Kamala Harris y Donald Trump tendrán su primer mano de cara a las elecciones generales de noviembre. La vicepresidenta encabeza por poco margen en todas las encuestas en un crecimiento que se sostiene.
Según las encuestas del agregador de RealClearPolitics (RCP), la vicepresidenta tiene un 48,4% de intención de voto frente al 46,9% del republicano. Cuando Biden renunció a la candidatura estaba 3,1 puntos por detrás de Trump que estaba inmerso en sus causas judiciales, alguna de ellas muy graves.
El lugar donde se realizará el debate también es clave porque Pensilvania es uno de los estados que pueden determinar el resultado final de la elección junto con Arizona, Michigan, Carolina del Norte, Georgia, Nevada y Wisconsin.
En ese marco, Trump buscará marcar la diferencia y recuperar el favoritismo con ostentaba antes del abandono de Joe Biden de la carrera.
Se sabe que el magnate republicano tiene una enorme capacidad para este tipo de duelo y sabe manejar los climas y llevar a su contrincante a la pelea. El interrogante por estas hora es si Harris puede responder de la misma forma sobre todo con temas como la migración ilegal o algunas ejes espinosos para la candidata Demócrata como el conflicto en Gaza o la guerra en Ucrania.
La vicepresidenta tiene experiencias en debates picantes con cuando fue candidata a fiscal general de California en 2010, cuando renovó su escaño en el Senado en 2016 y en el mano a mano con Mike Pence en el debate de vicepresidentes en 2020.
Con este cuadro, se espera que el encuentro de hoy sea intenso y de ida y vuelta porque en el comando Demócrata aseguran que la mejor forma de enfrenar a Trump es redoblar la confrontación, algo que expuso la debilidad de Biden en el debate anterior.
El gobierno da otro paso para el cerrojo a la información pública. Ahora decretó el secreto militar para la «contratación y construcción de las Obras de Infraestructura y la importación del material relacionado con la incorporación del sistema de armas».
Las condiciones de confidencialidad alcanzarán a las obras e insumos importados destinados a la modernización del centro de instrucción en donde operarán las aeronaves.
La decisión fue publicada en el Boletín Oficial y autoriza al Ministerio de Defensa por medio de la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares que «instrumente los actos conducentes para efectividad la medida».
El decreto añade que esos gastos «resultan imprescindibles para la adecuación de las instalaciones tales como pista, calle de rodaje, plataforma, hangares, depósitos de material sensible y centro de instrucción y la importación de material sensible, tales como partes integrantes de las aeronaves como motores, repuestos, armamento real y de entrenamiento».
Pero el texto revela un dato más importante. El secreto militar que establece el decreto para los gastos de infraestructura está relacionado a la VI Brigada Aérea Tandil y en el Área Material Río Cuarto, los dos hangares que tienen que ser puesto en valor para alojar a los aviones 24 F-16s que Argentina le compró a Dinamarca.
Justamente el costo adicional para el arreglo de los hangares nunca fue detallado dado que era adicional a la compra de 40 millones de dólares, cuya primera cuota será garantizada por Estados Unidos. En un momento, Defensa detalló que el costo total sería de 600 millones en 12 cuotas pero terminó de quedar claro.
La gestión de Jorge Taiana había avanzado con la pista antes de terminar el mandato pero quedó pendiente la modernización de los hangares para guardar los aviones.
Justamente el costo adicional para el arreglo de los hangares nunca fue detallado dado que era adicional a la compra de 40 millones de dólares, cuya primera cuota será garantizada por Estados Unidos. En un momento, Defensa detalló que el costo total sería de 600 millones en 12 cuotas pero terminó de quedar claro.
Desde el Ejército tomaron con molestia esta inversión porque afirman que «no hay plata para pagar la segunda cuota de jerarquización salarial a los militares, pero sí para comprar aviones con 40 años de uso, sin sistema de armas y sin financiamiento».
En abril, esta compra fue presentada por el gobierno de Milei como la compra más importante en los últimos 50 años, que garantiza la defensa del espacio aéreo y es una protección «efectiva frente a cualquier tipo de agresión a los 48 millones de argentinos».
