Seis gobernadores se reunieron en Corrientes para firmar un tratado que impulse la Región Litoral, un bloque para negociar con más fuerza con el gobierno nacional.
El gobernador anfitrión, Gustavo Valdés y su vice, Pedro Braillard Poccard, recibieron en Bella Vista, a Maximiliano Pullaro de Santa Fe; Leandro Zdero de Chaco; Rogelio Frigerio de Entre Ríos; Gildo Insfrán de Formosa y Hugo Passalacqua de Misiones.
La reunión surgió luego de que en agosto Valdés y Pullaro firmaran n acta de compromiso para la creación de la región Litoral.
«Tenemos producción, cultura, ideología, pensamiento igual, lo que nos convierte en una zona de nuestra República Argentina y como manda la Constitución Nacional, podemos constituirnos en región», dijo Valdés.
En un momento en que la crisis de salud mental se ha convertido en una de las principales preocupaciones a nivel nacional, exacerbada por los efectos de la pandemia, Río Grande se posiciona a la vanguardia en políticas públicas que puedan abordar eficazmente esta problemática.
El segundo Curso Provincial de Formadores en Prevención de Suicidio tuvo una participación de más de 5,000 personas y camina a ser un modelo de intervención integral que podría influir en la política de salud mental en todo el país.
La administración del intendente Martín Pérez ha situado la salud mental en el centro de su agenda política desde 2019, con la creación de la Dirección de Salud Mental y la visión política de reconocer la salud mental no como una prioridad marginal, sino como un área crítica que requiere atención y recursos significativos.
En su discurso, el intendente Pérez subrayó el rol crucial del Estado en la prevención del suicidio y la necesidad de un enfoque colaborativo.
«Estamos comprometidos a enfrentar este desafío con políticas robustas y una fuerte inversión en salud mental», dijo Pérez y destacó la creación de un equipo interdisciplinario de más de 100 profesionales como muestra del compromiso de su gestión para enfrentar este desafío de manera integral.
El curso en Río Grande es más que una simple iniciativa local; se presenta como un modelo para el debate nacional sobre el papel del Estado en la salud pública.
En un contexto donde se cuestiona la magnitud de la intervención estatal en cuestiones esenciales, el enfoque adoptado por la administración de Pérez destaca la necesidad de un Estado activo y comprometido en la protección de la salud mental.
La participación de docentes, fuerzas de seguridad y otros actores comunitarios en la prevención del suicidio demuestra que el Estado debe asumir un rol central en la creación de redes de apoyo y prevención efectivas.
La experiencia de Río Grande ofrece una lección valiosa para el debate nacional sobre la salud mental. La creación de políticas públicas efectivas y la intervención activa del Estado pueden marcar una diferencia significativa.
La presidenta de APSA, Cora Luguercho, enfatizó que «la colaboración entre el Estado, las organizaciones civiles y los profesionales de salud mental es fundamental para implementar políticas serias y sostenibles». Este comentario subraya una visión política que va más allá de la gestión local, señalando la importancia de que el Estado tome un rol decisivo en la formulación de políticas que impacten positivamente en la salud mental de la población.
El evento también ha puesto de manifiesto la importancia de desestigmatizar el suicidio y abordarlo desde una perspectiva comunitaria. En un escenario político donde la salud mental sigue siendo un tema delicado, la formación de docentes y personal de seguridad es esencial para dotar a estos actores de las herramientas necesarias para actuar de manera preventiva.
La gestión de Pérez ha sido pionera en este aspecto, promoviendo una política de salud mental que no solo reacciona ante las crisis, sino que trabaja activamente para prevenirlas.
Mensualmente, se ofrecen alrededor de 650 prestaciones de salud mental en los Centros de Salud, Espacio Joven y Casa de Jóvenes, contabilizando las asistencias individuales. Además, se han establecido grupos terapéuticos de ansiedad para jóvenes y adultos, así como grupos de acompañamiento para familiares de personas con consumo problemático.
Estos grupos tienen fines terapéuticos y buscan ofrecer alternativas al tratamiento individual para cubrir la alta demanda. La directora General de Salud Mental, Dra. Manavela, destacó que el enfoque de los tratamientos no es estandarizado; se realiza una evaluación inicial para determinar la modalidad más adecuada para cada paciente, priorizando un acompañamiento efectivo.
Parte del enfoque integral de la administración también incluye mantener dispositivos municipales para jóvenes, espacios de acompañamiento estatal y actividades deportivas accesibles.
Estas iniciativas buscan ofrecer apoyo continuo y promover un entorno saludable para los jóvenes, facilitando el acceso a recursos y actividades que contribuyan a su bienestar.
La experiencia de Río Grande ofrece una lección valiosa para el debate nacional sobre la salud mental. La creación de políticas públicas efectivas y la intervención activa del Estado pueden marcar una diferencia significativa.
Este modelo de intervención no solo responde a las crisis, sino que establece una base sólida para la prevención y el apoyo continuo. Estas gestiones ponen énfasis en que la salud mental debe estar en el centro de las políticas públicas.
