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El proyecto RIGI facilita la fuga de capitales aseguró el foro gremial-político Economía y Trabajo  

EL PROYECTO RIGI FACILITA LA FUGA DE CAPITALES ASEGURÓ EL FORO GREMIAL-POLÍTICO ECONOMÍA Y TRABAJO  

El Foro Economía y Trabajo, que integran la CGT, ambas CTA (de los Trabajadores y Autónoma), pequeñas y medianas empresas, cooperativistas y otros espacios políticos y sociales, aseguró que “el endeudamiento externo del país, que condiciona las decisiones de política económica, es la contraparte del proceso de fuga de capitales que limita las posibilidades de desarrollo”, y denunció que “es un círculo vicioso que propicia el presidente Javier Milei a través del RIGI”, afirmó hoy el sector. 

“Se trata de un círculo vicioso que propicia Milei al considerar que aquel que fuga dólares es ‘un héroe’, que ‘no importa de dónde venga la plata’, y que es ‘mejor’ que se compren ‘en negro’ para no pagar impuestos”, según dijo en el Foro Empresario de Llao Llao el 19 de abril último, afirmó un documento.

Para el Foro, que también integran economistas y otros especialistas a propuesta de las organizaciones sindicales, en “ese círculo vicioso el Estado se subordina al sector financiero por los pagos de capital, intereses y comisiones en detrimento de las obligaciones fijadas por la Constitución asociadas a los derechos humanos –como el acceso a la energía y el agua, la alimentación, la vivienda y las condiciones laborales-, la previsión social, la salud, la educación, la infraestructura, la seguridad y la defensa, por lo que crece el déficit fiscal y cuasi-fiscal, se quiebra el orden de las cuentas públicas y se condena la posibilidad de planificación integral del desarrollo nacional”, denunció el espacio.

El crecimiento de la deuda

“Entre 1976 y 2023 la deuda externa acumuló 286 mil millones de dólares y, la fuga de capitales al exterior, 351,9 mil millones de dólares, mientras que en ese período el déficit fiscal primario –que incluye el consolidado de Nación, Provincia y Municipios- ascendió a 99,4 mil millones de dólares. Es la consecuencia de la estrategia transnacional de valorización financiera que ejecutan las principales corporaciones empresarias locales y foráneas. En la estimación oficial de más de 430.000 millones de dólares de activos externos de argentinos -que continúa incrementándose en los últimos meses- se oculta la fuga sistemática de grandes capitales hacia el exterior, lo que provoca un enorme perjuicio a la recaudación tributaria y a la solvencia fiscal”, denunció el documento del espacio político-gremial.

También señaló que las grandes corporaciones exteriorizan firmas y capitales en guaridas fiscales, evaden y/o eluden tributos, subfacturan exportaciones -dejando el saldo en negro en el exterior- y sobrefacturan importaciones, queda el excedente en cuentas afuera y reingresan a través de blanqueos, precios de transferencia o negocios financieros presionando sobre el tipo de cambio.

El RIGI

“El Senado analiza la Ley Bases, que contiene un Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) para facilitar esa fuga y eximir a los futuros beneficiarios de ingresar al país el 100% de las divisas que se obtienen por exportación luego del tercer año (artículo 195), reduciéndoles de forma notoria impuestos, retenciones, derechos de exportación (artículo 180 y subsiguientes) o admitiendo la libre importación de bienes de capital e intermedios -maquinaria, tecnología, insumos, servicios- (artículo 187 y subsiguientes), sin control de impuestos y garantizando el acceso a las divisas en el mercado local para pagarlas (artículo 197)”, sostuvo el documento de prensa del sector. 

El proyecto RIGI facilita la fuga de capitales aseguró el foro gremial-político Economía y Trabajo  
Una protesta de pymes contra el RIGI.

Para el  Foro, el RIGI garantizará “la entrada y salida de capitales a la medida de las grandes corporaciones interesadas en la extracción y exportación de materias primas, al permitir la no diferenciación de precios locales de los internacionales en producciones nacionales con menores costos (rentas diferenciales), inhibiendo la accesibilidad a éstas por parte de los consumidores y eliminando la alternativa de impulsar la reestructuración de la matriz industrial con valor agregado”.

“Esa iniciativa, por el contrario, propicia una regresión de la estructura productiva al discriminar de forma negativa a la pequeña y mediana empresa sobre los beneficios tributarios y, a los trabajadores argentinos, en las posibilidades de empleo que de esa manera fugan al exterior”, enfatizó.

Según la Gerencia de Estadísticas del Sector Externo del Banco Central (BCRA), la formación de activos externos privados no financieros entre diciembre de 2023 y marzo de este año fue de 543 millones de dólares, la de activos externos del sector financiero (PGC) en ese período de 843 millones de dólares y, la de activos externos del sector público, de 31 millones de la misma moneda. 

El Foro convocó una vez más a “no vender a la Patria” y afirmó: “Las divisas provenientes de la exportación generada por los proyectos de inversión promovidos por el proyecto oficial al cuarto año no ingresarán a la economía argentina, no servirán para superar la denominada restricción externa y, en cambio, habrá consecuencias negativas sobre la balanza comercial y cambiaria”.

