La Justicia de Chubut dictó una sentencia histórica al condenar a dos ex funcionarios kirchneristas y a un grupo de empresarios por malversación de fondos públicos destinados a obras que nunca se realizaron y que podrían haber evitado las graves inundaciones que azotaron a la localidad de Comodoro Rivadavia en 2017.
El tribunal sentenció a los exs ecretarios municipales Abel Boyero y Rubén Palomeque, quienes actuaron bajo la administración del ex candidato a gobernador Juan Pablo Luque, a 5 y 4 años de prisión efectiva, respectivamente. La causa, conocida como «Emergencia climática de Comodoro Rivadavia», involucró una defraudación al municipio de aproximadamente 408.000 dólares.
Además de Boyero y Palomeque, cuatro inspectores municipales fueron condenados a penas que varían entre los dos y tres años de prisión, algunas en suspenso. Se trata de Joaquín Mansilla, Juan Carlos Lara, Rubén Sartori y Eduardo Van Herdeen, quienes además fueron inhabilitados de manera perpetua para ejercer cargos públicos por haber falsificado informes sobre las obras no ejecutadas.
La sentencia también alcanzó a cuatro empresarios implicados en el fraude: Roberto Monasterolo, Cristian Pérez, Javier Morales y Hernán Lobos Rosas, quienes deberán cumplir penas de entre tres y cinco años de prisión efectiva, además de pagar considerables sumas como reparación del daño causado.
El fallo representa un hito en la lucha contra la corrupción en la provincia y sienta un precedente sobre la responsabilidad penal en esta clase de delitos, particularmente debido al impacto devastador que la falta de ejecución de las obras comprometidas tuvo durante el temporal de 2017 en Comodoro Rivadavia.
A pesar de la gravedad de los hechos, el tribunal optó por no conceder la prisión preventiva para los imputados, quienes deberán cumplir medidas restrictivas como la prohibición de salir del país y la presentación periódica ante la justicia. Esta decisión ha suscitado críticas en la comunidad, que exige una justicia más efectiva.
Si bien la sentencia de primera instancia podría ser apelada, se percibe como un fuerte golpe contra la impunidad en casos de corrupción, especialmente en contextos de emergencia donde el incumplimiento de las obras comprometidas puede tener consecuencias desastrosas para la población.
Fuente: LaPoliticaOnline.com
