La justicia porteña cree que en las próximas horas est®ea cerca de determinar la identidad de al menos uno de los integrantes de la patota que causó destrozos en la sede del Comité Nacional de la UCR, del barrio de Congreso.
Tras el ataque a la sede nacional de radicalismo, con especial énfasis en el despacho del presidente Martín Lousteau , el radicalismo se movió para que la causa quede en el fuero porteño, donde el dirigente Daniel «El Tano» Angelici tiene línea directa con el procurador Juan Bautista Mahiques.
El fiscal General de la Ciudad puso a su segundo Javier López Zavaleta a seguir el el tema. Este domingo trascendieron imágenes de dos de los atacantes, captadas por las cámaras de seguridad del Comité Nacional.
«En las imágenes se ve la cara de uno de los atacantes, ahora vamos a empezar a trabajar en la detección de los celulares. Creemos que vamos a poder identificar pronto, al menos a uno de ellos», afirmó a LPO un funcionario al tanto de las investigaciones.
El ataque ocurrió cerca de la 1:30 de la madrugada del sábado, cuando la patota entró por un edificio colindante de la sede del Comité Nacional de la UCR, ubicado sobre la calle Alsina 1758, en las cercanías del Congreso de la Nación. Permanecieron una hora en el lugar, no robaron nada y se dedicaron a romper los muebles, las dos laptops que había y otros elementos de la oficina. La impunidad con la que se movieron fue evidente.
En las imágenes se ve la cara de uno de los atacantes, ahora vamos a empezar a trabajar en la detección de los celulares. Creemos que vamos a poder identificar pronto, al menos a uno de ellos.
«No robaron nada, dejaron ahí las laptops tiradas, rompieron la puerta de la presidencia, entraron a la tesorería, rompieron armarios, cajas fuertes antiguas. Fue una intimidación», afirmó en diálogo con LPO un dirigente del partido.
TREMENDA CASUALIDADJusto cuando la UBA se niega a que le hagan las auditorias, a 125 le entran en la oficina a destruir evidencia que podría tener la marca de sus dedos…CIAO !!!PD: PRINCIPIO DE REVELACIÓN https://t.co/VQ4GJ1C5LQ
En el radicalismo sospechan que un sector del gobierno puede estar detrás del ataque. No contribuyó a despejar esos fantasmas, que el propio presidente Milei, sin ninguna información conocida, acusara por X a Martín Lousteau de haber concretado un autoatendado para quemar «evidencia» de supuestos desmanejos en la UBA.
«Es una estupidez tremenda la de Milei, no hay ningún documento importante en el Comité Nacional», afirmó a LPO un dirigente radical cercano a Lousteau.
Como sea, en el partido sospechan de un sector de radicales con vínculos con los servicios que se sumaron al gobierno libertario y tienen al menos un ministro y un secretario de Estado en la Jefatura de Gabinete. «Esto no fue obra de la AFI que controla Santiago Caputo, sino precisamente de la gente que se quiso meter ahí y se quedó afuera», analizó la fuente consultada.
Los vecinos del municipio de Paiporta, en Valencia, uno de los más afectados tras el paso de la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos), atacaron con barro a la comitiva encabezada por los Reyes Felipe y Letizia, el presidente Pedro Sánchez y el president de la Generalitat de Valencia, Carlos Mazón.
El desastre natural se cobró la vida de más de 214 personas y aisló a miles de familias que en algunos casos no pudieron salir de sus casos. En ese marco, los afectados escracharon a las autoridades y alteraron una recorrida que se esperaba que fuera tranquila.
La reina Letizia terminó con barro en la cara y conmovida por la reacción de las personas, que pidieron la renuncia del rey, del presidente y de gobernador valenciano. Por esto, la visita de la comitiva tuvo que ser suspendida ante estas agresiones y los reyes se fueron en los automóviles oficiales, que terminaron llenos de barro.
El desastre natural se cobró la vida de más de 214 personas y aisló a miles de familias que en algunos casos no pudieron salir de sus casos. En ese marco, los afectados escracharon a las autoridades y alteraron una recorrida que se esperaba que fuera tranquila
Al llegar a Valencia, los monarcas se reunieron un poco más de una hora con los cuerpos que participan de esta emergencia y al salir saludaron al personal desplazado allí, como miembros de la Unidad Militar de Emergencia (UME), Cruz Roja, Policía o Guardia Civil.
Letizia discuten con los afectados por las inundaciones.
Asimismo, los reyes vieron las furgonetas cargadas con ayuda material para los damnificados, según informó el diario La Sexta.