“Al cerrar ese círculo vicioso, en ese régimen ‘no importa de dónde venga la plata’, y no se establecen controles sobre el origen de los fondos a invertir; se facilita el blanqueo de capitales fugados de forma ilegal o provenientes del lavado de dinero como consecuencia de actividades delictivas (evasión tributaria, contrabando) o criminales (comercio de narcóticos, personas o armas)”, puntualizó.

También sostuvo que ese proyecto atenta contra los recursos naturales y la industria y el trabajo nacionales y debilita la soberanía cuando somete cualquier conflicto a litigios en tribunales mundiales, como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones.

“El Congreso está a horas de asumir su responsabilidad constitucional respecto de la superación del obstáculo que el círculo endeudamiento-fuga supone para la integridad de la Nación. El RIGI es uno de los motivos centrales por los que la Ley Bases debe ser rechazada totalmente”, concluyó el documento del Foro, que coordina el dirigente bancario Eduardo Berrozpe e integran, entre otros, Juan Costa, Ricardo Aronskind, Norberto Crovetto, Roberto Feletti, Santiago y Pablo Manzinelli, Felisa Miceli, Tomás Raffo, José Sbatella Nahuel Silva, Andrés Wainer y Raúl Dellatorre. 

FUENTE: somostelam.com.ar

EL GOBIERNO BONAERENSE RECHAZÓ LA DESREGULACIÓN DE LAS PRESTACIONES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Distintos organismos del gobierno de la provincia de Buenos Aires rechazaron la posibilidad de que se reforme el sistema de prestaciones para personas con discapacidad para que cada organismo financiador determine, de manera independiente, los valores arancelarios de las prestaciones, “lo que propiciaría un sistema fragmentado y desigual”.

La iniciativa de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se conoció el viernes pasado y busca desregular el Sistema Único de Prestaciones Básicas de Atención Integral para que “los organismos públicos nacionales financiadores fijen de forma independiente -y no vinculante entre ellos- los valores arancelarios de las prestaciones incorporadas o a incorporar en el nomenclador de prestaciones básicas para personas con discapacidad”.

Por ello, el Consejo Provincial para Personas con Discapacidad (Coprodis) y el Ministerio de Trabajo bonaerense manifestaron su rechazo a la propuesta.

Los argumentos del Coprodis

“Este accionar, vuelve a atacar los derechos de las personas con discapacidad, y es por esto que expresamos nuestro apoyo y compromiso en la defensa de los mismos, y en proteger el acceso del colectivo a los servicios que necesitan”, indicaron desde el Coprodis y apuntaron que “las personas con discapacidad tienen derecho a un sistema unificado, coherente y equitativo”.

 La Ley Provincial 10.592 de la Provincia de Buenos Aires, promulgada en 1988, establece el marco legal para la promoción, protección y garantía de los derechos de las personas con discapacidad en la provincia. 

La norma se inscribe en un contexto más amplio de normativa nacional e internacional, entre las que se encuentra la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que busca asegurar la inclusión plena y equitativa de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida social.

 En ese marco de obligaciones que tienen todos los entes gubernamentales, el COPRODIS se pronunció “en solidaridad con los planteos de diversos colectivos de personas con discapacidad, familias, trabajadores independientes e instituciones” e instó “a que se descarte este decreto y se busquen soluciones que prioricen los derechos y necesidades de las personas con discapacidad”.

“Para desarrollar medidas relacionadas con el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, es deber del Estado, a partir de las obligaciones asumidas mediante la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, garantizar la participación y la inclusión de las voces de las personas con discapacidad, sus organizaciones y colectivos, en cada etapa del proceso”, apuntaron.

“Esto es esencial para crear políticas efectivas, justas y sostenibles, ya que no solo asegura el respeto de sus derechos, sino que también enriquece el proceso de toma de decisiones, fortalece la democracia y promueve una sociedad más inclusiva y equitativa”, afirmaron.

 El Coprodis es un espacio de articulación y coordinación con los distintos organismos interministeriales y organizaciones civiles involucrados en el desarrollo de políticas intersectoriales orientadas a la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad.  

Qué dice el Ministerio de Trabajo

En tanto, la cartera laboral provincial también manifestó su “total rechazo al proyecto que propone la desregulación del nomenclador único de prestaciones básicas para personas con discapacidad, situación que implica un retroceso en los derechos adquiridos por el colectivo” y consideró que “esta desregulación destruiría el principio de universalidad y el de igualdad de acceso a las prestaciones para las personas con discapacidad, que llevó tantos años de trabajo y esfuerzo poder construir”.

Desde el área se recordó en un comunicado que, “actualmente existe un nomenclador en donde se especifican las prestaciones establecidas por la Ley 24.901 y el arancel que le corresponde a cada una y que los diversos entes que dan cobertura (obras sociales, prepagas, PAMI, Incluir Salud) están obligados a pagar en su totalidad con sus propios recursos económicos. Aranceles que se actualizan según la inflación y los índices salariales”.

“El proyecto de decreto establece que cada organismo público nacional financiador del Sistema de Prestaciones fije por su cuenta los aranceles para cada prestación, obviando que existe un Directorio que tiene esta obligación por el Decreto 1193/98 y se ocupa de que quienes brindan estas prestaciones cumplan con exigencias edilicias y de recursos humanos para ser aceptados como prestadores del Sistema”, apuntaron.

