Para la fiscalía y los abogados de sus víctimas Luis Herrera hizo todo mal. No solamente porque retuvo para otros fines más de 30 millones de dólares, en un cálculo conservador, que durante años le confiaron sus víctimas como agente habilitado de la Bolsa de Comercio de Rosario. También porque cuando ya había sido imputado por estafa y tenía un proceso de quiebra adentro siguió derivando dinero que no era suyo a cuentas en el exterior. Derivó al menos cinco millones de dólares a bancos de Estados Unidos cuando a sus clientes, que peregrinaban por las oficinas céntricas rosarinas para recuperar algo de lo suyo, les negaba dinero.
No solo eso. Luis Herrera había manejado durante años la agencia bursátil de Paulino Fernández Soljan, su suegro, quien en su trayectoria no tuvo una sola mancha. Se había hecho un nombre como un financista despierto que le había valido posiciones en el establishment rosarino. Por ejemplo para llegar a ser tesorero de Matba Rofex SA, que fusiona dos mercados de operación de futuros y opciones. El operador esta semana reimputado judicialmente estuvo en ese cargo entre 2018 y 2021. Y abusando de sus funciones hizo movimientos en ese mercado con fines extrasocietarios.
De hecho, según el fiscal Miguel Moreno, ordenó a personas allí a transferir dinero a cuentas de su titularidad. Por ejemplo, 120 mil dólares al Banco Morgan Stanley el 2 de julio de 2020. Después 400 mil dólares el 15 de ese mes, y otros 300 mil el día 23. También hizo transferencias en favor de una cuenta que Matba Rofex poseía en Citibank.
«En 27 días usted sustrajo de su patrimonio la suma de 970 mil dólares en favor de Matba Rofex SA para ocultarla de sus acreedores», sostuvo el fiscal. De este dinero se perdió la trazabilidad financiera porque el objetivo era, según la acusación, eludir que la disponibilidad la tenían los acusados.
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Estos son, además de Luis Herrera sus hijos Ignacio y Diego Herrera. También su esposa, Marcela Fernández. Todos ellos fueron inicialmente imputados de administración fraudulenta y estafa en 2022 pero permanecían en libertad bajo caución. Ahora se produjo una reimputación porque un equipo técnico de querellantes y fiscalía descubrió que en el tiempo que estuvieron bajo proceso penal los acusados continuaron con maniobras económicas delictivas.
Contado con liqui
Uno de los momentos más esperados de la audiencia de este viernes fue cuando Luis Herrera tomó la palabra. Argumentó que todas las transferencias hechas en el exterior habían sido para pagarles a víctimas y que para hacerlo se utilizó dólar cable. Esto es el conocido dólar contado con liquidación, que implica la compra y venta de bonos para transferir divisas fuera del país. Buscó señalar que se trataba de operaciones legales. No obstante, tenía prohibición de mover fondos sin permiso judicial.
Un pasaje prolongado de su monólogo Herrera lo dedicó a reseñar su trayectoria profesional sin dar respuestas a lo concreto que se trataba. A tal punto que la jueza Paula Álvarez lo interrumpió para indicárselo: «Usted declare según el objeto de esta audiencia», le requirió. Herrera dijo que hubo una corrida y que no quiso perjudicar a nadie.
La defensa planteó al principio de la jornada que puede explicar las transferencias. También remarcó que el dinero que entregaron los ahorristas estaba sujeto a contingencias y que la gente que invirtió asumió un riesgo.
En la jornada de ayer, el fiscal Moreno señalaba que, en noviembre de 2021, cuando ya habían pasado cuatro años de los primeros momentos críticos de los financistas, se extrajo el resumen de una cuenta en el Chase JP Morgan de Nueva York a nombre de Luis Herrera que poseía un saldo de 4.157.974 dólares. Luego se detectaron movimientos de esa cuenta a otras en el exterior: eran transferencias, durante 99 días, por 4.675.000 dólares.
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En toda la jornada judicial de ayer, realizada frente a damnificados en el público, hubo exposición de testimonios de los aprietes que las víctimas recibían cuando iban a la sede de la agencia bursátil a reclamar la restitución del dinero adeudado. «En general el perfil de inversores es el de personas de clase media, no acaudalados, que confiaban el dinero de la venta de inmuebles o los ahorros de toda su vida», dijo la abogada Sabrina Superti, que representa a 23 grupos de ahorristas.
Ante la jueza se expusieron intercambios de mensajes privados entre inversores y los acusados. «Toda persona que me inicie la acción penal en mi contra no va a cobrar ni un peso», le dice Ignacio Herera a uno de ellos. O: «Quedate tranquilo Cristian, yo te voy a pagar, pero no voy a pagar a quienes hayan mentido sobre el crédito y los que iniciaran acción penal». Con esas intimidaciones -no cobrar si denunciaban-los financistas lograron diferir presentaciones en su contra de gente que, en general, tiene escasa cultura financiera o penal.
El sobre y el defensor
Entre la nueva evidencia acumulada hubo correspondencia que puso claramente en aprietos a los financistas en la misma audiencia. El fiscal pidió abrir un sobre incautado entre los papeles de Herrera a lo que la defensa accedió. Al abrirlo surgió que era la notificación de la transferencia de una cuenta de Luis Herrera en la institución financiera «Charles Schwab» efectuada el 9 de enero pasado por 3 mil dólares. El destinatario era el abogado defensor Diego Luengo que estaba allí en la sala. Las remesas fueron dos por 6 mil dólares en total. El fiscal dejó en claro que Herrera había desobedecido la orden judicial que le prohibía realizar transferencias de fondos en el extranjero sin autorización judicial previa.
El fiscal Moreno no desaprovechó la circunstancia al pedir la prisión preventiva. Le recordó a la jueza que cuando la defensa de Herrera había alegado hace dos años para obtener la libertad bajo fianza anticipó a los ahorristas que «la plata iba a aparecer». Se dirigió a la magistrada: «Usted lo entendió como un compromiso honesto. Pero tres años después 3 años tenemos 300 víctimas más, con una cantidad de hechos con un perjuicio que se acerca a los 18 millones de dólares», redondeó.
La fiscalía y las querellas entienden que existe una asociación ilícita integrada por Luis Herrera como jefe y sus hijos y su esposa como miembros. Alegan que administraron de modo fraudulenta las cuentas de los clientes hasta 2017 y que a partir de allí montaron un sistema piramidal de estafa, conocido como esquema Ponzi, con el fin de atraer nuevas víctimas, cuyo dinero era desviado de los fines convenidos para satisfacer los pedidos de los inversores más antiguos. La nueva evidencia demostró, para la parte acusatoria, que las maniobras después de 2020 siguieron.
Especialmente con el ocultamiento del dinero defraudó a acreedores del concurso preventivo de Herrera unos 5 millones de dólares. Luego de decretada la quiebra eso siguió pese a la intimación de la sindicatura de justificar debidamente movimientos de fondos.
Fuente: LaPoliticaOnline.com