La experiencia de Río Grande demuestra que, con un liderazgo político decidido y una colaboración efectiva entre el Estado y la sociedad civil, es posible construir una red de apoyo que prevenga situaciones límite como el suicidio y promueva una comunidad más saludable y resiliente.
Luis «Toto» Caputo, abrió hace dos semanas el canal de Youtube del Ministerio de Economía pero realiza las transmisiones desde las instalaciones de Télam, la agencia estatal de noticias que Javier Milei pretendió cerrar entre despidos y retiros voluntarios de sus trabajadores.
El ministro ya grabó dos programas y su contenido es indesmentible propaganda política producida con recursos públicos.
Al aire junto a Caputo, aparecieron en la primera emisión Felipe Núñez, asesor de la cartera económica, Federido Furiase, director del Banco Central, y Liban Kusa, especialista en derecho tributario según el videograph en pantalla.
Núñez, que asumió el rol de conductor, explicó los fundamentos del programa en el arranque. «Un poco la idea surgió porque tal vez nos falta comunicar un poco más, somos medio momias», admitió.
Caputo, por su parte, dijo que «la idea es ver cómo sale». «Esto es algo nuevo, veremos el feedback de la gente y si le sirve, si es algo que realmente ayuda, nosotros creemos que sí», sostuvo.
En ese sentido, el ministro elogió a Milei por animarse a hablar de economía cuando imperaba la idea de que la sociedad no se interesa o no entiende sobre ese tema. «Tenemos un presidente que se dedicó desde el minuto uno a explicar los problemas del país», apuntó, y agregó: Nuestro presidente rompió el mito: explicó, explicó y explicó y la gente entendió, entendió y entendió».
Su apuesta, bajo esa perspectiva, sería «seguir en esa tónica y tratar de ir tocando los temas que semanalmente puedan haber generado más dudas».
En el programa inaugural, permaneció en el estudio de Télam durante 15 minutos, mientras que en el segundo se quedó durante los 40 minutos totales de la emisión.
Lo paradójico de la elección de Caputo como locación para sus videos de Youtube es que no solamente pertenece al gobierno que pretendió liquidar la agencia en 2024 sino que, además, integró la experiencia de Cambiemos, cuando Mauricio Macri instruyó a Hernán Lombardi para que despidiera a más de 300 empleados.
Resulta curioso que en ambos casos se apelara al argumento de que Telam era una repartición estatal copada por «ñoquis» o destinada a prácticas periodísticas militantes o comprometidas con el kirchnerismo. Ahora los libertarios usan la agencia para beneficio de su gestión política.
El desgaste de Rodrigo de Loredo como jefe de bloque UCR en Diputados impactó de tal manera que ahora el radical analiza si es o no una buena opción volver a presentarse como candidato a la Cámara baja el año próximo, cuando concluya su mandato. Más aún después de los tironeos que se produjeron dentro de la bancada con la decisión de los cuatro diputados de respaldar el veto a las jubilaciones de Javier Milei y la defensa que el cordobés hizo de los mismos para sostenerlos en el bloque.
«Rodrigo tiene miedo de que, si se van, arrastren el sello y se queden con la marca del radicalismo. Porque si se van, no van a terminar en el bloque libertario, arman una bancada radical disidente y terminan siendo el bloque UCR que respalda a Milei», reconoció una persona de diálogo frecuente con De Loredo.
Parte de esto se habló el sábado pasado al mediodía en la casa de De Loredo y con una presencia acotada de los referentes del partido para ver hacia dónde ir. «Yo le dije que se deje de romper las pelotas con el bloque; él se tiene que instalar acá», reconoció otra voz con influencia dentro del radicalismo cordobés que, además, marca el reperfilamiento de la estrategia pensando en el 2027.
De Loredo, junto a Marcos Ferrer, tomarán las riendas de la UCR cordobesa en los próximos días cuando el intendente de Río Tercero asuma la conducción del partido a nivel provincial. Tras un acuerdo para evitar la interna que lo llevó al espacio de De Loredo a cerrar con el armado liderado por Ramón Mestre.
Por ello, la decisión del cordobés Luis Picat -uno de los diputados que respaldó a Milei- no cayó bien en el seno de la nueva conducción. Porque, entienden, termina esmerilando a De Loredo a días de asumir con su tropa y envalentonarse para encarar el 2025 de las Legislativas.
De hecho, Ferrer no salió de manera pública, ni tampoco en privado, de acuerdo con lo que sostienen en el entorno de Picat, a respaldar la autonomía del exintendente de Jesús María, hoy uno de los radicales díscolos. «Es una relación rota», reconoció un radical que conoce a ambos y afirma que el diputado Picat quedó molesto con la interna -buscó poner una persona de su confianza al frente de la Juventud Radical- y que el diputado, en privado, apunta siempre a la relación de Ferrer con Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti.
