La Justicia federal ya tiene dos denuncias penales por el escándalo de los créditos hipotecarios del Banco Nación a funcionarios del gobierno de Javier Milei y diputados nacionales de La Libertad Avanza.
La diputada nacional Mónica Frade denunció por negociaciones incompatibles, cohecho, abuso de autoridad, defraudación por administración fraudulenta y violación de los deberes de funcionario público al ex presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, y a los beneficiados por los créditos.
En esa lista de denunciados por Frade están los caputistas Federico Furiase (secretario de Finanzas), Felipe Núñez (director del BICE y asesor de Luis Caputo) y Pedro Inchausti (director del BCRA). También los diputados Mariano Campero, Lorena Villaverde, Santiago Santurio y Alejandro Bongiovani; y el director de YPF Emiliano Mongilardi. La causa cayó en el juzgado de María Eugenia Capuchetti.
La otra denuncia -que cayó en el juzgado de Daniel Rafecas- fue realizada por el abogado Alejandro Díaz Pascual y apunta a Tillard y al superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del BCRA, Juan Curuchet. Díaz Pascual es el primer denunciante de las coimas en la Andis, un año antes de que estallara el escándalo con los audios de Diego Spagnuolo.
Fuentes oficiales indicaron a LPO que el Banco Nación ya elaboró una auditoría interna sobre los créditos para presentar ante la Justicia apenas lo requiera. La urgencia revela la preocupación que el tema genera en el gobierno, donde están especialmente atentos a la situación de Inchauspe y Furiase.
Es que Inchauspe es director del BCRA y Furiase lo fue hasta hace semanas, y esa entidad es la encargada de regular la actividad de todos los bancos, incluido el Nación. Todo apunta a un posible conflicto de intereses.
En la denuncia de Díaz Pascual -a la que accedió LPO- se remarca que el BCRA es el encargado del cumplimiento por parte de los bancos de las normas de gestión crediticia, que entre otras cosas establecen «que las entidades financieras deben realizar un análisis integral del deudor antes de otorgar cualquier asistencia crediticia, verificando ingresos, patrimonio, antecedentes financieros y capacidad económica real para afrontar el endeudamiento solicitado».
La presentación apunta a que se investigue si el BNA realizó «el análisis de ingresos declarados, capacidad de endeudamiento, estabilidad laboral, patrimonio previo y nivel de riesgo crediticio». La denuncia apunta al rol de Furiase y Núñez teniendo en cuenta que la conducción del Banco Nación «se encuentra necesariamente vinculada con las decisiones y lineamientos de la política económica definidos por el Ministerio de Economía».
«Esta circunstancia reviste especial gravedad institucional si se considera que dichos funcionarios no eran simples particulares que acudieron al sistema bancario para solicitar un crédito, sino que se trataba de personas que participaban activamente en la formulación y ejecución de la política económica del Estado, manteniendo un vínculo directo con la conducción del sistema financiero público», dice Díaz Pascual.
En el gobierno responden que el BCRA regula y supervisa el sistema bancario, pero no interviene en créditos individuales que los define cada entidad de acuerdo a su política comercial y a base a su propio fondeo y evaluación del riesgo. Pero la realidad es que el Banco Central es el responsable de la estabilidad del sistema y, por lo tanto, debe controlar que las entidades no pongan en riesgo esa estabilidad con un descontrol de préstamos.
También afirman en el gobierno que no existe ninguna norma que impida a funcionarios ser usuarios financieros y que excluirlos de los créditos sería arbitrario. La condición de funcionarios no los excluye, sostienen y agregan que no hay conflicto de interés per se si no hay intervención directa. Eso último es lo que deberá determinar la justicia.
En un momento de tensión total con Comodoro Py, que el sorteo haya caído en Rafecas no fue una noticia que cayó muy bien en la Casa Rosada porque el magistrado tiene fama de «inmanejable». Una manera de decir que no es un juez dócil a las influencias de los operadores judiciales.
