Daniel Noboa negó el ingreso de una comitiva que buscaba visitar al ex vicepresidente de Rafael Correa, Jorge Glas, desde la invasión de la embajada de México en Quito del pasado 6 de abril.
En ese momento, Noboa negó el salvoconducto para el asilo para Glas y mandó a las fuerzas de seguridad a la embajada mexicana en un episodio que terminó con la ruptura de relaciones.
Glas fue vicepresidente de Correa en su segundo mandato y quien acompaño en la fórmula a Lenin Moreno. Con la ruptura de Moreno con el correismo, Glas quedó en medio de una investigación por corrupción y se les quitaron todas las facultades.
Terminó condenado por presuntamente recibir sobornos en el caso Odebrecht y estuvo del 2017 a 2022 detenido en prision preventiva. Luego salió por un habeas corpus y volvió a la cárcel tras la toma de la embajada.
Fuentes del correismo aseguran que hay mucha preocupación por su salud, hablan de condiciones infrahumanas de detención con ratas en las celdas y exposición a todo tipo de infecciones y que el ex vice está medicado por diferentes padecimiento de salud. «Le están haciendo todo lo que les gustaría hacerle a Correa», afirman.
La comitiva que intentó visitar a Glas estaba encabezada por Marco Enrique Ominani, coordinador del Grupo de Puebla que estaba acompañado por dirigentes locales, la familia de Glas y los abogados defensores.
Fuentes del correísmo aseguran que hay mucha preocupación por su salud, hablan de condiciones infrahumanas de detención con ratas en las celdas y exposición a todo tipo de infecciones y que el ex vice está medicado por diferentes padecimiento de salud
En ese marco, Puebla publicó un comunicado en el que plantean «la más profunda indignación ante la decisión del gobierno de Ecuador, encabezado por el presidente Daniel Noboa, de negar la entrada a la delegación internacional, de la cuál formamos parte, que buscaba realizar una visita humanitaria a Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador, recluido en la prisión de máxima seguridad».
«Esta acción inhumana no sólo despoja a Glas de sus derechos fundamentales, sino que confirma una vez más la persecución política y judicial a la que ha sido sometido de manera sistemática», agregan.
Daniel Noboa, presidente de Ecuador.
El comunicado continúa: «Hacemos responsables directos al gobierno de Noboa, en particular a la Ministra de Interior, Mónica Palencia, y a la Ministra de Relaciones Exteriores, María Gabriela Sommerfeld, por la vida y cualquier daño que pueda sufrir Jorge Glas durante su encarcelamiento. No olvidamos que este gobierno también fue artífice del secuestro del que fue víctima Glas desde la Embajada de México, al no respetar el asilo político otorgado por México y violando el derecho internacional».
«Es inadmisible que se continúe negando el salvoconducto necesario para que Jorge Glas pueda acogerse al asilo político concedido por México, lo que representa una flagrante violación a sus derechos humanos», enfatiza.
Jorge Glas se encuentra en La Roca -una prisión destinada para reclusos de alta peligrosidad- al que sus abogados denuncian como «desproporcionado dada su condición de baja peligrosidad y expone su vida a un grave riesgo en un país donde las cárceles han sido escenario de masacres y violencia extrema con más de 500 muertes en los últimos tres años». «Este tipo de manejo inadecuado, al que ha sido y es sometido, es incompatible con las recomendaciones internacionales sobre derechos humanos», dice Puebla.
Hacemos responsables directos al gobierno de Noboa, en particular a la Ministra de Interior, Mónica Palencia, y a la Ministra de Relaciones Exteriores, María Gabriela Sommerfeld, por la vida y cualquier daño que pueda sufrir Jorge Glas durante su encarcelamiento. No olvidamos que este gobierno también fue artífice del secuestro del que fue víctima Glas desde la Embajada de México, al no respetar el asilo político otorgado por México y violando el derecho internacional
Esta detención se convirtió para el correismo y sus aliados en una suerte de bandera de Lawfare comparada con la detención de Lula. Como reveló LPO, el rol de la Fiscal ecuatoriana es similar al de Sergio Moro, algo que se confirma con la reciente investigación de The Intercept.
