El movimiento de las mujeres y diversidades se movilizó masivamente, una vez más, este 3J –el primero de la era Milei-, frente al Congreso y en puntos neurálgicos del país para gritar “con hambre, odio y racismo colonial no hay Ni Una Menos” y “Abajo la Ley Bases y el DNU”, las consignas de esta décima marcha.
Ya sea encolumnadas bajo las banderas de sus sindicatos u organizaciones, en grupo de amigues, con sus madres o hijes o “sueltas”, la marea feminista se volvió a expresar en todo el país pero con epicentro en el Congreso Nacional, donde está en tratamiento una mega ley y un mega decreto fuertemente regresivos para los derechos de este colectivo y cuyo rechazo fue uno de los principales reclamos de esta manifestación.
Otro de los ejes fue el reclamo de justicia por el triple lesbicidio de Barracas y la asistencia a la única sobreviviente así como políticas activas para combatir los discursos de odio que están a la base de este tipo de ataques.
Poco a poco, provenientes de diferentes puntos de encuentro, las columnas fueron confluyendo hacia el palacio legislativo, donde después de las 16.30 se leyó el documento de esta convocatoria.
“Este 3 de junio nos encuentra siendo muches, estando juntas y juntes y en movimiento. Estamos también aquí en honor a Norita Cortiñas, luchadora incansable y madre de todas las batallas”, comenzaron diciendo antes de una pausa cargadas de aplausos en homenaje a la Madre de Plaza de Mayo línea fundadora fallecida el 30 de mayo pasado a los 94 años.
“Estamos viviendo momentos de profundos ataques al conjunto de nuestro pueblo. El Gobierno de Milei instauró la crueldad y el odio como política de Estado. La violencia del Gobierno de Milei es social, es económica y es política. Ante eso respondemos: ¡seguimos en las calles y movilizades! Seguimos gritando: ‘Ni una menos, vivas libres y desendeudadas nos queremos. ¡Fuera el FMI!’”, dijeron.
En relación al triple crimen incendiario de Barracas, reclamaron “justicia por Pamela, Roxana y Andrea, asesinadas cruelmente con dos bombas molotov por ser lesbianas” y exigieron al gobierno porteño “soluciones reparatorias para Sofía, sobreviviente de la masacre”.
También exigieron justicia por los femicidios de Erika Torres, Claudia Tupe Lotore y Micaela Rascovsky; así como por el travesticidio de Sofia Fernández.
“Condenamos los femicidios, lesbicidios, travesticidios, transfemicidios y transhomicidios que se incrementan día a día y el violento accionar del poder judicial misógino y denunciamos el cerco mediático. Nos seguimos preguntando ¿dónde está Tehuel de la Torre?”, dijeron.
También se expresaron contra el hostigamiento a militantes de derechos humanos, la persistencia del ‘chineo’ en algunas regiones del país, “el aumento de la violencia institucional hacia las trabajadoras sexuales y personas en situación de prostitución”, el desalojo de mujeres con hijos pequeños de un local de la Villa 31, así como “la persecución a personas en situación de calle y trabajadores de la economía popular”.
“Exigimos celeridad en la investigación por abuso sexual que involucra al intendente de la Matanza Fernando Espinoza y resguardo a la denunciante. Seguimos organizadas contra todos los abusos”, dijeron en otro de los párrafos de un documento de cinco páginas.
Además, responsabilizaron al gobierno nacional y sus seguidores porque “los ataques hacia la comunidad LGBTIQ+ se hayan incrementado”, como consecuencia de “los discursos y actos de odio” que desde allí se promueven.
“Exigimos la sanción de la ley de reparación histórica y condenamos la represión del 24 de mayo a las compañeras travesti trans. En nuestro país se mutilan niñes todos los días: basta de cirugías normalizantes a cuerpos intersex. Exigimos el tratamiento de la Ley de Protección Integral de las Características Sexuales que prohíbe intervenciones quirúrgicas sin consentimiento. Exigimos absolución de nuestra compañera lesbiana Pierina Nochetti, procesada por preguntar ¿dónde está Tehuel?”, dijeron.
Por otro lado, repudiaron “el protocolo anti protesta de Bullrich”, la “baja de la edad de punibilidad” y los proyectos de ley “de reiterancia” y de “libre portación de armas”; todo lo cual representa “más violencia hacia nosotres”.