Para el Ministerio que conduce Walter Correa, “esto viene a romper un logro fundamental: que las personas con discapacidad sean atendidas en los servicios categorizados por el Estado o por profesionales inscriptos en la Superintendencia de Servicios de Salud sin importar su situación económica, mientras cuenten con el certificado único de discapacidad y una cobertura a través de una obra social, del PAMI, de la prepaga o de Incluir Salud”.

“De prosperar esta iniciativa, volveremos a una etapa en donde las personas con discapacidad podrían no recibir atención de acuerdo a la obra social que tuvieran. De establecerse aranceles que no llegaran a cubrir el costo de las prestaciones muchas instituciones o profesionales dejarán de atender a esta población”, subrayaron.

Como parte del Coprodis, exigieron a los funcionarios “que revean esta medida que puede entorpecer la atención de las personas con discapacidad, un derecho que se obtuvo hace ya más de 25 años”.

FUENTE: somostelam.com.ar

LOS DOCENTES DE MISIONES PROFUNDIZAN EL RECLAMO SALARIAL CON CORTES DE RUTA Y MOVILIZACIONES EN DISTINTOS PUNTOS DE LA PROVINCIA

Las protestas por recomposición salarial de las y los docentes se intensificaron en Misiones luego del acuerdo alcanzado por la policía de la provincia, con la permanencia del acampe montado sobre la avenida Uruguay de la capital misionera y cortes de rutas nacionales y provinciales en distintos puntos de la provincia.

“El relato de que no había plata me parece que ya está a las claras: hay plata y mucha plata para poder pagar salarios dignos que garanticen que los trabajadores podamos tener todos los días algo para colocar en la olla”, dijo el vocero del Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha de Misiones, Carlos Lezcano.

Es decir que “lejos de apaciguar el conflicto con los docentes, esto se profundiza y también debemos hacer una lectura de que el Gobierno comienza a ceder luego de una postura tan radicalizada, donde decían que no había plata y aparentemente lo que veníamos diciendo nosotros -que sí había, y mucha-, empieza a aparecer esa plata”, aseguró el docente misionero.

El dirigente dialogó hoy con Somos Télam desde el corte total de la ruta nacional 12 a la altura de San Ignacio y explicó que “si bien nosotros estamos con un acampe -a metros del acampe que tenía la policía- que continúa en la Avenida Uruguay, hay que entender que el conflicto docente está ramificado en toda la provincia. Nosotros venimos con sucesivos cortes de rutas, rutas nacionales 12 y 14 y rutas provinciales”.

De esta forma, Lezcano explicó que “previo al conflicto, ya el gobierno unilateralmente les había cerrado a la policía el salario en $408.000, que era un incremento de 8% para mayo y terminan cerrando, para el cargo del agente, el más básico, en $620.000 a junio, es decir, más del 50%. Hay una gran distancia”.

“Tenemos que entender que el trabajador docente, sobre todo el más sometido, en abril todo lo que tenía en un cargo maestro, preceptor, bibliotecario, estaban por debajo de la línea de la indigencia, salarios de $237.000 a $390.000 y los que tenemos encima carga horaria o doble cargo, estábamos rozando la línea de la pobreza”, indicó Lezcano.

El dirigente sindical afirmó que “esto es lo que generó que la gente saliera, un acuerdo (firmado) con el sector riñón, que es UDPM, que deja el piso en $400.000, nos sigue dejando en el límite de la indigencia”. 

“La docencia profundizó la lucha y esperemos que esto se encauce donde se deba encausar y volvemos a insistir: nosotros salimos a buscar salario, más allá de que el Gobierno ahora moviliza a la militancia porque dice que está en riesgo su gobernabilidad y que hay un intento de desestabilizar. Nosotros no venimos a tumbar ningún Gobierno, vinimos a salir a buscar que todos los días pongamos algo en nuestra olla”, dijo Lezcano.

Tanto el viernes 31, el sábado 1 y el martes 4 de junio, el Gobierno tiene previsto reunirse con los diferentes gremios -el sábado con el sector de docentes en lucha- para abordar la recomposición del salario y cuestiones que hacen a la pirámide salarial. 

Las protestas de docentes y personal de salud en la ciudad de Posadas continuaron hoy con los acampes sobre la avenida Uruguay y frente a la cartera sanitaria. 

En la jornada de hoy las protestas se intensificaron con cortes totales en las rutas nacionales 12 (a la altura de Santa Ana, San Ignacio, de Montecarlo y Puerto Libertad) y 14 (en la localidad de San Vicente). También hubo corte sobre la ruta provincial 103 en la localidad de Mártires. 

Asimismo, este jueves está previsto el corte en la Aduana de la localidad fronteriza con Brasil de Bernardo de Irigoyen.

FUENTE: somostelam.com.ar

EN TODO EL PAÍS, LA IGLESIA ADVIERTE SOBRE LA FALTA DE ALIMENTOS EN LOS COMEDORES

Los alimentos almacenados por el Ministerio de Capital Humano en un galpón de Villa Martelli siguen despertando las críticas de diferentes referentes de la Iglesia, que reclaman que sean distribuidos de manera urgente en los comedores populares.

Cientos de personas se manifiestaron el martes frente al depósito donde el gobierno nacional tiene almacenado casi tres mil toneladas de alimentos y solicitaron que el Ministerio de Capital Humano cumpla con el fallo del juez federal Sebastián Casanello, quien ordenó el lunes que en 72 horas elabore un plan para distribuir la comida.

