Luis Caputo llegó a la reunión con los grandes exportadores de soja con jean y zapatillas y tuvo que pedir un saco prestado. La imagen que se llevaron los representantes de las cerealeras era la de un hombre que no estaba a gusto con la situación.
Dos días antes de anunciar la baja de las retenciones, el ministro de Economía había toreado por Twitter a los gobernadores amigables que le habían reclamado esa misma medida.
Tras hacerse el guapo en las redes, una faceta que descubrió en su segunda experiencia como ministro nacional tras un paso taciturno por el macrismo, Caputo debió poner una cara lúgubre al lado de un sonriente Manuel Adorni para anunciar la baja temporal de la alícuota.
El ministro tampoco tiene listo el decreto para la baja y eso se lo hicieron notar en la cumbre que tuvo con las cerealeras este viernes, anticipada por LPO en exclusiva.
Caputo y Adorni en el momento del anuncio.
El campo olfateó una medida improvisada que revela la desesperación en la búsqueda de los dólares de la cosecha, tras una serie de ruedas negativas que pronostican el fin del verano en el mercado.
Versiones que recorren el sector agropecuario aseguran que fue Nicolás Pino quien le propuso a Milei la baja de retenciones «temporales», una suerte de dólar soja como el que implementó el massismo.
Federico Sturzenegger anunció el fin de las retenciones a las exportaciones de cuero y se metió con el principal negocio de la familia Galperín dueña de la curtiembre Sadesa desde hace más de 80 años.
Según el sitio especializado Bichos de Campo, se trata de un «régimen de protección bastante infame, que perjudica a productores ganaderos y frigoríficos pues deprime artificialmente el precio de su principal materia prima, el cuero bovino».
Sadesa es la principal empresa del rubro y desde hace 50 años se beneficia de las regulaciones estatales que desalientan las exportaciones de cuero. En la actualidad está a cargo de Miguel, uno de los hermanos de Marcos Galperín.
Las regulaciones del sector llegaron de la mano de Alejandro Agustín Lanusse en los primeros ’70 y fueron refrendadas por todos los gobiernos. La maniobra es sencilla: los altos aranceles a la exportación obligan a los productores al mercado local y las curtiembres, cartelizadas, fijan precios irrisorios. En ocasiones son tan bajos que los productores prefieren enterrar los cueros en lugar de venderlos.
«Las curtiembres (que son las que procesan el cuero) no quieren que se pueda exportar el cuero para que el precio local sea el más bajo posible. Los frigoríficos, para los que el cuero es una fuente de ingreso adicional (que puede llegar a ser 5% del precio del novillo), obviamente quieren que sí. Que el cuero valga más para los frigoríficos beneficia a los consumidores porque permite abaratar la carne», explicó Sturzenegger en redes sociales.
Marcos Galperín, qué desde las costas uruguayas se convirtió en un defensor el gobierno de Javier Milei, aún no se expresó.
El relevamiento pone a Nardini con un 65,6% de imagen positiva, liderando así el podio que completan Federico Achaval, de Pilar (64,7%) y Diego Valenzuela, de Tres de Febrero (64,2%), en segundo y tercer puesto respectivamente.
Siguen entre los mejores posicionados, los intendentes Julio Zamora (Tigre), Fernando Gray (Esteban Echeverría) y Jaime Méndez (San Miguel).
La consultora evalúa todos los meses la imagen de 24 intendentes de la provincia de Buenos Aires. Con casi un 1% de aumento en comparación con el mes anterior, Nardini consolida el crecimiento sostenido de su imagen positiva.
Según el estudio, entre los aspectos valorados por los vecinos de la gestión local en Malvinas Argentinas, figura la realización constante de obra pública, la mejora de los servicios públicos, la promoción del desarrollo social y la implementación de políticas inclusivas.