En ese sentido, los que reclaman su libertad exigen al gobierno la emisión inmediata del salvoconducto que permita a Jorge Glas acogerse al asilo político concedido por México, en cumplimiento del derecho internacional, exámenes médicos independientes para evaluar de manera urgente su estado crítico de salud, tanto física como mental, investigación exhaustiva e imparcial sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas contra Glas y que se garantice el respeto a las normas internacionales de derechos humanos en el trato a reclusos vulnerables».
Ecuador está a cinco meses de las elecciones presidenciales que tendrá de nuevo un mano a mano entre Noboa y la correísta Luisa González y el tema Glas se convirtió en un eje de la campaña electoral.
El flamante diputado Federico Tournier está a punto de convertirse en el primer integrante del bloque de la UCR en pagar con su propia salida la bronca por la foto que él y cuatro colegas suyos se sacaron con Javier Milei en Casa Rosada, antes de la sesión en la que apoyaron el veto presidencial contra el aumento jubilatorio.
Mientras Facundo Manes impulsa en los órganos partidarios la expulsión de Mariano Campero, Luis Picat, Martín Arjol, Pablo Cervi y el legislador correntino, Rodrigo De Loredo hace lo posible por protegerlos de la purga.
Si bien el titular de la bancada intenta retenerlos, el sector del neurocirujano pide la cabeza de los visitantes del Presidente pero concentra su rabia contra el Tournier, que asumió el mes pasado como relevo de Alfredo Vallejos, quien volvió a su provincia para tomar la cartera de Seguridad en medio de la crisis del gobierno de Gustavo Valdés por la desaparición de Loan Peña.
De hecho, Tournier ni siquiera es radical. Su trayectoria política lo ubica como militante y dirigente del partido Encuentro Liberal (ELI), una de las patas que sustentaba hasta hace poco la administración de Valdés.
Según fuentes territoriales, Tournier es un hombre del presidente de la Cámara de Diputados correntina, Pedro «Perucho» Cassani. Oriundos de Goya, los dos desafían al mandatario provincial y, por esa razón, hay quienes interpretan su eventual expulsión o partida del bloque como una apuesta del ELI por darle más referencia y exposición pública a un dirigente que podría capitalizar su sintonía con las ideas del gobierno libertario para crecer políticamente sin el tutelaje de Valdés ni la UCR.
Cerca de De Loredo negaron rotundamente a LPO que se fuera a dar esa salida. «Seríamos el único bloque que decide tener menos cantidad de miembros, un hecho que solo la UCR podría plantearse», dijeron irónicamente.
Por otro lado, los seguidores de Manes están masticando rabia porque no lograron echar al quinteto «con peluca», tal como llaman desde hace 72 horas a Campero, Arjol, Cervi, Picat y el propio Tournier, por acercarse a Milei. «El quinteto de la muerte ya se volvió cuarteto porque se fue Tournier», aseguraban este viernes en el entorno del médico.
En los pasillos de la Cámara Baja, interpretan que ante la impotencia por expulsar a los cinco radicales de cepa libertaria se concentraron en empujar fuera de la bancada a uno, justamente al que suponían que nadie en el bloque iba a defender. «Tournier ni siquiera es radical», comentaban sus detractores esta semana, acaso haciéndole un favor a su aventura política.
Como sea, en Corrientes alertan que el movimiento de Tournier podría abrigar la intención de mostrarse ante el gobierno como otro dirigente libertario para la ampliación del espacio. Desde un despacho de LLA coinciden con esa perspectiva: «Es liberal, podría ser que termine acá», respondían ante la consulta de LPO sobre su eventual incorporación al bloque de Martín Menem y Gabriel Bornoroni.
Por lo pronto, el quinteto tendría hasta su propio grupito de WhatsApp. «O nos rajan a todos o nada», desafió uno de ellos, y agregó: «vamos a dar la pelea desde adentro».
