Nación y Ciudad siguen negociando el traspaso de las 31 líneas que circulan por la Capital. Por el momento no está previsto un aumento tarifario para el lunes 2 de septiembre y el gobierno de Javier Milei seguiría aportando su parte del subsidio.
La negociación tiene varios puntos complejos y nadie cree que vaya a resolverse en su totalidad en los próximos días. Hay quienes todavía recuerdan el año de tensión entre el gobierno de Cristina Kirchner y Mauricio Macri por el traspaso del subte.
Fuentes consultadas por LPO dijeron que hasta que se llegue un acuerdo, lo más probable es que Nación siga aportando su parte del subsidio (45%) y que una vez cerrado el convenio, la Ciudad compense lo recibido desde el 1° de septiembre.
En un primer momento, desde el gobierno de Javier Milei dejaron entrever que dejarían de pagar los subsidios pero seguirían decidiendo las tarifas, algo que en Parque Patricios rechazaron.
En el gobierno de Jorge Macri pretenden que Nación les transfiera las competencias, que incluyen la relación con las empresas y la potestad tarifaria. Además, Nación debería traspasar los controles técnicos, incluyendo al personal.
Al igual que con la policía, el traspaso debe hacerse con los recursos correspondientes y eso es lo que se discute en este momento.
No es necesario que el Congreso apruebe el acuerdo entre Nación y Ciudad, pero sí deberá pasar por la legislatura porteña.
Un boleto de 640 pesos lo equipararía con el subte, pero lo dejaría el doble de caro que las líneas que circulan a ambos lados de la General Paz. Esos colectivos seguirán recibiendo el subsidio de Nación y continuarán funcionando con los descuentos del sistema Sube.
El problema aún no está resuelto y podría desencadenar una rebelión de las empresas de colectivos, un escenario que nadie quiere enfrentar.
El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, anunció que eliminará el trámite de renovación de la licencia de conducir. Para renovar la licencia sólo bastará enviar un certificado médico que indique que el usuario es apto para manejar. Se hace por Whatsapp y recibís la nueva licencia en tu domicilio.
Hace unos días, el gobierno nacional dejó entrever la posibilidad de que deje de ser obligatorio renovar el carnet de conducir, sin explicar aún cuál sería el mecanismo. Lo cierto es que ya hay un Municipio que dio el paso adelante en esta materia y eliminó la necesidad de ir a renovar tu licencia: validás tu identidad 100% online, por whatsapp y sin examen.
Se trata de San Nicolás de los Arroyos, que hace tiempo viene trabajando en la simplificación y digitalización de sus trámites. De hecho, es la primera municipalidad 100% digital de la Argentina, donde todos los trámites se realizan de manera virtual.
«La tecnología está presente en la vida de los vecinos hace años, no entiendo cómo hay muchos que aún piensan que es un obstáculo. De nuestra parte vamos estamos yendo a fondo en este tema, porque nos dimos cuenta que le facilita la vida al vecino y nos brinda eficiencia como Municipio, que es muy importante», afirmó Passaglia.
El nuevo avance de la ciudad se dio sobre la licencia de conducir. Desde el próximo lunes, los nicoleños que necesiten renovar su licencia no tendrán que pisar el Municipio: lo harán desde sus casas, con el celular, a través de whatsapp y allí mismo recibirán sus credenciales.
«El trámite es muy simple: cargás la documentación que acredita tu identidad, que el propio sistema valida con la base del Renaper. Sumás el certificado médico y listo. En 5 minutos completás el trámite y nosotros te llevamos la licencia a tu casa», explicó Santiago Passaglia.
Si bien pareciera algo sencillo de replicar, hoy la gran mayoría de los Municipios está muy distante. En la ciudad de La Plata, por ejemplo, el trámite tarda 15 días, es difícil conseguir turnos y para hacerlo la mayoría debe pedirse un día en el trabajo.