Por otro lado, la encuesta revela quienes son los intendentes peor valorados del período: Pablo Descalzo de Ituzaingó con un 38.7% de imagen positiva
Otro dato relevante que arroja el sondeo, es que la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, fue la que más amplió su valoración positiva, en un 2, 9%. En tanto, Lucas Ghi (Morón) fue quien más cayó (-3.5%).
Por otro lado, la encuesta revela quienes son los intendentes peor valorados del período: Pablo Descalzo de Ituzaingó con un 38.7% de imagen positiva, seguido por Damián Selci de Hurlingham con un 38.2%, y en tercer lugar Julián Álvarez de Lanús con un 37.3%.
Rodolfo Barra fue desplazado de su cargo en redes sociales. Quien hasta este viernes fue el procurador de la Nación pide que se cumplan las formalidades del caso. Entre tanta desprolijidad circulan versiones dispares sobre las razones de su salida.
La que más se repite refiere a los aumentos salariales en la Procuración General de la Nación que hicieron enfuerecer al triángulo de hierro; y que el Presidente ya venía molesto con la cantidad de viajes al exterior que realizaba Barra. Es cierto que desde que asumió la Procuración, Barra transcurrió gran parte de su tiempo entre Madrid y Punta del Este. Pero eso lo sabían los Milei desde antes de designarlo.
No obstante, suenan más sólidas las explicaciones que vinculan el corrimiento de Barra con la causa por la expropiación de YPF. La cronología de los hechos sustenta esta teoría.
La Procuración General de la Nación es «el abogado defensor» del estado argentino. Como tal, es el organismo responsable de la estrategia judicial argentina en ese litigio. Cuando asumió Barra decidió continuar la estrategia heredada de la gestión anterior a cargo del Carlos «El Chino» Zannini. La Argentina sostuvo ante el juzgado de Loretta Preska el argumento de la expropiación como decisión soberana que debía dirimirse en la justicia argentina.
La sentencia firme en primera instancia obliga a la Argentina a pagar USD 16.000 millones al Fondo Burford. Ambas partes tienen muy claro que la cifra es impagable, pero eso no excluye negociaciones para alcanzar un acuerdo posible.
De hecho, el Fondo Burford contrató como interlocutor a un personaje conocido para el mundo libertario. Se trata de Gerardo «Gerry» Mato, ex ejecutivo del HSBC acercado por Macri para conseguir recursos a Milei para su campaña, como reveló en exclusiva LPO.
«Milei quiere pagar y Burford lo sabe. Las negociaciones marchan por un carril paralelo y lo de Preska no es mas que un nuevo procedimiento, donde sigue sin haber nada en concreto. La pregunta es en qué orden de prioridades va a poner Milei acordar un plan de pagos con Burford, y cuanto esfuerzo insumirá para la economía argentina. Lo preocupante es que de ambos lados, hay mucho entusiasmo», lamentó a LPO una fuente al tanto de estas negociaciones.
Con esto no parece casual,que en la víspera a la eyección de Barra, la defensa Argentina haya mostrado un giro de 180 grados al acceder a brindar la información solicitada por Preska sobre el oro enviado a Londres que reveló este medio. Hasta ahora Argentina apelaba a la inmunidad para proteger activos soberanos nacionales.
Como sea, la demanda lleva más de 9 años de trámite. La causa se encuentra en instancia de apelación, pero para la justicia norteamericana toda sentencia debe cumplirse en firme asi sea de primera instancia, en tanto continúe el proceso judicial.
Burford, es un fondo buitre de segunda generación, adquirió los derechos de Petersen Energía, empresa de la familia Eskenazi. Las malas lenguas afirman que estaría asociada en un 30% del cobro si la justicia falla a favor del fondo.
Vladímir Putin reafirmó este viernes su disposición a entablar negociaciones con Donald Trump para encontrar una solución a la guerra en Ucrania.
«Siempre hemos dicho, y quiero subrayarlo una vez más, que estamos preparados para estas negociaciones sobre el problema ucraniano», declaró el líder ruso en declaraciones con la cadena estatal RT.
