Santa Clara del Mar se prepara para vivir la 11° edición del Torneo de Pesca, luego de 15 años sin realizarse. Organizado de forma conjunta por la Municipalidad de Mar Chiquita y la Asociación Civil Argentina de Pesca, Caza y Náutica Deportiva “La Escollera”, este sábado 23 y domingo 24, la ciudad balnearia vivirá jornadas increíbles en el marco del evento.
El mismo iniciará en la Playa “El Morro” el sábado 23 de noviembre de 8 a 12 horas con un torneo para menores de 16 años y los participantes tendrán que acercar un alimento no perecedero para poder competir por los distintos premios, entre los que se encuentran artículos de pesca.
En tanto, la copa “Rubén Crupi” se disputará el domingo 24 de noviembre de 8 a 13 horas y los interesados en competir podrán realizar una inscripción anticipada de 30.000 pesos, que habilitará a la participación en un sorteo por un Kayak. Asimismo, existirá la posibilidad de realizar una inscripción el mismo día del torneo con un valor de 35.000 pesos.
El premio para el primer puesto es de un millón de pesos, el segundo puesto 600 mil pesos, el tercer puesto 400 mil pesos y existirán premios hasta el 20º puesto, que incluyen equipos, insumos, alojamiento y excursiones de pesca.
Al mismo tiempo, en el marco del Día Mundial de la Pesca que se conmemora cada 21 de noviembre habrá diversas actividades de 10 a 17 hs. Espectáculos musicales, emprendedores y artesanos y paseo de foodtrucks sobre la Av. Costanera Orenzans.
La Secretaría de Salud del Partido de Mar Chiquita dio a conocer nuevos resultados en el marco del operativo de control que se desarrolló en el Barrio Olga Albarracín de Coronel Vidal. Desde la cartera sanitaria comunicaron que de 78 muestras, solo 2 resultaron positivas en detección de leptospirosis.
De esta manera, se informaron los resultados de las jornadas de prevención casa por casa con extracción de muestras de sangre que se llevaron adelante en el barrio y alrededores. De 78 vecinos y vecinas, 76 dieron negativo en leptospirosis y 2 positivos, que ya se encuentran con tratamiento al igual que su grupo familiar habitacional.
Al día de la fecha, de 168 muestras totales, 139 obtuvieron resultado negativo, 25 positivo y 4 indeterminado.
La prensa tuvo el acceso prohibido al acto que Javier Milei encabezó en el Hotel Emperador invitado por la Cámara de Comercio Argentino-Israelí de Mario Montoto, una situación que incomodó a la embajada de Israel.
El argumento para dejar afuera a la prensa fue la caída de un dron en las cercanías de la embajada de Israel, un suceso que la propia Patricia Bullrich supervisó para negar la existencia de un ataque terrorista.
«Llevamos tranquilidad a la población: se confirmó que no se trató de un ataque, sino de la imprudencia de un usuario particular», explicó Bullrich en sus redes. Pese a eso, la Cámara de Montoto usó el episodio como una excusa para impedir el ingreso a la prensa..
«En el día de hoy la Embajada de Israel en Argentina ha tenido que activar sus protocolos de seguridad debido a la presencia de un elemento (dron) en las cercanías de su sede en Buenos Aires.Producto de ello, lamentamos informar que debido a instrucciones de seguridad recibidas de organismos competentes en Israel nos vemos obligados a reducir el número de presentes en el evento de esta noche organizado por la Cámara de Comercio Argentino-Israelí», dijeron desde la Cámara mediante un comunicado.
El dron que explotó cerca de la Embajada de Israel.
Curiosamente, la reducción de los presentes no afectó a los empresarios sino a los periodistas: «Frente a esta inesperada situación, no habrá medios ni periodistas acreditados», explicaron desde la Cámara de Montoto.
En el evento sobrevoló la versión de que Presidencia había pedido que no entraran periodistas, justo en momentos en los que Milei salió a alentar los ataques de sus seguidores contra los periodistas.
