Tras no poder consensuar un comunicado con la mesa ejecutiva del PRO, Mauricio Macri tuvo que conformarse con un mandar un tuit de rechazo a la designación por decreto de Ariel Lijo en la Corte Suprema.
LPO reveló este miércoles que Macri no pudo imponer el rechazo a Lijo y se cruzó fuerte con un sector de la mesa ejecutiva del partido, que apoya la jugada de Javier Milei. La voz cantante de ese apoyo la elevó Guillermo Montenegro, que contó con el respaldo de algunos de los presentes. Tampoco los gobernadores quieren subirse al rechazo.
Macri tuvo que limitarse a mandar a Alfredo De Angeli a anticipar el rechazo de «la mayoría del bloque» del PRO en el Senado, una manera de confirmar que no hay unanimidad en el partido.
Horas más tarde, casi a las once de la noche, Macri sacó un tuit para rechazar la designación de Lijo, apoyado en un informe de la Fundación Pensar y con una referencia a cuando como
presidente
intentó meter por decreto a dos jueces en la Corte.
«La experiencia empírica me indica que la designación de jueces a través de un mecanismo como el utilizado por el gobierno no es correcta», dijo Macri en una referencia a cuando designó a Rosatti y Rosenkrantz por decreto, pero tuvo que dar marcha atrás.
«Ratifico mi posición de que los jueces que ocupen los cargos más altos del Poder Judicial no pueden ser objeto de tanto rechazo. La confianza en la justicia y en las instituciones es una condición indispensable para la estabilidad de la democracia y la prosperidad del país», dijo respecto a Lijo.
Luego intentó instalar el rechazo del partido, pero admitió que no hay unanimidad: «Mi posición es la mayoritaria dentro del PRO, como quedó plasmada en el informe producido por la Fundación Pensar».
La experiencia empírica me indica que la designación de jueces a través de un mecanismo como el utilizado por el gobierno no es correcta. Ratifico mi posición de que los jueces que ocupen los cargos más altos del Poder Judicial no pueden ser objeto de tanto rechazo. La confianza… pic.twitter.com/R8jhPcSfNc
La asamblea provincial de UEPC, el gremio de los docentes cordobeses, terminó rechazando la propuesta que hizo para arrancar el año el gobierno de Martín Llaryora. Con lo cual se empantana la discusión entre la administración cordobesa y los docentes que repetirán la semana próxima la medida de fuerza del lunes pasado, cuando lo hicieron atados al contexto del paro nacional impulsado por Ctera que provocó la convocatoria de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
Así, los docentes cordobeses irán a un paro por 24 horas el miércoles próximo salvo que llegue una nueva propuesta que los obligue a rediscutir la decisión. Algo que, en este contexto y por la decisión del gobernador, parece muy difícil. «Llaryora traslada la propuesta, no la aceptan, punto. Se tira abajo, hay que armar una nueva y se levanta de la mesa. No anda con vueltas», dijo a LPO una fuente del gobierno provincial acerca de cómo le cayó el rechazo.
En la asamblea de este martes, los docentes descartaron la propuesta por considerarla insuficiente. La misma consistía en ajustes mensuales que empaten con la inflación tomando el mes inmediato anterior como referencia, además de un bono de 100 mil pesos que ya percibieron otros estatales cordobeses. Pero, fundamentalmente, el principal argumento con el que Llaryora se sienta en la discusión: la Provincia aporta el Fonid que la Nación quitó el año pasado.
Y ese fondo, a diferencia del resto de las provincias, alcanza hasta los jubilados. «Somos de las pocas provincias que decidió pagar el Fonid con recursos propios, pero, además, somos la única en todo el país que incluye a los jubilados», repiten en el llaryorismo.
Los docentes, por su parte, hasta la asamblea de ayer habían transmitido al gobierno provincial la intención de no quedar atados a la inflación de todo el 2025, sino cerrar un porcentaje que los deje por encima para recuperar lo del año pasado. «Imposible, Nación ya está cerrando salarios a la baja con respecto a la inflación y nosotros les proponemos empatarla», dicen en la Provincia.
Nación ya está cerrando salarios a la baja con respecto a la inflación y nosotros les proponemos empatarla
En coincidencia plena con lo que dijo Llaryora el lunes pasado en el comienzo del ciclo lectivo en una escuela en el interior provincial. «Hacemos el esfuerzo que podemos, hoy ningún sector con esta crisis está bien», dijo Llaryora y recordó que la Nación cortó, no sólo el Fonid, sino también los subsidios al transporte en el interior y la Provincia sostuvo el Boleto Educativo Gratuito, tanto para alumnos como docentes. Esta aclaración va porque, si se tensa la paritaria, algunos dejaron trascender la posibilidad de un recorte de ese beneficio a los docentes. «Son los únicos trabajadores a los que les pagamos el boleto para que vayan a trabajar. En el resto eso no pasa», dicen.