«Pero aquí también hay cuestiones que requieren una atención especial», continuó Putin, recordando que Vladímir Zelenski, «cuando todavía era un jefe de Estado bastante legítimo», decidió prohibir por ley las negociaciones con Moscú.
En este contexto, el mandatario destacó que el decreto de Zelenski hace que sea casi imposible negociar seriamente una solución al conflicto. Sin embargo, «Kiev se zampa miles de millones de EE.UU.» y «creo que al final quienes pagan el dinero» tendrán que obligarlo a anularlo», expresó Putin.
Siempre hemos dicho, y quiero subrayarlo una vez más, que estamos preparados para estas negociaciones sobre el problema ucraniano
«No puedo estar en desacuerdo con Trump en que, si hubiera sido presidente, si no le hubieran robado la victoria en 2020, quizá no se habría producido la crisis de Ucrania, que surgió en 2022», añadió el presidente ruso en gesto a Trump.
Putin sostuvo que con el actual mandatario estadounidense siempre tuvo «una relación de negocios pero al mismo tiempo «pragmática y de confianza».
«Es verdad, es mejor que nos reunamos, basándonos en las realidades de hoy, para hablar con calma» sobre todos los temas de interés tanto para Estados Unidos como para Rusia», cerró.
La vuelta de Donald Trump es una buena noticia para Putin por la relación con el republicano y el interés público del presidente de terminar con ese conflicto. Asimismo, la tensión contante del magnate a la Unión Europea y la OTAN hace pensar que el conflicto puede terminarse en breve por el freno a la ayuda de Occidente a Ucrania.
El Gobierno excluyó a las pesqueras de la baja de retenciones por seis meses y en la industria crece la bronca, en medio de cuestionamientos por recientes incrementos en los derechos de extracción que elevaron fuerte carga tributaria del sector.
La queja salió de la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores (Capeca) y la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (Capip), que expresaron «sorpresa y profunda preocupación» por ser excluidas de la medida anunciada por Luis Caputo.
En ese contexto, en la industria pesquera advierten sobre una «situación de quebranto inminente» debido a la caída del precio internacional, los altos costos de la actividad y la elevada carga tributaria que enfrenta el sector.
«Además de retenciones, hoy el sector pesquero está gravado con el DUE (Derechos Únicos de Extracción), que en diciembre pasado, el Consejo Federal Pesquero los incrementó en forma muy elevada», señalaron las cámaras.
Así, alertaron sobre una combinación de altos costos y excesiva carga tributaria que pone en riesgo la continuidad de pesquerías muy importantes, algunas de las cuales -advirtieron- «ya presentan situación de quebranto».
Las cámaras alertaron que la exclusión del sector pesquero de la reducción de retenciones «pone en riesgo un sistema productivo que no solo aporta divisas, sino que también es motor de desarrollo regional»
El reclamo surge en medio de tensiones preexistentes entre el sector pesquero y el gobierno de Javier Milei, disparadas por la puja que se extendió hasta fin de 2024 por el reparto de la cuota para la pesca de merluza hubbsi.
Ahora, como contó LPO, también se habían disparado denuncias de cámaras del sector por la presencia creciente de buques extranjeros merodeando la milla 201, al límite de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA), por que sospechan pesca ilegal y acusan al Gobierno por no controlar.
Actualmente, la industria pesquera procesa 793.000 toneladas de productos pesqueros anuales y genera más de 46.000 empleos directos con salarios entre los más altos de la economía nacional. Además, exporta a más de 100 mercados internacionales, con un ingreso cercano a los 2 mil millones de dólares.
Las cámaras alertaron que la exclusión del sector pesquero de la reducción de retenciones «pone en riesgo un sistema productivo que no solo aporta divisas, sino que también es motor de desarrollo regional».
Ante eso, le reclamaron al gobierno de Javier Milei su «inmediata inclusión» en el régimen de reducción de retenciones.