Un nuevo grupo de vendedores ambulantes emplazados en Avenida 7, Avenida 51 y calle 8 se adhirieron al programa de reconversión de la actividad que impulsa la Municipalidad de La Plata, por lo que se retirarán de la vía pública.
Este sector representa a un grupo mayoritario de personas emplazadas sobre las mencionadas arterias que comercializaban rubros de indumentaria deportiva, vestimenta formal y casual, tecnología, accesorios, carteras y calzado.
A través de los firmantes, se comprometieron a liberar el espacio público de las calles céntricas, dando así un nuevo paso para la relocalización de la venta ambulante. Estas adhesiones se suman a las del pasado lunes, cuando firmaron otros grupos que se encontraban sobre los centros comerciales de calle 8, 12 y avenida 51.
El acuerdo entre el sector y la gestión del intendente Julio Alak se enmarca en la creación del Programa de Reconversión de la Venta en la Vía Pública, una iniciativa que pretende dar respuesta a esta problemática, promoviendo el fortalecimiento productivo y su ordenamiento territorial.
Cabe recordar que mediante este programa se les ofreció tres alternativas: incorporarse a las cooperativas de barrido de las calles, capacitación en oficios, y la relocalización en paseos de compras. A cambio, los vendedores se comprometieron a dejar la vía pública.
Cabe recordar que, durante la primera etapa del plan, la Municipalidad procedió a la relocalización de los vendedores que ocupaban el espacio público de las plazas San Martín, Italia y Rocha.
Las alternativas planteadas por el Municipio fueron aceptadas por la totalidad de los vendedores y, de esa manera, fueron relocalizados en su mayoría en el Paseo de Compras de Meridiano V, una medida que les permitió incrementar sus ventas en un espacio de 5 mil metros cuadrados que dispone de WiFi libre, seguridad y la posibilidad de abonar con la app Cuenta DNI de Banco Provincia.
El ex intendente de Mar del Plata y presidente de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados bonaerense, Gustavo Pulti, presentó en las últimas horas una denuncia penal para que se investigue el pedido de coimas por 15 millones de dólares a pesqueras, que reveló LPO en exclusiva días atrás.
La presentación la hizo en la Fiscalía Federal N°2 de Mar del Plata por «presuntas coimas pedidas por funcionarios de Milei» a empresarios pesqueros en el marco de la renovación de las cuotas para la pesca de merluza hubssi. También, pidió considerar el delito de extorsión.
«Los hechos denunciados son ilícitos que pueden haber cometido funcionarios nacionales o emisarios de ellos. El gobierno nacional se propone que todo quede en la nada», dijo Pulti al presentar la denuncia.
El diputado cercano a Axel Kicillof sostuvo que «son datos muy precisos» los revelados por LPO y que, frente a eso, la administración Milei se mantiene en silencio.
«El Gobierno nacional, ni abrió una investigación, ni contestó las preguntas formales que le hicimos en la Cancillería, la Secretaría de Pesca de la Nación y el Consejo Federal de Pesca», dijo Pulti este viernes en declaraciones a LU9.
Presentamos denuncia penal para se investiguen las coimas pedidas por funcionarios de Milei para renovar las cuotas pesqueras de Mar del Plata, según informan diferentes medios. Los hechos denunciados son ilÃcitos que pueden haber cometido funcionarios nacionales o emisarios de⦠pic.twitter.com/ljPWR3zyTZ
En la presentación ante la Justicia, el legislador expuso: «No se trata de un hecho menor, existe abundante material periodístico que informa sobre la denuncia de coimas realizada por la firma española Iberconsa, controlada por el fondo norteamericano Platinum Equity, ante la Embajada de Estados Unidos».
LPO reveló que el pedido de 15 millones de dólares se hizo durante una reunión realizada en un sótano y en la que participó un hombre visiblemente armado, algo que impactó a los empresarios presentes.
En la denuncia, Pulti también manifestó que el mecanismo utilizado para presionar a los empresarios pesqueros podría configurarse como un delito de extorsión bajo el artículo 265 del Código Penal, lo que agrava la situación dado el rol de funcionarios públicos en los hechos.
