Como una de las consecuencias directas de la paliza electoral de octubre, Martín Llaryora avanzará con la sanción de un nuevo Código de Convivencia que prohibirá a los trapitos y a los limpiavidrios callejeros y multará a los padres que incumplan con el calendario obligatorio de vacunación, medidas que le darán a la Policía provincial nuevas facultades.
No se penalizará a los trapitos legales, aquellos que operan con tarifa fijada por la Municipalidad en zonas de estacionamiento medido, pero se prohibirá el ejercicio del cobro informal de cuidacoches, que en Córdoba son denominados «naranjitas», por el uso de un chaleco de ese color.
Este año, la Policía detuvo a 350 «naranjitas» por peleas o por querer cobrar un monto fijo. Hasta ahora, el naranjita ilegal podía percibir un pago voluntario. Ahora, directamente se prohibirá la actividad. Lo mismo ocurrirá con los limpiavidrios que se apostan en las esquinas con semáforos.
El ministro de Seguridad de Llaryora refuerza su alianza con Bullrich
Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de la Provincia, repite desde hace tiempo que «el orden público y la paz social no se negocian». En clave de derecha, esa decisión escaló hasta la prohibición. Con esta herramienta, Quinteros se pone en carrera para el 2027: el problema de los «naranjitas» es histórico y genera un fuerte malestar en sectores medios altos y altos. Es el electorado que le dio la espalda al peronismo cordobés en la última elección.
Juan Pablo Quinteros
El proyecto se debatirá este viernes en la Legislatura. Allí habrá una pelea por el ADNde la mano dura: varios legisladores opositores también presentaron proyectos en el mismo sentido que el que impulsa ahora el Gobierno. Se espera que el lunes una mayoría sancione el nuevo Código de Convivencia, cuya aplicación está en manos de la Policía que comanda Quinteros.
El mismo Código también fijará multas a padres de niños y niñas que no estén vacunados. Seguirá la ley que en Mendoza impulsó Alfredo Cornejo, el radical aliado a Javier Milei. El ministro de Salud, Ricardo Pieckesteiner, dijo que la medida contra los antivacunas apunta a «retomar la buena senda del uso de vacunas», y agregó que el nuevo Código de Convivencia «no se dirige a opciones ideológicas, sino al incumplimiento de un deber legal».
El debate del nuevo Código de Convivencia también sirve para tapar el escándalo que hay en la Legislatura por la designación de los procuradores penitenciarios, cargos vitalicios que estarán en la cúspide salarial del Estado provincial. Entre los impulsados por Llaryora para el nuevo organismo está Florencia Degano, mano derecha del influyente radical Julio Ochoa, histórico integrante de los tribunales de cuentas por la oposición.