Las reservas cayeron de la línea de 30 mil millones de pesos, un símbolo para el gobierno, y Luis Caputo tuvo que apurar a los cerealeros para que liquiden la cosecha la semana que viene.
Gustavo Idígoras se llevó una sorpresa en la cumbre que, como anticipó LPO en exclusiva, tuvo este viernes con Caputo por la baja de retenciones. Pese al apuro del ministro, el representante de Ciara, la cámara que reúne a las grandes exportadoras cerealeras, no se llevó precisiones del programa de baja de retenciones hasta el 30 de junio.
Juan Pazo fue en representación de la ex AFIP junto al subdirector de fiscalización, Sergio Rufail. Los legales de las cerealeras se quejaron de que Rufail no llevó el programa redactado y no tiene definido aún los sistemas operativos, luego de 24 horas del anuncio del ministro.
Los cerealeros le reclamaron al gobierno que el decreto este firmado antes de este sábado al mediodía si buscan que empiecen a liquidar la cosecha, para que empiece a funcionar el programa a partir del lunes.
Además le reclamaron a Caputo que incluya la soja paraguaya en el programa, pero el ministro aún no lo tiene definido.
El ministro evitó dar precisiones y cayó de jean y zapatillas, por lo que tuvo que pedir un saco prestado. La impresión que se llevaron los cerealeros fue de improvisación. Lejos de aportar claridad, Caputo les terminó dando una clase magistral de cómo generar ganancias con el carry trade usando la prefinanciación de importaciones.
Es que si no entran a la bicicleta financiera, los productores tienen los números en rojo. LPO explicó que el campo le reclama al gobierno que si un productor llega a cosechar 35 quintales por hectárea, tiene un quebranto de 80 dólares por hectárea mientras que el Estado se lleva 475 dólares en impuestos de los cuales 430 son de retenciones y el resto de cargas provinciales y municipales. «Producir no es rentable, para sobrevivir tenemos que meternos en negocios financieros y eso no es sano», dijo a LPO un dirigente rural de la zona núcleo.
Mientras proliferan denuncias por falta de prestaciones, escala el conflicto que envuelve a la obra social de los peones rurales, Osprera, luego de la intervención del Gobierno. Ahora, afiliados de Uatre alineados a José Voytenco arrancaron con protestas en delegaciones.
En las últimas horas, una columna de trabajadores marchó a la Delegación Provincial de La Plata, acusando prestaciones y medicamentos suspendidos y falta de atención a esos reclamos que se acumulan. Las oficinas estaban con sus persianas bajas.
«Persianas bajas, prestaciones y medicamentos suspendidos, vehículos e inmuebles a la venta y un panorama sombrío que se repite: el interventor Marcelo Petroni desguazando y vaciando Osprera motosierra en mano», acusaron los manifestantes.
Ese panorama lo advierten en distintos puntos. Por eso, adelantaron que la movilización reciente en la capital bonaerense es apenas el comienzo de un «plan de lucha» que continuará con marchas en todo el país.
Como contó LPO, a poco de cumplirse tres meses de la intervención de la Superintendencia de Servicios de Salud que controla el ministro Mario Lugones, se acumulan más de veinte denuncias por falta de prestación, con graves consecuencias para los pacientes.
Los manifestantes reclamaron que la obra social sea dirigida por el Consejo Directivo liderado por Voytenco y acusaron al interventor Petroni de cortar servicios y vender el patrimonio de la obra social de Uatre.
«Hoy estamos librados a la buena de Dios, sin cobertura y sin que los funcionarios de la Intervención den la cara; tal vez porque son los mismos impresentables que denunciaron falsamente a nuestro Secretario General, Jose Voytenco», expresaron para denunciar . «arbitrariedad del Gobierno de turno».
Además de la intervención, cerca de Voytenco cargaron contra Pablo Ansaloni y Pedro Pajón y aseguraron que las personas que a ellos responden «se han fijado además sueldos varias veces millonarios; sabiendo que pronto deberán dejar los cargos ocupados de manera ilegal».