Tras la masiva movilización, el grupo de Curas en Opción por los Pobres se acercó al lugar en las últimas horas y advirtió que, si el lunes no se empezaron a repartir los alimentos tal como obligó la justicia, iniciarán una huelga de hambre.

“Si el lunes no se empezaron a repartir las 5 toneladas de alimentos, el padre Rodolfo Viano, el hermano franciscano Nicolás y Francisco Paco Olveira comenzaremos una huelga de hambre en la puerta del depósito”.

“Esta tarde nos acercamos, con algunos compañeros del grupo de Curas en Opción por las y los pobres a intervenir simbólicamente el galpón de Villa Martelli donde duermen toneladas de alimentos que en justicia le pertenecen a los miles que tienen derecho a vivir y alimentarse. ‘Quién quita el pan al pobre es un asesino’, dice Eclesiástico 34,21”, señalaron los curas OPP.

Asimismo informaron que “si el lunes no se empezaron a repartir como obligó la justicia las 5 toneladas de alimentos retenidas en el galpón de Villa Martelli y en el de Tucumán, el padre Rodolfo Viano, el hermano franciscano Nicolás y Francisco Paco Olveira comenzaremos una huelga de hambre en la puerta del depósito con una celebración ecuménica a la que invitamos a todos los cultos y sus representantes a participar”.

En los últimos días, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Oscar Ojea, pidió al gobierno de Javier Milei que entregue “rápidamente los 5 millones de kilos de “alimentos guardados”.

Por su parte, el obispo de San Justo, monseñor Eduardo García, se sumó al pedido y sostuvo que “no hay que desproveer a la comunidad de aquello que es necesario para su vida y que es fundamental para la alimentación”

“Estamos en una situación de emergencia bastante complicada y está faltando el alimento. Muchos de los comedores que eran sostenidos con lo que aportaba el Gobierno, en este momento no lo están, entonces resulta muy difícil cuando los más afectados son los más vulnerables”, advirtió.

Los reclamos en el interior del país

En las últimas horas, referentes religiosos de Rosario también acompañaron el pedido de monseñor Ojea. 

El párroco Fabián Monte, vicepresidente de Cáritas Rosario, señaló que desde principio de año se nota un aumento importante de familias que necesitan asistencia y consideró “una picardía” que haya tanta mercadería guardada en momentos de tanta necesidad. 

“Somos los primeros interesados en que la plata para los pobres llegue a los pobres y que nadie lucre con eso. Pero eso no parece una razón para que la comida no llegue a los lugares donde tiene que llegar”, analizó en diálogo con Rosario/12

En la misma línea, para el padre Jorge Aloi es un “despropósito” que no se distribuyan alimentos, que puedan echarse a perder, cuando la gente está pasando hambre. “Me parece bien que la Iglesia levante su voz para tratar de hacer reaccionar y pedir que se tome conciencia”, señaló.

En tanto, desde la provincia de Misiones, el sacerdote Alberto Barros -de Cáritas Posadas- apoyó el pedido realizado por Ojea: “Comparto plenamente el pedido que ha hecho el obispo Oscar Ojea. Realmente llama la atención que el Gobierno nacional no haya hecho el más mínimo gasto en alimentos desde que asumió”.

“Los obispos argentinos también lo han remarcado en el último documento que han dado al país firmado el 19 de abril, donde entre tantas cosas que denuncian hablan de la carencia de alimentos en los comedores, lo cual es gravísimo en un momento de profunda crisis socioeconómica”, agregó.

El cura Barros también cuestionó las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien argumentó que los alimentos no se distribuyen para evitar robos: “Es un argumento muy infantil, hasta casi insultante. Es inadmisible que no se reparta la comida para que no se la robe, cuando todos sabemos la cantidad de gente que depende de los comedores para poder tener el alimento cotidiano”.

“Hay miles de comedores en Argentina. Cáritas tiene algunos; pero en porcentaje es un número mínimo comparado con la cantidad de comedores que tienen organizaciones barriales, no gubernamentales y movimientos sociales. Todo eso se cortó desde diciembre. No hubo más envío de mercadería a los comedores”, concluyó con preocupación.

FUENTE: somostelam.com.ar

Ya son más de 50 los funcionarios que renunciaron en menos de 6 meses de gestión

YA SON MÁS DE 50 LOS FUNCIONARIOS QUE RENUNCIARON EN MENOS DE 6 MESES DE GESTIÓN

Con su alejamiento del gobierno de Javier Milei, Nicolás Posse se convirtió en el jefe de Gabinete que menos duró en ese cargo durante un gobierno democrático y, con su partida, ya son 52 los funcionarios que dejaron de ser parte del gobierno de La Libertad Avanza, desde el 10 de diciembre hasta hoy.

Posse, quien ejerció funciones hasta el lunes, duró 169 días en el cargo y se convirtió en el jefe de Gabinete que menos estuvo en ese cargo, superando el récord que ostentaba Alberto Fernández, cuando estuvo en ese puesto entre el 10 de diciembre de 2007 y el 23 de julio de 2008 -un total de 226 días- durante el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner.

“El día de hoy, el presidente Javier Milei aceptó la renuncia presentada por Nicolás Posse a la jefatura de Gabinete. Motivó esta decisión la diferencia de criterios y expectativas en la marcha del Gobierno y las tareas encomendadas”, señaló el comunicado oficial difundido en la noche del lunes por la Jefatura de Gabinete.