Desde la embajada de Israel dijeron a LPO que la decisión «obedeció a una cuestión de seguridad» y evitaron referirse a si la restricción a la prensa fue sugerida por Presidencia.
El ministro de Economía le dió una extensa entrevista a Jonatan Viale. Durante el diálogo, Toto enfrió las tensiones con Mauricio Macri y Victoria Villarruel, identifico a Santiago como su sobrino y defendió al Gordo Dan de los agravios de los periodistas. Sin embargo la definición mas importante fue la solidez con la que reconoció que hay cepo para rato.
Viale fue al punto, «¿Si ya casi no hay brecha, la inflación sigue bajando, igual que el riesgo país, cuando se abre el cepo? La respuesta del titular del Palacio de Hacienda fue muy precisa: «Se estan dando algunas de las convergencias, pero no la primera que buscamos que es el nivel de reservas. Si bien compramos un montón, USD 19.000 millones, tuvimos que hacer muchísimos pagos, a organismos, a los bonistas y demas, por lo tanto todavía seguimos en reservas netas negativas, en USD 4000 millones y no hemos terminado con el problema de stocks, quedan dividendos de empresas que a las que les gustaría repatriar, entonces cuando se den todas esas condiciones lo vamos a sacar. ¿Será en el 2025? Si, va a ser en el 2025. El cuando no es tan importante como le quieren hacer creer a la gente» consideró el ministro.
Los rumores sobre una salida abrupta del cepo cobraron fuerza por las últimas horas. La presión de los inversores externos se pone cada vez más intensa. «Hay mucha presión para levantar las restricciones, pero no se sabe si es porque están desesperados por entrar, o si, por el contrario, son pesos atrapados que quieren ir al dólar y salir», afirmó.
En este sentido la mención del ministro al stock de dividendos no es una cuestión menor. Una demanda excesiva de dólares dispara la cotización y una nueva escalada inflacionaria. Con este panorama, Caputo parece haber aprendido la lección.
Otra definición clave para la dinámica económica fue sobre las retenciones. «Las vamos a levantar cuando tengamos el superávit necesario para poder hacerlo. Por todo lo que vivió Argentina en el pasado no tenemos las mismas herramientas de política económica que tiene un país desarrollado entonces nosotros queremos bajar impuestos, tenemos que pisar sobre seguro en la medida que tengamos el superávit. Si nosotros nos anticipamos y mañana yo te digo bajo debitos y créditos y saco todas las retenciones, te puedo asegurar que empiezo a correr déficit al mes siguiente. Y se te desancla el programa, la gente dice van a tener que emitir, vuelve Cristina y se va todo el demonio» aseguró Caputo.
Jorge Ferraresi rompió el bloque que reporta a Mayra Mendoza en el Concejo Deliberante de Quilmes. Lo hizo en el pico máximo de tensión con la intendenta, tras su reciente recorrida por los barrios quilmeños más postergados.
En las últimas horas, el concejal Ariel Burtoli, que desde mitad de año se muestra alineado al intendente de Avellaneda, informó su alejamiento del bloque oficialista para conformar el monobloque «Unión por la Patria-Peronismo Bonaerense».
La decisión provocó una inmediata reacción de La Cámpora, donde acusaron a Ferraresi de romper en lugares donde el peronismo desbancó al PRO.
Burtoli había participado de la recorrida que, días atrás, hizo Ferraresi por los barrios La Matera y Villa Luján, dos urbanizaciones históricamente postergadas en Quilmes. Ahí, se mostró caminando entre el barro por calles descuidadas y cunetas colmadas.
Esa visita de Ferraresi enfureció a Mayra Mendoza, que ya tuvo numerosos cruces con su vecino de Avellaneda este año. «Hola Kicillof. Te cuento que este fin de semana tuvimos en Quilmes la visita de nuestro vecino intendente al estilo notero de La Nación +», dijo la intendenta visiblemente molesta.
