Hace cuatro meses el juez federal Marcelo Bailaque renunció a su cargo acorralado por una denuncia por extorsión contra un agente de bolsa rosarino al que exigieron 200 mil dólares para frenar una causa en su contra. En esa trama delictiva, según los fiscales del caso, estuvieron también el financista Fernando Whpei y el ex director regional de la AFIP en Santa Fe Carlos Vaudagna. Los tres están con una causa penal. Los dos primeros en prisión domiciliaria y el último en libertad bajo medidas restrictivas.
Este miércoles en Rosario hubo una audiencia judicial para sumar al grupo a un cuarto integrante. Es el escribano santafesino Santiago Busaniche, un hombre de 52 años cobijado en los círculos rojos del mundo judicial y político, que hace 25 años reside en Buenos Aires y es tenido como un fuerte lobista de la Justicia Federal y operador de sectores de la Corte Suprema.
Como contó LPO en una nota reciente, lo que puso a Busaniche en esta audiencia son intercambios telefónicos mantenidos con Vaudagna, que muestra la prehistoria del armado de esta causa judicial mediante una sucesión de manipulaciones. El fiscal Juan Argibay Molina refirió en una hora de exposición cómo Busaniche hizo una persistente exhortación para que Vaudagna, desde la dirección de AFIP, confeccionara un informe desfavorable a los agentes de Bolsa Claudio Iglesias y Jorge Oneto, a fin de abrirles una causa judicial. Y cómo dos años después pidió un informe en el sentido inverso. Esta vez para desincriminar a ambos empresarios ya que estos habían pagado 160 mil de los 200 mil dólares solicitados para enterrar el expediente.
El fiscal Argibay desplegó los audios levantados del teléfono secuestrado a Vaudagna y también los mensajes de texto con Busaniche. Esos elementos para el fiscal demuestran que el escribano santafesino trabajó para que se construyera la información para allanar a Iglesias, a quien un anónimo genérico calificaba de lavador de activos de la banda narcocriminal Los Monos. Busaniche le dice que este allanamiento debe hacerse antes del 1º de noviembre de 2019.
Indicó que está probado por las antenas que el 30 de octubre de 2019 Vaudagna se reunió con Bailaque en el despacho del juez. Al día siguiente se libraron cuatro allanamientos contra el agente bursátil. Estos se concretaron por Prefectura Naval al día siguiente, que era el 1º de noviembre de 2019, deadline del plazo que sugirió Busaniche. «Vaudagna se ocupó de coordinarlos y comunicar el resultado a Busaniche y Bailaque», dijo Argibay Molina.
Como parte del plan Vaudagna, siguió el fiscal, omitió los procedimientos habituales en AFIP y radicó una denuncia penal falsa en el juzgado de Bailaque. Durante las primeras semanas octubre 2019 se reunieron en el Museo de la Democracia de Rosario que administra la familia Whpei. Allí Fernando Whpei le dijo a Iglesias: «Tenes un tema grave de una denuncia anónima que viene empujada por gente pesada. Hay una alternativa. Soy amigo personal del juez que tiene tu causa y va a solucionar el tema con el fisco y con el juez». Le pidió entonces 200 mil dólares para que se cerrara la causa penal y la investigación en la ex AFIP.
Débora Lichtmann
El objetivo de este trámite para los fiscales era direccionar una causa contra Iglesias y Oneto. El objetivo: «Presionarlos, dañar su reputación y perturbar el ejercicio de cargos directivos en la empresa San Cristóbal, lo que le permitió exigirle dinero a Oneto e Iglesias para influir en el trámite». Es muy notoria la familiaridad, para los fiscales, de Busaniche con Vaudagna, Whpei y el juez Bailaque.