Previo a la visita, la Casa Real envió un comunicado a los afectados, en el que mostraron el «agradecimiento a todos los jefes del Estado, autoridades y líderes internacionales por sus mensajes de condolencia, consuelo, apoyo y solidaridad con los españoles por las devastadoras consecuencias de la DANA».
Además, aseguraron que «sus palabras de afectos y hermandad nos hacen sentir acompañados en esta terrible tragedia que asola a España».
El Intendente Juan Pablo García, encabezó la entrega de 20 lotes a las familias que habían sido enviadas a vivir al Barrio Malvinas Argentinas (atrás de la Planta de Residuos) y a la Chacra 82 (detrás del Parque Termal). En total, desde el inicio de la nueva gestión, el Municipio reubicó a 90 familias que vivían en sectores donde es imposible tener los servicios básicos.
«Desde el primer día nuestro compromiso con los vecinos fue hablar con la verdad. Nos reunimos y les dijimos que donde habían sido ubicados no podían vivir, porque las condiciones de infraestructura del lugar no eran aptas. Y en consecuencia, nos pusimos a trabajar para reubicarlos. Ahora van a estar tranquilos. Estamos haciendo lo que corresponde para que tengan mejor calidad de vida», aseguró el Intendente Juan Pablo García.
En los últimos años varios barrios de nuestra ciudad fueron creados en sectores no aptos para habitar, con factores altamente contaminantes y con la imposibilidad de generar servicios que brinden calidad de vida básica a quienes allí viven. Por eso, la nueva gestión decidió empezar el proceso para reubicar a esas familias.
«A estas 20 familias las relocalizamos en el Barrio García Cuerva, donde estamos instalando el cordón cuneta y haciendo gestiones para los servicios de cloacas y agua potable», manifestó el Secretario de Obras Públicas, Rafael Vincenti.
El cierre competencia trajo alegrías para la delegación de Mar Chiquita. Con tres oros en vóley y una plata el futsal, el distrito acumuló doce preseas en una excelente actuación de Deportes y Cultura en las finales de los Juegos Bonaerenses en Mar del Plata. Decenas de familias, el intendente Walter Wischinivetzky y funcionarios recibieron a los representantes en Coronel Vidal con gran algarabía. “Estamos felices. La delegación dejó la bandera de Mar Chiquita en lo más alto, a disfrutarlo”, afirmó el jefe comunal.
En la última jornada, se colgaron la de oro, los equipos de vóley masculino Sub 18, femenino Sub 17 y Sub 15; y el futsal se coronó subcampeón provincial y se quedó con la presea de plata. El intendente, el secretario de Deportes Sebastián Rioja, profes y familiares siguieron de cerca en “La Feliz” las definiciones durante el sábado pasado.
En resumen, Mar Chiquita consiguió oro con los equipos de vóley masculino Sub 18, femenino Sub 17 y Sub 15, y con Faustina Guzmán Laguné, en natación 100mts pecho Sub 14.
La presea plata la obtuvo el conjunto de futsal masculino Sub 16; Juan Benjamín Guzmán en natación 50mts libre; Alexis Echevarría en natación trasplantado 50mts libre; Abril Paso Giménez en lanzamiento de bala motor no ambulante f53; Federico González en PCD lanzamiento de bala motor no ambulante f54 y María Luján Gómez en tenis de mesa. El medallero marchiquitense lo completan con bronce Ailín Felices en natación 50mts libre Sub 18; y la dupla Ramiro Beier y Galo Acevedo en beach vóley Sub 18.
En Coronel Vidal, la delegación fue recibida con alegría y emoción. El intendente Wischnivetzky y funcionarios acompañaron la recepción familiar y felicitaron a todos los representantes por el desempeño. “Estamos felices. La delegación dejó la bandera de Mar Chiquita en lo más alto, a disfrutarlo. Los Juegos Bonaerenses son la máxima expresión provincial y allí los talentos marchiquitenses demuestran todo el trabajo del año. Vamos por más, siempre”, manifestó con satisfacción Wini.
El anuncio de privatizacion del Belgrano Cargas fue un primer golpe de efecto. La ambición mayor del gobierno es colgarle el cartel de venta a la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (Sofse).
La compañía estatal que fue creada en 2008 opera 6 de las 8 líneas de trenes de pasajeros del Amba y los servicios de larga distancia.
Las 2 líneas que quedaron bajo gestión privada desde 1994 son el Belgrano Norte, administrado por la empresa Ferrovías SA, controlada por el Grupo Emepa, cuyo dueño es Gabriel Romero; y la línea Urquiza, concesionada a Metrovías, del grupo Roggio que lidera Benito Roggio.