.@jorgeferraresi el intendente que recorre la provincia «construyendo» para el gobernador, otra vez rompe el bloque de concejales en un municipio peronista. Lanus y Quilmes, lugares donde el peronismo le ganó Grindetti y Molina, intendentes de Macri. Que la cuenten como quieran pic.twitter.com/mV2QV4HVYs
En ese contexto, Burtoli anuncia su ruptura del bloque de Mayra. Un caso similar se registró a comienzos de año en Lanús, donde la concejal Belén Berrueco, alineada a Ferraresi, se apartó del bloque que responde al camporista Julián Álvarez.
Desde entonces, la guerra entre Ferraresi y La Cámpora fue en permanente ascenso. Primero, los cruces fueron por actos del intendente de Avellaneda en Quilmes o Lanús. Luego, por la disputa en torno al Puerto Dock Sud.
Ahora, los cruces empiezan a entrar en el terreno de marcar déficits de gestión o intentos de limar gestiones del peronismo.
Tras conocerse la salida de Burtoli del bloque de Mayra, el jefe del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados bonaerense, Facundo Tignanelli, salió al cruce.
«Ferraresi, el intendente que recorre la provincia «construyendo» para el gobernador, otra vez rompe el bloque de concejales en un municipio peronista. Lanus y Quilmes, lugares donde el peronismo le ganó Grindetti y Molina, intendentes de Macri. Que la cuenten como quieran», dijo el diputado de La Cámpora.
El Intendente Juan Pablo García, la Secretaria de Salud, Muriel Cifré, y la Directora de Accesibilidad, Marisa Zamboni, recibieron hoy en el Hospital San Roque dos equipos para prevenir la discapacidad auditiva en bebés recién nacidos y asistir a pacientes con cuadros severos de dificultad respiratoria.
«Seguimos poniendo en valor nuestro Hospital porque entendemos que la salud de los vecinos es prioridad. Ahora los recursos están donde tienen que estar», destacó el jefe comunal.
Por su parte, la Secretaria de Salud detalló: «Gestionamos dos equipos. Uno de otoemisiones acústicas que diagnostica el estado auditivo de los niños, y otro equipo de alto flujo para aporte de oxígeno en pacientes con cuadros de dificultad respiratoria severos».
«La Ley 25415 sancionada en 2001, obliga a realizar un estudio a los recién nacidos para prevenir las hipoacusias y la discapacidad auditiva. Con este equipo tan esperado, vamos a poder hacerlo en nuestro hospital municipal», destacó Zamboni.
Es importante destacar que hasta el momento estos estudios eran derivados a consultorios privados y pagados por el Municipio.
Estas gestiones se suman a las realizadas anteriormente, como la implementación de la Histórica Clínica Digital, la obra de la farmacia y la inauguración de la Sede del Banco de Drogas Oncológicas de la Provincia de Buenos Aires, entre otras.
Estuvieron presentes también el Administrador del Hospital, Facundo Espinaco; y el Director Provincial de Salud en la Niñez y Adolescencia, Federico Paruelo.
Javier Milei mandó este jueves al Congreso el proyecto de ley para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y, aunque todavía no haya certezas sobre la convocatoria a sesiones extraordinarias, ya causó malestar en el PRO y aceleró la discusión al interior del peronismo, que podría apoyar su derogación.
El expediente justifica la anulación de los comicios por el gasto que representan pero, en realidad, busca forzar a los aliados para subordinarlos al armado de las listas oficialistas. De hecho, una fuente del Senado le dijo a LPO que en Provincia de Buenos Aires los libertarios repiten que Santiago Caputo planea «manejar la lapicera violeta».
Según confiaron los caciques territoriales de LLA, el asesor estrella promete armar las boletas con «los libertarios primero, después los de Patricia Bullrich y, si hay lugar, los de Macri».
