La Corte Suprema de Brasil condenó a Eduardo Bolsonaro a cuatro años y dos meses por el delito de coacción en el curso del proceso, en una causa vinculada a las gestiones realizadas en Estados Unidos para presionar a las autoridades brasileñas que juzgaban a su padre, Jair Bolsonaro.
Durante la sesión de la Primera Sala del STF, Alexander de Moraes fue uno de los jueces que sostuvo que existían pruebas suficientes para concluir que Eduardo Bolsonaro «actuó con el objetivo de influir en el desarrollo de los procesos judiciales relacionados con la denominada «trama golpista».
Según el magistrado, el propio exdiputado reconoció que se instaló en Estados Unidos para buscar apoyo político y promover sanciones contra jueces, fiscales y autoridades brasileñas involucradas en las investigaciones.
En su voto, Moraes afirmó que las amenazas denunciadas terminaron materializándose mediante sanciones internacionales dirigidas contra miembros del STF, la Procuraduría General de la República y el propio Estado brasileño. También exhibió videos y declaraciones públicas en las que Eduardo Bolsonaro describía sus gestiones en Washington para impulsar medidas de presión contra Brasil.
Antes de analizar el fondo del caso, el magistrado rechazó los pedidos de nulidad presentados por la Defensoría Pública de la Unión. La defensa había argumentado que Moraes debía apartarse del expediente por ser una de las supuestas víctimas de las acciones investigadas y cuestionó además la forma en que se notificó al acusado mientras residía en Estados Unidos.
Por su parte, el defensor público Esdras dos Santos Carvalho sostuvo que Eduardo Bolsonaro únicamente realizó actividades de «interlocución política» con autoridades estadounidenses y que no tenía capacidad de decisión sobre la política exterior de Washington. Asimismo, argumentó que el delito de coacción exige violencia o amenazas graves, elementos que -según la defensa- no están presentes en el caso.
Alexander de Morales y Carmen Lucia.
La decisión aún no está firme. Tras el voto de Moraes, los demás integrantes de la Primera Sala -Cristiano Zanin, Cármen Lúcia y Flávio Dino- deberán emitir sus posiciones para definir si el exdiputado es condenado. El delito investigado contempla penas de entre uno y cuatro años de prisión.
Eduardo Bolsonaro se instaló en Washington en la previa de los aranceles impuestos por Donald Trump a la economía brasileña en agosto del año pasado. Desde entonces, se encargó de hacer lobby para que Trump profundice la ofensiva contra Lula pero se encontró con una buena relación entre ambos mandatarios que alivió la situación.
Ahora, fue uno de los cerebros de la estrategia que hizo celebrar a Flavio Bolsonaro los nuevos aranceles que generó una crisis de imagen en las encuestas e hizo caer a su hermano y candidato a presidente cerca de 7 puntos. Inclusive, Eduardo sugirió que Brasil tiene que abandonar el sistema de transferencia bancaria estatal para adoptar el de Estados Unidos, tal como lo reclama Washington.