Chance que, en otros despachos lo desactivan rápido para no tirar demasiado de la cuerda.
En limpio, Llaryora propone igualar la inflación y es optimista en seguir la discusión por el Fonid con el Gobierno nacional que deben levantar los docentes. Mientras, miran qué hace y cómo se sube la oposición a esto. Aunque algunos creen que, tanto Luis Juez como Rodrigo de Loredo están en una posición incómoda por reclamar a la Provincia el ajuste que acompañan de Nación.
Igual, es cierto que muchos más el juecismo que el deloredismo, el año pasado le sacó el jugo a esa discusión. Tanto en la paritaria con los docentes como en la de los trabajadores de la salud.
En un acto realizado en San Clemente del Tuyú, se distinguió a K9 Falú,unidad canina de la Sección Canes Antidrogas de la Dirección de Operaciones de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de la Provincia de Buenos Aires, por su destacada labor en la lucha contra el narcotráfico.
Junto a Falú, también fueron reconocidos el Comisario Mayor AlbertoGialleonardo y el Capitán Diego García Bao, en mérito a su compromiso y profesionalismo en la prevención del tráfico de drogas.
El reconocimiento fue entregado por Marta L. Formichella y la comisión directiva de la Asociación Cultural Sanmartiniana del Tuyú, en un evento que destacó la importancia del trabajo conjunto para garantizar la seguridad de la comunidad.
Desde hace 10 años, la Asociación Cultural Sanmartiniana del Tuyú organiza este homenaje en honor al General José de San Martín en San Clemente del Tuyú, promoviendo su legado y valores. En esta ocasión, la institución decidió incluir por primera vez la distinción a un can, en línea con las máximas sanmartinianas, que resaltan el respeto y cuidado de los animales.
“La educación en valores es nuestra meta, y este homenaje a Falú revaloriza a todos aquellos seres vivos que nos brindan compañía, felicidad y seguridad con sus acciones diarias”, destacaron desde la organización.
El evento se llevó a cabo en el marco del 247° aniversario del nacimiento del General San Martín, reafirmando los principios de compromiso y servicio que representan a quienes trabajan por el bienestar ciudadano.
Las acciones enmarcadas en la segunda etapa del Plan Municipal de Bacheo siguen adelante en Santa Teresita. Debido al desarrollo de los trabajos, habrá cortes de tránsito y se reducirá la calzada en varias cuadras.
Hasta el próximo martes (4 de marzo) inclusive, no se podrá circular por Calle 104 entre 124 y 129. Por otra parte, se implementará una reducción de calzada en Calle 105 (entre 124 y 125), Calle 124 (entre 104 y 105) y Calle 125 (de 104 a 106).
El Plan Municipal de Bacheo impulsado por el intendente Juan de Jesús permitirá llevar a cabo mejoras y tareas de mantenimiento en el espacio público de distintos barrios del distrito. En 2024, los trabajos alcanzaron a 220 cuadras que involucran a arterias clave para la circulación, como calles de zonas céntricas y comerciales y los accesos a las localidades.
Waldo Wolff fue a la Legislatura para responder por las fugas de presos y terminó trenzándose con Pilar Ramírez, la delegada de Karina en la Ciudad.
La reunión se había suspendido días atrás por la última fuga registrada en el distrito. El ambiente fue tenso y el ministro acusó a la Nación de no hacerse cargo de los presos federales. «Este gobierno se comporta con los presos se porta peor que el kirchnerismo», aseguró.
Wolff discutió con Ramírez y acusó a la jefa de bloque libertaria de haber divulgado información secreta, mientras que la legisladora dijo que el ministro la había amenazado.
«Usted es diputada y está twitteando información confidencial. Mi familia le tiene mucho miedo, porque usted tiene información confidencial como tenía el kirchnerismo cuando me perseguía. Mientras usted estaba en el kirchnerismo, el kirchnerismo ya me perseguía», comenzó Wolff.
«Pasé miedo cuando me llamó el domingo a la noche para amedrentarme. También me dio lástima, si no se siente capacitado para desarrollar la tarea de ministro váyase a su casa», le respondió Ramírez antes de llamarlo «ministro de la inseguridad».
«Yo en algún momento voy a dejar de ser ministro de Seguridad, usted siempre va a haber salido de La Cámpora», dijo Wolff al tiempo que explicó que tenía custodia porque estaba amenazado por «Hamas, Hezbollah y el kirchnerismo».