«Lo mejor de este sistema es que podés hacerlo las 24 horas y los 365 días del año. No hace falta hacer filas, faltar al trabajo o tener que trasladarte de un lugar a otro para completar el trámite», sentenció el Intendente. a fondo en este tema, porque nos dimos cuenta que le facilita la vida al vecino y nos brinda eficiencia como Municipio, que es muy importante», afirmó Passaglia.
El nuevo avance de la ciudad se dio sobre la licencia de conducir. Desde el próximo lunes, los nicoleños que necesiten renovar su licencia no tendrán que pisar el Municipio: lo harán desde sus casas, con el celular, a través de whatsapp y allí mismo recibirán sus credenciales.
«El trámite es muy simple: cargás la documentación que acredita tu identidad, que el propio sistema valida con la base del Renaper. Sumás el certificado médico y listo. En 5 minutos completás el trámite y nosotros te llevamos la licencia a tu casa», explicó Santiago Passaglia.
Si bien pareciera algo sencillo de replicar, hoy la gran mayoría de los Municipios está muy distante. En la ciudad de La Plata, por ejemplo, el trámite tarda 15 días, es difícil conseguir turnos y para hacerlo la mayoría debe pedirse un día en el trabajo.
«Lo mejor de este sistema es que podés hacerlo las 24 horas y los 365 días del año. No hace falta hacer filas, faltar al trabajo o tener que trasladarte de un lugar a otro para completar el trámite», sentenció el intendente.
El secretario de Salud del Partido de Mar Chiquita, Ludovico Gordon, junto al ministro de Salud de la provincia, Nicolás Kreplak, acompañaron al exministro de Salud bonaerense y actual diputado de Unión por la Patria, Daniel Gollán, en la presentación de un proyecto de ley para eximir del impuesto a las ganancias al personal de salud.
Respecto de la problemática que intenta resolver el proyecto, el secretario de Salud explicó: “Acompañamos al diputado Daniel Gollán a presentar el proyecto en el congreso de la nación porque desde que se sancionó la ley bases aplica la retención de ganancias al personal profesional médico, tanto en guardia como horas extras, sin contemplar ninguna exención. Esto hace que el trabajo extra no sea conveniente para los profesionales porque si traspasan el umbral de ganancias, trabajar más implica cobrar menos”.
Asimismo, Gordon hizo referencia al impacto que tiene esta situación para el municipio y dijo: “En el Partido de Mar Chiquita tenemos más de 400 guardias mensuales en los 12 establecimientos asistenciales. Si esto se sostiene, el vecino va a ir a los establecimientos y el médico no va a estar presente. No es solo una cuestión de defender el sueldo del profesional sino también de defender el acceso a la salud de los ciudadanos”.
También el funcionario municipal hizo referencia al costo que tiene para el estado la exención de los profesionales de salud y dijo: “Económicamente hablando, el costo es marginal y a nosotros nos genera un problema enorme. Hoy en Mar Chiquita, más de 700 personas por día circulan por el sistema de salud pública entre guardias, consultorios externos, laboratorio, imágenes y accidentología. Si esto no se revierte, tenemos que volver a ver de qué forma podemos garantizar el servicio en las guardias para la temporada”.
Instituciones vinculadas al sector rural se reunieron con el Intendente para aplicar de manera conjunta la Ordenanza 7709, que prohíbe la circulación por caminos rurales los días de lluvia.
La ordenanza indica que en esas condiciones no pueden transitar vehículos, camiones, acoplados, tractores, maquinarias agrícolas o similares, camionetas, vehículos autopropulsados o de arrastre cuyas redes o dispositivos de desplazamiento dañen el camino rural. En estas circunstancias también está prohibido el arreo.
La circulación está habilitada cuando el camino esté lo suficientemente aireado o hayan transcurrido 72 horas luego de la lluvia.
Esta medida tiene como objetivo evitar la destrucción de dichos caminos y apoyar la producción local.
Hay que agregar que el Municipio viene trabajando intensamente en todos los caminos rurales del Distrito.
