «Fue una charla de 15 minutos», dijo uno de los comensales para bajarle el tono a la disputa.
El proyecto de Ficha Limpia es impulsado centralmente por el PRO y, hasta la semana pasada, los libertarios tramitaban el expediente con el freno de mano puesto. Incluso, Ritondo le reprochó el martes pasado a Menem que levantara la sesión por falta de quórum, un minuto después que dejara de sonar la chicharra y con 129 diputados presentes en el recinto.
En medio del desorden, un legislador libertario admitió ante LPO que los 128 diputados logueados al momento en que el riojano abortó la sesión formaban parte de «una jugada fríamente calculada».
Un informe del CEPA y la Confederación de Sindicatos Industriales -que nuclea a la UOM, Smata y Uocra, entre otros gremios- reveló que, desde que asumió Javier Milei, se perdieron más de 126 mil puestos de trabajo y cerraron 2.333 empresas del sector, en su mayoría pymes.
Los datos se presentaron este miércoles durante una reunión entre distintos representantes sindicales que fue liderada por el mecánico y vice de Cristina Kirchner en el PJ, Ricardo Pignanelli, en un marco de tensiones en el sindicalismo por la posición de la CGT de no impulsar protestas contra el Gobierno, lo que generó la renuncia de Pablo Moyano.
El relevamiento marca que desaparecieron 879 pymes en la industria manufacturera y que la destrucción alcanza las 2.333 si se suman los sectores de minería y construcción.
Los gremios señalaron que un tercio de las empresas tuvieron dificultades para pagar sueldos en tiempo y forma y que los sectores que representan sufrieron despidos, reducción de horas extras, retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas.
Puntualmente, el 86,6% de los sindicatos marca un deterioro en sus condiciones respecto a noviembre de 2023, mientras que el 10% dice estar igual que el año pasado y apenas el 3,3% manifiesta una leve mejoría. Y casi un 63% admitió una reducción de los turnos de producción en el último trimestre.
Las expectativas tampoco son buenas ya que más de la mitad de los sindicatos industriales consideran que para el siguiente trimestre la situación no va a mejorar. Apenas un 6,7% de los sindicatos señala la posibilidad de una leve recuperación en el corto plazo.
En materia de discusión paritaria, el 79,3% indicó que los acuerdos no se homologan en tiempo y forma, mientras que el 82,8% de los gremios considera que el vínculo con la Secretaría de Trabajo es mala o regular.
Maximiliano Pullaro está a las puertas de conseguir la Reforma Constitucional que lo habilite a una reelección. Lo intentaron casi todos los gobernadores desde el retorno de la democracia pero nunca lograron los votos en la Legislatura.
El tema se terminaría este viernes cuando el oficialismo logre los 34 votos necesarios para llegar a la mayoría especial. Además de los 28 diputados de Pullaro, acompañarán dos del bloque de izquierda que lidera Carlos del Frade (la socialista Claudia Balagué y el radical Fabián «Palo» Oliver), el cumbiero Juanjo Piedrabuena y el resto lo aportaría Omar Perotti.
En el entorno del ex gobernador dicen que no hay nada oficializado pero fuentes del oficialismo confiaron a LPO que están los votos para el viernes y eso significa que cuentan con bancas del peronismo.
Durante la semana, los dos bloques unipersonales de los celestes que responden a distintas aldeas libertarias, adelantaron que no acompañaban la reforma que impulsa Pullaro. En el bloque de siete diputados de Amalia Granata se temía algunas fugas.
«Por ahora, todos incólumne», dijeron en Somos Vida. Al diputado Omar Paredes que en la última sesión sorprendió con la abstención en la reforma judicial lo mandaron de viaje a Perú. La otra duda era el ex corredor de autos Fido Porfiri pero para evitar sorpresas, Amalia implantó una férreo disciplinamiento al punto tal que un engripado tomó litros de té de malva para estar el jueves y viernes en la Legislatura.
En la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales de este miércoles, Pullaro logró que por primera vez el Partido Socialista confirme en público que está dispuesto a votar la ley de reforma antes de que termine el período de sesiones ordinarias.
Lo que le molestaba a los socialistas que tienen 14 diputados de 28 es que Pullaro no se comprometía personalmente con la reforma y repetía que era cuestión de la Legislatura cuando el principal punto a tratar es la reelección. Por ello, querían pasar el tratamiento para después del viernes, en extraordinarias que requiere del pedido expreso del gobernador.