Por eso, los diputados de la bancada liderada por Cristian Ritondo están en alerta desde que trascendió, por una revelación en exclusiva de LPO, que el gobierno planeaba suprimir las PASO y reformar la norma de financiamiento a los partidos políticos para aumentar el presupuesto universitario. «A nosotros nos mata: sin PASO, tenemos que arreglar con ellos», asumen.
Sin embargo, la maniobra es leída por Macri como una afrenta y en el partido advierten que la provocación puede terminar empujando al espacio a una confrontación. «Mediremos 6, 8, 10 o 14 pero nos llevamos 5 diputados y nos vemos en las sesiones», desafía un legislador.
Esa pelea es vista con entusiasmo en un sector del peronismo. Un ex gobernador del PJ le confirmó a LPO que instruye a los diputados que le responden para que convenzan a sus colegas de UP para respaldar a la Casa Rosada en la eliminación de las PASO. «Tenemos que borrar las PASO y se termina el PRO», admitió.
Tenemos que borrar las PASO y se termina el PRO
Por otra parte, concedió que el peronismo puede ordenar «con el dedo» territorios donde las primarias pueden complicarlo. «Sin las PASO, la interna de la Provincia de Buenos Aires se resuelve en un pedo».
El problema es que el bloque de Germán Martínez todavía no había empezado a discutir colectivamente su posición. Al cierre de esta nota, varios miembros de la bancada pedían a sus asesores que les reenviaran el PDF del proyecto girado por el gobierno, mientras que en uno de los despachos más influyentes se negaban a dar precisiones para no «adelantar estrategia electoral».
Un diputado kirchnerista reconoció que «hay un conflicto severo entre los que defienden las PASO por haber sido una ley impulsada por Néstor Kirchner y los que piensan en la realpolitik y saben que al peronismo no le convienen». «Es un secreto a voces que los gobernadores las quieren derogar: en 2021 Pablo Yedlin y otros diputados firmaron un proyecto de suspensión de las PASO para ese año y, en 2023, los gobernadores del Norte Grande pedían lo mismo sottovoce», recordó, y admitió que «hasta ahora, le viene ganando la ideología a la realpolitik».
Como sea, el peronismo estaría lejos de una síntesis aún. Cerca de un mandatario provincial del Norte manifestaron preocupación por el intento del gobierno para cambiar el código electoral y explicaron que el proyecto está atado a otro que promueve una modificación para el financiamiento de los partidos políticos: «nosotros contamos con ese dinero».
En cualquier caso, tampoco está confirmado todavía que Milei convoque a extraordinarias, más allá del pedido de los gobernadores por sancionar el presupuesto 2025. «Hay olor a que se cierra el Congreso la semana que viene y nos encontramos de nuevo en marzo», arriesgó un senador aliado ante LPO, y se animó a calificar la iniciativa parlamentaria como «otra martingala libertaria».
No tiene tregua la guerra por la caja de la obra social de los peones rurales, Osprera. Ahora, el Gobierno denunció un posible desfalco de 3.350 millones, presentación que fue cruzada por el titular del gremio Uatre, José Voytenco, que se deslindó de responsabilidades.
En el marco de una audiencia en la Cámara Federal de La Plata, donde tramita una denuncia contra Voytenco por lavado de dinero, en la Superintendencia de Servicios de Salud plantearon sospechas de «administración irregular» de 3.350 millones, monto que originó la primera intervención judicial de Osprera a principios de 2023.
La sospecha de la SSS radica en que la rendición de esos fondos se presentó el 7 de diciembre y se aprobó un día después. Esa denuncia se da en un contexto de creciente disputa entre Voytenco y el ministro de Salud, Mario Lugones.
Como contó LPO, días atrás Voytenco y la desplazada cúpula de Osprera publicaron una carta pública a Lugones en la que revelan que la intervención llevada adelante por la Superintendencia de Salud está poniendo en riesgo la continuidad de los servicios a los afiliados, dejando a entrever un vaciamiento de la obra social.