Igual, no es la única fricción dentro del radicalismo mediterráneo en las últimas horas. El negrismo también aprovechó la semana tensa para recordar la manera en la que De Loredo le partió el bloque a Mario Negri cuando asumió como diputado en 2021 y armó la bancada de Evolución.
Algo que en el entorno del exjefe del interbloque no se terminó de digerir.
Con lo cual, las tormentas para el titular de la bancada unificada se producen tanto dentro del bloque como en el rol de encausar al radicalismo cordobés. Por lo que, pensando en el 2025, otro radical local analizó que «ir solos sería un riesgo». «Los libertarios no nos quieren, a lo máximo que se podría aspirar es a un acuerdo con algo de pata PRO por el lado de Macri, pero es difícil. Podemos quedar cuartos…», dijo con preocupación acerca de las chances de un radicalismo obligado a reforzar vínculos.
Ese acercamiento de De Loredo con Macri de manera oficial en un armado electoral también repercute en el bloque en Diputados. Lousteau en una entrevista en Radio Con Vos dijo esta semana que había radicales que antes de tomar alguna decisión consultaban con Macri y en Córdoba eso se interpretó como un dardo directo a De Loredo.
Sin embargo, no fue la única alusión a los radicales cordobeses que hizo el senador. También sostuvo que «los cuatro radicales que votaron en contra de los jubilados lo hicieron por prebendas o ventajas personales». Audio que llegó al propio Picat y a quien, sus abogados, le llegaron a recomendar iniciar algún tipo de acción legal en contra del presidente de la UCR Nacional. Aunque después lo desactivó.
De todas maneras, en Córdoba, aquellos que hablan con Lousteau apuntan a la posibilidad de que una causa que involucra a la familia de Picat por usurpación de campos en Santiago del Estero salga del fuero provincial santiagueño y recaiga en la Justicia Federal. Hipótesis (o gesto) que también reconoció a LPO un diputado de otro bloque en las últimas horas.
Por último, en Córdoba hasta los mismos radicales tienen en claro que, si De Loredo queda solo, no encabezará una boleta con la Lista 3 en soledad. Y lo único que podría hacerlo cambiar de opinión sería un fuerte respaldo de los gobernadores con el mendocino Alfredo Cornejo y el correntino Gustavo Valdés al frente. De lo contrario, la búsqueda de un plan B en el esquema radical cordobés es lo que ya empieza a generar tensiones debajo de la figura del jefe de bloque UCR en Diputados.
Una multitudinaria charla abierta a la comunidad de la que participaron instituciones y especialistas en adicciones se llevó a cabo en la Casa de la Cultura de Almirante Brown en el marco del Programa Integral de Bien Público para la Prevención de la Ludopatía Digital para el abordaje y concientización de esta problemática que se lleva adelante en ese municipio.
Con el objetivo de encontrar soluciones integrales y comunitarias al problema que afecta cada vez más a los jóvenes, participaron representantes del Municipio de Alte Brown, la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB), la Iglesia, ONGs, la Cruz Roja, magistrados, legisladores, entidades intermedias, intendentes de la región, representantes del sistema educativo y sanitario junto a fuerzas de seguridad, quienes debatieron estrategias para combatir la Ludopatía Digital.
El intendente, Mariano Cascallares, subrayó la importancia de poder atender la problemática de la ludopatía de forma integral, ya que cada vez más jóvenes están participando de actividades de este tipo. «Vamos a trabajar en forma colectiva, con el objetivo de que la comunidad pueda desarrollarse y que cada uno, desde su lugar, sepa cómo abordar, acompañar y ayudar a que este flagelo no atrape a más personas».
En tanto, Domenichini destacó el compromiso y la gran convocatoria de la sociedad para el abordaje del bienestar digital y del flagelo que sufren no solo los niños y adolescentes de la región.
Del encuentro «Apostar no es un juego, Ludopatía digital y Salud Mental», organizado por la Comuna browniana en articulación con la UNAB y la Fundación Causa Común, participó el intendente municipal, Mariano Cascallares, junto al rector de la Alta Casa de Estudios, Pablo Domenichini y el presidente del Concejo Deliberante local, Nicolás Jawtuschenko. También dijeron presentes el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Oscar Vicente Ojea; el Obispo de la Diócesis de Lomas de Zamora, Monseñor Jorge Lugones; la defensora Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, además entre otros, de jefes comunales de distritos vecinos.
Disertaron durante la jornada el neurocientífico y creador del Instituto de Neurología Cognitiva (INECO), Facundo Manes; el sacerdote Carlos Francisco Olivero, especialista en tratamiento de adicciones; y la directora de la Consultora Bienestar Digital especializada en Ciudadanía digital, Lucia Fainbom.
Por su parte, Monseñor Oscar Ojea y Monseñor Jorge Lugones apoyaron la iniciativa y la labor que se realiza para una «experiencia de salvación comunitaria». Un mensaje que fue respaldado por Marisa Graham.
Al término de la presentación de la charla tomaron la palabra los disertantes quienes también hicieron hincapié en la importancia de abordar la ludopatía digital desde todos los ámbitos de la comunidad.