Por eso, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, salió a bancar a Pullaro sin peros en una entrevista en La Política Online: «estoy seguro que Maxi va a ser el mejor gobernador de la historia de la provincia», dijo y se diferenció de los socialistas que venían condicionando el tema.
Si no median sorpresas ni contratiempos, el radical logará tener la ley de reforma este mismo viernes. A lo sumo, se pude pasar a cuarto intermedio para la semana próxima si necesitan ajustar clavijas en la negociación.
Lo cierto es que desde el Partido Justicialista dijeron a La Política Online que la posición institucional es de no acompañar; «valoramos la convocatoria del gobierno pero mantenemos el comunicado en todos sus términos», dijo su presidente Guillermo Cornaglia.
Lo cual, significa que rechazan la reforma que consideran apresurada e inoportuna, según el documento que emitió el partido. En ese sentido, un senador dijo a este medio que sería ilegítima aunque no ilegal una reforma que se apruebe con solamente votos del bloque oficialista. En la Cámara Alta Pullaro cuenta con mayoría especial sin necesidad de ir a buscar un solo voto en el peronismo.
Por otro lado, miran atentamente los movimiento de Perotti y desde el PJ advirtieron que «quien no respete la decisión del partido deberá hacerse cargo. Puede caberle la misma expulsión», dijeron.
En el perottismo no acusaron recibo pero en su entorno se preguntaron si están en contra de la reforma o simplemente porque quieren ser ellos los interlocutores con Pullaro. No es una pregunta caprichosa y todo se remonta a la pelea entre Perotti y Traferri, la mayoría de las autoridades del PJ responden al senador pero Pullaro habla con el ex gobernador.
El bloque peronista en el Senado difundió este miércoles un acta para avisarle a Javier Milei que sus integrantes no apoyarán la designación de Ariel Lijo en la Corte Suprema si el Presidente apela a un decreto durante el receso parlamentario. La nota es una advertencia letal que cae cuando se agota el período de sesiones ordinarias, después del fracaso de José Mayans y legisladores aliados por encauzar la discusión y darle tratamiento a los pliegos durante las sesiones extraordinarias a las que el gobierno promete convocar.
El texto lleva la firma de casi todos los miembros de la bancada que lideran el formoseño y Juliana di Tullio, bajo el título «No hay juez de la Corte sin acuerdo del Senado». En uno de los despachos de ese interbloque dijeron a LPO que «los 33 se comprometieron a rechazar el pliego».
La misiva fue entregada por Mayans a Guillermo Francos, al final de su exposición en la sesión del informe del jefe de Gabinete en el Senado. «Que se sepa públicamente que nuestro bloque va a pedir sesión para votar la destitución» de cualquier persona que sea designada en la Corte por decreto.
Los senadores peronistas alegan que el artículo 99 de la Constitución, en su inciso 19, habilita al Presidente a «llenar las vacantes de los empleos que requieran acuerdo del Senado» pero se refiere a cargos del personal militar y diplomático. «Es por eso que la designación en comisión de un juez o jueza de nuestro Tribunal Supremo resulta manifiestamente inconstitucional», aseverarn.
Como informó LPO, Mayans intentó un scrum a última hora de este martes para arrimar posiciones, al visitarlo al salteño Juan Carlos Romero. La intención suya era encaminar la discusión para evitar que Milei extremara su posición pero fracasó.
Por lo demás, la firma que estampó Lucía Corpacci en el dictamen de Lijo desconcertó a propios y extraños. Lo que al principio se explicó como una acción habilitada e impulsada por Cristina Kirchner pasó a teñirse, con el correr de las horas, de explicaciones que reconocían el trabajo del propio magistrado en la búsqueda de avales para su postulación, lo mismo que la comprensión de Corpacci respecto de la situación de Raúl Jalil en Catamarca por haber ocupado el cargo de gobernadora.
El kirchnerismo pretende con esta maniobra forzar al gobierno a una negociación, algo que la Casa Rosada resistió hasta ahora bajo el apotegma «los dos o ninguno», en referencia a la postulación de Lijo y e Manuel García-Mansilla. El bloque peronista, tal como informó LPO, aspiraba a acompañar el nombramiento del juez federal a cambio de la inclusión de una mujer en la segunda vacante, para la cual se pensó en la candidatura de Marilín Sacnum o Graciana Peñafort.
