El tucumano Pablo Yedlin convocó de urgencia este miércoles a la comisión de Salud para tratar la emergencia por la aplicación de fentanilo adulterado en distintos hospitales del país, una crisis que ya se cobró casi un centenar de víctimas fatales. Durante la reunión se dictaminó de forma unánime un pedido de informes que sintetizó los proyectos de Silvana Giudici, Victoria Tolosa Paz y el propio Yedlin, presidente de la comisión.
La iniciativa reúne 26 preguntas, consensuadas por todas las bancadas y dirigidas al Poder Ejecutivo, luego de que la ANMAT quedara en el foco de la tormenta no solo por la desregulación de controles sino también por la imputación que Federico Sturzenegger lanzara contra el organismo. Esa acusación dejó al desnudo la interna del ministro con su par de Salud, Mario Lugones.
La discusión de los legisladores no transcurrió sin sobresaltos. Giudici retomó su reclamo contra el kirchnerismo por haber frustrado, según su perspectiva, la votación de la creación de una comisión investigadora que indague sobre las vinculaciones políticas entre dirigentes del peronismo y el dueño de la empresa HBL Pharma, que controla desde fines del año pasado el Laboratorio Ramallo.
Sin embargo, fue Miguel Pichetto quien la cruzó sin piedad después que la diputada del PRO pidiera el apartamiento del reglamento para que trataran su proyecto, una maniobra que alteraba el orden del día con el propósito de evitar que la oposición aprobara los aumentos para las universidades y el Garrahan, emplazara comisiones para los proyectos de los gobernadores y el escándalo de la estafa Libra y rechazara los decretos delegados de Javier Milei.
La crisis sanitaria por el fentanilo contaminado se agrava con otras veinte muertes
Iba menos de una hora de iniciada la sesión cuando el rionegrino criticó que se tomara «la denuncia del Ministerio de Seguridad que sale reflejada en los medios de comunicación». «A mí me parece de una endeblez extraordinaria abordar un tema meramente administrativo de falta de una autorización cuando murieron 78 personas, la cuestión es de naturaleza federal», argumentó, y agregó: «Me parece que deberían elevar un poquito más el análisis y la característica del hecho, la gilada o que nos subestimen la inteligencia no».
Después de la intervención de Pichetto, el líder del bloque peronista, Germán Martínez, pidió la palabra y explicitó el acuerdo al que había arribado con Giudici para que no se alterase el orden del día y no se votara en ese momento lo que pretendía su par macrista. El resto es historia conocida: la oposición aplastó al gobierno con 12 derrotas al hilo y, cuando pasada la medianoche Giudici quiso plantear que se votara su pedido de informes, ya no la creación de una comisión investigadora, el recinto se quedó sin quórum: «que quede claro que el kirchnerismo no quiere que se investigue», lanzó la legisladora.
Este miércoles, en cambio, Giudici consideró «una señal de madurez política» que todos los integrantes de la comisión de Salud firmen el mismo pedido de informes, aunque también deslizó que más adelante habrá que abordar las «conexiones políticas» y que ANMAT había emitido alrededor de 100 alertas por el precursor químico. Por eso, insistió con la creación de una comisión investigadora, con una composición idéntica a la que indaga en las responsabilidades de Milei y los funcionarios del gobierno en la estafa Libra.
Martínez, Giudici y Finocchiaro.
Un diputado opositor respondió ante la consulta de LPO que no era el ámbito correcto para impulsar una investigación. «Tiene que presentar el proyecto en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento, como se hizo para la creación de la comisión Libra», sostuvo.
En efecto, Victoria Tolosa Paz precisó que la crisis desatada por la aplicación de ampollas contaminadas es producto del relajamiento de controles por parte del Estado. Al respecto, explicó que, ya en 2011, el gobierno de Cristina Kirchner dispuso, con Juan Manzur como ministro de Salud, una serie de medidas para determinar la trazabilidad de los medicamentos que distribuyen los laboratorios.
Según la legisladora, ese despliegue se complementó con resoluciones en 2012 y 2013 hasta que se desactivó durante la administración de Mauricio Macri. «En septiembre de 2016, el ANMAT sustituyó el anexo 11 y desapareció el fentanilo como medicamento al que se le debe imponer una efectiva trazabilidad», dijo.
La radical Carla Carrizo, integrante del bloque de Facundo Manes, reclamó respuestas de parte de los responsables y consideró insuficiente que desde el Congreso se alentara a que se incrementara la cantidad de querellantes, cuyo aumento está ligado directamente al incremento de víctimas fatales. «Yo quiero controles estatales fuertes y eficientes y no controles estatales negligentes, porque nosotros vivimos en un Estado que tiene mucha porosidad en términos de corrupción», expresó, y concluyó: «A mí no me alcanza con un pedido de informes, necesitamos tener la voz del Estado aquí».
El presidente del bloque de UP, el santafecino Martínez, planteó al final que, frente a la unanimidad del respaldo al proyecto, Yedlin enviara directamente el expediente a Martín Menem para que se cursen las preguntas del informe a las autoridades del Poder Ejecutivo.