En ese sentido, el sacerdote Olivero sostuvo que como sociedad debemos comprender «a donde tenemos que ir y donde pararnos» para enfrentar los problemas, cuya complejidad requiere de estrategias. Se refirió a la tecnología y al capitalismo financiero que propician el consumo, en este caso para las apuestas online y a la necesidad de volver a la cultura del encuentro a través de los vínculos.
A su turno Fainbom indicó que se requieren políticas públicas y un Estado que acompañe para enfrentar el flagelo. Asimismo, hizo mención a la ausencia del cuidado, la falta de acompañamiento, de consejos, al individualismo y a la soledad de los chicos que viven una crisis de insatisfacción frente a las pantallas. La especialista también destacó la importancia de los vínculos y el diálogo.
Finalmente, Manes explicó que la adición «es una enfermedad como lo es la hepatitis o el infarto de miocardio o cualquier enfermedad médica», y argumentó que la solución «no es solo una ley que, hay que hacerla, combatiendo intereses, que hay que hacerlo, sino como sociedad. Si somos una sociedad tenemos que enfrentar las causas que tienen que ver con la pobreza, tiene que ver con la educación, tiene que ver con la desigualdad social, tiene que ver con la salud mental».
Por otra parte, el neurocientífico reafirmó que «la salud mental es un tema muy importante. También lo es la educación, que no es una frase, una ley, esencialidad educativa, eso es un eslogan, es realmente invertir en educación, es combatir la desigualdad, entender la pobreza, es darnos cuenta que en la economía del siglo XXI es el conocimiento, que los países que no invierten en su gente no prosperan».
«Fíjense que la solución es social, es política es de priorizar», continuó y concluyó: «Somos actores porque estamos construyendo comunidad, estamos hablando del tema, estamos todos acá diciendo qué puedo hacer yo por este flagelo. No se trata de criminalizar sino que, si somos una sociedad, debemos tener una visión humana, cambiar la mentalidad colectiva».
Participaron también de la charla la secretaria General del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Agustina Vila; el intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza y su par de Florencio Varela, Andrés Watson; el titular del Consejo Escolar, Ezequiel Mars, y el secretario de Extensión y Bienestar de la UNAB, Ignacio Jawtuschenko; además de legisladores provinciales y nacionales, autoridades del Ejecutivo municipal, concejales y consejeros escolares, inspectores del sistema educativo, docentes; representantes del poder judicial, de entidades intermedias, de la Cruz Roja, de hospitales y clínicas del distrito, de la Comisión Mixta del Sector Industrial Planificado de Almirante Brown y de la Unión Industrial; veteranos de guerra, representantes de Iglesias de diferentes credos y de la CGT, y vecinos y vecinas.
Los productores agrícolas de la principal zona productiva del país están contra las cuerdas: la combinación de problemas generados por el bajo precio de los granos, el atraso cambiariola bacteria conocida como «chicharrita» y la continuidad de las retenciones harán que el resultado de la campaña 2023/24 sea negativo para la mayoría de los cultivos.
«Un daño productivo y financiero que condicionaría la decisión de la siembra estival», según advirtió en su último informe la Bolsa de Cerales de Córdoba, en un diagnóstico compartido en toda la zona núcleo.
Para la campaña 2024/25 el pronóstico no es alentador: el precio de la soja tendría una caída del 7% respecto de la cosecha anterior, con una cotización proyectada de 287 dólares/tonelada. La de trigo rondaría los 206 dólares/tonelada. «Unos 20 dólares/tonelada por debajo del precio observado durante la última campaña 2023/24», con los precios de ambos cultivos «como los más bajos de las últimas cinco campañas», agrega el informe.
«Las estimaciones de rentabilidad arrojan en su mayoría resultados negativos, en un contexto de precios deprimidos y, en donde si bien se podrían observar subas debido al movimiento habitual de los mercados, los precios internacionales serían menores a los observados en los ciclos anteriores», agrega el trabajo.
La situación del maíz parece más compleja: hay una alta incertidumbre por «cómo impactará» el spiroplasma -la «chicharrita»- durante el ciclo 2024/25, lo que podría derivar en una «caída en la intención de siembra» que sería ocupada por soja, pese a que este cultivo arrojaría «resultados operativos negativos».
Las estimaciones de rentabilidad arrojan en su mayoría resultados negativos, en un contexto de precios deprimidos y, en donde si bien se podrían observar subas debido al movimiento habitual de los mercados, los precios internacionales serían menores a los observados en los ciclos anteriores.
En ese marco, el «miedo a la ‘chicharrita'» (que afecta al maíz) llevaría a los productores a inclinarse por la soja, que deja el 33% en derechos de exportación, contra el 12% del maíz o el trigo. «Algunos productores se verían obligados a aumentar el área sembrada de soja, a pesar de los resultados desfavorables en términos económicos, debido al riesgo latente que supone el complejo del achaparramiento para el cultivo del maíz».
Silobolsa con soja.