Participaron de la reunión representantes de la Sociedad Rural, CARBAP, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Inspección General, Obras Públicas Municipal, CPR y Juzgado de Faltas Municipal. Todos coincidieron en apelar al compromiso y responsabilidad de quienes circulan por la zona.
En Tucumán, un centro médico sin prestaciones de alta complejidad, le facturó al PAMI 2500 millones de pesos en ocho meses. El escándalo involucra a funcionarios libertarios y también al bussismo, aliado de Javier Milei en la provincia. Sectores de Fuerza Republicana presionaron para acallar la denuncia, confiaron fuentes al tanto del escándalo a LPO.
Sanarte SRL es un centro de servicios médicos de baja complejidad y está a cargo de Guillermo Isa Massa. Ubicado en San Miguel de Tucumán, atiende a pacientes de PAMI. Desde el triunfo de Milei, la facturación del centro aumentó un 440%.
En noviembre de 2023, el centro médico le había facturado $42 millones a los afiliados de PAMI. Un mes más tarde, tras el comienzo de la gestión libertaria, ese número aumentó a $228 millones. En julio de 2024 la cuenta del PAMI alcanzó los $497 millones.
Si se compara con el mismo período de 2023, Sanarte facturó casi 50 veces más a la obra social de los jubilados.
«No hay manera de que facturen eso, menos con las prestaciones que tienen», le dijo a LPO una fuente del sector.
Luego de una auditoría se descubrió que el centro médico realizaba sobreprestaciones de prácticas que nunca se llevaban a cabo, además de sobreprescribir medicamentos cuyo destinatario final se desconoce.
El posible desfalco aún no se hizo público, pero ya se llevó puesto a Martín Fernández González, un funcionario cercano a Bussi que llegó en mayo de este año a manejar Pami Tucumán.
Además de las sospechas de sobrefacturación al Estado, las maniobras de Sanarte hacían que los pacientes de PAMI consumieran las prácticas y recetas que tenían disponibles para todo el mes. Esto es especialmente grave porque el ajuste estructural del Pami que lleva adelante el gobierno de Milei, está dejando a muchos jubilados sin poder comprar sus remedios.
El posible desfalco aún no se hizo público, pero ya se llevó puesto a Martín Fernández González, un funcionario cercano a Bussi que llegó en mayo de este año a manejar Pami Tucumán. Mariano Usandivaras, otro hombre vinculado a Fuerza Republicana había asumido la conducción del organismo a fin de febrero y tuvo que renunciar a los dos meses.
Lo más extraño es que luego de encargar las auditorías a través de sus funcionarios, el diputado provincial intentó ocultar los resultados. Dirigentes del bussismo se encargaron de presionar para que los lapidarios informes contra Sanarte no salieran a la luz, lo mismo hicieron gremios vinculados al centro médico, reveló a LPO fuentes al tanto del caso.
Entre los prestadores privados hay preocupación porque creen que para ponerse a resguardo del escándalo que se avecina, el gobierno nacional frenará los pagos a todo el sector.
Anabel Fernández Sagasti confirmó que el kirchnerismo enfrió el pliego de Ariel Lijo. «Nos enteramos de los pliegos por el Boletín Oficial», dijo la senadora más cercana a Cristina Kirchner.
Además, reprochó al oficialismo que ningún funcionario del gobierno fue a hablarles para que respalden a Lijo: «Lo que normalmente se hace es tantear al Senado para no parrillar a alguien», remarcó.
Las declaraciones de Fernández Sagasti confirman la primicia de LPO sobre la orden de la expresidenta Cristina Kirchner para que sus legisladores no firmen el pliego. Aunque en el entorno de la dirigenta peronista juegan al misterio sobre su posición sobre el apoyo al magistrado, en los pasillos del Congreso se comenta que enfrió el dictamen, razón por la cual faltaron firmas este miércoles.