Posse será reemplazado por Guillermo Francos, quien se desempeñaba hasta el momento como ministro del Interior, que ahora pasa a ser una secretaría y quedará al frente de Lisandro Catalán.

Posse ya no había estado presente en el acto de inauguración del busto del expresidente Carlos Menem que se realizó días atrás en Casa Rosada, y tampoco asistió a la presentación del libro de Milei, “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica”, que se llevó a cabo en el estadio Luna Park. 

La salida de Posse arrastró también la partida del gobierno de un hombre de su confianza, el titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Silvestre Sívori.

Los otros nombres

Según el relevamiento realizado por Somos Télam, con Posse y Sívori, ya son 52 los funcionarios que dejan el gobierno de Javier Milei en menos de seis meses de gobierno, y se espera que la lista se engrose en las próximas semanas tras las declaraciones del propio mandatario.

“Nuestro primer hito de gestión terminaría con el desenlace de la Ley Bases que puede salir bien o puede no salir. Esa situación va a llevar a que, marcado ese hito, nosotros tengamos que hacer una evaluación de resultados. Queda bajo análisis todo el Gabinete, no solo Posse”, dijo el Presidente en los últimos días en declaraciones periodísticas.

El exjefe de Gabinete es el ministro más importante que deja su cargo, lo que se suma a las partidas del exministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro en febrero; y luego del titular de la Anses, Osvaldo Giordano; la secretaria de Minería, Flavia Royon y el secretario de Trabajo, Omar Yasin, entre otros.

Ya son más de 50 los funcionarios que renunciaron en menos de 6 meses de gestión
Omar Yasín, ex secretario de Trabajo. Foto: X@GabinoTapiaBA.

En mayo, los funcionarios que abandonaron el cargo fueron el jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia, Diego Guerendiain; el jefe de Gabinete del ministerio de Defensa, Carlos Becker Fioretti; la subsecretaría de Trabajo, Liliana Acosta de Archimbal; y el subsecretario de Empleo, Luis Palomino.

También se fueron de sus puestos el subsecretario de Asuntos Internacionales en la secretaria de Derechos Humanos, Mathias Valdez Duffau; el presidente del Bice, Juan Manuel Troncoso y la Directora General de Aduanas, Rosana Ludovico, entre otros.

Otros funcionarios que se habían ido previamente fueron el director de control Pesquero, Julián Suárez; el coordinador general de Cancillería, Pablo Ferrara; el subsecretario de Empleo Público, Ricardo Bocacci; el  director de la Casa Patria Grande Néstor Kirchner, Marcelo Basilotta y el director de la Televisión Pública, Juan Parodi.

Los primeros funcionarios en irse

Las primeras renuncias en el Gobierno fueron el exsubsecretario de Medios, Eduardo Roust y el exdirector de comunicación del gobierno nacional, Juan Caruso, quienes abandonaron sus puestos en el gobierno nacional en la primera semana de gestión. Ambos renunciaron a sus cargos aduciendo “imposibilidades” para trabajar en el área de comunicación del gobierno.

Antes de finalizar el 2023, la exsecretaria de Comunicación, Belén Stettler, quien formaba parte del equipo del asesor de gobierno, Santiago Caputo, renunció a menos de 20 días de iniciada su gestión por causas desconocidas.

Sin embargo, la primera gran salida del gobierno fue la del exministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, a fines de enero, tras ser acusado por sectores del gobierno de “filtrar información” a la prensa.

La derrota legislativa que representó ese mes el retorno a comisión de la denominada Ley “Bases” representó la caída de dos funcionarios ligados a los gobernadores de Salta y Córdoba, Flavia Royon (en Minería) y Osvaldo Giordano (Anses).

El decreto 206/24 -que habilitaba una suba de sueldo de un 48% para el Gabinete y luego fue derogado- provocó el alejamiento del Gobierno del secretario de Trabajo, Omar Yasin.

Los funcionarios que dejaron el Gobierno. /Infografía: Somos Télam.

Otros funcionarios que abandonaron la gestión pública durante el gobierno libertario fueron Ricardo Schleiper (Subsecretario de Deportes), Enrique Rodríguez Ghiantore (Superintendente de Salud), Horacio Pitrau (Subsecretario de Trabajo), Armando Guibert (Secretario de Transformación del Estado), Diego Marias (Interventor de Medios públicos), Pablo Rodrigué (Subsecretario de Políticas Sociales de la Secretaría de Niñez), David Arauchan (Agencia Nacional de Discapacidad), Pablo Lostri (Secretario de Vivienda), Sebastián García de Luca (Secretario de Articulación federal del Ministerio de Seguridad), Cristian Sedam (Gerente de Contar) y Alejandro Guglielmi (Jefe de la Casa Militar).

También renunciaron a sus cargos Guillermo Abdala Bertiche (Director Nacional de Acuicultura), Geraldine Calvella (Dirección de Fiscalización de Centro de Documentación del Registro Nacional de Personas (Renaper), Ricardo Spartano (Secretario de Coordinación Administrativa de Capital Humano), Nicolás Striglio (Gerente de Control Económico y Financiero de la Superintendencia de Salud), Agustín Sánchez Sorondo (Director Administrativo del ministerio de Capital Humano), Daniel Ibáñez (Subsecretario de la pequeña y mediana empresa) y Juan Ignacio López Montoiro (Subsecretario de gestión Administrativa de la secretaria de Trabajo).

