En un momento en que la crisis de salud mental se ha convertido en una de las principales preocupaciones a nivel nacional, exacerbada por los efectos de la pandemia, Río Grande se posiciona a la vanguardia en políticas públicas que puedan abordar eficazmente esta problemática.
El segundo Curso Provincial de Formadores en Prevención de Suicidio tuvo una participación de más de 5,000 personas y camina a ser un modelo de intervención integral que podría influir en la política de salud mental en todo el país.
La administración del intendente Martín Pérez ha situado la salud mental en el centro de su agenda política desde 2019, con la creación de la Dirección de Salud Mental y la visión política de reconocer la salud mental no como una prioridad marginal, sino como un área crítica que requiere atención y recursos significativos.
En su discurso, el intendente Pérez subrayó el rol crucial del Estado en la prevención del suicidio y la necesidad de un enfoque colaborativo.
«Estamos comprometidos a enfrentar este desafío con políticas robustas y una fuerte inversión en salud mental», dijo Pérez y destacó la creación de un equipo interdisciplinario de más de 100 profesionales como muestra del compromiso de su gestión para enfrentar este desafío de manera integral.
En un contexto donde se cuestiona la magnitud de la intervención estatal en cuestiones esenciales, el enfoque adoptado por la administración de Pérez destaca la necesidad de un Estado activo y comprometido en la protección de la salud mental.
La participación de docentes, fuerzas de seguridad y otros actores comunitarios en la prevención del suicidio demuestra que el Estado debe asumir un rol central en la creación de redes de apoyo y prevención efectivas.
La presidenta de APSA, Cora Luguercho, enfatizó que «la colaboración entre el Estado, las organizaciones civiles y los profesionales de salud mental es fundamental para implementar políticas serias y sostenibles». Este comentario subraya una visión política que va más allá de la gestión local, señalando la importancia de que el Estado tome un rol decisivo en la formulación de políticas que impacten positivamente en la salud mental de la población.
El evento también ha puesto de manifiesto la importancia de desestigmatizar el suicidio y abordarlo desde una perspectiva comunitaria. En un escenario político donde la salud mental sigue siendo un tema delicado, la formación de docentes y personal de seguridad es esencial para dotar a estos actores de las herramientas necesarias para actuar de manera preventiva.
La gestión de Pérez ha sido pionera en este aspecto, promoviendo una política de salud mental que no solo reacciona ante las crisis, sino que trabaja activamente para prevenirlas.
Mensualmente, se ofrecen alrededor de 650 prestaciones de salud mental en los Centros de Salud, Espacio Joven y Casa de Jóvenes, contabilizando las asistencias individuales. Además, se han establecido grupos terapéuticos de ansiedad para jóvenes y adultos, así como grupos de acompañamiento para familiares de personas con consumo problemático.
Estos grupos tienen fines terapéuticos y buscan ofrecer alternativas al tratamiento individual para cubrir la alta demanda. La directora General de Salud Mental, Dra. Manavela, destacó que el enfoque de los tratamientos no es estandarizado; se realiza una evaluación inicial para determinar la modalidad más adecuada para cada paciente, priorizando un acompañamiento efectivo.
Parte del enfoque integral de la administración también incluye mantener dispositivos municipales para jóvenes, espacios de acompañamiento estatal y actividades deportivas accesibles.
Estas iniciativas buscan ofrecer apoyo continuo y promover un entorno saludable para los jóvenes, facilitando el acceso a recursos y actividades que contribuyan a su bienestar.
La experiencia de Río Grande ofrece una lección valiosa para el debate nacional sobre la salud mental. La creación de políticas públicas efectivas y la intervención activa del Estado pueden marcar una diferencia significativa.
Este modelo de intervención no solo responde a las crisis, sino que establece una base sólida para la prevención y el apoyo continuo. Estas gestiones ponen énfasis en que la salud mental debe estar en el centro de las políticas públicas.
La experiencia de Río Grande demuestra que, con un liderazgo político decidido y una colaboración efectiva entre el Estado y la sociedad civil, es posible construir una red de apoyo que prevenga situaciones límite como el suicidio y promueva una comunidad más saludable y resiliente.
Fuente: LaPoliticaOnline.com