Romero es el nombre que sobrevuela la privatización de Sofse. Este empresario fue parte del club de los arrepentidos de la causa de los cuadernos. Romero confesó el pago de coimas por USD 600.000 para que el gobierno de Cristina Kirchner le renovara la concesión de la explotación de la Hidrovía. Además, en su declaración, Romero dijo que entregaba alrededor de un 15% de los subsidios al ex secretario de Trasporte, Ricardo Jaime, y un «retorno adicional» anual de 500 mil dólares para mantener la concesión de Ferrovías, que el gobierno kirchnerista amenazó con rescindir en 2018, pero nunca lo hizo. El titular de Emepa declaró como imputado colaborador y rubricó su acuerdo con el fiscal Carlos Stornelli.
Romero fue el empresario más cercano al expresidente Raúl Alfonsín, compró Emepa en 1986, cuando reabrió su planta en Chascomús para la fabricación y reparación de vagones para trenes y una cláusula no ecsrita del Pacto de Olivos fue entregarle a él el negocio d ela flamante Hidrovía, como parte del acuerdo del radical con Carlos Menem.
Romero confesó el pago de coimas por USD 600.000 para que el gobierno de Cristina Kirchner le renovara la concesión de la Hidrovía. En su declaración, Romero dijo que entregaba alrededor de un 15% de los subsidios al ex secretario de Trasporte, Ricardo Jaime, y un «retorno adicional» anual de 500 mil dólares para mantener la concesión de Ferrovías.
Ahora Romero entró en diálogo con la administración libertaria. Quien que lleva el pulso de las privatizaciones es el asesor Santiago Caputo.
El empresario radical pide para hacerse cargo del Sofse que le den por 99 años el manejo de los terrenos ferroviarios -en derecho administrativo ese plazo se asemeja a la propiedad plena- y le entreguen la empresa con 6000 trabajadores menos, según confirmó a LPO un funcionario al tanto de las conversaciones.
Emepa controla la concesión del Belgrano Norte, el ferrocarril de cargas Mitre y los trayectos del Mitre que unen la ciudad de Buenos Aires con Córdoba, Rosario, La Banda y Tucumán. Junto a Metrovías tuvo participación en las explotaciones del Mitre y del Sarmiento hasta 2013, a través de la Unidad de Gestión Operativa Mitre Sarmiento, (Ugoms) y del San Martín, Belgrano Sur y Roca hasta 2014 a través de la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (Ugofe).
Si bien Romero es un empresario ligado a los negocios ferroviarios, dato sumamente relevante es que Emepa tiene parte de la concesión de la Hidrovía que controla la vía troncal navegable del Río Paraná, donde tiene puesta la mira Mauricio Macri, tal como contó este medio.
Además, Romero hace negocios con la Ciudad desde hace 20 años a través de la empresa de publicidad PC Vía Pública, que tiene la concesión de parte del mobiliario urbano del gobierno porteño.
Las 6 líneas que opera SOFSE representan el 85% de la demanda total. En total, registraron 335 millones de pasajeros pagos en 2023 con una evasión estimada del 31,7%. Tiene más de 23.000 empleados. Desde su creación la cantidad de empleados no ha variado de manera significativa; solo se produjeron cambios a nivel jerárquico. El punto más alto se alcanzó en agosto del 2022 con 24.185 empleados.
En 2023 fue la segunda empresa pública con mayor déficit operativo, sólo superada por Enarsa.
Gabriel Romero pretende que el Estado le entregue la explotación de los los terrenos ferroviarios por 99 años a cambio de hacerse cargo de los trenes de pasajeros. También pide que le entreguen la empresa con 6.000 empleados menos.
Trenes Argentinos Operaciones funciona bajo la órbita del holding estatal Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (FASE), que agrupa a todas las empresas estatales del sector: la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIFSE), Belgrano Cargas y Logística y Trenes Argentinos Operaciones.
El sendero de privatización de SOFSE fue revelado por el presidente del Belgrano Cargas, Alejandro Núñez, en la Bolsa de Rosario. El plan comenienza con los ramales que hoy están en manos del Estado. En paralelo se buscará licitar tres negocios asociados: el de la infraestructura que son las vías y terrenos aledaños, el de los talleres de mantenimiento, y el material rodante. Romero tiene una idea distinta: pretende que le entreguen los terrenos a cambio de hacerse cargo de la empresa de trenes. El empresario tiene un punto para poner condiciones: la operación privada de trenes masivos de pasajeros es un negocio dificilísimo.
La mayoría de los países de América Latina que cuentan con sistema ferroviario, el transporte de pasajeros está operado por organismos o empresas estatales. Lo mismo ocurre en la mayoría de los países desarrollados.