El titular de la comisión de pesca en la Cámara baja provincial destacó la importancia del sector pesquero para Mar del Plata, que genera más de 60.000 puestos de trabajo, y reclamó un esclarecimiento «urgente» de estos hechos para evitar un impacto negativo en futuras inversiones en el país.
La Asociación de Personal del Servicio Exterior de la Nación (APSEN) logró evitar el paro de actividades a pesar de la presión de las bases.
La semana pasada, como reveló en exclusivo LPO, todo estaba encaminado para un paro en conjunto entre APSEN y ATE contra el plus de ganancias que le cobran a los diplomáticos que viven en el exterior.
El cobro compulsivo que se comió el 50 por ciento del sueldo de los diplomáticos y el enorme descontento de las bases de APSEN que se están yendo a ATE obligó a la conducción del gremio mayoritario a plegarse a la medida de fuerza.
De todas formas, tenían que revalidarlo en asamblea y ante eso apelaron a una estrategia de último recurso para impedir una medida de fuerza y convocaron a los diplomáticos jubilados para que votaran en contra.
Una fuente diplomática aseguró que la conducción decidió «cuidar sus recientes cargos antes que ponerse al frente del reclamo».
LPO adelantó en exclusivo que la bronca es muy fuerte con el presidente de APSEN, Ernesto Michel, y su vice, Darío Zelaya que se fue Corea del Sur como embajador. El titular anterior, Gustavo Zlauvinen, dejó el cargo para irse a Austria, una plaza más que codiciada en el universo de la Cancillería.
Nadie se la esperaba porque no están directamente involucrados justamente porque están jubilados y aparecieron casi 200 a votar y obviamente por su perfil la mayoría en contra de la huelga porque estaban horrorizados con la idea de que eso pase
Fuentes cercanas a la situación explicaron a LPO que «Nadie se la esperaba porque no están directamente involucrados justamente porque están jubilados y aparecieron casi 200 a votar y obviamente por su perfil la mayoría en contra de la huelga porque estaban horrorizados con la idea de que eso pase».
La interna en el sindicato de diplomáticos es total. Esta semana, los sectores juveniles que quieren sacar a la actual conducción comenzó una campaña de videos para marcar la diferencias, exponer las críticas y defender la profundización de las medidas de fuerza.
La ex camporista Soledad Sandler es quien lidera el nuevo espacio llamado Nuevo Apsen que se propone modernizar el gremio y darle un perfil más combativo. Sandler se tuvo que volver a Argentina con un embarazo de 8 meses a dar a luz en el país porque el parto en EEUU salía 15 mil dólares y no lo podía pagar.
De todas formas, remarcan que «tampoco es que se cayó del todo la huelga. Se resolvió postergarla hasta que salga el amparo que no debería pasar de principios de la semana próxima».
Algunos gobernadores peronistas creen que la Boleta Única aprobada este jueves en el Senado perjudica electoralmente a Javier Milei, fundamentalmente porque el oficialismo tuvo que aceptar que se elimine el casillero de boleta completa.
Como contó LPO, los bloques provinciales de Río Negro y Misiones hicieron valer sus votos y lograron que en el texto aprobado se excluyera el casillero de «boleta completa», que en una elección presidencial beneficia a las fuerzas con candidatos presidenciales fuertes.
Los partidos provinciales apostaban a que se adopte el modelo santafesino, que tiene una boleta y una urna para cada categoría. Esto favorece a los partidos provinciales que compiten sin candidato presidencial y también a figuras sueltas, como se ha visto en candidatos a concejales o legislador en Santa Fe.
Finalmente, en el Senado se acordó una opción intermedia que es mantener una sola papeleta para todas las categorías (optando por el modelo mendocino), pero sin el casillero de la «boleta completa». Es decir que los votantes tendrán que marcar cada una de las categorías si quieren elegir a todos los candidatos de una misma fuerza.
