El ministro Toto Caputo deberá dar explicaciones sobre el acuerdo que cerró con el FMI. No en un stream, ni en un almuerzo con empresarios. Esta vez, ante la Justicia. El juez federal de Dolores, Martín Bava, lo intimó a entregar toda la documentación vinculada al último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
La resolución del juez federal de Dolores, Martín Bava, es precisa. El magistrado pidió el expediente administrativo «EX-2025-24205368-APN-DGDA#MEC», donde se tramitó el DNU 179/2025 que habilitó el crédito del FMI. También ordenó remitir todos los archivos embebidos, anexos y cualquier papel vinculado a ese trámite. El plazo es de cinco días hábiles.
Según el fallo, la cartera económica intentó «eludir la entrega» de la documentación mediante maniobras administrativas. Primero tramitó el pedido bajo la normativa vigente, incluso solicitando una prórroga, pero luego desconoció la aplicación de la ley y derivó el caso a un procedimiento más restrictivo y burocrático.
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El juez Martín Bava fue categórico: el Estado debe acatar la norma sancionada en democracia y con amplio consenso, por sobre reglamentaciones dictadas en gobiernos de facto. El fallo también subraya que el DNU en cuestión no explicita las condiciones ni las razones del empréstito con el FMI, lo que refuerza la necesidad de transparencia.
Bava obligó asá al Ministerio de Economía a blanquear lo que hasta ahora se manejó entre pocos. Un expediente que según la legislación vigente debería haberse discutido en el Congreso.
«La información pública no pertenece al Estado, sino al pueblo de la Nación Argentina», recordó el magistrado, citando a la Corte Suprema de Justicia, que sostiene que el derecho al acceso a la información es un derecho humano fundamental y que toda persona puede solicitarla sin acreditar un interés especial.
El juez Martín Bava durante la pandemia.
«En una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible», advirtió Bava y concluyó: «el Ministerio de Economía debe decir cómo se gestó el acuerdo con el Fondo».
Lo cierto es que el Gobierno hasta ahora había evitado revelar detalles sobre el acuerdo. En su momento incluso se habló de cláusulas confidenciales. Los empresarios siguen el tema de cerca. Muchos se muestran preocupados por la volatilidad que puede desatarse si se filtran condiciones sensibles.
«Si aparecen condicionantes para la economía, la reacción del mercado va a ser inmediata», consideró a LPO un empresario. Otro, más ácido, se permitió una ironía: «Al menos sabremos qué firmamos esta vez. No vaya a ser que el Fondo haya pedido Vaca Muerta como garantía».
La medida surge a partir de un amparo presentado por Francisco Verbic, en representación de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el CELS, que denunciaron la violación de la Ley de Acceso a la Información Pública.