La mendocina defendió este viernes un proyecto de ley, con media sanción en el Senado, que aumenta el número de miembros de la Corte Suprema a 15. Después de haberle retaceado la firma al pliego de Lijo en la Comisión de Acuerdos, la mendocina sostuvo que «hay que tender al diálogo», y apuntó: «Mientras más lugares haya en la Corte, se diluye más el poder concentrado rancio que tiene esta Corte Suprema. Es mi postura».
La legisladora se refirió de esa forma, en una entrevista concedida a Futürock, a una iniciativa parlamentaria que se aprobó en la Cámara Alta en 2022.
En un despacho peronista se limitaron a decir que «está todo en pausa con lo de Lijo», al tiempo que un senador aliado reconoció que «parece difícil que se pueda remontar después de lo que pasó esta semana», en referencia a la falta de apoyos que se manifestó tras las audiencias.
Los libertarios estiman que el magistrado está más cerca de conseguir el número para llegar al recinto que el abogado Manuel García-Mansilla. «Si no entra, Lijo vuelve a Comodoro Py y ninguno es tonto», dijeron cerca de un senador sin techo en su provincia.
El escenario incierto alimenta la especulación opositora de que, si se abre la negociación para que el peronismo y Javier Milei lleguen a un acuerdo «más amplio», el tratamiento de los pliegos se va a dilatar indefectiblemente. Por caso, LPO supo que Martín Lousteau tuvo dificultades en la reunión de la UCR a raíz de su apoyo a Lijo.
Sin el apoyo de UP y el radicalismo, será difícil que el Presidente pueda designar jueces en la Corte.
Los crecientes recortes en la cobertura de medicamentos al 100% por parte de PAMI está generando un desborde en la demanda de remedios en centros de salud municipales.
Esta preocupación fue expuesta durante la reunión que este viernes mantuvieron en Dolores intendentes del peronismo con el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.
«La gente está yendo al hospital a atenderse para poder lograr el medicamento a través del hospital o en nuestra secretaría de Salud», dijo a LPO el intendente de Las Flores, Alberto Gelené, que atribuyó ese panorama al recorte en la cobertura que están aplicando algunas obras sociales, en especial PAMI. «Está sobreexigiendo a nuestros hospitales», agregó.
En ese sentido, consideró que el proyecto del laboratorio de medicamentos que promueve la gestión de Axel Kicillof en la Legislatura «se hace muy necesario por los costos» que actualmente representa absorber desde los municipios con esa demanda.
Tras el recorte de más de una decena de medicamentos en junio, en las últimas horas PAMI notificó un nuevo listado con más de 40 medicamentos que dejarán de tener cobertura al 100%. Ese anuncio reforzó las alarmas en los municipios.
Durante el encuentro, Kreplak dio detalles de los proyectos para la creación de la empresa de emergencias y el laboratorio de medicamentos que el Ejecutivo impulsa en la Legislatura.
Además, el ministro y los intendentes comenzaron a coordinar algunos aspectos de lo que será la próxima campaña bonaerense para combatir el dengue, en un contexto en el que -como contó LPO, la Provincia advierte por un grave brote.
La gente está yendo al hospital a atenderse para poder lograr el medicamento a través del hospital o en nuestra secretaría de Salud
Del encuentro con Kreplak participaron, además de Gelené, los intendentes Juan Pablo García (Dolores), Héctor Olivera (Tordillo), Juan Manuel Álvarez (Ranchos), Walter Wischinivetzky (Mar Chiquita), Sebastián Walker (Pila), Juan De Jesús (La Costa), Leandro Bordalecou (Interino – Chascomús), Carlos Rocha (General Guido) y Sebastián Iannantuony (Miramar).
Otra preocupación que se expuso en la reunión es el impacto que está generando en algunos centros de salud municipales el retorno de la aplicación del Impuesto a las Ganancias a las guardias médicas, tema por el que en las últimas horas el ex ministro de Salud y actual diputado Daniel Gollan presentó un proyecto para sean eximidos esos casos.