Con un escenario que ya preveían adverso, meses atrás algunos gobernadores peronistas intentaron abrir un diálogo con la Casa Rosada y le advirtieron a Karina Milei que la boleta única perjudicaría a su hermano en un eventual intento de ser reelecto.
Estos gobernadores peronistas no veían con malos ojos la opción de boleta completa y hasta estudiaron avanzar con un proyecto propio en ese sentido, tratando de emular la tradicional lista sábana. Pero tampoco están tan descontentos con la opción elegida porque les permite replegarse en sus territorios sin importarles tanto que el peronismo no tenga un candidato nacional fuerte.
La advertencia que le hicieron a Karina es que, sin el arrastre de la lista sábana, Milei perdería mucho peso legislativo en una elección presidencial ya que Libertad Avanza no tiene candidatos fuertes en las provincias. Pero también le señalaron que en la elección del año que viene la boleta única puede ser perjudicial para LLA, cediéndole un mejor escenario a los opositores que están mucho más instalados en los territorios.
Los gobernadores no veían con malos ojos la opción de boleta completa y hasta estudiaron avanzar con un proyecto propio, tratando de emular la tradicional lista sábana. Pero tampoco están tan descontentos con la opción elegida porque les permite replegarse en sus territorios sin importarles tanto que el peronismo no tenga un candidato nacional fuerte
Según cuentan los peronistas, Karina les respondió que el proyecto era una bandera de ellos contra la casta política y no podían ceder en esa lucha. Incluso, en el oficialismo algunos sugerían que si la boleta única no salía era mejor para Milei porque le hubiera dado argumentos contra la casta.
Con estas dudas que genera el proyecto aprobado en el Senado, la duda ahora es si la Cámara de Diputados avalará este texto o insistirá con la versión original, es decir con el casillero de boleta completa.
Javier Milei confirmó que votará totalmente la ley de financiamiento universitario aprobada el jueves por la noche en el Senado con el voto de casi toda la oposición.
«VETO TOTAL», escribió el Presidente en su cuenta de X, en respuesta a un posteo del Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro «Galleguito» Álvarez. Este funcionario había adelantado a la madrugada que se venía el veto, pero luego tuvo que aclarar que la decisión era de Milei.
La confirmación por parte del Presidente también dejó incómodo al portavoz Manuel Adorni, que poco antes no había podido dar certezas. «Se está analizando, no está confirmado que se vaya a vetar o a no vetar. Está en discusión en todo el gabinete», declaró.
La discusión de la reforma constitucional de Santa Fe pondrá en el foco la actividad de la Corte Suprema de Justicia. En el debate estará planteado si este poder fundamental del Estado debe manejar su propia administración y presupuesto, es decir gobernar sus recursos, o solamente dedicarse a dictar las sentencias de última instancia. Una fuerte corriente transversal en la política indica que el máximo tribunal no tiene por qué tener la última palabra sobre cómo se definen cuestiones como construcciones, compra de tecnología o de servicios para la Justicia. Y cuando hablan en el cambio de modelo en todos los debates entra un funcionario que hace casi 30 años maneja esas funciones y, con ellas, un enorme poder estatal.
El funcionario donde desaguan todas las discusiones sobre la Corte que viene es una gran figura en el Poder Judicial de Santa Fe. Es una persona que construyó una enorme influencia a partir de concentrar decisiones políticas. En los distintos gobiernos lo llaman hace mucho, con algo de exageración, «El señor de las licitaciones».
Es Eduardo Marcos Pedro Bordas, un abogado de 68 años con 40 años de vida judicial. Docente universitario de Derecho Administrativo, con sagacidad, inteligencia y sobre todo ambición profesional fue concentrando atributos para el manejo del poder y la plata de los tribunales de la provincia.
Hoy que Maximiliano Pullaro acelera una embestida sin retorno para reemplazar a los miembros de la Corte Suprema también está en el radar del cambio el lugar que hoy ocupa el secretario de Gobierno del tribunal supremo santafesino. Es una cuestión de nombre propio pero, sobre todo, de la función del manejo presupuestario que hasta ahora la Constitución provincial asigna a la Corte. En el Ejecutivo, donde hacen una exaltación explícita de la reducción de los gastos, alegan que en la Justicia santafesina se pagan cifras desaforadas por viáticos o servicios que se contratan, y por tener un festival de cargos cubiertos en determinados juzgados, que no condicen con las labores exigibles.