Según el investigador José Barbero «la privatización de los trenes es muy difícil, salvo que un privado construya un tren, en general, son propiedad del Estado y la propiedad no se transfiere. Concesión y privatización son cosas muy distintas. La concesión es una cesión transitoria de derechos pero de ninguna manera es una transferencia».
En general, en el mundo desarrollado, casi sin excepciones, todos los grandes sistemas de transporte público, sobre todo los de transporte guiado (metro y trenes), son de gestión pública. En Nueva York, en Chicago, en Los Ángeles, en París, en Roma, en Madrid, en Moscú.
El docente de la Universidad de San Martín (USAM) agregó «en general, en el mundo desarrollado, casi sin excepciones, todos los grandes sistemas de transporte público, sobre todo los de transporte guiado (metro y trenes), son de gestión pública. En Nueva York, en Chicago, en Los Ángeles, en París, en Roma, en Madrid, en Moscú».
Barbero explicó que «no es una cuestión ideológica, sino pragmática. Los sistemas ferroviarios suelen ser, en términos comerciales, deficitarios. Y requieren, sobre todo, de inversiones en vías, señalamiento, electrificación, material rodante, que no se pueden cubrir con el resultado operativo, que, o es de pérdida, o en el mejor de los casos, es de equilibrio».
Al menos cinco personas ingresaron a la sede del Comité Nacional de la UCR en Buenos Aires en un hecho que generó la preocupación y el repudio de todo el arco político.
Según informó el partido centenario, el hecho ocurrió cerca de la 1:30 de la mañana en donde las personas ingresaron al edificio desde una propiedad colindante y, durante una hora, vandalizaron las oficinas principales, incluyendo la de Martín Lousteau.
Las cámaras de seguridad registraron a uno de los atacantes en la vereda que operaba de guardia, mientras los otros destrozaban el interior. Al finalizar, dejaron esparcidas en el suelo dos notebooks y otros materiales de oficina, antes de abandonar el lugar sin robar nada.
La UCR expresó un enérgico repudio ante este ataque y solicitó un rápido esclarecimiento de los hechos mediante una denuncia judicial, exigiendo que se identifique y castigue a los responsables.
Dentro de la UCR se expresaron figuras como el presidente de la UCR de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Ocampo, el senador y referente en la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad y el santafesino Juan Cruz Cándido.
La UCR expresó un enérgico repudio ante este ataque y solicitó un rápido esclarecimiento de los hechos mediante una denuncia judicial, exigiendo que se identifique y castigue a los responsables
Tambien Julio Cobos, ex vicepresidente de la Nación, se refirió al tema. «Repudiamos estos hechos delictivos contra el Comité Nacional de nuestro partido, y solicitamos a la justicia que actúe con celeridad para identificar y juzgar a los culpables», escribió en X.
Por fuera del radicalismo, la senadora kirchnerista Juliana Di Tulio se manifestó por redes sociales en donde dijo: «Exigimos al poder judicial y al poder ejecutivo el total esclarecimiento de los hechos inaceptables en democracia y nos solidarizamos con UCR y su Presidente Martín Lousteau».
Al no registrarse ningún robo, dirigentes como la vicepresidenta del bloque radical en Diputados Karina Banfi, calificó el acto de vandalismo como «intimidatorio» en medio de las tensiones del partido con el gobierno por una nueva descalificación a la figura de Ricardo Alfonsín, a quien acusó de promover un golpe de estado contra Fernando de la Rúa.
El despido sin piedad de la canciller Diana Mondino pegó fuerte entre los dirigentes libertarios que iniciaron el espacio político que llevó a Javier Milei a la Presidencia. Uno de ellos fue el legislador porteño Eugenio Casielles, que hace ya varios meses empezó a tomar distancia de Milei.
«Me preocupa la velocidad con la que cambian los funcionarios», publicó en sus redes sociales y agregó que Milei tiene «buenas intenciones» pero lo rodean funcionarios no están preparados para el cargo o sólo buscan beneficios personales. Casielles, como otros dirigentes que acompañaron a Milei en su paso a la política, terminó excluido del entorno presidencial por decisión de la hermana del Presidente.
«La Libertad Avanza tiene cada vez menos dirigentes propios y más ajenos, como es el caso de la irrupción de Patricia Bullrich en la mesa chica», comentó Casielles, que tilda de «marketinera» a la gestión de la ministra de Seguridad.
La Libertad Avanza es un espacio que tiene más de verticalista que de liberal, donde la discusión interna no está bien vista.
«La Libertad Avanza es un espacio que tiene más de verticalista que de liberal, donde la discusión interna no está bien vista» agregó Casielles.
«La política no es mala palabra como muchos instalaron, tenemos que tener un proyecto de país fuerte, eficiente y a largo plazo, así no vamos a llegar a ningún lado», insistió.