Otros funcionarios que abandonaron funciones, pero continúan en el gobierno: Rodrigo Aybar renunció a su cargo de Subsecretario de Innovación de la Economía Solidaria del ministerio de Capital Humano pero luego asumió como subsecretario de Vivienda, mientras que el influencer Iñaki Gutiérrez, quien fuera el encargado de las redes sociales durante los primeros días de la gestión, quedó relegado al manejo del TikTok de Milei, luego de que posteara en la cuenta oficial de Casa Rosada una foto con su novia con la frase “Feliz 2024 a todos”.  

FUENTE: somostelam.com.ar

EL CONSEJO INTERUNIVERSITARIO NACIONAL SE REUNIÓ CON PETTOVELLO PARA TRATAR EL PRESUPUESTO UNIVERSITARIO

La Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, recibió este lunes a las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN),” a fin de retomar la agenda de trabajo conjunta en torno a la actualización del presupuesto universitario 2023/2024”, informó esa cartera en un comunicado.

La Ministra y el Secretario de Educación, Carlos Torrendell, buscaron “acordar la creación de una comisión para la confección del presupuesto 2025” a la vez que analizarán “las medidas existentes para profundizar la transparencia de los fondos que se transfieren a las instituciones universitarias y el debido cumplimiento de las rendiciones de dichos gastos”.

El CIN viene denunciando el “período crítico” que atraviesa el sector “como consecuencia de las políticas implementadas por el gobierno nacional”, según ratificó en el documento “La universidad pública: base de la democracia y el desarrollo social”, emitido el 23 de abril en el contexto de la histórica marcha de la comunidad universitaria para defender a las altas casas de estudio.

La histórica marcha

Durante esa jornada, estudiantes, docentes, no docentes y organizaciones sociales y sindicales ganaron las calles de distintas ciudades del país para defender a la universidad pública ante los recortes presupuestarios del gobierno nacional.

Luego, el 15 de mayo, a tres semanas de esa histórica Marcha Universitaria Federal, el CIN le exigió al gobierno de Javier Milei que “inmediatamente” efectivice un incremento del 270 % del presupuesto de gastos de funcionamiento para todas las universidades nacionales del país, luego de que efectivizara ese acuerdo con la UBA.

“Resulta inadmisible y provocador que se reconozca solo para una universidad y no para la totalidad del sistema que reúne a un conjunto de 60 universidades a lo largo y a lo ancho de todo el país, que representan a dos millones de estudiantes de las universidades argentinas. No aceptaremos que existan estudiantes de primera y de segunda”, advirtieron desde el Consejo que nuclea a las universidades nacionales, institutos universitarios y las universidades provinciales reconocidas por la Nación.

La masiva marcha en favor de las universidades./ Foto SomosTelam

“Rechazamos cualquier metodología que promueva la división entre universidades y dentro de las universidades. No convalidaremos ningún intento de división, ni priorizaremos nunca ningún atajo”, advirtió el CIN.

En este contexto, la cartera que conduce Pettovello indicó que este lunes se fijarán “medidas conjuntas “para el debido cumplimiento de lo establecido en el art. 33 de la Ley de Educación Superior, en relación con la pluralidad de ideas y las líneas de investigación, combatir la persecución ideológica y la discriminación por razones políticas, particularmente, contra el antisemitismo”.

A la vez, “se evaluará la situación de los investigadores, centros de administración compartida con el CONICET e infraestructura para el desarrollo de la investigación, así como el estado de situación del Plan de Infraestructura Universitaria, las restricciones presupuestarias y la racionalización de los fondos otorgados por la Subsecretaría de Políticas Universitarias (SSPU)”.

Por último, el Ministerio indicó que “se trabajarán los lineamientos de la cooperación del sistema universitario para el desarrollo e implementación del Plan Nacional de Alfabetización establecido por la Secretaría de Educación perteneciente al Ministerio de Capital Humano”.

FUENTE: somostelam.com.ar

REFERENTES DE COMEDORES RECLAMAN POR LOS ALIMENTOS ALMACENADOS POR EL GOBIERNO EN VILLA MARTELLI

Cientos de personas se manifiestan este martes frente al depósito de Villa Martelli donde el gobierno nacional tiene almacenado casi tres mil toneladas de alimentos y piden que el Ministerio de Capital Humano cumpla con el fallo del juez federal Sebastián Casanello, quien ordenó el lunes que en 72 horas elabore un plan para distribuir la comida.

“Familias del Barrio Las Flores y otros barrios populares de la zona se están manifestando frente al depósito de Villa Martelli para que el gobierno cumpla el fallo judicial y entregue los alimentos que necesita la gente. Me convocaron para que les explique los alcances del fallo y los apoye en su reclamo. Desde luego, ahí estaré”, afirmó esta mañana en su cuenta de X el dirigente Juan Grabois.

En declaraciones formuladas a C5N, Patricia, encargada del Comedor Gauchito Gil, de Olivos, dijo que no tienen con qué darle de comer a la gente que asiste a ese espacio: “Vienen 150 personas por día. Hace 6 meses serían 80. Se duplicó la cantidad”, expresó.

Por su parte, la responsable del Comedor Evita expresó: “Yo trabajo y aporto dinero, los vecinos donan, me donan de verdulerías y carnicerías. Compro la garrafa y con eso cocino”. 