La operación, según el ministro Petri, incluyó además de los aviones, 8 motores de respaldo, repuestos por 5 años, 4 simuladores, capacitación a mecánicos y pilotos y misiles de entrenamiento.
Otro de los factores cuestionados es que estos aviones no son disuasorios para los británicos que ocupan las Islas Malvinas. Los críticos del acuerdo remarcan que no tiene armas de largo alcance por el bloqueo del Reino Unido a la Argentina. Esto es así, para equiparlos se necesita firmar otro contrato con Estados Unidos.
El gobierno de Javier Milei quiere echar al sindicalista Pablo Biró del directorio de Aerolíneas Argentinas y apuesta a una guerra total con los gremios del sector.
Biró, titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA),
integra el directorio de la compañía como representante de los trabajadores, que tienen un asiento en la conducción de Aerolíneas como parte del Programa de Propiedad Privada (PPP) creado durante las privatizaciones del menemismo.
Después de las asambleas de las últimas semanas -que el gobierno y la empresa consideran paros encubiertos-, el secretario de Transporte, Franco Mogetta, anunció que le pidió a Aerolíneas que lo remueva del directorio «porque le ha causado grandísimos daños y pérdidas a la compañía».
«Luego de su expulsión vamos a avanzar con acciones de daños y perjuicios basadas en la responsabilidad que le establece la Ley de Sociedades Comerciales», afirmó Mogetta en radio Mitre.
Poco antes Aerolíneas emitió un comunicado en que confirmó que convocará a una asamblea para echar a Biró. «Actuó en forma desleal en contra de la propia empresa y es responsable ilimitada y solidariamente por los daños y perjuicios que resultaren de su acción u omisión, de acuerdo al artículo 59 de la Ley General de Sociedades», sostiene la nota.
Aerolíneas también informó que denunciará penalmente a Biró y al titular de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, Juan Pablo Brey. El argumento es que las «asambleas» ya le provocaron pérdidas por más de 2 millones de dólares a la compañía.
En paralelo a la jugada corporativa y a la denuncia penal, fuentes del sector explicaron a LPO que la Casa Rosada apuesta a la división de los gremios aeronáuticos para dejar aislado a Biró, que por estas horas se llamó a silencio. La jugada es cerrar los acuerdos paritarios de cada sector y tentarlos con el asiento que dejará libre Biró.
El líder de los pilotos mantiene alineados a los gremios de Aeronavegantes, que conduce Brey, y a la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), que lidera Edgardo Llano, y a la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA), de Rubén Fernández.
Estos cuatro gremios emitieron este lunes un duro comunicado en contra del anuncio del Gobierno de que avanzará reglamentación del carácter esencial de los servicios aeronáuticos para que tengan menos margen de acción para las medidas de fuerza.
El GOBIERNO VUELA A LA ILEGALIDAD. El intento de declarar el transporte aéreo como esencial, por parte del Gobierno Nacional, contradice diversas normas. %uD83D%uDC47 pic.twitter.com/0PzPR8aZs4
Javier Milei echó al interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Thierry Decoud, por un supuesto pedido de coimas para cerrar un negocio con una empresa israelí.
El caso fue revelado este lunes por el diario Clarín, que sostuvo que la empresa TEGI Limited le propuso a YCRT la compra de 30.000 toneladas de carbón de baja calidad por cerca de US$ 2,1 millones de dólares, pero la operación se frenó por un supuesto pedido de coimas de parte de un intermediario, que sería amigo de Decoud.
El intermediario es Andrés Gross quien junto a Alejandro Salemme habrían pedido una comisión a los empresarios para concretar el negocio, según se desprende de diálogos que quedaron grabados.
Decoud es un ex funcionario del PRO en los gobiernos de la Ciudad, Nación y la provincia de Buenos Aires. Su designación en YCRT habría sido por un acuerdo de la Casa Rosada con el legislador bonaerense del PRO Alex Campbell y el gobernador santacruceño Claudio Vidal.
El mandatario de Santa Cruz salió ayer a despegarse de Decoud y pidió a la justicia que investigue el supuesto pedido de coimas.
YCRT es una de las empresas que el gobierno quiere privatizar y seguramente use este caso para avanzar. «Probablemente hoy por la tarde o mañana haya alguna novedad sobre cómo sigue adelante la administración de los yacimientos», adelantó el vocero presidencial.
