El área de Control del Ministerio de Seguridad de Santa Fe solicitó la destitución de trece cuadros jerárquicos de la policía que estuvieron implicados en un sistemático robo de combustible para los móviles de la fuerza y que están en trámite de juicio, con evidencia de peso que los compromete.
El rasgo de esta solicitud es un efecto que, como mensaje político, busca ser aleccionador. Y es que por cambios en la nueva legislación si se confirma el pedido con la firma del gobernador Maximiliano Pullaro, los policías señalados perderán el beneficio jubilatorio.
Entre los apuntados por la solicitud del subsecretario de Control del Ministerio de Seguridad está el funcionario que al momento de desubrirse el fraude manejaba la Jefatura de Rosario. Es Daniel Acosta, quien está imputado de asociación ilícita, y había solicitado el retiro el año pasado, lo que le fue otorgado el 26 de febrero de este año. El subsecretario de Control, Lucas Covacich, pide que se readecue su condición de retiro voluntario a destitución, con lo que pierde el haber jubilatorio.
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Lo que se investiga desde 2024, por una denuncia del propio Pullaro, es una asociación ilícita compuesta por policías jerárquicos con mando que en Rosario se organizaron para robar dinero del Estado de manera explícita y con continuidad en el tiempo que incluye a 25 uniformados. Se valieron, según el fiscal José Luis Caterina, de una medida de emergencia legislativa para una situación de particular gravedad que dotaba a la Jefatura de Rosario de 400 millones de pesos en 2024. Con eso generaron un esquema de retornos sistemáticos basados en sobrefacturación de combustible.
Se robaban durante un año como promedio 45 millones de pesos por mes. El entrecruzamiento de información permitió saber que en julio de 2024 un total de 85 patrulleros de Rosario que figuraban fuera de servicio en el parque automotor de la Jefatura de la ciudad realizaron cargas de combustible. Los funcionarios encargados del combustible desviaban los recursos y mentían en las rendiciones de cuenta, firmando y elevando planillas o tickets con información falsa acorde a lo facturado apócrifamente y no a lo efectivamente cargado en los móviles. A su vez, los responsables y auxiliares de la estación de servicio eran engranaje clave del desvío, y están bajo proceso judicial.
Daniel Acosta, jefe relevado de la policía de Rosario.
El pasado viernes Covacich le elevó al ministro de Seguridad de Santa Fe la destitución de varios oficiales superiores, entre ellos el considerado engranaje central del fraude, el subdirector de Policía Rodrigo Sebastián Domínguez, que era secretario privado del jefe de Unidad Regional de Rosario Daniel Acosta. Domínguez fue señalado como el articulador de la defraudación y en juicio se revelaron detalles bizarros, como que estaba a cargo de de un sistema de multas internas para los uniformados que tardaran en subir a los superiores la plata que se llevaban en sobres de la estación de servicio por el maneje. Los que se salían de plazo, tenían que pagar por la mora con costillares, botellas de Jonnhy Walker Blue Label o también dinero en efectivo. La dureza de las sanciones generaba mucho malestar entre los policías que participaban del robo.
El insólito sistema de «multas» que cobraban los comisarios acusados del robo de nafta en Rosario
También pidieron echar de la fuerza al comisario supervisor Gerardo Fabián Ramírez, que fue el arrepentido que permitió implicar a oficiales de mayor mando en una segunda tanda de la investigación. Otros involucrados para ser dejados cesantes según el pedido son Héctor Saucedo, Roberto Blanco, Diego Santamaría, Fabián Fantín, que son todos comisarios.
Asimismo están con igual pedido el inspector Juan Villordo, Fabián Becerra, Sergio Daniel Plomer y Nanci Plomer, el subcomisario Mario Brest, los subinspectores Juan Manuel Herrera, Manuel Delgado y Gustavo Bazán.
Esta resolución disciplinaria, que está a la firma de Pullaro, implica en lo inmediato el corte de haberes, lo que implica que se corta el sueldo para los efectivos involucrados. Esto se define en base de modo automático por el artículo 113 de la ley de Personal Policial, según dijeron a LPO de modo coincidente fuentes de la Policía de Santa Fe y del Ministerio de Seguridad de la provincia.
El artículo 37 de la nueva ley previsional que la Legislatura sancionó por amplia mayoría el año pasado indica que el retiro voluntario con derecho a haber de retiro será para el personal que acredite como mínimo 25 años de servicios policiales o penitenciarios. «El personal que fuera destituido de las fuerzas policiales o exonerado del servicio penitenciario como resultado de un procedimiento disciplinario, no tendrá derecho a haber.
El impulso administrativo a la cesantía se aceleró luego de que el fiscal Caterina, el 11 de este mes, presentara acusación hacia el juicio oral y público de todos los policías implicados. Este trámite va a adquirir mayor peso este martes ya que tres policías implicados confesaron su responsabilidad y recibieron condena en un juicio abreviado. Son Sergio López, Marcelo Delgado y Gerardo Ramírez.
Según la investigación, la máxima jerarquía organizó un arreglo entre la Unidad Regional II de Rosario y la estación de servicio «Gas Auto Tiferno», proveedor principal del combustible utilizado por los móviles policiales de las Secciones de Cuerpos de Rosario. El acuerdo consistía en una sobrefacturación o facturación fantasma de cargas de combustible donde luego de que hubieran entrado esos caudales a la estación de servicio, sus dueños entregaban retornos en dinero en efectivo, con periodicidad quincenal y a cada una de las secciones, que los retiraba directamente. Estos retornos consistían en un porcentaje sobre la ganancia ilegítima que recibía Tiferno, cuatro de cuyos responsables fueron detenidos e imputados.