Desde el Comedor Gándara, de Bermúdez 188 de Olivos, al que asisten 100 personas los miércoles, un referente dijo “nadie vino a chequear si existimos, que vengan” y agregó: “Aportamos lo poco que tenemos con las compañeras. Se triplicó la comida, no nos dan nada”.

Un representante del Comedor La Esperanza, de Alejandro Korn, dijo en el mismo sentido: “Nadie vino a chequear si existimos. Los esperamos, no somos fantasmas, la gente necesita la comida. Me rompe el corazón tener que decirle a la gente que no les puedo dar. Hay mucho hambre y pobreza.  En los últimos meses, viene mucha más gente. Antes eran 60 y ahora vienen cada vez más. No somos fantasmas. Le pido al gobierno que venga a ver qué hacemos y que recapaciten que hay que ayudar a la gente necesitada. La gente tiene hambre”.

FUENTE: somostelam.com.ar

Ante el anuncio de nuevos despidos, ATE convocó a un congreso nacional y define plan de acción

ANTE EL ANUNCIO DE NUEVOS DESPIDOS, ATE CONVOCÓ A UN CONGRESO NACIONAL Y DEFINE PLAN DE ACCIÓN

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) definirá este jueves, en el marco de un congreso nacional que se realizará en el teatro Margarita Xirgu, un plan de acción y medidas de fuerza ante el anuncio del gobierno nacional de que a fines del mes de junio habrá una nueva ola de despidos en el sector público.

Están empecinados en destruir el empleo público pero no van a poder. La gente empieza a notar que no tienen capacidad ni siquiera para administrar una junta vecinal y que son unos verdaderos mentirosos. Pierden legitimidad”, señaló el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, en un comunicado de prensa.

En la mañana del lunes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó en su habitual conferencia de prensa en Casa de Gobierno que se vendrá una nueva ola de despidos en el sector público a fines de junio.

Ante el anuncio de nuevos despidos, ATE convocó a un congreso nacional y define plan de acción
Foto Prensa ATE

“La amenaza de una nueva ola de despidos en el Estado muestra crueldad. Además, utilizan un lenguaje perverso. Tienen que saber que a los estatales no nos van a doblegar. Vamos a seguir profundizando nuestro plan de acción”, agregó Aguiar.

Y completó: “Este Gobierno aumentó drásticamente la pobreza y duplicó la indigencia, y todavía pretenden seguir dejando gente sin trabajo y en la calle. El combo de hambre y desempleo nadie lo va a tolerar. Lo que pasó esta semana es una señal. Llegó el 25 de Mayo, no hubo Ley Bases, no hubo pacto, y lo que tuvimos fue un devaluado acto. Se derrumba el apoyo popular al Presidente”.

El congreso nacional de ATE se realizará el jueves 30 de mayo a partir de las 10 en el teatro Margarita Xirgu, ubicado en Chacabuco 875 del barrio porteño de San Telmo, donde se darán cita dirigentes de todo el país para definir la continuidad del plan de acción en los próximos días, además de tratar la memoria y balance del periodo 2023.

Este Gobierno aumentó drásticamente la pobreza y duplicó la indigencia, y todavía pretenden seguir dejando gente sin trabajo y en la calle. El combo de hambre y desempleo nadie lo va a tolerar”

RODOLFO AGUIAR

El Poder Ejecutivo renovó tan sólo por tres meses los contratos de más de 59 mil trabajadores con estabilidad de la planta transitoria del Estado, plazo que vence a fines de junio.

Según el relevamiento de ATE, son más de 11 mil los trabajadores públicos ya despedidos sin justa causa en lo que va del año en la administración central, cuya “inmediata reincorporación” sigue demandando el sindicato.

Además de las posibles nuevas cesantías, el sindicato reclama por una fuerte caída del poder adquisitivo que alcanzó el 22,4% durante la gestión de Milei.

“No podemos reaccionar mansamente a lo que ocurrió en la última paritaria. De un plumazo y de manera directa enviaron a decenas de miles de estatales a la pobreza. Seguimos demandando un aumento de emergencia que a quienes cumplen funciones en el sector público les permita cubrir el costo que tiene la Canasta Básica Familiar”, concluyó el secretario general de ATE.

FUENTE: somostelam.com.ar

El Consejo Interuniversitario Nacional se reunirá con Pettovello

EL CONSEJO INTERUNIVERSITARIO NACIONAL SE REUNIRÁ CON PETTOVELLO

La Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, recibirá este lunes a las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN),” a fin de retomar la agenda de trabajo conjunta en torno a la actualización del presupuesto universitario 2023/2024”, informó esa cartera en un comunicado.

La Ministra y el Secretario de Educación, Carlos Torrendell, buscarán “acordar la creación de una comisión para la confección del presupuesto 2025” a la vez que analizarán “las medidas existentes para profundizar la transparencia de los fondos que se transfieren a las instituciones universitarias y el debido cumplimiento de las rendiciones de dichos gastos”.

El CIN viene denunciando el “período crítico” que atraviesa el sector “como consecuencia de las políticas implementadas por el gobierno nacional”, según ratificó en el documento “La universidad pública: base de la democracia y el desarrollo social”, emitido el 23 de abril en el contexto de la histórica marcha de la comunidad universitaria para defender a las altas casas de estudio.