La Bolsa de Cereales de Córdoba hace una lectura política frente a la paradoja de los productores que deberán sembrar más superficie de soja para sostener a flote su rentabilidad y pagarán más impuestos a la Nación.
«Medidas como la reducción o, en el mejor de los casos, la eliminación de los derechos de exportación podría hacer que la situación cambie drásticamente, permitiéndoles a los productores obtener rentabilidad. Algo muy necesario, en el marco de campañas anteriores complicadas, en donde resulta crucial recomponer las finanzas del primer eslabón del sector que tanto aporta al país», dice el informe.
Gonzalo Agusto, economista de la Bolsa de Cereales de Córdoba, explica que tras dos años con malos resultados financieros, éste «pintaba bien (hasta que) apareció la ‘chicharrita’ lo que dejó a productores desfinanciados y en una mala posición».
«Ahora tenemos precios bajos, y si el clima no acompaña la situación será muy complicada», agrega Augusto, aunque advierte que la baja de la tasa de interés de la FED y la sequía de Brasil podría «amortiguar» a la rentabilidad.
«Si el precio de la soja es bajo y pasa lo mismo con la harina de soja, que es el principal producto de exportación, va a haber menos dólares, aunque no será tan dramático como la sequía», concluye.
Guillermo Michel afirma que el proyecto de Presupuesto 2025 enviado por Javier Milei al Congreso es una jugada para que la oposición no lo apruebe y el Gobierno pueda mantener el manejo discrecional vía prórroga, pero advierte que podría enfrentar problemas legales.
El ex titular de la Aduana dialogó con LPO sobre el proyecto, que sostiene que castiga a las provincias con la regla del déficit cero y a los contribuyentes de ingresos medios y bajos con el impuesto a las Ganancias y el monotributo.
¿Qué análisis hace del proyecto de Presupuesto 2025 que Milei mandó al Congreso?
El proyecto de Presupuesto enviado es muy básico, con un núcleo duro que surge de la página 3 del mensaje: ‘En 2025, se plantea garantizar nuevamente el equilibrio fiscal. Esto se hará a través de un superávit primario que sea equivalente a los intereses de deuda, estimados en 1,5% del PBI. Para ello, en base al escenario macroeconómico proyectado para el año entrante, se determina la proyección de ingresos, estimada en 16,5 puntos del producto para 2025. A partir de allí, se calculan las partidas de gasto que tienen ajustes automáticos, como por ejemplo jubilaciones, y se determina el margen fiscal para el gasto discrecional remanente, que se asigna a distintas partidas presupuestarias en función de las prioridades de políticas públicas establecidas…’.
En otras palabras, este párrafo muestra la «regla de política fiscal» que busca el gobierno: en caso de que los ingresos se desvíen de lo proyectado se deberán recortar todas las partidas que no tengan «gastos mínimos» en una cuantía suficiente para llegar al equilibrio financiero.
Es una visión unitaria y centrista del presupuesto porque las más afectadas serán las provincias, dado que al tener las jubilaciones y los salarios un «piso presupuestario» lo primero para recortar son los fondos disponibles vía transferencias discrecionales a las provincias y obra pública.
¿Hay antecedentes de una exigencia fiscal de este tipo?
Desde el punto de vista del articulado jurídico, se parece a la ley de déficit cero del gobierno de la Alianza. La diferencia es que esta regla no afecta a todas las partidas.
Ahora, en mi opinión lo que busca el gobierno con este presupuesto enviado es no tener un presupuesto votado. Esta «regla fiscal» tiene un objetivo político: que la oposición no la convalide y así el gobierno calificarlos a los diputados y senadores como «degenerados fiscales». Y tratar de mantener la prórroga presupuestaria anteriores para en un año electoral administrar de manera discrecional las partidas.
Esta regla fiscal tiene un objetivo político: que la oposición no la convalide y así el gobierno calificarlos como degenerados fiscales. Y tratar de mantener la prórroga presupuestaria anteriores para en un año electoral administrar de manera discrecional las partidas
¿Puede el gobierno seguir prorrogando el Presupuesto?
Desde 1992 que rige la actual Ley de Administración Financiera hay solo 5 antecedentes de prórrogas: 2002, 2011, 2020, 2022 y 2024. Pero no existen antecedentes de la «prórroga de la prórroga».
El artículo 27 de la Ley de Administración Financiera es muy clara con lo que dispone: si al inicio del ejercicio financiero no se encontrare aprobado el presupuesto general, regirá el que estuvo en vigencia el año anterior con los ajustes que disponga el Poder Ejecutivo.
Ahora bien, en el año 2024 no estuvo vigente ningún presupuesto (entendiendo por vigencia una ley de presupuesto aprobada por el Congreso). Solo se prorrogó -por el Decreto 88/2023- el del año anterior, si bien la prórroga es un recurso administrativo no cumple los requisitos constitucionales y legales de «presupuesto vigente».
