La municipalidad de Rosario solicitará ser querellante en la causa contra el laboratorio HLB Pharma que elaboró la partida de ampollas con fentanilo contaminado que se presume causaron la muerte de 55 personas en el país. De esa cantidad 35 fallecidos son de la provincia de Santa Fe. Seis de estos casos eran pacientes del mayor hospital público rosarino.
El municipio compró a dos droguerías parte de los lotes contaminados. Y le interesa participar como parte acusadora en la investigación que la Justicia Federal de La Plata emprendió para que se establezcan responsabilidades del fabricante, el Laboratorio Ramallo, cuyos responsables tienen un pasado poroso en Rosario, de donde son oriundos. Eran los dueños del laboratorio Apolo que estalló dañando inmuebles y causando cinco heridos en junio de 2016, en un momento en que no tenía habilitación municipal.
Los dueños eran Ariel García Furfaro y Jorge Salinas, responsables de HLB Pharma. Que después de ser imputados por el fiscal rosarino Walter Jurado por esa explosión llegaron a un acuerdo conciliatorio con los damnificados basado en una muy fuerte indemnización. Un participante de aquel pleito le señaló a LPO que los empresarios les pagaron a todos sin haber cobrado el seguro. La cobertura aseguradora difícilmente se habría hecho porque en el trámite se probó que el estallido de la caldera ocurrió sin que estuvieran activadas las alarmas ni los sensores funcionando.
Un funcionario próximo al intendente Pablo Javkin le señaló a LPO que Rosario detectó las partidas contaminadas en febrero cuando se revelaron las intoxicaciones en el Hospital Clemente Alvarez de la ciudad. Pero que recién el 8 de mayo la Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), que fiscaliza la calidad de los medicamentos, lanzó su alerta sobre los lotes con sustancias peligrosas. «Son más de tres meses, nos parece muy grave y es difícil no desligar esto del desmantelamiento de órganos de control», sostuvo.
Javkin había ido de punta contra los dueños del laboratorio. «Cuando se tire del hilo, van a encontrar muchas conexiones», le dijo a Radio Dos. «Tenemos rosarinos y gente de la región damnificada, hay responsabilidades muy contundentes. Es una causa que está mostrando nexos de todo tipo y vamos a ver en la ciudad nuevamente en este tiempo que se empiezan a develar las conexiones cómo sectores políticos y judiciales tenían vínculo con esta gente que son asesinos. Gente que adulteraba medicación que es fundamental para el tratamiento de pacientes en estado de gravedad».
El gobierno de Santa Fe anunció el martes que también solicitará ser querellante en la causa. Ya lo hizo el Sanatorio de Diagnóstico de Santa Fe que pertenece al grupo de salud del empresario de Rafaela Carlos Tita. En el juzgado federal de La Plata que lleva la causa no aceptaron el pedido y requirieron para considerarlo más evidencia que los señale como damnificados. El diario La Nación señaló que Tita tuvo negocios con el grupo HLB al que les vendió la droguería Alfarma en 2020.
Ariel García Furfaro, directivo principal del Laboratorio Ramallo, no apareció tras el inicio de la pesquisa abierta en el juzgado federal 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, por las muertes con el fentanilo fabricado en Laboratorio Ramallo. Fuentes del juzgado declinaron indicar si tiene pedido de captura.
En el municipio rosarino hoy prestan atención a los vínculos que García Furfaro tejió con sectores del kirchnerismo ya que fue militante del sector de Alicia Kirchner, que fue ministra de Salud. Pero también ponen en la mira las actividades portuarias ligadas al fentanilo. Este producto es un opioide sintético utilizado como anestésico pero con alto valor y demanda como narcótico. Su distribución irregular en Argentina llamó la atención a la DEA norteamericana.
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Este jueves precisamente Gendarmería Nacional hizo procedimientos en Misiones, Jujuy y CABA en los que detuvo a seis personas vinculados al acopio y distribución de fentanilo que procedía de la provincia de Buenos Aires. El Ministerio de Seguridad de la Nación reportó que los operativos se hicieron por el hallazgo de 500 ampollas de fentanilo que eran enviadas por encomienda. Hubo 14 inmuebles requisados donde de acuerdo a la información oficial se fabricaba, acopiaba y distribuía la sustancia.
Sobre las sospechas en Rosario hacia Salinas, socio de Ariel García Furfaro, lo recuerdan por sus excentricidades. Mientras manejaba el Laboratorio Apolo antes del siniestro en 2016 solía moverse en automóviles Porsche, en Audi e incluso una camioneta Hammer. Ese vehículo costoso y muy poco disponible en la ciudad es recordado porque el rosarino Mario Roberto Segovia, conocido como el rey de la efedrina y condenado por contrabando de estupefacientes, había adquirido una cuando fue detenido en 2008.
Cuando el laboratorio Apolo de Rosario se presentó en quiebra en 2012 la entonces diputada nacional Graciela Ocaña sostuvo que era un prestanombres de la red de clínicas que administraban los contratos del PAMI en 2004. Ocaña, que era entonces interventora, dijo que la maniobra consistía en que personas con contactos políticos manejaban las contrataciones. «En ese caso se trataban de un millón de cápitas en la zona de La Matanza y San Martín. Era una sola clínica y se quedan con el 15 o 20 por ciento de los fondos».