El despido de Decoud fue anunciado por el portavoz Manuel Adorni, que sostuvo que «donde el Presidente detecta que no hay una transparencia absoluta en la gestión, siempre va a hacer a un lado al responsable. No porque sea efectivamente responsable, sino porque el Presidente quiere que todo se lleve adelante con total transparencia».
Curiosas palabras de Adorni teniendo en cuenta el grosero silencio del gobierno de Milei respecto al escándalo del pedido de coimas a los empresarios pesqueros que reveló LPO la semana pasada.
Este medio dio a conocer que supuestos representantes del gobierno pidieron a empresarios una coima de 15 millones de dólares para renovar la cuota de pesca de la merluza hubbsi, pero el caso estalló cuando una firma informó el caso a la Embajada de Estados Unidos.
El tema fue silenciado por el gobierno y la enorme mayoría de la oposición, lo que genera muchas suspicacias. El único funcionario importante que se refirió al tema fue Federico Sturzenegger, que justamente estaba buscando un cambio en el régimen de pesca pero fue corrido por otro sector del gobierno.
Un grupo de intendentes del sur del conurbano se reunieron este lunes en Almirante Brown para analizar la decisión del gobierno nacional de prohibir que los municipios cobren tasas en las facturas de servicios públicos.
El planteo de Luis Caputo días atrás encendió las alarmas en los distritos y un grupo de alcaldes improvisó una cumbre para conversar el tema. En las próximas horas se reunirán los intendentes del norte del conurbano.
En Brown estuvieron el local, Mariano Cascallares, Federico Otermin (Lomas de Zamora), Julián Álvarez (Lanús), Marisa Fassi (Cañuelas), Nicolas Mantegazza (San Vicente), Daniel Cappelletti (Brandsen), Gastón Granados (Ezeiza) y Andrés Watson (Florencio Varela).
El gobierno nacional prepara una resolución que busca desalentar la inclusión por parte de los alcaldes de tasas municipales dentro de las facturas como la electricidad o el gas. Es un mecanismo que los intendentes -y también gobernadores- utilizan para asegurarse el pago por parte de los usuarios.
Ese mecanismo de los intendentes busca sortear la morosidad en el cobro de tasas. Los ejemplos son varios: en la boleta de luz del Partido de la Costa se incluye una contribución a los bomberos.
Desde Economía dejaron trascender que la resolución podría ser publicada esta semana y no se descarta que finalmente se impulse un proyecto de ley que pueda obligar a los intendentes a dejar de lado esta práctica.
Federico Otermin.
«Lo hacen no solamente con fines recaudatorios, sino también políticos: obstaculizan el programa económico que lleva adelante este Gobierno», dijo Caputo en redes sociales. «Lo peor: cobardemente las municipalidades esconden sus aumentos en facturas de otros bienes o servicios», agregó.
El cobro de las tasas municipales afecta a varias actividades pero en las últimas semanas fueron los supermercados quienes salieron a denunciar un abuso por parte de los alcaldes.
Desde la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) exigieron a los intendentes que en el último tiempo aumentaron las tasas municipales que retrotraigan esta medida porque impacta de lleno en el precio de un producto de primera necesidad.
Por caso, en Lanús esa tasa pasó del 2,36% de la facturación al 6%. En tanto, Quilmes percibe el 3,74%; Hurlingham el 3,50% y Moreno el 2,60%. Con porcentajes más bajos están Florencio Varela, percibe el 0,90%; Tres de Febrero el 0,88% y Berazategui, el 0,54%.
En el conurbano, quien lleva una política opuesta a los intendentes peronistas es Diego Valenzuela (Tres de Febrero) quien viene trabajando en la eliminación de tasas en su territorio.
Bien Marcelo %uD83D%uDC4F%uD83D%uDC4FPobrecita la gente que vive en Lanús… https://t.co/d76VtBntqS
En el interior de la provincia también asoman intendentes del PRO que trabajan en esa dirección. Por caso, Marcelo Matzkin (Zárate) anunció que eximirá por cinco años pago del impuesto del ABL a todas aquellas personas que decidan invertir en un lote sobre barrios de urbanización habilitados por el municipio. El propio Caputo celebró la medida de Matzkin en la red X. Luego lo hizo el propio Milei.