«¿Nos vamos a animar a tener un Poder Judicial distinto? Entonces hay que dejar de designar gente que se dedique a cosas distintas de cuestiones jurisdiccionales, es decir, de lo que tiene que ver con litigar, analizar los casos jurídicamente y dictar los fallos», indica un legislador que tiene peso en el Congreso provincial.
Bordas es, en los términos formales de la ciencia política, el tipo ideal culminante del burócrata judicial. Aunque, como complemento virtuoso de ese concepto, también dentro de su campo lo describen como lo más parecido al CEO de una multinacional. En las antípodas del estereotipo del judicial que deja de existir a las 13 horas, es un full time que no almuerza y toma té, muy ejecutivo para resolver, que viaja por toda la provincia de modo continuo, disponible para el trabajo a cada minuto incluso los fines de semana. «Tiene una radiografía mental del estado de los tribunales desde Vera a Rufino», indican a LPO fuentes tribunalicias.
Bordas es un funcionario con un poder enorme sobre la gente, temido especialmente en Santa Fe, que dispone los gastos de una manera casi personalizada. Si alguien se toma el trabajo de revisar las actas de las reuniones de acuerdos de la Corte Suprema advertirá que en ellas nunca se dejan constancias de dinero.
Es la persona a la que los mismos ministros de la Corte provincial nombran cuando algo tiene que ver con presupuesto, compras u orientación de recursos. Es desde 1991 el secretario de Gobierno de la Corte lo que es una función que justamente está en la mira para el futuro. En 1999 hubo una acordada del máximo tribunal, la 41, que puso en manos de Bordas el control administrativo de la Justicia. Desde entonces su carrera se disparó con una autonomía que ahora la política quiere discutir para reformular. «Es un hombre que resuelve problemas institucionales pero también problemas personales de ministros de la Corte», dice un funcionario del gobernador Maximiliano Pullaro.
Un funcionario con un poder enorme sobre la gente, temido especialmente en Santa Fe, que dispone los gastos de una manera casi personalizada. Si alguien se toma el trabajo de revisar las actas de las reuniones de acuerdos semanales de la Corte Suprema advertirá que en ellas nunca se dejan constancias de dinero. Eso es apenas una vez al año en el Informe Anual del máximo tribunal provincial que Bordas confecciona y dispone a la firma de los ministros que, cuentan, rubrican con los números ya ejecutados.
«Hoy el gerenciamiento del Poder Judicial depende de él. El problema es que si no está él se generan problemas y eso es su poder. Y es un vaciamiento de poder institucional que hay que subsanar con urgencia», apuntan fuentes del Ejecutivo.
Aquella acordada 41 definía que a la Secretaría de Gobierno de la Corte le corresponde ejecutar las decisiones de la Corte Suprema, proponer estrategias para la distribución racional del uso de los recursos del Poder Judicial y organizar la administración financiera, contable, presupuestaria y patrimonial del Poder Judicial. Para los críticos, que son legión, el problema es que estas facultades no las concentró una dependencia, sino una sola persona, con mínimo o nulo control de la Corte. No le critican la capacidad de trabajo, sino que durante los últimos 25 años un funcionario con potestades administrativas acumuló un poder inmenso y detentó decisiones que se consideran voluntarias.
La informatización del Poder Judicial, el SISFE, que se concibió para digitalizar un sistema basado en documentos en papel, fue impulsado por Bordas. Su implementación y su utilización producen hasta hoy objeciones de usuarios, litigantes y operadores dentro de la Justicia. Y tuvo un especial contratiempo en pandemia que terminó conque la empresa que tenía concesionado el sistema organizara una mesa de entrada digital a los cuatro meses de generarse el problema.