El sistema previsional de Santa Fe se fue configurando a lo largo de los años en distintas administraciones. Durante el último gobierno del peronista Jorge Obeid se instauró el 82% móvil para los jubilados provinciales, su sucesor, el primer gobernador socialista Hermes Binner mejoró la fórmula y Miguel Lifschitz propuso que el sistema tenga rango constitucional para evitar reformas que perjudiquen a los trabajadores.
Ahora, el radical Maximiliano Pullaro presentó en la Cámara de Senadores un proyecto que modifica sensiblemente el régimen que tiene como objetivo salvar el déficit que arrastra hace tiempo pero que se profundizó desde que el gobierno de Milei dejó de transferir los fondos nacionales que la ley contempla.
«Los sueldos más altos, y fundamentalmente los sueldos políticos, son los que más van a pagar», dijo el gobernador al momento de presentar el proyecto. Para los estatales, la reforma atenta contra los derechos de los trabajadores activos y pasivos, sostuvo en diálogo con LPO el secretario general de AMSAFE, Rodrigo Alonso.
En vez de reclamar a Nación los recursos que tiene que aportar y que representan el 90% del déficit, el gobernador decide meterle la mano en los bolsillos de los trabajadores
El sindicato de docentes públicos y el de privados cuestionaron que el ajuste impacte en todo el sistema previsional cuando el gobierno prometía apuntar el grueso del esfuerzo sobre las categorías que más ganan como las del Poder Judicial que este viernes realizaron una impactante demostración de poder con una manifestación inédita en contra del proyecto.
«El socialismo tiene una cita con la historia. O resuelve esto y hacen una ley más justa o pasan a ser un partido más de una coalición conservadora», sostuvo Martín Lucero, secretario general de Sadop, el gremio que nuclea a los docentes del sector privado.
En principio, el proyecto de Pullaro modifica los dos regímenes especiales de la provincia afectando a los docentes y fuerzas de seguridad, mientras que las reformas en las categorías que más ganan como los del Poder Judicial es de menor impacto: «el descuento del 2% a los jubilados que ganan la mínima representa mucho más que el 6% a los que ganan en millones», describieron los estatales.
Pablo Olivares, ministro de Economía de Santa Fe
Es que el proyecto establece la emergencia previsional durante dos años prorrogables por otros dos, donde los trabajadores jubilados están obligados a hacer un aporte solidario del 2 al 6% de sus haberes, según la categoría. Además, establece un pilar solidario que le saca a los que más tienen pero no se distribuye entre los que menos cobran cuando muchos están por debajo de la línea de la pobreza, consideró a LPO el especialista en sistema previsional Humberto Giobergia, «pareciera que es un sistema más recaudatorio que redistributivo», agregó.
De prosperar en la Legislatura, el nuevo sistema prevé un aumento considerable de los aportes de los trabajadores activos que pasarán del 14.5% a tener descuentos del 15,5% al 21%, según el sueldo. Además, los aumentos paritarios que logren los trabajadores activos que se reflejaban automáticamente en los jubilados, ahora los pasivos deberán esperar 60 días para cobrarlos.
Es mentira que no afecta en la edad, sino que las más perjudicadas son las mujeres. Las docentes ya no se podrán jubilar a los 57 años para cobrar el 82% móvil. Para ello, deberán retirarse a los 60 o más
Sin embargo, lo que encendió las alarmas en los gremios docentes es la modificación de la edad jubilatoria: «Es mentira que no afecta en la edad, sino que las más perjudicadas son las mujeres», sostuvo Alonso y explicó que las docentes ya no se podrán jubilar a los 57 años para cobrar el 82% móvil. Para ello, deberán retirarse a los 60 o más.
«Quienes cumplan 30 años de servicio frente al aula, como director o supervisor se van con el 76% y para poder cobrar el 82% las mujeres se van a tener que jubilar a los 66 años», calcularon en Amsafe. Además, la base para el cálculo de ese 82% es menor a la fórmula actual, se quejaron.