Concretamente, todas aquellas personas que decidan comprar lotes en nuevas urbanizaciones que cuenten con la habilitación del Estado municipal estarán durante cinco años exentas del pago del impuesto del Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) para poder desarrollar el lugar con mejores servicios.
El gobierno de Axel Kicillof hará en las próximas semanas el llamado a licitación de las máquinas tragamonedas de siete salas de juego, en las que exigirá mejoras en las instalaciones de los casinos.
Se trata de licitaciones que estaban pendientes y que involucran a los casinos Hermitage y Sasso (en Mar del Plata), Miramar, Necochea, Mar de Ajó, Tandil y Sierra de la Ventana, concesiones que venían siendo prorrogadas anualmente.
En Necochea, la licitación dará previsibilidad de continuidad a una sala que estuvo tres años sin funcionar tras el anuncio de cierre que había hecho la gestión de María Eugenia Vidal. En los últimos tiempos se reactivó pero solo funcionaba con paño.
Ahora, el llamado a licitación para las tragamonedas en ese casino reactivó la intención del municipio de vender el icónico edificio ubicado frente al mar, que fue inaugurado en 1973 y que, hoy, presenta un fuerte deterioro.
Se trata de un proceso que corre aparte del llamado a licitación provincial. El pliego para la venta del casino ya fue aprobado por el Concejo Deliberante local hace dos años, cuando estuvo a punto de concretarse la compra por parte de Casino Victoria, de Daniel Mautone.
Cerca del municipio administrado por el vecinalista Arturo Rojas señalaron a LPO que, en aquel momento, la venta se cayó porque la empresa habría condicionado uno de los pagos, algo que el pliego no contemplaba. Pero, ahora, aseguran que sigue en pie el interés de Mautone.
Para la comuna, resulta cada vez más complicado el mantenimiento del complejo de cuatro manzanas, donde, además de la sala de juegos, hay algunas oficinas cedidas a la Policía Bonaerense. «Hay varios sectores que están en desuso pero siguen generando gastos», dicen.
En cuando al llamado a licitación que prepara la Provincia para los slots de siete casinos, la confirmación la hizo el viernes pasado a los gremios del sector el titular de Lotería y Casinos, Gonzalo Atanasof.
Según pudo saber LPO, no se esperan demasiados cambios en los manejos de los casinos. Por el momento, voces del sector solo se ven una competencia fuerte por el casino de Tandil
Además de la operación de las máquinas tragamonedas, el pliego implica una serie de refacciones a los edificios y mejoras en las condiciones laborales de los empleados.
Son licitaciones que estaban pendientes por diversos motivos. En el caso de los casinos Hermitage, Miramar y Tandil, los tres fueron licitados durante la gestión Vidal en un mismo bloque que finalmente se declaró desierto y no se volvió a licitar.
En el caso de Mar de Ajó y Necochea, ambas salas no fueron parte del proceso de licitaciones a 20 años que hizo Vidal porque la entonces gobernadora había anunciado que las cerraba.
En cuanto a Sierra de la Ventana, tiene vencido el contratos hace dos años, mientras que el Sasso vence este año.
Según pudo saber LPO, no se esperan demasiados cambios en los manejos de los casinos. Por el momento, voces del sector solo se ven una competencia fuerte por el casino de Tandil, donde actualmente opera Boldt.
La licitación firmada por Karina Milei para la provisión diaria de medialunas y panes para los funcionarios de la Casa Rosada por una cifra superior a 16 millones de pesos generó la bronca de los trolls libertarios con Clarín.
Los detalles de la compra fueron revelados por Noticias Argentinas y luego publicados por Clarín. La operación fue autorizada el 22 de agosto por el Administrador de Servicios Generales, Pablo Benvenuto, en una licitación firmada por la secretaria General de la Presidencia por un total de 16.677.288 pesos, lo que equivale a 13.235 dólares.
Apenas asumido el nuevo gobierno, Iñaki Gutiérrez había celebrado como uno de los primeros hitos de la gestión de Javier Milei la baja del contrato al proveedor de medialunas. «Una vez más este gobierno corta con un privilegio y un curro de los políticos», dijo Gutiérrez, el entonces responsable de las redes sociales y la comunicación digital del gobierno.
