El domicilio de un ex fiscal de Rosario ligado a casos resonantes, que renunció a su cargo hace seis meses luego de una secuencia de desempeños considerados poco claros por sus pares, fue allanado por orden judicial. El ex funcionario no estaba en su casa al momento de la medida. Pero las fuerzas policiales se llevaron de allí varios dispositivos electrónicos que servirán para varias pesquisas: una notebook, una CPU y una Tablet.
La requisa que no trascendió hasta ahora se concretó el pasado 29 de noviembre a la mañana en la casa del ex fiscal Mariano Ríos Artacho, que trabajaba en la Unidad de Delitos Económicos de Rosario. La medida fue solicitada a partir de la reapertura de varios casos que tuvieron a Ríos involucrado por conductas que merecieron sospechas y que habían sido archivados o tuvieron algún tipo de cese.
Los casos que se investigan de nuevo ahora son varios y fueron reasignados al fiscal Alejandro Benítez, con asiento en la ciudad de Esperanza, dependiente de la Fiscalía Regional 1 de Santa Fe. Uno es la controvertida cesión de dos vehículos, uno de los cuales, a nombre del fiscal Ríos, fue transferido a un comisario condenado por abuso laboral, Alvaro Rosales, y luego terminó en manos del policía exonerado Juan José Raffo, condenado en 2018 por nexos con la banda de Los Monos y actualmente con pedido de captura en una causa por narcotráfico. El fiscal santafesino Federico Grinberg archivó este caso a fines de diciembre de 2023.
En su momento la entonces auditora del MPA de Santa Fe y hoy fiscal general de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, fue concluyente contra Ríos en su sumario, al cuestionar «la utilización de un vehículo Chevrolet Cruze propiedad del fiscal Ríos Artacho por parte del ex policía Juan José Raffo, condenado por colaborar con bandas dedicadas al narcotráfico». Por esto el fiscal Ríos terminó suspendido por 60 días por la Legislatura en abril pasado. Poco después los fiscales federales de la Procuración del Narcotráfico (Procunar) señalaron que la relación de Ríos con un ex jefe de la SIDE de Rosario les había abortado una investigación por narcotráfico.
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Al cumplir su sanción en junio Ríos se reincorporó a su cargo. Pero mantuvo un incidente con un efectivo policial en el Casino de Rosario lo que precipitó la presentación de su renuncia, que fue aceptada el 25 de junio último.
El salvador de Vicentin
Otro de los temas que tomó el fiscal Benítez de manera parcial es algo que tiene a la política santafesina bajo especial trastorno hace semanas. Se trata el trámite de una controvertida probation que Ríos, en su cargo de fiscal de Delitos Económicos, asignó en 2021 al director regional de la ex AFIP de Santa Fe (hoy ARCA) Carlos Vaudagna.
Vaudagna había sido por entonces imputado por un caso de falsedad ideológica de una escritura. Los fiscales actuantes advirtieron que el jefe provincial de la AFIP había aceptado que eran suyos 200 mil dólares hallados en una caja de seguridad de Gastón Scarel, hijo de Omar Scarel, presidente del directorio de Vicentin imputado por estafa. Vaudagna afirmó que ese dinero era suyo y que lo había dejado como parte de una operación con una inmobiliaria. La franquicia de esa inmobiliaria, que es Remax, la tenía el hijo de Scarel.
El fiscal Ríos le concedió una probation objetada por el fiscal federal de Reconquista Roberto Salum que indica que eso fue un acto de lavado de dinero para justificar, mediante una coartada documentaria, la tenencia de dinero obtenido ilegalmente, y que esa salida por manifiesta prohibición legal no podía favorecer a ningún funcionario público, como lo es un director de AFIP.
En el marco de esta acción hubo un hecho que tiene, en el presente, efectos mayúsculos. Es el secuestro de un celular de Vaudagna por la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía Regional de Rosario. Ese teléfono fue obtenido posteriormente por el Ministerio Público Fiscal Federal y su contenido produjo un escándalo: dio cuenta de delitos presuntos de corrupción institucional que se exhibieron en audiencia en Rosario hace dos semanas y que comprometen al juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, al propio Vaudagna y a funcionarios de la ex AFIP Aduana y AFIP Hidrovía.
La divulgación del contenido de ese teléfono de Vaudagna generó un fuerte sacudón institucional en Santa Fe. Era un teléfono con un contenido polémico que por razones que ahora buscan establecerse no generó ninguna denuncia penal de parte del Ministerio Público de la Acusación (MPA), es decir de los fiscales de Rosario, en cuyo ámbito se encontraba.
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Por eso se impulsaron dos investigaciones. La que se tramita en la faz penal le fue asignada al fiscal rosarino José Caterina que ya recibió el contenido de la extracción forense del celular de Vaudagna y dos instrucciones de parte de la Fiscalía Regional de Rosario a cargo de Matías Merlo. Una es analizar si la probation que cerró Mariano Ríos con el jefe de la AFIP, que ya está cumplida y por tanto luce como cosa juzgada, fue una salida penal admisible. La otra es si del contenido del teléfono se desprenden o no conductas reprochables de funcionarios del MPA.
A nivel administrativo por esto mismo interviene actualmente la Auditoría General de Gestión del MPA a cargo de Leandro Mai. La polémica probation asignada por Ríos había sido motivo de un trámite disciplinario contra el fiscal que se extinguió cuando el fiscal renunció a su cargo con lo que la Auditoría perdió potestad para seguir investigando. Pero sobre el contenido del teléfono de Vaudagna la acción de la Auditoría prosigue.
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Según fuentes del MPA se le pidió una cronología de los hechos investigados a los fiscales federales que tienen trámites con el extracto del celular. Se intenta saber si esa investigación fue a iniciativa de la Justicia Provincial y si hubo reticencia para entregar el contenido desde el MPA. No la hubo: de hecho el celular fue cedido en el marco de las labores de un equipo conjunto de trabajo entre fiscales provinciales y federales sobre el caso Vicentin en especial.
La Auditoría de Gestión también examinará si a partir de los contenidos del celular de Vaudagna surgen otros desempeños que requieran ser investigados.
Fuentes de la fiscalía regional de Santa Fe indicaron que los casos que se reabrieron contra Ríos en esa regional, y que motivaron el allanamiento de su domicilio hace dos semanas, incluyen además la revisión del incidente del ex fiscal con el policía. Y el legajo de una estafa piramidal de Leonardo Costitorto y Generación Zoe en Rosario que dejó 11 damnificados en Rosario por 175 mil dólares. En ese caso actuó el fiscal Ríos que imputó en mayo de 2022 por estafa y asociación ilícita a Cositorto.
En este caso Ríos acordó un criterio de oportunidad para Cositorto, estrategia que le permite al acusador suspender, interrumpir o renunciar a la persecución de un delito a cambio de pautas de conducta. Esto es lo que será reexaminado.
Fuente: LaPoliticaOnline.com