«En vez de reclamar a Nación los recursos que tiene que aportar y que representan el 90% del déficit, el gobernador decide meterle la mano en los bolsillos de los trabajadores», sostuvo Alonso.
Por su parte, el secretario de Sadop, Martín Lucero, dijo que Pullaro «no hizo nada de lo que dijo en campaña: no respetó la cláusula gatillo que aún no pagó la del año pasado, las paritarias se cierran por decreto y meten el presentismo. Ahora también, se mete con uno de los temas más sensibles, las jubilaciones».
Sin embargo, lo que más encendió las alarmas en los estatales es la cláusula transitoria donde el gobernador se reserva la posibilidad de modificar la edad jubilatoria por decreto si hay cambios en el sistema nacional. En los gremios docentes sospechan de un acuerdo entre Milei y Pullaro a cambio de obra pública o fondos para otras áreas.
El proyecto ingresó el miércoles pasado en la Cámara de Senadores y el gobierno no tendría inconvenientes para lograr la media sanción. En Diputados, donde el Partido Socialista tiene la bancada más importante del oficialismo, es una incógnita. Los docentes son una base electoral implacable para el PS: «se va a animar a votar esto», se preguntan en los sindicatos.
Javier Milei ratificó este viernes que su veto a las jubilaciones será total pero incumplió la promesa de armar un interbloque como exploración de un cogobierno con el PRO y el MID, tal como se había conversado en la previa con Mauricio Macri y Oscar Zago. «La reunión no fue lo que iba a ser», se lamentó un macrista.
Durante el encuentro, el Presidente justificó su intención de vetar totalmente la ley de movilidad previsional que sancionó recientemente el Senado. Uno de los diputados presentes en la reunión dijo a LPO que el desarrollista Eduardo Falcone pudo formularle una pregunta sobre el costo del déficit fiscal que evitaba con su anulación de la norma y el Jefe de Estado se deshizo en explicaciones técnicas.
Por su parte, el líder de la bancada PRO, Cristian Ritondo, habría sido el encargado de hacerle a Milei «preguntas más políticas». El diputado macrista reclamó que se trabaje «en equipo», que se arme «una mesa» y «se salga a buscar más diputados» para sostener las iniciativas del gobierno.
Pero sobre todo, según fuentes consultadas por LPO, Ritondo le habría marcado la cancha a Milei con una demanda concreta: «Hace falta que nos escuchen», fue el resumen de su mensaje. «Si quieren el apoyo nuestro, nos tienen que consultar porque, si nos hubieran dado pelota con el proyecto de María Eugenia para las jubilaciones, no tendrían que pagar el costo político de vetar la ley ahora», graficó un legislador.
A Ritondo lo acompañaron la propia Vidal, Diego Santilli y Alejandro Bongiovanni, mientras que Zago fue con Falcone.
El jefe de la bancada libertaria, Gabriel Bornoroni, expresó que sus colegas eran «leales» a la conducción de Martín Menem en la Cámara Baja sin que nadie, por decoro o tacticismo, respondiera. El silencio reconfortó al riojano, que no asistió al encuentro por considerarse ofendido ante los reproches que Macri dejó trascender públicamente contra sus errores de conducción.
El enojo de Menem contra Macri no expresa otra cosa que la resistencia de Karina Milei, que estuvo en la reunión con los legisladores, a cogobernar con el PRO. La hermana del presidente le habla a los libertarios de eliminar al PRO de una vez en la Ciudad.
Un diputado macrista al tanto de las conversaciones señaló que «después del pataleo que armó Menem no se podía avanzar» con el interbloque. «Si armás el interbloque, se te enquilomba más de lo que está el bloque libertario», concedió.
Sin embargo, advirtió que esta apuesta del PRO con Milei abriga condiciones que habrían charlado Milei y Macri mientras cenaban entraña en Olivos el martes por la noche. «Si nos cagan de vuelta, se va todo a la mierda», avisó.
Esa desconfianza es la que animó a uno de los operadores políticos que había sido fundamental para que Milei aceptara la idea de armar un interbloque a alertar que, tras esta reunión sin saldos políticos concretos con Macri y Zago, «esto puede salir muy caro».