Lo curioso es que la adjudicación firmada por Karina la obtuvo la empresa Desarrollo Estratégico Comercial S.A., la misma que prestaba el servicio durante la administración de Alberto Fernández.
La licitación incluye 5.400 medialunas de manteca y 4.320 de grasa para la Rosada. Pero además, se suman unas 144 medialunas de manteca y 144 de grasa para Olivos. Además, se suman panes árabes, panes de hamburguesas y franceses.
Iñaki Gutiérrez.
La nota de Clarín activó a los trolls libertarios. La cuenta Traductor salió a publicar la pauta publicitaria del último año de gestión de Alberto Fernández en el Grupo Clarín. El Gordo Dan enseguida reposteó esa publicación.
Pero además, el Gordo Dan respondió al artículo de Clarín con una placa que detalla los montos más importantes que el gobierno de Kicillof destina en pauta publicitaria. «Cuánto gasta el gobierno de Kicillof en pauta para Clarín», dice el texto que acompaña la placa.
Patricia Bullrich trabaja desesperadamente para que el radical Mariano Campero junte un puñado de diputados de su bloque para votar contra la insistencia de la oposición en la Cámara de Diputados con el proyecto de movilidad previsional, luego del veto presidencial.
La ministra de Seguridad alcanzó el punto más alto de su maniobra el jueves pasado cuando el tucumano Campero, quien compartió lista con la funcionaria en las elecciones de 2023, le anunció que podía garantizar el apoyo de cinco de sus colegas. En la conversación con Bullrich, el legislador contaba al catamarqueño Francisco Monti, al cordobés Luis Picat, al correntino Federico Tournier y al misionero Martín Arjol.
Sin embargo, Rodrigo De Loredo intentó abortar la jugada con estrategias de contención cuyo resultado se desconocía al cierre de esta nota. Sobre todo, porque dos legisladores que responden a Facundo Manes habrían insinuado que se plegarían a la voluntad de la Casa Rosada, al tiempo que el entrerriano Pedro Galimberti comunicó que renunciaría a su banca para asumir un puesto en la represa de Salto Grande, a propuesta del gobernador Rogelio Frigerio.
Esa banca sería ocupada por Nancy Ballejos, una legisladora que integraba la lista de Juntos por el Cambio en representación del PRO. Ese desplazamiento diseñado por el mandatario de Entre Ríos es un favor enorme para Balcarce 50: despeja un voto radical y suma un voto macrista.
En tanto, la lista de los cinco diputados que persigue Bullrich es fundamental para el gobierno, porque sería justo la cantidad de voluntades que necesita para sumar al piso de 82 legisladores dispuestos a rechazar el intento del peronismo, la izquierda, el pichettismo y un sector de la UCR que pretenden recomponer los haberes de los jubilados. Con 87 diputados sobre 257, el oficialismo tendrá garantizado el tercio que impida el objetivo de sus adversarios.
Patricia Bullrich
En medio de la tensión, la ministra hasta le habría reclamado a Campero que acercara más diputados a la postura de los libertarios pero el tucumano le habría contestado: «prefiero caer con menos pero que sean leales, llevo cinco pero son todos espartanos».
La ministra estaba obsesionada con ofrecerle resultados políticos al Presidente, después que sobre su figura recayeran reclamos porque, tal como reveló LPO, no se llevó ningún legislador del macrismo en medio de la tensión con Mauricio Macri. A pesar de que se dice que Fernando Iglesias, Sabrina Ajmechet y Laura Rodríguez Machado, entre otros, responden a Bullrich, ninguno abandonó la bancada que conduce Cristian Ritondo.
El balance de Bullrich ante la Casa Rosada, en principio, arroja un empate que vale oro: no le arrancó legisladores al PRO, que de todas maneras votarán con el gobierno ante la insistencia sobre las jubilaciones, pero estaría consiguiendo ciudadanía libertaria para cinco radicales que no se irán de la UCR pero mostrarían que juegan a fondo con Javier Milei.
