El presidente de la comisión investigadora por la estafa Libra, Maximiliano Ferraro, dijo este viernes en la última reunión informativa antes de la presentación del informe que junto a sus colegas presentarán una denuncia contra el juez Marcelo Martínez De Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano «por mal desempeño», «falta de colaboración» e «incumplimiento de los deberes públicos».
La bronca de los legisladores se debe a que tanto el juez como el fiscal les negaron acceso a la causa, algo que la oposición en el Congreso consideró una obstrucción al desempeño de la comisión. «Vamos a llevar adelante todas las acciones institucionales para denunciar el entorpecimiento que sufrimos por parte del Poder Judicial y el Poder Ejecutivo en el ejercicio de nuestras funciones y potestades constitucionales», le adelantó a LPO Juan Marino, miembro de la bancada de UP.
En efecto, Ferraro no solo listó a Martínez de Giorgi y Taiano, sino también al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, la ex jefa de la UTI creada por el gobierno, Florencia Zicavo, el presidente de la CNV, Roberto Silva, el responsable de la UIF, Paul Starc, y Sergio Morales, el primer funcionario en renunciar tras el escándalo de Libra.
Un legislador peronista le dijo a LPO que a los funcionarios del Poder Ejecutivo podría caberles la figura de encubrimiento. «Vamos a presentar denuncias penales porque no colaboraron con la investigación y se ausentaron de forma reiterada a nuestras citaciones», se quejó ante el vaciamiento de la comisión que promovió el gobierno.
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Además, anticipó que el próximo lunes interpondrá «un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, dentro del plazo legal, contra la decisión de la Sala I de la Cámara de Apelaciones que denegó el auxilio de la fuerza pública solicitado», para que los funcionarios comparezcan ante la comisión. El artículo 8º del reglamento de la comisión, que establecía que se podía contar con el auxilio de la Policía para trasladar a los que se resistieran a las citaciones del Congreso, terminó siendo letra muerta.
Los diputados de la comisión atravesaron un momento de zozobra cuando la radical Mariela Coletta se levantó de su silla y abandonó el salón Delia Parodi, donde se tramitaba la reunión. Algunos opositores se sorprendieron con su repentina partida, aunque alegó la necesidad de atender un asunto familiar urgente, porque el cuerpo cuenta con 28 integrantes y el avance del trabajo se logró por la unidad de los 14 del peronismo, la izquierda, el pichettismo, el bloque de Facundo Manes y los lilitos.
Mariela Coletta.
Que faltara uno de ese lote podía generar, si había reflejos y sentido de oportunidad, la posibilidad de que el oficialismo sentara a los 14 que le responden para bloquear las iniciativas de la oposición que había quedado solo con 13 voluntades. Sin embargo, la única legisladora libertaria que participó este viernes fue Alida Ferreyra, quien acusó a sus adversarios de «desnaturalizar» el rol del Congreso. «Avasallan la jurisdicción natural de los jueces y terminan entorpeciendo la investigación y pueden frustrar una estrategia judicial», dijo.
Ferraro, por su parte, anunció que elevarán el informe final el 18 de noviembre, al tiempo que la massista Sabrina Selva pidió que se incorpore al expediente, de todas formas, cualquier información relevante que llegara después de la elaboración del dictamen, por eventuales demoras de las respuestas ante los oficios librados por la comisión.
Marino, finalmente, pidió la incorporación de un estudio de Fernando Molina, experto en blockchain, para nutrir el informe final. Esa pieza plantea que de las 140 mil billeteras que operaron en la estafa libra lo hicieron con criptomonedas y se registra que hubo 36 que alcanzaron una ganancia superior al millón de dólares, mientras que hubo más de 114 mil que registraron pérdidas.
Alida Ferreyra.