Ahora, ante la denuncia reciente de posible desfalco de 3.350 millones, la conducción de Uatre salió al cruce.
«Durante las fechas consignadas, Osprera se encontraba intervenida por lo cual, el actual secretario general de Uatre, José Voytenco, no tenía responsabilidad alguna sobre los manejos que allí se hicieran», señalaron.
Y agregaron: «Desde que Voytenco es secretario general de este sindicato tuvo responsabilidad sobre Osprera solo un total de 104 días (1 al 31 julio 2024 / 1 al 6 y 21 al 31 de agosto 2024 / 1 al 30 de septiembre 2024 / 1 al 26 de octubre 2024). El período de tiempo restante Osprera se encontraba intervenida judicialmente».
En Uatre sostienen que, durante estos 104 días, Voytenco comenzó a implementar un «plan de saneamiento» sobre la obra social. Sin embargo, señalaron: «104 no son suficientes para encarar un cambio y transformación profundos».
La denuncia reciente, surgida de un comentario del abogado de la SSS en el marco de una audiencia judicial, fue calificada por Uatre como «intempestiva» y acusaron al abogado de ocultar información relevante.
Ratificando las tensiones que existen con Mario Lugones, en la conducción de Uatre apuntaron contra Superintendencia, a la que pidieron «que deje de poner palos en la rueda y colabore en encontrar una solución a las necesidades de todos los afilados a Osprera».
Asimismo, aclararon que Osprera fue intervenida judicialmente por primera vez el 2 de marzo de 2023 debido a denuncias por irregularidades detectadas durante la administración a cargo de su exvicepresidente -en el cargo desde 2020- Pablo Ansaloni, quien terminó removido de su cargo.
La denuncia reciente, surgida de un comentario del abogado de la SSS en el marco de una audiencia judicial, fue calificada por Uatre como «intempestiva». Además, acusaron al letrado de la SSS de ocultar información relevante y adelantaron que será denunciado por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
«Al día de la fecha -sostienen en Uatre- Osprera sigue intervenida con problemas concretos para sus afiliados que van desde falta de medicamentos, corte de prestaciones y rechazos de internaciones».
Como contó LPO, Voytenco había había logrado aliarse primero con Mario Lugones y luego con Lule Menem para frenar los embates de sus opositores en la Uatre y mantener el control del gremio y la obra social, pero en el gobierno enseguida vieron que era un mejor negocio desplazarlo y no compartir el control de esa caja.
Los trolls de Santiago Caputo buscaron imponer la fórmula Milei-Milei luego de la ruptura del presidente con Victoria Villarruel pero recibien una respuesta negativa de los propios militantes libertarios.
El propio Milei subió una foto en sus redes junto a su hermana Karina horas después de asegurar que Villarruel es parte de la casta y que no forma parte de las decisiones del gobierno. «La historia hará justicia frente a tantas ofensas», dijo Mileo. «No te metas con Villarruel», fue uno de los mensajes que recibió.
Los trolls fueron más allá y publicaron una foto de un volante con la fórmula Perón-Perón y la sugerencia de replicar la fórmula pero con el apellido Milei. La propuesta generó una ola de reacciones negativas, a excepción de la maquinaria de trolls que configuran el algoritmo de Yrigoyen. «Es un grave error», «Hasta acá llegue. Chau LLA», «Prefiero cortarme los huevos con un cuchillo para manteca», fueron algunas de las respuestas.
Los propios votantes de Milei se habían indignado esta semana con una publicación de la cuenta oficial de La Libertad Avanza, que subió una foto para festejar el aniversario del triunfo de la fórmula libertaria en el ballotage de 2023. Pero en la foto no apareció Villarruel sino Karina.
«La foto es con Victoria. No con la hermana. Abrazo», «La fórmula que voté fue Milei-Villarruel y es la única que volvería a votar», «La etiquetan a Karina y a @VickyVillarruel no? Se les nota mucho muchachos», fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.
