El ministro de Seguridad de Martín Llaryora, Juan Pablo Quinteros, salió a cuestionar públicamente decisiones judiciales tras la liberación exprés del vecino que el jueves a la noche, en el marco de un procedimiento policial, asesinó al suboficial Luis Azabal cuando éste ingresaba a la casa del tirador, que era víctima de un asalto.
En un mensaje cargado de tono político, el funcionario sugirió que algunos fallos generan la percepción de que la ley «no se aplica con la misma vara». El vecino involucrado en el crimen es un empresario habilitado para tener armas. De hecho, poseía un arsenal.
Las declaraciones de Quinteros llegaron en un momento particularmente sensible: Córdoba será el lunes sede de una nueva reunión del Consejo Federal de Seguridad Interior, el ámbito que reúne a ministros del área de todo el país.
El encuentro será encabezado por la ministra nacional Alejandra Monteoliva y se espera que también participe el ministro de Interior, Diego Santilli.
En ese contexto, Quinteros publicó una «reflexión personal» en la que se refirió al crimen del suboficial y apuntó contra decisiones judiciales que, según su mirada, debilitan el mensaje de apoyo hacia las fuerzas de seguridad.
«Quiero hacer una reflexión personal tras el asesinato del suboficial principal Luis Alejandro Azabal, un hombre de nuestra Policía que perdió la vida cumpliendo su deber», comenzó el ministro. Y enseguida planteó una de las consignas que suelen repetir los sectores más duros de la política criminal: «El que las hace, las paga».
Pero el corazón de su crítica estuvo en lo que consideró una respuesta judicial demasiado rápida frente a un caso de extrema gravedad. «En este caso, quien comenzó imputado por un delito gravísimo recuperó la libertad en apenas tres horas. Tres horas», remarcó Quinteros.
Sin mencionar al fiscal del caso, el ministro sugirió que esa clase de resoluciones generan desconfianza dentro de la fuerza. «Decisiones tomadas con esta celeridad, en un caso donde murió un policía en servicio, generan una señal inquietante para quienes tenemos la responsabilidad de conducir la fuerza», advirtió.
Quinteros señaló que «cuando un policía (investigado por su accionar) es tratado con presunción de culpabilidad, mientras quien dispara y mata puede recuperar la libertad en cuestión de horas, existe la percepción de que la ley no se aplica con la misma vara».
Quinteros publicó estas declaraciones tras el sepelio del policía abatido; un mensaje directo al Ministerio Público Fiscal. Aunque el Gobierno provincial exhibe una baja «histórica» en los homicidios, en el horizonte asoma un aumento de la conflictividad social y el postergado debate por la prohibición de los cuidacoches («naranjitas»).
