El Gobierno decidió relanzar la Ley de Inocencia Fiscal apenas seis meses después de su entrada en vigencia. Luis Caputo anunció este miércoles que enviará al Congreso un proyecto para modificar la norma con un objetivo concreto: convencer a los argentinos de sacar los dólares del colchón e incorporarlos al sistema financiero sin tener que explicar su origen ante el fisco ni exponerse a sanciones tributarias.
La Ley de Inocencia Fiscal había sido aprobada por el Congreso el 27 de diciembre de 2025 y comenzó a regir a principios de febrero. Sin embargo, el nivel de adhesión fue casi nulo. Ese resultado llevó al Ministerio de Economía a impulsar una versión corregida del régimen, con cambios destinados a ampliar el universo de contribuyentes alcanzados y reducir algunos de los obstáculos detectados durante sus primeros meses de funcionamiento.
Caputo insistió en que la filosofía de la iniciativa permanece intacta.»El espíritu de la ley no cambia absolutamente en nada. El objetivo sigue siendo permitirle a la gente que en el pasado se vio forzada a informalizar sus ahorros, porque estaba prohibido el acceso libre a la compra de dólares e incluso penado, que esos ahorros puedan ser formalizados en el sistema bancario sin ninguna penalidad», sostuvo durante una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda.
El ministro afirmó que los cambios apuntan a que «los ciudadanos se queden mucho más tranquilos» y remarcó que las garantías deberán mantenerse cualquiera sea la administración futura.
También reconoció que, pese a la vigencia de la ley, todavía existe una enorme cantidad de dólares fuera del sistema financiero. «Hay un récord de depósitos», admitió, aunque enseguida aclaró que el dinero guardado «debajo del colchón» supera en más de cuatro veces al que permanece depositado en los bancos.
Con ese diagnóstico, volvió a pedir que los ahorristas vuelquen esos fondos al circuito formal. Aseguró que mantener los dólares inmovilizados es una mala decisión porque «el dólar también pierde» cuando permanece guardado.
Como respaldo a su argumento, destacó que actualmente cualquier persona puede comprar divisas libremente, girar dividendos al exterior y que, aun así, «el Banco Central está comprando 100 millones de dólares todos los días».
Según dijo, una mayor bancarización permitiría ampliar el crédito, aumentar la inversión y generar empleo. «Eso es justicia social», afirmó, antes de cuestionar a la izquierda por haber hablado durante años de ese concepto mientras, según su visión, el país seguía con escaso crédito y poco trabajo.
Sobre el final de su exposición volvió a exhortar a los ahorristas a depositar sus dólares y aseguró que quienes no lo hacen «están muy mal asesorados».
El proyecto incorpora varias modificaciones. Elimina los límites de ingresos, hasta ahora fijados en $1.000 millones y de patrimonio en $10.000 millones, para adherir al régimen. Exige que el contribuyente haya sido residente fiscal durante todo el período correspondiente y habilita el ingreso de grandes contribuyentes, aunque sin otorgarles la presunción de exactitud ni otros beneficios especiales previstos para el resto de los adherentes.
Además, tal como reveló LPO en exclusiva, fija un plazo concreto para exteriorizar fondos. El régimen podrá utilizarse hasta el 31 de diciembre de 2027. Hasta esa fecha será posible declarar dinero no registrado sin afrontar consecuencias por el pasado y sin que esa exteriorización pueda utilizarse como prueba en contra del contribuyente. De esa manera, el esquema deja de tener carácter permanente. «Si meten esta presión es porque están muy urgidos», deslizó una fuente al tanto de las discusiones.
Sin embargo, el principal problema de la reforma permanece intacto. La modificación no logra resolver la tensión entre las ventajas tributarias que promete el régimen y las obligaciones que impone la legislación de prevención del lavado de activos.
En los hechos, un contribuyente puede quedar protegido frente al fisco, pero no frente a los controles que aplican bancos, escribanos y otros sujetos obligados.
Una entidad financiera seguirá pudiendo pedir documentación sobre el origen de los fondos, un escribano podrá exigir explicaciones adicionales y cualquier operación sospechosa continuará alcanzada por los mecanismos de reporte previstos en la normativa vigente.
Ese descalce genera una incertidumbre que tributaristas y asesores vienen señalando desde la sanción de la ley. Por un lado, el régimen tributario promete simplificar la relación entre el contribuyente y el Estado. Por el otro, la normativa antilavado mantiene intactas las exigencias de trazabilidad sobre el dinero.
El margen para resolver esa contradicción tampoco es amplio. Argentina atraviesa evaluaciones periódicas vinculadas a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo que limita la posibilidad de flexibilizar sustancialmente los controles sobre el lavado de activos.
Por eso, aunque el régimen tributario amplíe beneficios y garantías, difícilmente pueda eliminar las obligaciones que pesan sobre bancos, escribanos y el resto de los actores del sistema financiero.
La reforma corrige varios problemas detectados durante los primeros meses de vigencia de la ley, pero deja sin resolver la pregunta que más preocupa a contribuyentes y asesores: hasta dónde llegan realmente las protecciones prometidas y dónde vuelven a aparecer los controles por otras vías. Esa respuesta probablemente termine definiendo el éxito o el fracaso del proyecto.
A ese escenario se suma otro factor que el proyecto tampoco despeja: la situación de las provincias. El régimen nacional no obliga automáticamente a las jurisdicciones a adherir a los cambios, por lo que podría convivir un esquema de beneficios a nivel nacional con legislaciones provinciales que mantengan criterios distintos. Esa falta de coordinación abre otro foco de incertidumbre para los contribuyentes, que deberán evaluar no sólo las consecuencias frente al fisco nacional, sino también la posición que adopte cada provincia respecto del nuevo régimen
La conferencia de prensa realizada en el microcine del Ministerio de Economía dejó otro dato político. Caputo anunció los cambios, pero no respondió preguntas. En su lugar quedaron tres tributaristas del sector privado: Sonia Becherman, Ricardo Paolina y Liban Kusa.
Una de las pocas definiciones categóricas apareció cuando Becherman confirmó que los funcionarios públicos no quedan exceptuados, sino que pueden ingresar sin barreras a este régimen simplificado. «Para fiscalizar a los funcionarios existen otras normativas», explicó.
La aclaración adquiere relevancia porque, por el momento, los ministros nacionales todavía no presentaron ante la Oficina Anticorrupción sus declaraciones juradas correspondientes al ejercicio 2025.