Tengo entendido que las áreas jurídicas del Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete están buscando antecedentes y dictámenes para justificar la «prórroga de la prórroga» del presupuesto. Desde mi óptica es un tema sensible, que no solo quita seguridad jurídica a los actos del Estado, sino que además puede generar situaciones complicadas desde el punto de vista de la responsabilidad funcional y penal de los funcionarios. No es sencillo administrar partidas presupuestarias sin un presupuesto aprobado.
¿Cuáles considera que serían los sectores más perjudicados si se aprueba este Presupuesto?
Mas allá de sectores afectados veo algunas cuestiones particulares que van a generar debate. En el tema universidades, el presupuesto condiciona las transferencias a universidades a través del artículo 17 que las obliga a presentar ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos y habilita al Ministerio de Capital Humano a interrumpir el envío de fondos en caso de incumplimiento en el envío de información.
Lo mismo con las cajas provinciales, el articulo 59 limita las transferencias a cajas provinciales al introducir la necesidad de acuerdos con ANSES posteriores a 2021.
Son todos condicionamientos ad hoc que el Poder Ejecutivo introduce para tener discrecionalidad al momento de transferir partidas.
Usted ya advirtió que el proyecto incluye un impuestazo
A diferencia de lo prometido en la campaña del 2023, el Gobierno sube los impuestos. Y es fácil de verlo. La presión impositiva -en términos relativos del PBI, que es como se mide-, pasaría del 22,37% del PBI en 2024 a 22,92% en 2025.
Y si se observa el detalle de impuestos vemos que sube el Impuesto a las Ganancias (trabajadores), los Derechos de Exportación (sector agrícola y productivo), el Impuesto a los Combustibles y la presión sobre el monotributista se duplica. El Monotributo pasa del 0,04% del PIB en 2024 a 0,09% del PIB en 2025.
Pero hay una excepción, el impuesto sobre los Bienes Personales. El presupuesto desnuda la política tributaria de este gobierno de populismo para millonarios. 800 mil trabajadores vuelven a pagar Ganancias, más de 4 millones de monotributistas pagan el doble de cuota, pero 10 mil contribuyentes de altos patrimonios pagan menos Bienes Personales y si se fueron del país para no pagar en los años anteriores el blanqueo les permite volver a ser residentes fiscales en Argentina y «regularizar» pagando solo un 5%.
Claramente, en materia tributaria el gobierno les pide un sacrificio inútil a los contribuyentes. Les sube la presión impositiva sin ninguna estrategia.
¿Cómo analiza los datos respecto al crecimiento económico que plantea el Presupuesto y la caída de las reservas?
La economía para crecer necesita dólares. El presupuesto tiene proyectado un crecimiento de importaciones del 14%. Para eso se necesitan dólares.
Ahora bien, la Argentina tiene vencimientos en moneda extranjera estimados para 2025 en USD 25.000 millones, incluyendo Bonares, Globales, Letras Intransferibles, FMI y resto de Organismos internacionales, además de deudas provinciales y privadas. Esos dólares hoy no están.
¿Y ve alguna salida rápida para que Milei consiga dólares?
Lo primero que debería hacer el gobierno es darse una hoja de ruta geopolítica seria con China y analizar variables para el pago del swap, que empieza a vencer en julio de 2025. Este año China prorrogo el swap por presión del FMI, no podemos seguir atados a ese nivel de improvisación con un acreedor internacional.
Y si bien el presupuesto autoriza al Tesoro a emitir hasta USD 24.200 millones en títulos públicos en moneda y jurisdicción extranjera, con el Riesgo País en torno a los 1.350 puntos actuales parece un objetivo poco probable.
En materia tributaria el gobierno les pide un sacrificio inútil a los contribuyentes. Les sube la presión impositiva sin ninguna estrategia
¿Cómo cree que impactará el fin del Impuesto PAIS en la recaudación y en el objetivo del gobierno de tener superávit fiscal?
Primero, hay que recordar que todo el arco político criticó al Impuesto PAIS, pero el gobierno no solo lo mantuvo sino que lo elevo al inicio de la gestión al 17,5%. Si uno mira el superávit financiero del gobierno en los primeros 7 meses, claramente se ancla en el Impuesto PAIS. El acumulado a julio es de +$ 1,9 billones.
Este resultado financiero positivo se ancla -además de la licuación a las jubilaciones, la acumulación de deuda con las generadoras eléctricas y el freno del giro de fondos a las provincias- en la presión impositiva del Impuesto PAIS. Sin la recaudación del Impuesto PAIS, el resultado sería déficit -$ 2,3 billones.
Pero, además, si miramos este presupuesto 2025 el programa financiero del gobierno también sirve para «maquillar» el resultado financiero. No ya con el impuesto PAIS, cuya vigencia vence el 24/12/2024, sino subestimando los pagos de intereses de deuda.
¿Cómo subestima los intereses?
Como el Tesoro emite Letras Capitalizables (Lecaps y LeFis) y Bonos cupón cero (dólar linked y ajustables por CER), el cómputo de intereses se suma al capital y, por ende, no computa como intereses que el Tesoro tiene que pagar mes a mes, sino como «aplicación financiera» (debajo de la línea).
