Una fiscal de Rosario cuestionó por arbitraria la decisión de una jueza de Menores de anular el allanamiento en el que fue detenido un chico de 15 años ya que no fue habilitado por orden judicial. El caso, que motivó que la vocera del gobierno provincial le dijera a la magistrada que «si tanto le gustan los delincuentes que se los lleve a su casa» será resuelto en una audiencia en la Cámara Penal de Rosario el lunes que viene. El juez que resuelva será Tomás Orso.
El caso ocurrió hace un mes y generó un encontronazo entre el gobierno de Maximiliano Pullaro, que objetó en bloque lo actuado por la jueza, y el Poder Judicial, que defendió como un acto legítimo de un Poder Independiente lo resuelto por la magistrada, algo que hasta fue reivindicado por el presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Rafael Gutiérrez.
El planteo de cuestionar a la jueza Dolores Aguirre Guarrochena lo realiza en tándem el Ministerio Público de la Acusación (MPA) que agrupa a los fiscales y el gobierno provincial. Es en realidad una pulseada de filosofía del derecho, entre los que creen que la Justicia debe controlar razonablemente los actos de persecución, y los que piensan que el allanamiento virtual ocurrido, que fue ordenado por un funcionario del Ejecutivo en Santa Fe y no por un juez, es algo completamente legal y por tanto válido.
La Justicia le pone un freno a los allanamientos sin orden judicial que impulsa Pullaro
La apelación la interpuso la fiscal Virginia Gabenara. La fiscal explica que todo arranca hace un mes, el 19 de junio pasado, cuando dispararon ocho veces contra una vivienda de calle Entre Ríos al 6200, en la zona sur rosarina. Tras ello con un sistema de videovigilancia conocido como Lince y seguimiento de cámaras se determinó que dos chicos en bicicleta habían huido tras el ataque y entraron a varios domicilios. Con una orden de allanamiento firmada por el ministro de Seguridad Pablo Cococcioni se realizó la requisa de la vivienda donde estaba el chico implicado en el hecho y fue detenido.
Cuando el menor fue llevado a audiencia la jueza Aguirre Guarrochena no cuestionó la legalidad del procedimiento y hasta aceptó la imputación de amenazas calificadas por uso de arma de fuego y portación de arma de fuego. Pero dijo que al haber transcurrido doce horas entre el hecho reprochado y la detención no hubo ningún fundamento de urgencia como para que la policía no solicitara un allanar a un juez. Fue por eso que anuló el allanamiento.
Allí sucedió la embestida del gobierno provincial contra la jueza. Pullaro, con una gestión que bajó más de la mitad los registros históricos de violencia altamente lesiva, está convencido de que los cambios en la normativa aprobados por una Legislatura que le responde son fundamentales para enfrentar a la criminalidad. Por eso hubo furia contra esta medida que en el gobierno consideran como un acto de garantismo.
La vocera del gobierno, Virginia Coudannes, sacó el tema deliberadamente, en medio de una rueda de prensa rutinaria ante los medios santafesinos. «Si los delincuentes son tan buenos, que se los lleven a sus casas», dijo Coudannes. Lo que mereció un repudio inmediato del Colegio de Magistrados de Santa Fe. Algo que replicaron jueces de todo el país y que motivó incluso un descargo de un juez de Menores de Catamarca, Rodrigo Morabito, en el diario La Nación. También el presidente de la Corte santafesina se sumó a las críticas. «La jueza resolvió de acuerdo a lo que ella creyó estaba a Derecho. Las decisiones de los jueces no hay que cuestionarlas por los medios sino por los medios procesales. Al menos en un Estado democrático», golpeó Gutiérrez.
Gutiérrez y Pullaro
Lo central en este debate es la incomodidad y el rechazo, que como nadie expresó públicamente el gobierno en sus críticas, al frenazo que desde la Justicia le pusieron a una medida que Pullaro considera central para su persecución al delito. Ya había habido otras. Como la advertencia de un camarista penal a las detenciones a personas por no llevar DNI frente a la multiplicación de procedimientos de identificación que realiza la policía santafesina.
La fiscal Gabenara va contra la jueza porque aduce que el acto cuestionado por la magistrada «se ajusta perfectamente a lo dispuesto en el artículo 170 inciso 5) del Código Procesal Penal de Santa Fe». Que es la consideración de la continuidad del acto considerado flagrante mientras medios electrónicos o de video capten la trayectoria de los presuntos infractores a la ley.
La jueza nunca cuestionó la legalidad del procedimiento. Por eso la fiscal da un paso más para sostener su reproche. «En efecto, la magistrada declaró la nulidad del allanamiento bajo el único argumento de no haberse acreditado la «urgencia» exigida por la norma, fundándose en que la medida se efectivizó doce horas después de acaecido el hecho. Al obrar de este modo, supeditó la validez del acto a un criterio netamente subjetivo sobre la determinación cronológica de la urgencia, omitiendo valorar la gravedad y la naturaleza del suceso que motivó de manera inmediata el procedimiento», dice Gabenara en la apelación que obtuvo LPO.
También dice que la magistrada vulnera el principio de conservación de los actos jurídicos. «La propia Jueza interviniente manifestó, en los fundamentos de la resolución, que de haber sido llamada a resolver la solicitud de allanamiento, hubiese valorado los mismos informes que sirvieron de base al Ministro de Seguridad para activar el procedimiento de allanamiento por flagrancia virtual».
La discusión aquí no es que la jueza haya dicho eso. No es que impugna la razonabilidad del procedimiento, sino que no hayan acudido a un juez como mecanismo de control cuando había pasado medio día entre el acto y el allanamiento, lo que quitaba urgencia a la irrupción en la vivienda del joven implicado.
La defensora Candela De Marchi en la primera audiencia cuestionó la legitimidad del allanamiento porque a su criterio el ministro de Seguridad no es autoridad competente para ordenarlo, dado que el Código Procesal solo habilita a la policía en casos muy concretos y con intervención fiscal. Considera que hubo una extralimitación del Poder Ejecutivo y que no existió urgencia al pasar doce horas como para no acudir a un juez.
«Es un tema de división de poderes. Lo peligroso es que el Ejecutivo pueda ordenar un allanamiento sin orden. Si a mi me siguen cámaras de seguridad porque suponen que soy una sospechosa de un delito, por el motivo que sea, el Ministro de Seguridad puede ordenar a la policía que me allane. Hasta se puede dar una cuestión de persecución política», alegó De Marchi en la audiencia inicial donde la jueza le dio la razón.
El caso se resolverá en una audiencia este lunes.