El Consejo Interuniversitario Nacional se reunirá con Pettovello
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Durante esa jornada, estudiantes, docentes, no docentes y organizaciones sociales y sindicales ganaron las calles de distintas ciudades del país para defender a la universidad pública ante los recortes presupuestarios del gobierno nacional.

Luego, el 15 de mayo, a tres semanas de esa histórica Marcha Universitaria Federal, el CIN le exigió al gobierno de Javier Milei que “inmediatamente” efectivice un incremento del 270 % del presupuesto de gastos de funcionamiento para todas las universidades nacionales del país, luego de que efectivizara ese acuerdo con la UBA.

“Resulta inadmisible y provocador que se reconozca solo para una universidad y no para la totalidad del sistema que reúne a un conjunto de 60 universidades a lo largo y a lo ancho de todo el país, que representan a dos millones de estudiantes de las universidades argentinas. No aceptaremos que existan estudiantes de primera y de segunda”, advirtieron desde el Consejo que nuclea a las universidades nacionales, institutos universitarios y las universidades provinciales reconocidas por la Nación.

La masiva marcha en favor de las universidades./ Foto SomosTelam

“Rechazamos cualquier metodología que promueva la división entre universidades y dentro de las universidades. No convalidaremos ningún intento de división, ni priorizaremos nunca ningún atajo”, advirtió el CIN.

En este contexto, la cartera que conduce Pettovello indicó que este lunes se fijarán “medidas conjuntas “para el debido cumplimiento de lo establecido en el art. 33 de la Ley de Educación Superior, en relación con la pluralidad de ideas y las líneas de investigación, combatir la persecución ideológica y la discriminación por razones políticas, particularmente, contra el antisemitismo”.

A la vez, “se evaluará la situación de los investigadores, centros de administración compartida con el CONICET e infraestructura para el desarrollo de la investigación, así como el estado de situación del Plan de Infraestructura Universitaria, las restricciones presupuestarias y la racionalización de los fondos otorgados por la Subsecretaría de Políticas Universitarias (SSPU)”.

Por último, el Ministerio indicó que “se trabajarán los lineamientos de la cooperación del sistema universitario para el desarrollo e implementación del Plan Nacional de Alfabetización establecido por la Secretaría de Educación perteneciente al Ministerio de Capital Humano”.

FUENTE: somostelam.com.ar

AGUIAR REPUDIÓ LA “VIOLENTA REPRESIÓN” ORDENADA CONTRA LOS ESTATALES EN CÓRDOBA

El secretario general nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, repudió “la violenta represión contra los estatales ordenada hoy en la provincia de Córdoba”, donde el gremio realizó protestas y bloqueó el aeropuerto internacional de la capital en repudio de la presencia del presidente Javier Milei. 

El dirigente exigió además al Jefe de Estado y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que “asuman la plena responsabilidad por los hechos de vilencia ocurridos”.

“Lo sucedido hoy en la provincia es violencia institucional. No se puede naturalizar lo que pasó. El gremio y los trabajadores ejercieron de forma pacífica sus derechos constitucionales. El Gobierno utiliza a las fuerzas de seguridad de una manera que arriesga la democracia”, dijo Aguiar, quien denunció que la policía de Córdoba disparó balas de goma y lanzó gases lacrimógenos.

La ATE repudió “la violenta represión de las fuerzas de seguridad en Córdoba ante la manifestación pacífica del sindicato y los golpes y disparos con balas de goma contra el personal”, en tanto Aguiar aseveró que el Ejecutivo tiene que saber que “si pretende infundir miedo, temor o disciplinar a los trabajadores no lo logrará, porque continuarán en la calle”.

“En esta Argentina no hay plata para comprar comida y remedios, pero sí solo para reprimir. Queda claro que el modelo de país al que aspira el Gobierno no pasa sin represión. En ese país no figuran trabajadores y jubilados con una vida digna”, agregó.

La represión

La columna del sindicato estatal procuró llegar al Cabildo Abierto y fue interceptada en las calles 27 de Abril y General Paz de la capital cordobesa por las fuerzas de seguridad, que tiraron balas de goma y gas pimienta a pocos centímetros de distancia, por lo que hay por lo menos seis trabajadores heridos por los proyectiles y tres detenidos, informó el dirigente.

El referente de la ATE provincial, Federico Giuliani, sostuvo que luego del bloqueo gremial en el aeropuerto, donde reprimió la Gendarmería por orden de Bullrich y provocó cuatro heridos -uno internado-, el sindicato se movilizó hacia la concentración principal en el  Cabildo Abierto propuesto por Milei, pero la policía local reprimió con gas pimienta y no dudó en tirar balas de goma a diestra y siniestra sin ninguna razón”, puntualizó.

Entre los heridos está el propio Giuliani, quien sufrió una herida de bala de goma en el brazo, y la vocal del consejo directivo nacional del gremio, Julia Giuliani, quien recibió tres balazos de goma y fue afectada por el gas pimienta, en tanto un dirigente de la seccional San Francisco fue herido por un proyectil cerca de un ojo, relató Aguiar en el documento de prensa de la ATE. 

La organización sindical responsabilizó de forma íntegra por los hechos a Milei y Bullrich y a los funcionarios provinciales del gobernador Martín Llaryora por “los desastres ocurridos a partir de un operativo policial de manera absoluta desmedido e inconstitucional”, concluyó el sindicato.

FUENTE: somostelam.com.ar