El juez federal de Rosario Marcelo Bailaque quedó esta semana frente a un nuevo pedido de investigación. La Fiscalía General de Córdoba reclamó que hagan foco en el magistrado rosarino por la falta de acción de una causa abierta contra una empresa cerealera por evasión de impuestos que estuvo, según los cordobeses, paralizada durante nueve años en su juzgado sin el dictado de una sola medida. Debido a esa inmovilidad el trámite terminó prescribiendo.
Por este hecho la cabeza del Ministerio Público Fiscal de Córdoba pidió a tres organismos que investiguen la, para esa dependencia, inconcebible conducta de Bailaque con ese expediente. Aunque el caso estaba cerrado por la inacción hubo un motivo por el cual los fiscales de Córdoba debieron revisar el caso. Y es que la denuncia mencionaba a una jueza federal de Rosario por encubrir las maniobras denunciadas.
Como el escrito inicial refería ilícitos presuntos de la ex AFIP y de una magistrada la fiscalía federal en Córdoba debió revisar el caso, ya que los hechos de funcionarios públicos tienen otra pauta de prescripción. No se halló evidencia de nada anormal contra ellos. Pero con ese análisis quedó al descubierto la omisión desconcertante de Bailaque, a quien esta semana le atribuyeran por primera vez en audiencia judicial delitos en connivencia supuesta con funcionarios de la AFIP indicativos de corrupción institucional.
Una suspicacia señalada por los fiscales cordobeses: el caso que no analizó Bailaque durante casi nueve años tenía entre los denunciados a una persona, Gustavo Mirto, que hace dos años fue condenada en Rosario por otros delitos de asociación ilícita tributaria, es decir, las mismas acciones por la que quedó sin investigar. Lo sentenció el Tribunal Oral Federal 2 de Rosario el 7 de abril de 2022.
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Legajo al cajón
Concretamente la denuncia que pone en la mira al magistrado rosarino se presentó en 2011 en Rosario. Indicaba las maniobras de una asociación ilícita, con el nombre de ocho personas, organizada para evadir impuestos que contaba con la protección, decía el escrito, de una jueza federal de Rosario del fuero civil. La Justicia Federal de Rosario mandó el caso a Córdoba porque el domicilio fiscal de la empresa estaba en esa ciudad. No obstante Córdoba la devolvió porque las maniobras atribuidas, la empresa formalmente y las personas estaban en Rosario.
El caso se abre con la denuncia contra un contador público y un particular que según la denuncia anónima, de común acuerdo, habrían conformado organizado y dirigido una asociación ilícita de personas destinada a evadir el pago de impuestos derivados de la comercialización de granos adquiridos en el mercado marginal a una empresa cerealera y a una accionista de la empresa. La firma acusada se llama Antepuerto SA. Hubo otras dos firmas implicadas en la denuncia denominadas Ser Agropecuaria SA y Granos del Centro SA.
Según el escrito el juez federal Bailaque recibió la causa en mayo de 2013 luego de que Córdoba declarara la incompetencia territorial el 14 de ese mes. Transcurridos casi nueve años, el 11 de marzo de 2022, Bailaque resolvió rechazar la competencia y devolvió la causa a Córdoba.
«Ahí advertimos que en esos nueve años la causa estuvo por completo cajoneada», dijo a LPO el fiscal federal general de Córdoba Maximiliano Hairabedián. Que fue quien constató que las diez personas denunciadas eran por completo imposibles de ser perseguidas. Y él mismo quien comunicó al juez del caso que la acción penal estaba extinguida y el caso debía archivarse. Cosa que suscribió el juez federal cordobés Hugo Vaca Narvaja.
«El delito de asociación ilícita fiscal prescribe a los diez años. Ya no era posible avanzar contra nadie», dijo Hairabedián. El caso, como se indicó, fue denunciado en 2011.
Al Ministerio Público Fiscal de Córdoba que una causa así haya estado congelada durante nueve años en Rosario no le parece nada que no sea sospechoso. Por eso le enviaron los antecedentes del caso a tres órganos que tienen facultades disciplinarias o penales. Son la Cámara Federal de Rosario, a la Fiscalía General de Rosario y al Consejo de la Magistratura de la Nación.
En este último órgano, que evalúa la conducta de los jueces, Bailaque está sometido desde abril a una investigación por las omisiones de persecución que tres fiscales santafesinos le adjudican al haber denegado medidas, en 2014, contra el narcotraficante Esteban Alvarado. La evidencia acumulada entonces en el juzgado de Bailaque sirvió para sentenciar a Alvarado, junto a cómplices civiles y policiales, en la Justicia provincial santafesina en 2022.
En los casos en los que se lo investiga ahora, Bailaque está sospechado de haber colaborado con una estructura que impulsó manejos discrecionales de causas judiciales en favor, o en contra, de determinados actores del mundo empresarial o financiero. Por esto mismo el jueves el fiscal Juan Argibay Molina, de la Procuración de Lavado de Activos (Procelac), solicitó habilitación para el levantamiento del secreto fiscal, bancario, bursátil y las restricciones a la UIF para investigar su patrimonio.
Las referencias de la denuncia que terminó prescribiendo en Córdoba para investigar eran concretas. Pero en Rosario no hubo acción. Según refirió el fiscal Hairabedian a LPO, no se encontró ninguna conducta de la jueza federal rosarina señalada por proteger a esta empresa que diera cuenta de una complicidad ni que en la AFIP se hubieran favorecido a algunos de los señalados. La jueza señalada tuvo intervención en el trámite. Pero las medidas que tomó fueron avaladas por la Cámara Federal de Rosario. «No se encontró ningún indicio de complicidad», dijo Hairabedian.