Con inusual presencia masiva que buscó ser una manifestación de fuerza, unos doscientos jueces santafesinos se plantaron este viernes en las escalinatas de los Tribunales de Rosario, sublevados en contra de la reforma previsional que intenta Maximiliano Pullaro. Un día antes el gobernador mandó un proyecto a la Legislatura para frenar un imparable déficit la Caja de Jubilaciones de la provincia. El paquete les toca los bolsillos a los empleados públicos, entre ellos a los magistrados, por lo que el sector que es por lejos el mejor remunerado de la administración pública salió a mostrar los dientes.
Los jueces aprovecharon la oportunidad para meter en la bolsa de protestas otros pleitos que tienen con un mandatario que desde su asunción hace siete meses cuestiona al servicio de Justicia y al estatus de los empleados judiciales por sus cargas horarias limitadas y salarios desconectados del resto de la administración. Los cuestionamientos de los jueces pasan por las demoras en cubrir vacantes judiciales que resienten las prestaciones y por lo que perciben un ataque a la independencia de la magistratura por lo que, denuncian, es un ninguneo intolerable del gobierno.
«Esto no es «Resistiré»», le dijo con jovial firmeza un magistrado a LPO. Se refería a una célebre reunión de jueces que hace 14 años cantaron a voz en cuello esa canción en una celebración de fin de año cuando se había aprobado el cambio del modelo de enjuiciamiento penal en la provincia, lo que originó audibles rezongos en algunos sectores de jueces liderados por el ministro de la Corte provincial Rafael Gutiérrez. «Aquello fue un desafío minoritario a un cambio que el modelo constitucional sin dudas exigía. Esto en cambio es el rechazo generalizado a una ley injusta que limita conquistas gremiales históricas de todos los estatales santafesinos», distinguió.
El planteo de Pullaro es reducir entre un 20 y 30 por ciento el rojo de la caja jubilatoria santafesina que proyectado a todo 2024 se ubica en los 430 mil millones de pesos. Para eso postula una declaración de emergencia para el régimen previsional de todos los empleados y funcionarios públicos que ya desató anuncios de medidas de fuerza de docentes y las críticas de especialistas en cuestiones jubilatorias.
Contra el blanqueo del proyecto los magistrados sacudieron sus modales usualmente flemáticos. Este viernes a la tarde había en la sede judicial rosarina de la calle Balcarce más de la mitad de los jueces de toda la provincia. «El aspecto de la independencia es medular para cualquier Poder Judicial, que se autogobierna: No lo gobierna ningún otro poder del Estado», dijo Roberto Dellamonica, presidente del Colegio de Magistrados de Santa Fe. «Necesita su presupuesto para funcionar que en la provincia es ínfimo con el 3.29 % del total. Necesita que se cubran las vacantes porque estamos funcionando con un 75 por ciento de la cantidad de magistrados. Y el tema previsional hemos hecho presentaciones a la comisión que trató el tema. Se debe respetar la jurisprudencia en el tema previsional de la Corte Nacional», esgrimió.
Los sueldos más altos del Estado santafesino están en el Poder Judicial pero, dicen allí, no está la fuente del desfinanciamiento de la Caja. Entre los jueces afirman que los aportes jubilatorios más altos los hacen los judiciales hasta los 65 años, precisamente por tener buenos ingresos. El agujero lo producen regímenes especiales como los de la policía provincial cuyos integrantes se jubilan a los 55 años. Y los docentes que tienen retiros también más tempranos, en los casos de mujeres a los 57 años, con una dotación de planta mucho más extensa que los trabajadores de los tribunales.