Por esa razón, los gobernadores Alfredo Cornejo y Gustavo Valdés habrían intentado pagar por anticipado a Balcarce 50 con la promesa de la ausencia de los legisladores que les responden. La inasistencia reduce el total de diputados presentes para calcular los dos tercios que exige una insistencia contra el veto y, de esa manera, los libertarios pueden alcanzar el bloqueo con menos legisladores de su lado.
El reflejo de los mandatarios radicales tornaría accesorio el compromiso circunstancial de Campero y sus colegas. Y hasta podría celebrarlo De Loredo, quien comprende el movimiento táctico del tucumano pero aduce que no es el momento de actuar de esa manera ni es un acierto cambiar de vereda cuando se vota un expediente del radicalismo.
Un legislador radical admitía este lunes que la insistencia opositora contra el veto parecía un partido perdido y, para colmo, Milei podía festejar que el radicalismo perdía una banca aunque en ese mismo movimiento el PRO se convertía en segunda minoría de la Cámara Baja, con 38 diputados.
«Nuestro problema es el fútbol y está claro que a Talleres lo vienen cagando hace rato. No nos interesa la política, ese es otro partido que nosotros no jugamos». Así definen en el entorno de Andrés Fassi, el presidente de Talleres, las razones de la embestida del dirigente del fútbol cordobés en contra de Claudio ‘Chiqui’ Tapia, el presidente de AFA.
No obstante, también es cierto que no son pocos los que en Córdoba analizan la cruzada desde otro lugar y no creen en el empresario cuando dice «‘Chiqui, no tengas miedo, no me interesa ser presidente de AFA».
En una de las varias frases que Fassi le dedicó al hombre fuerte del fútbol argentino en la conferencia de prensa de este mediodía cuando dio pormenores del tenso cruce con Andrés Merlos, el árbitro del escándalo en la noche del sábado tras la eliminación a manos de Boca por Copa Argentina.
Fassi hoy se acomodó como el líder de la oposición a Tapia y lo hizo en una conferencia de prensa que fue transmitida por canales nacionales, replicada en distintos medios y que, además, convirtió en tendencia al presidente de Talleres en redes sociales después del mediodía.
«Apuntó a la sien porque tiene banca, hay un respaldo claro en el contexto nacional para pararse y apuntar así», reconoció en tanto un dirigente de la política en Córdoba que siguió la discusión desde el sábado y que vio, además, como algunos en la política sumaron adhesiones al reclamo de Fassi. Uno de ellos fue el jefe del bloque de la UCR en Diputados, Rodrigo de Loredo, hincha de Talleres, pero con un amigo en común con Fassi: el expresidente Mauricio Macri.
«Hay dos elementos que son absolutamente objetivos. Uno: Talleres de Córdoba viene siendo sistemáticamente perjudicado por las decisiones del arbitraje organizado por la Asociación del Fútbol Argentino. Dos: Andrés Fassi es, como presidente de un club de esta envergadura, el principal representante deportivo defensor de la SAD en el país, frente a las autoridades de la AFA y una gran cantidad de otros dirigentes que la combaten. Mi solidaridad para con Andrés y con el cuerpo directivo que fue violentamente atacado ayer en Mendoza», publicó De Loredo.
«Para esa demostración en redes de un tipo que está vinculado, pero no asociado a Talleres como puede ser (Luis) Juez, está claro que hubo una orden de Macri para salir a cerrar filas», confió un conocedor del mundo del fútbol en Córdoba.
En el club insisten con despegarse de la política, aunque es cierto que miden y hacen relevamiento de manera bastante asidua con encuestas de imagen en torno a la figura del presidente de Talleres. Y no desconocen que es uno de los apuntados para impulsar del modelo SAD en los clubes. De hecho, hoy Fassi sostuvo que con este gobierno se vive «un momento de cambio».
Además, hay un operador en común entre Fassi y Federico Sturzenegger, el ministro de Javier Milei que impulsa las sociedades anónimas deportivas. Se trata del empresario Guillermo Tofoni, quien, entre otras cosas, fue la persona que acercó como sponsor al BBVA cuando Talleres estaba en el ascenso y fue el único patrocinio de la banca de origen español dentro del fútbol argentino por fuera de las camisetas de River y Boca.