Dos años después
Pasaron dos años desde los allanamientos y el inicio de la causa que Bailaque impulsó personalmente contra los empresarios. Entonces según Argibay reapareció el escribano. «Durante 2021 Busaniche volvió a interactuar con Vaudagna para que responda un oficio de 2021 y mediante el que se solicitaba las tareas finales de los implicados en el caso. Acá, al revés, es para que la AFIP sirva para proyectar una resolución desincriminante. El 2 de agosto de 2021 Whpei volvió a exigirle dinero a Iglesias. El 7 de septiembre de 2021 Bailaque le dictó la falta de mérito. Entre otros argumentos valoró la información que AFIP había proporcionado con el direccionamiento de Busaniche», dijo el fiscal Argibay.
De acuerdo al relato del acusador, Whpei le exigió más dinero a Iglesias en el Museo de la Democracia. «Sin dar intervención al Ministerio Público resolvió la solicitud de restituir bienes secuestrados a Iglesias. En total y por las presiones del juez Bailaque, Fernando Whpei recibió de Iglesias la suma de 160 mil dólares. Luego Whpei pidió más plata para que el juez dictara el sobreseimiento. Le dijo que se quedara tranquilo porque la lapicera la seguía teniendo el juez y no le iba a pasar nada».
¿Cuál es el rol que tuvo Busaniche? Una permanente interacción a lo largo de dos años para que primero se le armara la causa a Iglesias y después se la frenaran. Los fiscales no le atribuyeron extorsión. Lo acusaron de prevaricato, allanamiento ilegal y falsedad ideológica de documento público, todo como partícipe necesario. También pidieron un embargo por un millón de dólares y la inhibición general de sus bienes.
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Busaniche, describió el fiscal Argibay, es el escribano con la matrícula 320 de la provincia de Santa Fe que está ubicada en Hipólito Yrigoyen 2600 de la ciudad de Santa Fe. Según el fiscal desde 2023 la actividad principal declarada al fisco es servicios notariales. Busaniche estuvo en relación de dependencia en distintos poderes del Estado. Entre 95 y 97 en el Consejo de la Magistratura Nacional. Luego en relación de dependencia de la Cámara de Diputados de la Nación. Posteriormente en la Cámara de Senadores de Santa Fe. Está casado con una hija del ex diputado santafesino Julio Gutiérrez que es primo político del ex gobernador Carlos Reutemann y fue su armador en la Legislatura provincial en los 90. Es hermano del camarista federal de Paraná Mateo Busaniche.
«Es importante saber que al inicio de los hechos que se investigan, agosto 2019, Busaniche no era funcionario del poder Judicial de Santa Fe ni del Ministerio Público ni de AFIP. Mantenía un vínculo laboral con la Cámara de Senadores de Santa Fe. Ejercitó este rol por fuera de relaciones laborales», indicó Argibay Molina.
La defensa manifestó con mucha energía, durante dos jornadas, que los fiscales actuaron de manera ilegal, desleal, con falta de objetividad y con una vocación persecutoria ciega. La defensora Débora Lichtmann pidió que se declare la nulidad de la imputación por estar fuera de plazo. Pero sobre todo por lo que llamó las utilizaciones falsas y contradictorias de lo que testimoniaron como arrepentidos Vaudagna y Whpei. Hablaron de causa orquestada y de que los fiscales armaron una imputación en base a declaraciones que son hechos delictivos.
No explicaron por qué Busaniche, con su voz y de manera reiterada, mostraba en los audios una vocación tan fuerte de que la causa contra Iglesias y Oneto se moviera y hacía gestiones para ellos y hasta decía recibir fuertes presiones para ellos «desde Buenos Aires». Primero para imputar a Iglesias y Oneto. Después para liberarlos de cargos.
El juez Eduardo Rodríguez da Cruz dijo que pese a no ser funcionario público Busaniche fue partícipe de prevaricato, porque cooperó para que a los empresarios extorsionados les inventaran una causa y el juez dictara una resolución injusta. Rechazó las objeciones de la defensa, validó la investigación de los fiscales del caso y aceptó los delitos atribuidos.