En otras palabras, el resultado fiscal -del 2024 y el proyectado 2025- sería muy diferente si no fuera por estos títulos que emite el Tesoro. No tengo el monto exacto, pero la estimación es que sólo por el stock actual de esos títulos los intereses capitalizados alcanzarán aproximadamente el 2% del PBI para fin de 2025. Un monto importante de intereses que se «barren debajo de la alfombra».
¿Qué le recomendaría a los diputados para que miren con detalle durante el tratamiento del Presupuesto?
Mas allá de lo que marque al principio de la «regla de política fiscal», si fuera legislador miraría con mucha atención el articulo 54 del proyecto por el cual buscan modificar la autorización para realizar operaciones de pasivos, eliminando la mención a las operaciones de reestructuración reguladas por el artículo 65 de la Ley de Administración Financiera (mejoramiento de 2 de 3 condiciones -plazo, monto, intereses-). Es probable que el equipo económico busque esta modificación para poder realizar una operación de pasivos en moneda extranjera (canje o compra contra colocación de nueva deuda) sin cumplir con esas condiciones. Creo que como país necesitamos mantener la autorización del Congreso para la toma de deuda de manera previa, tal cual lo estipula el artículo 65 de la LAF.
Hay una frase de un político francés que dice «la guerra es demasiado importante para dejársela a los militares». En mi opinión, la deuda de una Nación es demasiado importante para dejarla solo en manos del Poder Ejecutivo de turno.
La obra de reversión del Gasoducto Norte sufrió un nuevo revés con la explosión de un sector durante una prueba hidráulica, según contaron a LPO fuentes que participan del proyecto.
El incidente se produjo durante la prueba de resistencia del caño con presión hidráulica, cuando explotó un codo conector del ducto fabricado en Brasil.
«No hubo heridos ni fuga de gas», contaron a LPO desde la obra. «Por suerte era agua» se permitió considerar la fuente.
El gasoducto norte fue planificado originalmente para importar gas de Bolivia, pero el declive de la producción hidrocarburífera boliviana y el boom de Vaca Muerta, que hoy produce más que todo el país vecino, urgieron a revertir la dirección del flujo gasífero para asegurar el abastecimiento en la región norte del país y poder exportar gas a precios super competitivos a San Pablo, el corazón industrial de Brasil.
Esta obra proyectada a realizarse en cinco meses se frenó tras el cambio de gobierno. Apenas asumido, Chirillo declaró desierta una licitación clave para la obra. Pasado más de un semestre, el nuevo proceso tiene uno de los tramos con obras iniciadas y otro con la adjudicación resuelta recién a comienzos de mayo pasado. Las empresas adjudicatarias para el primer tramo fueron Techint y Sacde, con la ambición de repetir el esquema exitoso que resultó de la construcción del Gasoducto Nestro Kirchner.
Desde las empresas explican que los retrasos en la ejecución del proyecto se explican en la ineficiencia de Enarsa. «No realizan los controles de calidad y después pasan estas cosas», dijeron desde una de las compañías.
El proyecto original consta de tres obras diferentes, una de las cuales es la construcción del tendido de 123 kilómetros entre Tío Pujio y La Carlota. Las restantes son la ampliación de 62 kilómetros del Gasoducto Juana Azurduy y la reversión del sentido de inyección de gas en las plantas compresoras de Ferreyra y Deán Funes, Lavalle en Santiago del Estero y Lumbreras en Salta. Se estimaba para la finalización de la obra, un plazo de 5 meses de los cuales ya pasaron mas de 6.
La obra de reversión del gasoducto norte está presupuestada en USD 710 millones. La iniciativa cuenta con financiamiento parcial de un crédito de la CAF por USD 540 millones, aunque cotizados al tipo de cambio oficial de la época de Massa cuando estaba en 350 pesos. Sobre la diferencia de USD 170 millones, se contemplaba originalmente contar con los fondos de Cammesa.
Mauricio Macri aprovechó la crisis con los sindicatos de Aerolíneas Argentinas para presionar a Javier Milei y exigirle que avance con el desguace de la compañía, en medio de rumores sobre algunos extranjeros interesados en quedarse con el negocio.
El ex presidente publicó este jueves un largo texto en su cuenta de X para exigir «un plan de desarme urgente» de Aerolíneas, acusando a los gremios de tener «privilegios insostenibles y vergonzosos» y culpándolos de que «se vuele poco», «que sea caro» y «que haya menos conexiones entre provincias».
Según Macri, las alternativas para Aerolíneas son tres. El primero «Iniciar un proceso de quiebra, que permite dos opciones, la continuación de la empresa luego de reestructurarla (no se trasladan al adquirente los viejos convenios colectivos) o la realización de sus bienes». El segundo sería «la escisión de la empresa en dos (o tres) nuevas, una aérea y otra de servicios en tierra, también con nuevos convenios colectivos». Y la tercera sería «la rápida reducción de la empresa y la liquidación de sus activos por separado: los aviones a las nuevas ingresantes del mercado, los simuladores, el área de mantenimiento y la empresa de rampa por otro».