Me da mucha tristeza, con el amor que le tengo al fútbol argentino y a Boca, que Fassi tenga tanta razón
Viejo conocido, además, de otro dirigente del fútbol que respalda la inserción de los privados como el presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón. Tofoni organizó partidos amistosos de figuras del fútbol mundial y el titular de Estudiantes era una de las estrellas convocadas.
Hoy Fassi dijo que recibió el respaldo de otro presidente de un club de Primera, al que prefirió no nombrar, aunque todos creen que hablaba de ‘la Bruja’.
No así con los clubes de Córdoba, donde el presidente de Instituto, Juan Manuel Cavagliatto es el hombre de Tapia en la provincia; y Luis Fabián Artime, el titular de Belgrano, aseguró su reelección cuando se acercó a ‘Chiqui’. Tampoco de la política, por fuera de De Loredo y algunos radicales, hubo un respaldo a Fassi.
No hubo manifestaciones públicas, por ejemplo, del gobernador Martín Llaryora quien se encuentra de gira por los Estados Unidos junto a una comitiva de empresarios entre los que se encuentra Rodrigo Escribano, vicepresidente de Talleres y hombre del Grupo Roggio. Inteligente, Llaryora sabe que una tensión con Tapia puede alejar a la selección de partidos en Córdoba y, como muchos de los políticos, ven en Fassi un rival.
En la entidad, por su parte, están convencidos de la maniobra de Fassi que, según algunos detractores del presidente albiazul, es una manera de construir relato y despegarse de la agenda real con los hinchas dentro de un mercado de pases muy austero, y con sendas eliminaciones en Copa Argentina y Copa Libertadores.
No obstante, en el entorno del presidente de Talleres hablan de un necesario cambio cultural en el fútbol argentino, le ponen épica con la batalla de un solo presidente con 27 en silencio y apuestan a una reestructuración total. «Hay estadios de hace 50 años en los que no tienen agua los baños y se quieren colgar de Messi», dijo una persona que conoce a Fassi. Un tipo dispuesto a todo; incluso, a entrar de una vez por todas en la política.
Un abogado radical de Córdoba que es parte de la estructura técnica de Rodrigo de Loredo fue designado como subsecretario Legal de la Secretaría General de la Nación que comanda Karina Milei. El decreto que designa en ese cargo a Juan Galli tiene la firma de Guillermo Francos, y está fechado el 26 de agosto, aunque ejerce el rol desde el 22 de julio.
Galli es un abogado cordobés afiliado al radicalismo de Tancacha, un pueblo del interior de Córdoba cercano a Río Tercero, la ciudad que comanda Marcos Ferrer, el nuevo presidente de la UCR cordobesa. De hecho, el propio Ferrer lo designó procurador municipal para perseguir a los morosos impositivos del municipio.
El flamante funcionario de «el Jefe» es socio en el estudio jurídico de Juan Mocoroa, uno de los abogados que representa a De Loredo en los trámites del partido.
Actualmente, Mocoroa es el delegado de De Loredo en la Junta Electoral partidaria, organismo que tuvo una actuación polémica en la interna del radicalismo, al punto que el juez electoral no sólo que no convalidó lo actuado por la Junta sino que remitió a la Fiscalía los antecedentes, para que investigue.
Cerca de De Loredo niegan que la designación de Galli se enmarque en acuerdo político con La Libertad Avanza: «Es un cuadro técnico, experto en derecho administrativo, y seguramente fue recomendado por algún colega para ocupar un área en la que se requiere expertise; pero no es parte de ningún acuerdo con el Gobierno nacional», dice uno de sus socios de De Loredo.
«Lo mio no es la política, soy un técnico. La oportunidad de trabajar como subsecretario Legal de la Secretaría General llegó desde la academia, no desde la política. Siempre ocupé cargos técnicos y a eso me dedico», dijo el propio Galli al ser consultado.
Efectivamente, Galli es un experto en derecho administrativo. Sin embargo, sus cargos siempre estuvieron casi siempre vinculados a De Loredo y a su suegro, Oscar Aguad.
Con él, fue funcionario en el Ministerio de Comunicaciones y luego en el Ministerio de Defensa, donde ocupó la Dirección de Planeamiento Operativo para la Defensa.
Ahora, Galli coordina el servicio jurídico permanente de la Secretaría General tiene que custodiar la firma de Karina Milei, a quien reporta de manera directa.