La idea de que el juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, integró con otros funcionarios públicos una trama de corrupción institucional quedó expuesta formalmente este jueves en una audiencia judicial en donde tres fiscales exhibieron potentes y sugestivos indicios.
La audiencia pasó a cuarto intermedio hasta este viernes porque uno de los defensores planteó la recusación del juez de garantías Eduardo Rodriguez da Cruz, al frente de la audiencia. Pero como acto institucional tuvo una fortísima implicancia. En una jurisdicción donde la Justicia Federal está largamente sospechada por omisiones y opacidades históricas, fue la primera vez en décadas que un juez federal es señalado por un cuerpo de fiscales por delitos ligados a corrupción.
Los casos provienen de una misma o parecida matriz. Uno de los analizados tiene como víctima presunta a un ex directivo de la empresa aseguradora San Cristóbal, Claudio Iglesias, quien hace cinco años fue afectado por una denuncia anónima que le atribuía delitos económicos con la explotación de una mesa de dinero. Según consta explícitamente, la causa judicial se inicia por un escrito anónimo recibido en la AFIP. Pero el arranque del expediente en el juzgado a cargo de Bailaque está registrado digitalmente con una fecha que es previa a ser recibida en el organismo recaudador.
«La AFIP recibió la denuncia después de que Bailaque inició la acción», explicó el fiscal Juan Argibay Molina, de la Procuración de Lavado de Activos (Procelac). Este fiscal habló de la relación opaca entre personas que ocupan importantes roles como funcionarios públicos. Se centró especialmente en la de Bailaque con el ex jefe de las delegaciones Santa Fe y Rosario de la AFIP, Carlos Vaudagna, quien mientras transcurría la audiencia volvía a ser allanado: esta vez por la orden de un fiscal federal de Reconquista, quien investiga una porosa relación del requisado con directivos de la cerealera Vicentin.
Lo que sugirieron los fiscales que llevaron las denuncias es que Bailaque incurrió en diversas conductas, que suponen la comisión de delitos en su juzgado, motivados en obtener beneficios económicos. Fue por eso que pidieron que se levante el secreto fiscal, bancario, bursátil y el que permite a la UIF pesquisar su patrimonio, tanto del magistrado como de otros involucrados. Dijeron que lo hacían porque, por la evidencia reunida en estas causas, es presumible en el magistrado y otros del grupo conductas para obtener beneficios propios de la criminalidad económica.
Todos los casos que se desplegaron en la audiencia fueron expuestos en artículos previos por LPO. Pero lo que tuvo de novedad la larga jornada de siete horas en los Tribunales Federales de Rosario fue la vivacidad de ciertos detalles sobre los vínculos de los sospechados.
El celular de Vaudagna que llegó del MPA reveló de manera explícita una estrecha y curiosa relación entre Bailaque y el hombre de la AFIP. El contenido demuestra encuentros semanales entre ellos ‘a comer y a tomar café’. El día que se presenta la denuncia anónima contra Iglesias y Oneto, dijo Argibay, estaba prevista una cena con paella que terminaría concretándose después.
Se confirmó, como estaba insinuado, que las pruebas más elocuentes de una relación impropia entre el titular de un juzgado federal (Bailaque) y un directivo máximo de la AFIP (Vaudagna), proviene de un teléfono de este último, que había sido secuestrado en 2021 por la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario. Donde parecen estar contenidos detalles impetuosos, aún sin explorar del todo, que dejan mal parados a actores institucionales y del mundo económico.
Algunos de los secretos de ese celular de Vaudagna perdieron ese carácter en la audiencia. Son las referencias a la amistosa intimidad entre Vaudagna y Bailaque, que el fiscal Argibay describió con ejemplos que fue leyendo textualmente de la copia forense del contenido de aquel aparato.