Hubo gestiones recientes para obtener el sistema de gestión electrónica de expedientes judiciales de Tucumán que incluso permite ver audiencias en vivo, seguir los casos en tiempo real y producir formas de control. Esto que era posible obtener de manera gratuita está bloqueado ahora por una determinación que le atribuyen a Bordas. Quien en su momento gestionó con Ingra, empresa informática española, prestaciones de este tipo.
La informatización del Poder Judicial, el SISFE fue impulsada por Bordas. El sistema enfrenta hasta hoy objeciones. Hubo gestiones para obtener el sistema de Tucumán que incluso permite ver audiencias en vivo y que era posible obtener de manera gratuita. Pero está bloqueado por una determinación que le atribuyen a Bordas, quien en su momento gestionó con Ingra, empresa informática española, prestaciones de este tipo.
Anécdota que ex funcionarios cuentan entre sonrisas venenosas. A fines de 2009, durante el gobierno de Hermes Binner, hubo que renegociar con una empresa constructora las pautas del edificio de Justicia en Santa Fe. ¿Qué pasó? Había cambiado legalmente el modelo de juicio de delitos que pasaría a ser en base a audiencias orales, por lo que se necesitaban salas, lo que volvía obsoleto el proyecto ganador, sustentado en oficinas de juzgados. Se discutía si se caía la licitación o si el estudio de arquitectura readecuaba el proceso. Binner quería readecuarlo porque tenía muchos profesionales de Obras Públicas que, según él, le abarataban a la provincia los trabajos de rediseño.
«No obstante el estudio pidió una millonada para reajustar el proyecto en una reunión», le cuenta a LPO un antiguo funcionario del Ejecutivo que estuvo en el encuentro. Había gente de Fiscalía de Estado, de Obras Públicas, de la Corte y del estudio de arquitectos del proyecto ganador. «En un intervalo el de Obras Públicas me dice: «Qué negociación brava, el abogado que se trajeron los del Estudio de Arquitectos es tremendo, cómo los defiende, da gusto tener un profesional así». Le dije: «No es el abogado del estudio, es el secretario de Gobierno de la Corte»».
Si hay reforma habrá debate sobre el actual artículo 92 de la Constitución de Santa Fe que pone en manos de la Corte Suprema la administración del presupuesto del Poder Judicial. Lo que buscarán es evitar una concentración de poder que, alegan, hoy tiene una sola persona. Quieren terminar con las atribuciones de Gobierno de la Corte.
«No está mal tener alguien que ayude a gerenciar», indica un legislador del socialismo y coincide con un observador de los Tribunales. «El asunto es quién define las políticas de gerenciamiento y quiénes las controlan. Hoy la Corte Suprema le delega a un funcionario técnico esa función. Y este maneja los números, decide con influencia decisiva en qué se gasta, como y con qué beneficiarios». Es Bordas quien confecciona los informes de la Secretaría de Gobierno y el Anual de la Corte Suprema con la evolución de los recursos disponibles, las recaudaciones propias, los saldos no invertidos, los gastos de funcionamiento, construcciones y adquisiciones de bienes de uso. La crítica es que es con rala o nula supervisión de los ministros del superior tribunal santafesino.
En 1994 la reforma nacional le asignó las facultades de gobierno al Consejo de la Magistratura de la Nación. La Corte encontró no obstante la forma de mantener el manejo de los recursos asumiendo el control del propio Consejo.
El procesalista Alberto Binder, uno de los asesores permanentes para la reforma del sistema penal en Santa Fe, dice a viva voz que las funciones de la Secretaría de Gobierno de Santa Fe debe dejar de existir. «La Corte no tiene por qué manejar personal, ni plata, ni recursos. Porque eso le sirve para domesticar al poder policial, judicial, al Estado todo. Y con eso lo que hace es pactar con el poder político», dijo recientemente.