Casielles es legislador de la Ciudad desde 2019, pero a partir del 2021 fue uno de los principales armadores del espacio de La Libertad Avanza que llevó a Milei al Congreso y luego a la Presidencia. También fue quién convenció a Milei para que se lance a la carrera presidencial y quién le presentó a muchos de los que hoy son parte del núcleo duro del presidente, como su principal asesor, Santiago Caputo.
Un avión de Flybondi estuvo muy cerca de provocar una tragedia luego de un irregular aterrizaje en el aeropuerto Jorge Newbery con 179 pasajeros a bordo.
Lo peligroso de la situación, ademas de la maniobra para no volcar, es que el avión siguió operativo para viajar a Mendoza sin ninguna revisión ni control poniendo en riesgo a todos los que estaban a bordo.
Fuentes entendidas en la materias explicaron a LPO si bien no es obligatorio la revisión cuando se pueda tratar de un error humano, Fly Bondi suele tener este tipo de decisiones que no garantizan la seguridad de sus aviones.
«Si una cosa así pasará con un avión de Aerolíneas, dentro de su política tiene una revisión técnica porque ellos tienen técnicos en las bases, en cada aeropuerto, que revisan, se fijan que todo esté bien y presentan plan de vuelo y vuelven a salir. Flybondi no suele tener en todas las bases técnicos, de hecho tienen muy pocos técnicos para todo el país y casi siempre esos técnicos están viajando porque casi siempre tienen problemas en todos los aeropuertos», agrega la fuente.
Esta empresa fue una de las grandes beneficiadas de la política de cielos abiertos que implementó Mauricio Macri en 2015 y que el gobierno libertario pretende implementar junto con la privatización de Aerolineas Argentinas. En ese período de gobierno también presentó irregularidades que llevó a los trabajadores vinculados al tránsito aéreo a no aceptar un plan de vuelo para quedar exento de lo que pueda hacer la empresa.
Si una cosa así pasará con un avión de Aerolíneas, dentro de su política tiene una revisión técnica porque ellos tienen técnicos en las bases, en cada aeropuerto, que revisan, se fijan que todo esté bien y presentan plan de vuelo y vuelven a salir. Flybondi no suele tener en todas las bases técnicos, de hecho tienen muy pocos técnicos para todo el país y casi siempre esos técnicos están viajando porque casi siempre tienen problemas en todos los aeropuertos
Otra fuente con experiencia en el sector afirmó LPO que «cuando compras un pasaje incluso ahí te dice que es bajo tu entera responsabilidad y es todo bajo la responsabilidad de Flybondi. A nosotros no nos perjudica porque la verdad es que con nuestra licencia nosotros como que pagamos ante la justicia. Si yo me equivoco en un plan de vuelo o acepto uno que está mal y a ese avión le pasa algo, yo tengo que ir a la justicia a responder. Y en el caso que tenga que responder, respondo con mis bienes, no es que responda el Estado argentino por mí», comenta un trabajador del sector».
«Por eso, la mayoría firmamos en disconformidad los planes de vuelo, porque no queremos quedar pegados a las millones de falencias que tiene esta empresa», agregó.
Este avión de FlyBondi (LVKJD) que aterrizó de esta manera ayer en Aeroparque, con 179 pasajeros a bordo, ahora se encuentra operativo en Mendoza. Nunca fue retirado de servicio, nunca fue inspeccionado, nunca internivo la Junta de Seguridad en el Transporte @JSTsucesos. pic.twitter.com/FRcXFfWRJ3
Según pudo saber LPO, al ser una responsabilidad absoluta de la empresa la decisión de revisión y cancelación de vuelos, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la Junta de Transporte puede hacer algo si el piloto no lo declara como un accidente.
«Hay ahí un agujero medio negro pero funciona así porque es Flybondi, porque cualquier otra empresa lo que hace es detener la aeronave, revisarla, realizar y presentar un informe y después del informe realizar el plan de vuelo, lo cual siempre hace que los vuelos se demoren, pero ellos no lo hacen», detallan.
Hay ahí un agujero medio negro pero funciona así porque es Flybondi, porque cualquier otra empresa lo que hace es detener la aeronave, revisarla, realizar y presentar un informe y después del informe realizar el plan de vuelo, lo cual siempre hace que los vuelos se demoren, pero ellos no lo hacen
Esta fuente asegura que Flybondi «está exento de pagar un montón de cosas, impuestos, cargas y empleados. Tiene muy poca gente trabajando y la mayoría en pésimas condiciones laborales. Por eso tiene los pasajes más baratos. Si vos tenés un problema con Flybondi le tenes que reclamar a Dios, porque nadie te va a responder ni se va a hacer cargo».