Cerca de 200 jueces santafesinos en las escaleras de los Tribunales de Rosario, en pie de batalla contra Pullaro
Los trabajadores estatales elevarán su aporte en forma escalonada. Desde el 14% actual al 15,5 hasta el 21% según el ingreso. El que más gana, más aportará. Habrá un tope de haberes que toca directamente al Poder Judicial. Hoy los que más cobran reciben hasta 32 jubilaciones mínimas, pero con este proyecto no podrán superar las 20 mínimas. Si hoy un sueldo máximo entre los magistrados más jerárquicos es 10 millones de pesos no podrá superar los 7 millones.
En el gobierno de Pullaro cuestionan la voracidad de los reclamos de jueces que hasta llegan a hacer amparos, dicen, para que no aportar a la obra social provincial Iapos, porque sus niveles de ingresos les dan para afiliarse a prepagas. En el medio hay una clara intención de Pullaro, anunciada antes de su asunción, de cambiar la composición de la Corte Suprema de la provincia, donde cinco magistrados sobre seis ya superaron la edad tope de 75 años.
«Hacia el Poder Judicial el gobierno hace una asfixia deliberada que produce una reacción lógica», dice a LPO un juez presente en el para él muy justificado conato rebelde. «No firma trámites internos de 470 empleados paralizados que implican reajustes salariales, no se firman jubilaciones, no se habilitan la cobertura de las vacantes, están los concursos de jueces parados. Todo es para forzar el cambio de integrantes de la Corte Suprema provincial. Tampoco blanquean una alternativa de actuación. No dejan más camino que la expresión de la protesta. Si quieren cambiar la Corte que no esperen un gesto de los que están ahí. Que tengan los huevos de buscar rápido los reemplazos y tomar la decisión», comentó.
Otra crítica del gobierno es que los judiciales abusan de iniciar trámites de cese jubilatorio pero los mantienen sin retirarse mientras las circunstancias de permanecer activos les son favorables. El juez Ivan Kvasina, titular del Colegio de Magistrados de Rosario, dejó entrever con elegancia que eso es una chicana. «Es un mecanismo previsto en la ley jubilatoria 6915 que la puede utilizar cualquier empleado provincial que está vigente desde antes de los años 90. No es privativo de los jueces y lo puede usa regularmente cualquier estatal. Se enfatiza en la figura de algunos jueces tal vez con alguna intencionalidad política», dijo Kvasina.
El magistrado leyó entre líneas. Leyó bien. Hay tres ministros de la Corte Suprema con edad jubilatoria ya sobrepasada que tienen hace tiempo en sus cajones el trámite completo. Desde el Ejecutivo están ardidos con este juego especulativo que no obstante es legal. LPO le preguntó si su lectura de la intencionalidad política aludía a eso.
«Es posible que sí, esta situación entre el Ejecutivo y la Corte puede estar influyendo», dijo el titular del gremio de jueces rosarinos.
Otro de los puntos fuertes planteado por los Colegios de Magistrados es que la administración de los recursos del Poder Judicial de Santa Fe debe ser retenido en ese órgano del Estado. Justamente ahora que se abre el juego de una reforma constitucional en Santa Fe hay legisladores de distintos bloques que señalan que la potestad de la Corte Suprema del manejo presupuestario, como lo sostiene la Constitución provincial vigente, debe ser cambiada. Tal como ocurrió en la Constitución Nacional reformada en 1994 que cedió la administración al Consejo de la Magistratura.
El principal cuestionamiento pasa porque esa facultad en Santa Fe la tiene la Secretaría de Gobierno de la Corte Suprema. Los legisladores aducen que su responsable, Eduardo Bordas, hace una manejo discrecional y autónomo de los recursos, con escaso o nulo control de los ministros del máximo tribunal. Por eso legisladores que impulsan una enmienda constitucional analizan quitarle la atribución. Para muchos de ellos, al igual que para distintas gestiones previas en la Gobernación, la Corte Suprema no debe manejar los fondos.
«Creo que el gobierno tiene que estar dentro y no fuera del Poder Judicial por el principio constitucional de independencia de poderes. La experiencia del mal funcionamiento del Consejo de la Magistratura nacional avala nuestra posición de que no sería la mejor solución.