«En Santa Fe ese intercambio de favores lo vemos todo el tiempo. Fallos, contratos, privilegios son la forma que adopta ese intercambio. Esa es la gran enfermedad que tenemos», remarca Binder. «La Corte Suprema tiene un manejo comisarial sobre el resto del Poder Judicial para entrar a ese gran juego de favores que es la política. Que la Corte dicte fallos, que no tenga ningún poder sobre los jueces ni sobre la política. Creo que ahí tiene que apuntar Pullaro si desea ver un cambio auténtico».
Tras salir a defender al jefe de la Policía Federal por todos los medios, Patricia Bullrich ahora se dio vuelta y analiza echarlo por el escándalo del video falso sobre el ataque con gas lacrimógeno a una nena de 10 años.
La ministra de Seguridad citó al jefe de la PFA, Luis Alejandro Rollé, para que dé explicaciones sobre el bochornoso episodio de la difusión de una fake news para tratar de instalar que a la nena la habían atacado los propios manifestantes.
Pero la aparición de un video mucho más nítido deja en claro que un policía de la Federal roció con gas en la cara a la nena y su mamá, que estaban abrazadas sobre la calle sin moverse. El efectivo las siguió atacando, a pesar de que le gritaban que había una niña.
La aparición de ese video generó un escándalo y la ministra se peleó a los gritos con Eduardo Feinmann, que reveló en su programa de La Nación + que el video falso había sido difundido por el Ministerio de Seguridad y la Policía Federal. El periodista le pidió a Milei que eche a Patricia y a su vice Alejandra Monteoliva, quien salió a agitar la teoría falsa.
Durante esa pelea Patricia defendió fuerte al jefe de la Policía Federal, lo mismo que hizo un rato más tarde en TN donde directamente desacreditó lo que muestra el nuevo video. Para su fortuna en esa entrevista no la confrontaron como hizo Feinmann y pudo imponer su versión.
Pero todo cambia muy rápido y después de defenderlo a capa y espada por los medios Patricia citó al jefe de la Federal e hizo trascender que tiene las horas contadas. La salida de Rollé se confirmaría en las próximas horas o días, y desde Seguridad trasciende que Bullrich ya habría definido que su reemplazante sea Alejandro Ñamandú, ex Superintendente de Investigaciones de la fuerza.
Patricia este viernes volvió a hablar con Feinmann y ya no defendió a Rollé. «Si el video lo mandó efectivamente la Policía haciendo una teoría, no se puede hacer una teoría: las cosas en Seguridad son objetivas, son o no son», advirtió en radio Mitre. «Vamos a analizar esto que sucedió, si efectivamente fue así, y después comunicaremos qué es lo que vamos a hacer», adelantó.
En cambio, Bullrich defendió a la viceministra Alejandra Monteoliva, que también dio por segura la teoría falsa. Lo mismo por lo que Patricia culpa a Rollé. «La vice es una gran profesional y la defiendo con toda el alma. Quizás no es experta en medios», justificó.
El senador peronista José Mayans cuestionó a Javier Milei por haberle hecho el gesto de la paja a los empresarios que le reclamaron que levante el cepo y bromeó con que podría tratarse de una materia de la escuela austríaca que admira el presidente.
Durante la discusión sobre los fondos reservados de la Side, el formoseño recordó el episodio de la semana pasada en la convención del IAEF en Mendoza, donde Milei le hizo un gesto onanista a los hombres de negocios.
«Hay un sector industrial que le hizo un reclamo por el tema de la recesión y el presidente les hizo un gesto de masturbación a los empresarios», recordó Mayans.
«No sé si es una tesis de la escuela austríaca eso del goce, de la masturbación a los empresarios que le hizo el presidente en plena conferencia. Que puede ser que yo no conozca el tema de la escuela austríaca, que pueda ser una parte de la materia que haga», ironizó el jefe del bloque peronista.
«Es verdaderamente vergonzoso que un jefe de Estado les diga a los empresarios que vayan a hacerse la… la masturbación», cuestionó Mayans.
«Claro, si no gozan con el crecimiento de la industria, a lo mejor gozan por esa parte. Capaz que por eso lo aplaudieron todos. Es una vergüenza realmente», completó el formoseño.