Así, agregaron: «El Consejo Directivo de Osprera, en las pocas semanas en que pudo dirigir la Obra Social, solucionó muchísimos problemas, procediendo con sentido común y con amor a la Institución, atento que sus integrantes no son aves de paso».
En paralelo, el sector liderado por Voytenco repudió las recientes designaciones del en Osprera. «No solamente representan un exceso del mandato conferido al interventor, sino que, especialmente, importan lisa y llanamente un acto violatorio de la autonomía sindical».
«La mayoría de los nombramientos son de agentes que participaron activamente en la línea interna sindical que perdió las elecciones, desplazando sin más razón que el mero antojo a los que fueron designados por la actual conducción del gremio al triunfar en las elecciones celebradas en 2022», acusaron.
Entre dichos nombramientos, cuestionaron la designación de Sergio David Ansaloni como Delegado Zonal de Pergamino y de Carlos Saúl Castro como Gerente de Servicios al Beneficiario: «No tienen la experiencia necesaria para dichas tareas, más que los parentescos que ostentan», acusaron.
«El interventor Marcelo Petroni, lejos de venir a regularizar una obra social, que bajo su administración acumula denuncias y testimonios de público conocimiento por no estar brindando las prestaciones correspondientes, incurre en un grave e ilegal avance en la autonomía de nuestra organización sindical», señalaron para adelantar que continuarán con acciones judiciales con el fin de recuperar el control de la obra social.
«Se le antoja chorear una bondiola y ahora nos caga la vida a todos». Esta fue una de las frases que se desprendió por estas horas de un empleado de la Legislatura cordobesa obligado a cortar antes sus vacaciones para ir hasta la Unicameral a firmar personalmente su contrato. Esto, a raíz de lo sucedido en los últimos días cuando Guillermo Kraisman, el célebre puntero del peronismo cordobés que fue detenido hace unos meses por robar bondiola de un supermercado, fue apresado nuevamente al intentar retirar un millón de pesos de una sucursal del Banco de Córdoba con un DNI que no era de él.
Correspondía a Virginia Martínez, una mujer de paso fugaz por la Unicameral como contratada y de la cual el fiscal Andrés Godoy investiga el vínculo con el dirigente de reciente pasado como funcionario de la Municipalidad bajo la gestión de Daniel Passerini.
Antes del arranque de sesiones ordinarias en la Legislatura provincial que comienzan el 1 de febrero, se dispuso que todos los contratos se firmen de manera personal. Ahora, y de acuerdo con lo que pudo saber LPO, ayer por la tarde informaron a los legisladores y asesores de todos los espacios que «hoy si o sí debían pasar a firmar los contratos, de lo contrario el mes que viene no cobraba nadie», reconoció una fuente.
El caso provocó una fuerte tensión en el oficialismo cordobés porque Kraisman sigue siendo un dirigente imposible de ralear. Fue parte de todas las gestiones: con De la Sota, Schiaretti, con Llaryora cuando el actual gobernador era intendente y le dieron un despacho en el Concejo Deliberante, y hasta el episodio del fiambre había sido director de Asuntos Vecinales dentro de la secretaría que encabeza Héctor ‘Pichi’ Campana, el funcionario que Passerini y Alejandra Vigo, la esposa de Schiaretti, quieren para la intendencia en el 2027.
Se le antoja chorear una bondiola y ahora nos caga la vida a todos
Tras se detenido por la causa bondiola, Kraisman fue desplazado del cargo, aunque su mujer, Liliana Sorbellini, sigue a cargo del Parque Educativo Sureste, una dependencia municipal y con la cual se investiga si Martínez, la mujer del DNI, tenía algún tipo de vínculo. Porque, además, se sospecha que ‘el Puma’, tal es el apodo del dirigente, sostiene lazos con la política y el peronismo cordobés, y de estar observado por, presuntamente, cobrar de varios contratos en distintas reparticiones. Según confiaron algunos que este viernes asistieron a firmar su vínculo de manera personal.