Además de rechazar “el despliegue represivo y persecutorio” que acompaña al “plan motosierra”, denunciaron que el gobierno también es “responsable de agravar la crisis social promoviendo los despidos, el ajuste y recortando los programas sociales”.
“El gobierno (…) hostiga a los movimientos sociales y piqueteros, a sus militantes y a sus dirigentes acusándolos de extorsionadores mientras tienen guardados y sin entregar 5 millones de kilos de alimentos que deberían llegar a los comedores, merenderos y ollas a lo largo y ancho del país. Estamos en emergencia alimentaria. Esta política de hambre expresa una política genocida. ¡Milei y Pettovello son responsables. El hambre es un crimen!”, dijeron.
En ese sentido, recordaron que “la pobreza llegó al 55% y la indigencia al 18% de la población” y que mientras “el 69% de los niñas, niños y adolescentes en la Argentina son pobres”, el presupuesto destinado a la niñeces cayó un 75% y las jubilaciones se recortaron entre un 24% y un 37%.
“Las políticas destinadas al cuidado fueron desfinanciadas. Solo 7 de las 43 principales políticas de cuidados se mantienen vigentes. Desapareció de la dirección de géneros y diversidad del ministerio de salud de la nación borrando el área de gestión de insumos para travestis trans y transgénero. El plan ENIA que redujo los embarazos en la adolescencia a la mitad fue suspendido (…) El Plan Mil Días para personas gestantes y niñes hasta 3 años se redujo un 74%. Se desmanteló la Ley Micaela, la construcción de escuelas, espacios para la primera niñez y para adultos mayores fue suspendida”, agregaron.
Adicionalmente, denunciaron “la persecución a madres protectoras y adultes referentes” de niñeces víctimas de abuso sexual” así como “la profundización de la alianza con el Opus Dei y las iglesias para avalar el carácter conservador del gobierno”, al tiempo que exigieron “la aplicación e implementación de ESI laica y científica en todo el país”.
Además, proclamaron “el derecho a decidir sobre los propios cuerpos y proyectos de vida” y repudiaron “los discursos cis heterosexistas, misóginos, machistas, pregnados por el fundamentalismo religioso del Gobierno Nacional y sus aliadxs y cómplices” que intentan reabrir debates ya saldados “y promueven acciones violentas”.
“Reafirmamos que la única agenda sangrienta fue la del aborto criminalizado y clandestino que se llevó la vida de miles de mujeres y personas gestantes. Una realidad injusta que logramos revertir a partir de la sanción de la Ley 27.610 de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo que logramos gracias a la organización, la movilización y la lucha persistente del movimiento transfeminista junto a la Campaña Nacional por el derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito”, dijeron.
Ademas, exigieron “el acceso efectivo a métodos anticonceptivos de manera gratuita y la efectiva implementación de la Ley de IVE sin barreras en todas las provincias”, así como “la compra, producción y distribución de mifepristona, misoprostol”.
Por otro lado rechazaron la Ley bases por machista, antiobrera, antipopular y neocolonial” y la definieron como “una declaración de guerra al pueblo”, al tiempo que exigieron a los legisladores que “rechacen todos los artículos de esta ley que garantiza políticas de hambre y saqueo para nuestro pueblo”
Además, condenaron el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, el desguace del INCAA y del INTI, así como el silenciamiento e intento de cierre de Télam y del Inadi.
“Repudiamos la privatización de empresas públicas como Trenes Argentinos, Aerolíneas Argentinas, los medios públicos y el Correo Argentino: la privatización no es el camino, ya lo vivimos en los 90”, dijeron.
Por otro lado, denunciaron que “15.000 trabajadorxs estatales” fueron despedidos en los últimos 6 meses.
“Les trabajadores estatales garantizan políticas públicas fundamentales, Además entre los miles de despidos hay personas que ingresaron por cupo laboral travesti-trans y por cupo de discapacidad”, dijeron.
Por último, repudiaron “el plan de Milei a nivel internacional, que excede nuestras fronteras con una alianza de este gobierno junto a Estados Unidos e Israel” y pidieron “basta de persecución y criminalización a quienes se solidarizan con la causa palestina”.
FUENTE: somostelam.com.ar