En este contexto, y con la privatización de la aerolínea de bandera en la mesa de discusión, el ex presidente de Aerolineas Argentina opinó del tema y dijo «este avión de FlyBondi (LVKJD) que aterrizó de esta manera ayer en Aeroparque, con 179 pasajeros a bordo, ahora se encuentra operativo en Mendoza. Nunca fue retirado de servicio, nunca fue inspeccionado, nunca intervino la Junta de Seguridad en el Transporte».
«Una irresponsabilidad absoluta de todos los actores involucrados: la compañía aérea y los organismos públicos que regulan la actividad. Con la seguridad operacional no se jode. Esperemos que el Gobierno lo entienda a tiempo», continuó.
Como adelantó LPO, el gobierno logró el dictamen de mayoría para avanzar con la venta de la empresa pero aún no cuenta con los votos para alcanzar su aprobación.
La consultora Fixer publicó una encuesta que refleja un escenario de fuerte paridad y polarización de cara a las elecciones legislativas del año que viene. Según el trabajo, la elección nacional tiene a La Libertad Avanza primera con 35 por ciento de los votos, sólo un punto arriba de Unión por la Patria.
El resto de los partidos no supera el dígito. El PRO aparece con 7 puntos, el Frente de Izquierda 5, el Peronismo Federal con 3, la Unión Cívica con 2 y el Frente Renovador con 1. Una eventual alianza con los partidos del ex Junto por el Cambio mejora las chances del oficialismo de manera significativa.
Por otra parte, Javier Milei logra por segundo mes consecutiva con 41 puntos de imagen positiva pero la negativa alcanzó su máximo nivel desde que asumió la presidencia con 55 por ciento.
Otras figuras del oficialismo como Luis Espert y Manuel Adorni, dos cartas que los libertarios quieren hacer jugar en provincia y CABA, tiene 38 y 41 de imagen positiva pero superan el 50 por ciento de negativa.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue otra de las funcionarias medidas y cosecha 42 de positiva y 54 de negativa. A su vez, Victoria Villarruel registra una importante caía en relación al mes pasado al pasar de 45 a 39 de positiva en medio de la crisis con Milei y los acercamientos al peronismo.
Por el lado del peronismo, el que acumula más simpatía es Axel Kicillof con 46 puntos de positiva y 49 puntos de negativa. Por detrás del gobernador pero en un proceso de crecimiento se ubican Cristina Kirchner y Juan Grabois. La ex presidente suma 41 de imagen positiva contra 52 de negativa y el líder social, la misma imagen positiva pero 49 de negativa.
En relación a las expectativas económicas, el 70% considera que la inflación afirma que será más baja que el mes que viene y el 46% cree que la situación económica será peor en los próximos años, una disminución de 4 puntos en relación al mes de agosto que estaba en 50%.
En efecto, el mes de octubre termina con un 45 por ciento que considera que está haciendo más de lo mismo contra un 43 que sostiene está haciendo los cambios necesarios.
Los vetos a los jubilados y a la ley de financiamiento universitario también acumula rechazo, un 60 por ciento en relación al aumento para los jubilados y un 56 respecto de las universidades. Sin embargo, más del 80% está de acuerdo en auditar los gastos de las casas de altos estudios.
Por último, entre los principales principales problemas está la pobreza con un 42% superando la inflación seguido por el sistema político y la justicia.
En una ciudad como Rosario, donde el fenómeno criminal en los últimos 20 años explotó en una violencia inédita que produjo dos mil muertes, un problema endémico es la circulación de armas de fuego.
Esta semana quedó claro con una investigación cómo el mercado negro de armas en la ciudad se construye con los aportes de personas que están inscriptas legalmente como usuarios y compran en armerías habilitadas. Se determinó que usuarios legítimos adquirieron de este modo en los últimos tres años 240 armas legalmente, por valores totales que superan los 150 mil dólares y sin tener capacidad de pago demostrable.
Un lugar central para la venta de esas armas es una armería que ganó celebridad en Rosario por sus oscuridades. Los investigadores del caso calculan que de allí salió el 65 por ciento de esas armas, la mayoría pistolas 9 milímetros, que son las más utilizadas en los delitos de sangre. La armería está ligada a un ex oficial superior de la policía de Rosario. Es el comisario mayor retirado Egidio Antonio Lo Giúdice, «El Tano», quien trabajó durante la mayor parte de su servicio activo en organismos locales de control de armas.
Lo Giúdice no está imputado de ningún delito pero se encuentra bajo investigación de los fiscales que el lunes pasado imputaron a 12 personas por comprar armas repetidamente que no se encontraron en su poder. La armería Bordoni, que se presenta como una empresa familiar con 29 años en el mercado figura a nombre de su esposa, que tiene ese apellido.