Macri también deslizó una crítica al gobierno de Milei por no tener un plan concreto para el sector, como «la Revolución de los Aviones» de su gobierno que permitió el ingreso de nuevas compañías. Hasta ahora Milei no logró ninguna promesa de inversión y hasta confirmó el cierre del aeropuerto de El Palomar. La bronca del gobierno con Macri quedó en evidencia con los comentarios de los trolls, que enseguida salieron a criticarlo.
El mensaje de Macri obligó a la Casa Rosada a salir a mostrar que está metido en el tema y el Ministerio de Economía difundió una llamativa foto de una reunión de funcionarios con cara seria «para terminar con la extorsión permanente de los gremios».
Luego de eso, el portavoz Manuel Adorni hizo un anuncio a la prensa sin responder preguntas y aseguró que «el Gobierno ha iniciado conversaciones con varias empresas privadas latinoamericanas para que se hagan cargo de la operación de Aerolíneas Argentinas en caso de que continúen las extorsiones».
Sin un anuncio real y concreto, la exposición de Adorni y la foto de los funcionarios serios -o mirando al piso como Santiago Caputo- parece más un intento de apriete a los gremios que no firmaron la paritaria.
Las maniobras se dan en medio de rumores de un interés
por quedarse con parte de Aerolíneas
de empresarios qataríes, siempre vinculados a Macri.
Otra versión indica que Milei directamente quiere ir con el modelo Télam de cerrar la empresa y dispensar a todos los empleados, para después empezar a despedirlos. Por ahora, el gobierno no tiene autorización del Congreso para privatizarla ya que la empresa fue sacada de la lista que estaba en la Ley Bases.
Un dato que el gobierno no dice es que la empresa sigue manejada por Fabián Lombardo, que fue el número dos de la empresa durante la gestión de Alberto Fernández. Eso sin contar que en toda la estructura se mantienen los ejecutivos de La Cámpora.
Después de 23 años, la Corte Suprema dejó firmes las condenas por la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001 en la Ciudad de Buenos Aires, en un fallo que toca a Patricia Bullrich.
La decisión del máximo tribunal es respecto a la causa por el accionar policial en la capital, donde durante la crisis que provocó la caída del gobierno de Fernando De la Rúa hubo 5 muertos y decenas de heridos. En el resto de país hubo otras 34 víctimas fatales.
La Corte ratificó la condena a cuatro años y tres meses de prisión contra el ex secretario de Seguridad Enrique Mathov, a tres años y seis meses para el ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos, y a 3 años de prisión en suspenso para el ex director general de Operaciones de la PFA Norberto Gaudiero.
Los acusados habían sido condenados en 2016 por el Tribunal Oral Federal 6, en un fallo que fue ratificado tiempo después por la Cámara de Casación. Recién ahora el TOF 6 podría ordenar la detención de Mathov y Santos, aunque por edad les correspondería la prisión domiciliaria.
El fallo de la Corte se da un momento político muy significativo ya que coincide con la orden de Patricia Bullrich de reprimir cualquier protesta que implique cortes de calles.
De hecho, el fallo salió a la luz casi al mismo tiempo que en la zona del Congreso nuevamente hubo represión contra jubilados que reclaman todos los miércoles por un aumento de los haberes. Durante el episodio, las fuerzas federales le tiraron gas en la cara a la diputada nacional Vanina Biasi.
Todo en medio del recuerdo todavía fresco de la agresión policial de la semana pasada contra una nena de diez años, que el Ministerio de Seguridad intentó desmentir con la burda difusión de una fake news.
Los funcionarios políticos tienen responsabilidad penal por las consecuencias de la orden de reprimir y la conducción política de las fuerzas de seguridad debe responder por los efectos de los operativos y cómo se utiliza la fuerza
El fallo de la Corte toca a Bullrich por dos costados. Por un lado, porque Patricia fue ministra de De la Rúa, aunque había renunciado semanas antes de la represión y la caída del gobierno. Por el otro, porque sienta un precedente fuerte respecto de las responsabilidades políticas de la represión.
Al respecto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que patrocinó en la causa a la familia de dos de las víctimas, destacó que el fallo «sienta un precedente único (…) en estos tiempos en los que vemos crecer el uso de la violencia estatal contra quienes salen a las calles a protestar».
El CELS agrega que el máximo tribunal confirmó «que los funcionarios políticos tienen responsabilidad penal por las consecuencias de la orden de reprimir y que la conducción política de las fuerzas de seguridad debe responder por los efectos de los operativos y cómo se utiliza la fuerza».
«En democracia, los derechos a reunirse y manifestarse son derechos básicos y el uso de la fuerza por parte de los organismos de seguridad del Estado tiene límites estrictos cuyo incumplimiento implica responsabilidades, no solo para los autores materiales, sino también para las autoridades de esas fuerzas», completó el organismo.