El fiscal federal Federico Reynares Solari
Este es el caso de aquella denuncia anónima contra Jorge Oneto y Claudio Iglesias, que eran socios en emprendimientos bursátiles en Rosario. El primero había tenido una causa penal por una resonante estafa con inmuebles de la que terminó desvinculado. Los dos fueron allanados, investigados y llevados a indagatoria con el inicio de una causa judicial basada en un anónimo que, como se dijo, aunque se recibió en la AFIP constó primero en el juzgado.
Eso llamó poderosamente la atención a los fiscales Argibay y Matías Scilabra. Que a poco de revisar el caso notaron otra cosa inusual: Bailaque, que delegaba a fiscales el 99% de las denuncias llegadas a su juzgado, retuvo este caso para investigarlo él. Y que tuvo en los primeros días del trámite, a partir de octubre de 2019, un febril ritmo de medidas.
El celular de Vaudagna que llegó del MPA reveló de manera explícita una estrecha y curiosa relación entre Bailaque y el hombre de la AFIP. El contenido demuestra encuentros semanales entre ellos «a comer y a tomar café». El día que se presenta la denuncia anónima contra Iglesias y Oneto, dijo Argibay, estaba prevista una cena con paella que terminaría concretándose después.
Esteban Alvarado
Allí aparecen incluso referencias que el alto jefe de la AFIP da a terceros que revelaría que obtiene información de adentro del juzgado federal Nº 4, que condujo hasta mayo pasado el ahora juez observado.
«Bailaque es amigo, te puedo consultar después», le dice Vaudagna a alguien que le pide un dato. «Podemos averiguar con el de Rosario, hoy ceno con él», es otra alusión. «El miércoles tengo todos los datos», le amplía al respecto.
Lo que parece claro para el fiscal Argibay es que funcionarios de la AFIP dieron un impulso especial al trámite de Iglesias y Oneto. El anónimo aludía a varios grupos a investigar y sin embargo solo hubo interés en Iglesias y Oneto. Suponen que buscaban impulsar el trámite y luego dormirlo a cambio de negociaciones económicas que no fueron explicitadas pero que forman parte de algo que la pesquisa aún no quiere revelar.
Cuando la audiencia pasaba las siete horas de duración, uno de los defensores, Paul Krupnik, le dijo al juez Eduardo Rodrigues da Cruz que no podía estar al frente del caso. Pidió su recusación porque este magistrado acababa de integrar el tribunal que condenó por lavado de dinero hace tres semanas a Esteban Alvarado y a su mujer Rosa Capuano. Ambos pueden aparecer en conexión con al menos dos de las personas que están sospechadas en este caso: el contador Mizzau y el juez Bailaque.
En un momento la causa, dijo el fiscal Argibay, entró en una paralización desconcertante. «Vaudagna le rinde cuentas al juez. Hacen referencia a la detección de ciertos contradocumentos que no fueron abordados en el trámite del caso».
El vértigo inicial de esta carpeta se apagó rápido. «Se convoca a indagatoria a Oneto e Iglesias. A la semana se dispone la falta de mérito para ellos y el trámite del caso queda planchado a niveles escandalosos», enfatizó el fiscal. No hay explicación de la falta de explicación en el juzgado de por qué el trámite que había sido abierto a toda velocidad quedó muerto. Solo se reimpulsó cuando el abogado de Iglesias pidió, pasados dos años, el sobreseimiento definitivo. Ahí los fiscales Scilabra y Argibay, al echar un vistazo al expediente, encontraron lo que se trató en audiencia.
El contador del juez
Otro de los hechos expuestos para imputación es que Bailaque tuvo para sus cuentas personales el mismo contador que el referente criminal Esteban Alvarado. Este profesional, Gabriel Mizzau, también estuvo sentado entre los investigados.
El fiscal Matías Scilabra, de la Procuración de Narcocriminalidad (Procunar) dijo que Bailaque no pudo ignorar tal cosa porque él mismo procesó a Alvarado, y entra las constancias de las empresas del narcotraficante aparecía el entramado de cuatro empresas, donde surgía el nombre del contador.