De acuerdo al legajo en preparación uno de sus hijos es instructor de tiro que es la persona que da fe que quien gestiona la credencial de legítimo usuario de armas realizó una instrucción. Su yerno, por último, es gestor para operaciones registrales ante la ANMAC, la Agencia Nacional de Materiales Controlados, órgano que fiscaliza la entrega legal de armas.
El lunes pasado los fiscales Gastón Avila y Carla Cerliani imputaron a 12 personas por comprar armas que ya no están en su poder sin poder justificar con qué recursos y con el objetivo real de desviarlas al mercado ilegal. Para ellos son hombres de paja o testaferros de armas. Advirtieron por ejemplo que uno de ellos, con un sueldo mensual de 600 mil pesos, compró en 15 meses 35 armas de fuego por 25 millones de pesos. Lo hizo repitiendo hasta cinco veces la compra de misma marca y modelo de arma. «Un usuario legal puede acumular armas porque es coleccionista. Pero legítimos usuarios veteranos refieren que ningún coleccionista compra tres modelos iguales y en un mismo día», señalaron los investigadores.
Esta pesquisa fue novedosa porque en general las investigaciones parten de un responsable de un delito. Acá fue al revés: se analizó un problema de coyuntura criminal, como es la proliferación de armas, y desde allí se construyó el caso penal. Se identificó el problema y se trabajó para obtener información. En este caso los fiscales de la Unidad de Trabajo para el Abordaje Estratégico de Armas de Fuego, a partir de una hipótesis tomada de reiteraciones en el campo criminal, enfocaron la mira hacia personas que habían comprado repetidamente armas.
«Encontramos personas que han gastado este año más de diez millones de pesos en municiones, que tienen más de 20 armas registradas y cuando las vamos a buscar no tienen las armas ni las municiones», dijo el fiscal Avila. Una abrumadora mayoría de esas piezas son pistolas semiautómáticas de calibre 9 milímetros. En algunos casos esas armas rastreadas se utilizaron en delitos como homicidios, algo que corroboró el cotejo balístico en casos que hubo secuestros de armas, según se ventiló en las mismas audiencias.
Los fiscales se centraron en esos compradores legítimos compulsivos. El hecho de que casi siete de cada diez de las armas adquiridas hubieran salido de la armería Bordoni hizo que el segmento venidero de la investigación esté en ese comercio de la zona sur rosarina. Más cuando en el campo de los comerciantes del rubro y de la policía se sabe que el dueño es un ex comisario mayor que hizo la mayor parte de su carrera en el campo del control de armas.
Fue jefe del ex Registro Provincial de Armas (Repar) en Santa Fe y luego de la Armería Central de la Unidad Regional II de Rosario. Uno de sus últimos cargos fue jefe de Logística de la Policía de Rosario que tiene justamente atribuciones sobre el depósito policial de armas ubicado en la Jefatura rosarina.
La armería del «Tano» ya había llamado la atención en la Fiscalía de Rosario hace tres años. En mayo de 2021 los fiscales Valeria Haurigot y Pablo Socca descubrieron la actividad de una banda comercializadora informal de armas poderosas en la ciudad, en la que tenían participación policías locales. Solamente en una mañana se encontraron diez pistolas en un depósito del barrio Saladillo en el extremo sur rosarino. Dos armerías quedaron en la mira. Una era Bordoni.
En Bordoni un hombre que tenía el depósito de Saladillo había comprado, en un solo día de 2020, la increíble cantidad de 21 mil balas. Llevaba mayormente proyectiles para armas 9, 38 y 45 milímetros. Son los calibres más utilizados para concretar balaceras, homicidios, abusos de armas y lesiones, los delitos más reiterados en Rosario hasta abril de este 2024.
Este hombre en 2020 tenía en su poder en ese momento 33 armas de fuego. ¿Alguien controla los motivos por los que una persona, aún de manera legal, puede acumular tres decenas de armas? Esa misma pregunta se hicieron ahora los fiscales que, reconocen, cuentan con las actuales autoridades de la ANMAC una actitud de mucho mayor rigor en el control.
Acá está más fuerte el ánimo de la política de persecución. Poner la mira en algo históricamente descuidado como es el control del suministro en una ciudad arreciaron las balaceras y donde se despacharon en los últimos años enormes cantidad de proyectiles y armas. Algo que se deduce de las palabras del fiscal Avila. ¿Cómo se explica que un hombre compre 35 armas por 35 millones de pesos en poco más de un año sin que salte ninguna alerta de la autoridad de fiscalización? Lo que muestra este caso fiscal es que en los últimos años un legítimo usuario podía adquirir la cantidad de pistolas y fusiles que deseaba solamente mostrando la credencial y pagándolas.