La semana pasada, junto con Kraisman, fue detenida también Luciana Castro, también funcionaria municipal ahora desplazada. Cuando, según investiga el fiscal Godoy, intentaban cobrar casi un millón de pesos con un documento que no les pertenecía. Situación que lo llevó a Kraisman al calificativo del «Chocolate cordobés».
Parte del botín que «el Puma» Kraisman intentó llevarse de un supermercado
La Casa Rosada se habría guardado una carta de negociación con el proyecto de Ficha Limpia que redactaron Luis Petri y Alejandro Fargosi, después de la sesión frustrada por el acuerdo entre los libertarios y el kirchnerismo para que el expediente que impulsaba originalmente Silvia Lospennato no se aprobara. Pese al nerviosismo de UP y el entusiasmo del PRO y las bases libertarias, fuentes del Congreso dijeron a LPO que «se va a incluir una cláusula de aplicación limitada» para evitar la proscripción de Cristina Kirchner.
Un legislador de la UCR comentó a LPO este viernes que «el gobierno no quiere, y lo dijo, una prohibición por ley», en referencia a la figura de la ex Presidenta. «Milei le dio el proyecto a Petri para ver cómo logran evitar una limitación de Cristina o que, por lo menos, no termine siendo un herramienta para evitar su candidatura», explicó.
En un despacho libertario confirmaron la búsqueda de ese acuerdo. «Eso es lo que están negociando», afirmaron a LPO, y deslizaron que la aplicación consistiría en una especie de adenda «para que no curse este año».
Desde otra oficina de la Cámara Baja argumentaron que «la idea es que no se aplique retroactivamente».
El proyecto, contemplado en el temario de las sesiones extraordinarias, establece que ninguna persona con ratificación de condena en segunda instancia hasta el año anterior al de las elecciones puede ser candidata. La redacción de esa modificación fue festejada por los macristas y los radicales pero su tratamiento podría empujar al fracaso la convocatoria de verano.
LPO ya informó que José Mayans mandó a decir que no pisará el Senado hasta la sesión preparatoria de la cámara, prevista para el 24 de febrero, tres días después del vencimiento del plazo de las extraordinarias. Sin el interbloque peronista, el oficialismo no podría juntar dos tercios para los pliegos de sus candidatos a la Corte Suprema, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla.
Germán Martínez y Martín Menem.
Pero, además, con el peronismo en contra en Diputados podría quedarse sin quórum. En los pasillos del Poder Legislativo no descartan que el reclamo para debatir el Presupuesto termine juntando a los pichettistas, los radicales de Facundo Manes, la izquierda y los provinciales con UP.
La jugada de la Casa Rosada podría volver a desilusionar a un sector del electorado libertario, que manifestó su bronca contra el gobierno cuando 10 diputados de LLA pegaron el faltazo, se cayó la sesión por Ficha Limpia por segunda vez en noviembre y se confirmaron las sospechas de un acuerdo entre Milei y el kirchnerismo. «Si se vota Ficha Limpia, el próximo presidente de la Cámara es Pichetto», le había dicho 48 horas antes Germán Martínez, líder de los diputados peronistas, al riojano Martín Menem.
A Cristina hay que ganarle con los votos, no con las causas judiciales.
Más allá de la furia tuitera de sus seguidores, Milei fue al programa del Gordo Dan antes de la frustrada sesión por Ficha Limpia y cargó contra el PRO y Marcos Peña, por su estrategia de polarización con Cristina. Si bien consideró que la ex Presidenta «debería estar presa», criticó a sus aliados por «exceso de gorilismo».
En la misma sintonía, LPO publicó la visión de un legislador macrista acerca de la persecución contra la titular del PJ. «A Cristina hay que ganarle con los votos, no con las causas judiciales», sostuvo.