Scilabra señaló que un hijo del contador Gabriel Mizzau había entrado en el juzgado de Bailaque como empleado. Y recordó como un dato adicional que el magistrado tiene una investigación en curso en el Consejo de la Magistratura por denegar intervenciones telefónicas en 2014 y 2015 a personas del entorno de Alvarado que tenía, precisamente, al contador que él conocía.
El amigo de los mil millones
El tercer caso planteado contra el juez fue haber autorizado que fondos millonarios de la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto San Lorenzo y Puerto San Martín, bloqueados por una investigación judicial contra sus directivos gremiales, fueran invertidos en una mutual que manejaba un empresario amigo suyo. Se trata de Fernando Whpei que recibió, por decisión aceptada por Bailaque, administrar un capital de mil millones de pesos en 2021, derivadas al Grupo Unión que controlaba.
El fiscal Federico Reynares Solari explicó que Bailaque fue recusado para tomar medida alguna sobre esos fondos por gremialistas de la Cooperativa debido a que el propio Whpei, que buscaba recibir el dinero bloqueado de la entidad, les dijo que el magistrado era amigo suyo. Bailaque no hizo lugar, destrabó el bloqueo y le derivó los fondos al Grupo Unión. Finalmente la Cámara de Casación impuso a la Cámara Federal de Rosario revisar el caso. Allí Bailaque terminó admitiendo que era amigo del responsable de la mutual a la que le destinó la cifra millonaria.
Dijo entonces que nunca había negado esa amistad. El fiscal dijo que debió decirlo en su momento. Consideró que era un caso de incumplimiento de deberes de funcionario público y prevaricato. Y que el vínculo es una cosa probada y presente. «Tanto que pudimos comprobar que Bailaque viajó a Chile en abril de este año (2024) con Fernando Whpei», dijo Reynares.
Carlos Vaudagna
«Se usaron los escondrijos del viejo sistema. Esta avivada de decir ‘Yo nunca negué ser amigo de Whpei’. El delito se consuma a partir de que Bailaque es consciente de que había fondos destinados que manejaba uno de sus amigos», remarcó el acusador.
El fiscal Reynares también aludió a una conversación del teléfono secuestrado a Vaudagna por el MPA donde el alto funcionario de la AFIP conversa con el entonces senador nacional por Santa Fe Roberto Mirabella. El fiscal quería demostrar la borrosidad del manejo que Bailaque hizo de los fondos de la Cooperativa de Portuarios destinados a la mutual de Whpei.
Según contó el fiscal Reynares en la audiencia, este fue el diálogo. «Vaudagna dice: «Tengo una idea de que un grupo de gente vinculado al negocio financiero pueda ocuparse de la Cooperativa». Mirabella dice: «Me parece medio raro. El juez es Bailaque». Entonces Vaudagna sigue: «Ah, es amigo». Y le contesta Mirabella: «Ahí yo no me meto». No hace falta ser senador nacional para darse cuenta de que todo esto es extraño», subrayó el fiscal.
Cuando la audiencia pasaba las siete horas de duración, uno de los defensores, Paul Krupnik, le dijo al juez Eduardo Rodrigues da Cruz que no podía estar al frente del caso. Pidió su recusación porque este magistrado acababa de integrar el tribunal que condenó por lavado de dinero hace tres semanas a Esteban Alvarado y a su mujer Rosa Capuano. Ambos pueden aparecer en conexión con al menos dos de las personas que están sospechadas en este caso: el contador Mizzau y el juez Bailaque.
El juez había aceptado para entonces que se revisaran varios años de registro de llamadas entrantes y salientes de Bailaque, Vaudagna y Whpei. Pero el resultado de esas decisiones, como la audiencia misma, quedó en suspenso hasta mañana. Cuando el juez Rodrigues da Cruz dé a conocer si acepta, como pidió el defensor, o no correrse del caso.