Este hombre en 2020 tenía en su poder en ese momento 33 armas de fuego. ¿Alguien controla los motivos por los que una persona, aún de manera legal, puede acumular tres decenas de armas? Esa misma pregunta se hicieron ahora los fiscales que, reconocen, cuentan con las actuales autoridades de la ANMAC una actitud de mucho mayor rigor en el control
Con este tipo de investigaciones esto, para las autoridades del Ministerio Público de la Acusación de Rosario (MPA), puede insinuar un cambio de política. Porque además este caso demuestra que la seguridad no se reduce a un problema de presencia policial, control de delito callejero o de individuos marginales. Aquí aparece el campo legal construyendo el mercado negro de armas. Una armería habilitada que vende en forma indiscriminada, compradores registrados, una autoridad de aplicación durante mucho tiempo ausente. Este caso que recién empieza, queda remarcado, coloca el problema en el campo de la legalidad.
La investigación sobre la armería Bordoni se profundizará además porque saltaron otras evidencias de irregularidades. Los acusadores ponen el foco en la trama interna: en una misma unidad familiar un jerárquico policial retirado conocedor de la ciudad, la propietaria del comercio, el hijo como instructor que extiende certificados de aptitud para los aspirantes a legítimo usuario, el yerno como gestor ante la ANMAC. El problema sin embargo históricamente estuvo en la autoridad de aplicación: un usuario legítimo se presentaba a comprar hasta tres armas iguales o semejantes en un mismo día pero si podía hacerlo es porque el órgano fiscal emitía los certificados para validar la operación.
En los allanamientos a la armería del ex jefe policial, «una armería que vende mucho», se detectaron llamativas inconsistencias. La más alarmante es que personas no habilitadas como usuarios legítimos retiraban cajas de municiones por autorización de compradores registrados. Estos últimos, se sospecha, eran los verdaderos compradores y destinatarios de esos artículos. También se encontraron facturaciones con indicios de adulteraciones de Cuit o Cuil que suponen hechos de evasión fiscal.
En Rosario la legalidad está históricamente entreverada con la desviación de armas al mercado ilegal. En abril de 2022 dos fiscales del MPA cerraron el depósito de Balística de la Policía de Investigaciones (PDI) dependiente de la entonces Agencia de Investigación Criminal. «Lo que encontramos espanta. No había inventario ni control, no había resguardo», consignó entonces el fiscal Matías Edery. Debería haber allí 3.600 armas. Faltaban 2.000.
Justamente en relación a un mercado de armas que produjo en la ciudad más de 2 mil muertes lo que faltan son investigaciones que asciendan en los niveles de responsabilidad jerárquica. En febrero de este mismo año cuatro policías del Comando Radioeléctrico quedaron presos por plantar tres pistolas para incriminar a una banda en un delito. Los peritajes a esas pistolas determinaron que habían sido utilizadas en balaceras intimidatorias ocurridas entre diciembre de 2023 y enero de 2024 donde se dejaron amenazas al gobernador Maximiliano Pullaro.
En Rosario la legalidad está históricamente entreverada con la desviación de armas al mercado ilegal. En abril de 2022 dos fiscales del MPA cerraron el depósito de Balística de la Policía de Investigaciones (PDI) dependiente de la entonces Agencia de Investigación Criminal. «Lo que encontramos espanta. No había inventario ni control, no había resguardo», consignó entonces el fiscal Matías Edery. Debería haber allí 3.600 armas. Faltaban 2.000
Fue un hecho de extrema sensibilidad porque con esas acciones policiales, que según el fiscal Franco Carbone perjudicaban a un grupo criminal para desviar la atención de otros a los que se protegía, se construyeron narrativas de fuerte divulgación pública, en un momento en que el gobierno avanzaba con controles en las cárceles por delitos violentos. La pesquisa no escaló más allá de esos agentes aunque era conjeturable que la connivencia policial podía no limitarse a los detenidos.
La investigación de esta semana prueba algo recurrente y sabido: el mercado ilícito de armas en Rosario se nutre en gran parte de personas que comprar armas legítimamente y las derivan al delito. De otras fuentes que alimentan a ese gigantesco parque también al constancias. Algunas son armas recuperadas por la policía que deben estar resguardadas y vuelven al campo criminal como lo muestra el depósito de Balística.
También se dan procedimientos donde se detiene personas con armas y las armas desaparecen. Se da asimismo la importación de armas ilegales desde otros países vía contrabando. Finalmente otro punto problemático advertido en Rosario es el problema del control de la compra de municiones y las recargas de municiones clandestinas.
