Las pymes elaboradoras de biodiesel presentaron un proyecto alternativo al impulsado por el oficialismo para amortiguar el aumento del crudo por la nueva escalada bélica en Medio Oriente.
Las empresas buscan elevar el corte obligatorio al 12,5% y distribuir la producción entre las plantas regionales, las compañías no integradas y las grandes aceiteras.
La propuesta de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB) contempla reservar un 5% del corte para las 17 plantas regionales, otro 2,5% para ocho compañías no integradas y el 5% restante para las aceiteras.
Patricia Bullrich intenta que se apruebe el proyecto que pone en riesgo 10 mil empleos, dicen desde la Cámara
Por un lado, buscan amortiguar el precio final del combustible y a su vez, garantizar un mercado interno para grandes y chicos, una salida superadora al proyecto impulsado por Patricia Bullrich que habilitaba a las grandes cerealeras a quedarse con todo el negocio.
«Las pymes no cuestionan la incorporación de las grandes empresas al mercado interno, pero reclaman que el crecimiento de la demanda no se produzca a costa de la producción que actualmente tienen asignada las plantas del interior», explicaron a LPO desde la Cámara.
Para CEPREB, la iniciativa oficial es «la sentencia de cierre de 25 plantas del interior» y pone en peligro unos 10.000 puestos de trabajo directos e indirectos.
«La discusión no es contra nadie. Es a favor de que la ley respete la inversión de las 25 pymes del interior del país y los 10.000 puestos de trabajo que están en riesgo», señalaron desde la entidad.
Las plantas regionales sostienen que no pueden competir en igualdad de condiciones con las aceiteras, debido a que deben comprarles a esas mismas empresas el aceite de soja que utilizan como materia prima para fabricar el biodiesel.
Además, detrás de las 25 plantas funciona una cadena integrada por unas 400 extrusoras que producen aceite y agregan valor a la soja en distintas localidades del interior.
El sector advierte que una reducción del cupo no afectaría solamente a las elaboradoras de biodiesel, sino también a sus proveedores y a las economías de las ciudades donde se encuentran instaladas.
Las plantas están distribuidas entre Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis y producen unas 900.000 toneladas anuales para abastecer el corte vigente del 7,5%. Santa Fe aporta 360.000 toneladas; Buenos Aires, 355.000; La Pampa, 85.000; Entre Ríos, 55.000; y San Luis, 45.000.
Según los cálculos de CEPREB, elevar el corte al 12,5% generaría una demanda adicional de 600.000 toneladas. Santa Fe sería la principal beneficiada porque concentra las compañías no integradas y buena parte de la capacidad aceitera del país.
Sin embargo, las pymes advierten que el proyecto oficial habilita el coprocesamiento y no establece un reparto explícito, por lo que las grandes empresas podrían quedarse tanto con el crecimiento del mercado como con parte de la producción que actualmente corresponde a las plantas regionales.