Lo mismo hicieron los bloques opositores a Julio Alak en la capital bonaerense, que emitieron una seguidilla de pedidos de citación al secretario de Seguridad municipal, Diego Pepe, para que informe las políticas aplicadas desde la comuna en materia de Seguridad.
Kim Anura Gómez murió este martes por la noche en el barrio platense de Altos de San Lorenzo, cuando dos delincuentes robaron el auto de su madre, donde la niña viajaba. Durante la fuga, Kim fue arrastrada por 15 cuadras.
Cuando los delincuentes, de 14 y 17 años, chocaron contra un poste, el cuerpo de la niña quedó debajo del vehículo. Poco después, los dos atacantes fueron aprehendidos por efectivos policiales.
El hecho provocó una nutrida marcha hacia la Municipalidad, donde se registraron serios incidentes con rotura de vidrios y forcejeos en el portón central del Palacio Municipal, donde algunos manifestantes buscaron ingresar.
Momentos de tensión se registraron cuando algunos manifestantes intentaron ingresar al Palacio Municipal. Vidrios rotos y forcejeos.
En ese contexto, el PRO bonaerense que conduce Cristian Ritondo salió con un comunicado en el que fueron directo contra Axel Kicillof. «La provincia está tomada por el delito», señalaron para agregar que el crimen de la niña «no es un hecho aislado, es el resultado de un Gobierno provincial al que no le importa la seguridad de su gente».
También recordaron otros hechos delictivos recientes como el del joven repartidor Lucas Aguilar en Moreno que también generó serios incidentes frente al municipio.
Así, en el PRO señalaron que «si en la provincia hubiese Ley de Reiterancia, hoy Lucas en Moreno y Kim en La Plata, estarían vivos, ya que sus asesinos seguirían detenidos por delitos pasados». «Además, hay que bajar la edad de imputabilidad, para que ambos asesinos, menores de edad, cumplan con su condena», agregaron.
LA PROVINCIA TIENE QUE DAR EXPLICACIONES!!!Hace un año que venimos pidiendo la presencia del ministro de seguridad en la legislatura.Presentamos pedidos de informes.Presentamos propuestas.En junio presentamos proyecto de reiterancia. Pedimos que nos convoquen.Nada de esto⦠pic.twitter.com/Qyn7JMG0rA
En el Senado bonaerense, el proyecto de citación al ministro lleva la firma de Alex Campbell. En el bloque libertario de Carlos Kikuchi también insistieron en los pedidos de interpelación que ya habían presentado.
En el Concejo Deliberante platense, los bloques del PRO, La Libertad Avanza y el radicalismo impulsaron proyectos para que asista al recinto el secretario de Seguridad, Diego Pepe.
La marcha finalizó en la Gobernación bonaerense.
En el proyecto del radicalismo, piden que Pepe detalle cantidad de móviles municipales y de cámaras que funcionan de forma operativa; cantidad de operarios responsables de las cámaras, nivel de coordinación con el Ministerio de Seguridad bonaerense y las medidas.
Por lo pronto, existe un fuerte hermetismo en la cartera de Seguridad bonaerense y en el municipio platense ante este tema.
Pero quien salió a hablar fue el ex ministro y hoy senador bonaerense Sergio Berni, que apuntó responsabilidades hacia la fiscal que dejó en libertad a uno de los participes del asesinato de la niña, que un mes antes fue aprehendido por robar un auto.
Todos están muy cómodos en echarle la culpa de los temas delictivos a la policía y gran parte de los problemas de seguridad de la provincia no son policiales sino que tiene que ver con la desidia de los actores a cargo de prevenir
«En vez de estar llamando al ministro de Seguridad, deberían estar llamando a la UFI 3, a la doctora Carmen Ibarra, que debería dar explicaciones», dijo Berni en declaraciones a AM 750.
El ex ministro cuestionó a la titular de la Fiscalía de Responsabilidad Juvenil y le pidió explicaciones de por qué «dejó en libertad» a «este menor que terminó en ste hecho delictivo con la muerte de una nena de 7 años, cuando fue detenido hace menos de un mes robando un auto también».
Jefe político de Alonso, Berni es considerado como el ministro en las sombras toda vez que esa área no tuvo casi modificaciones tras su salida de Seguridad y la llegada de Alonso.
«Todos están muy cómodos en echarle la culpa de los temas delictivos a la policía y gran parte de los problemas de seguridad de la provincia no son policiales sino que tiene que ver con la desidia de los actores a cargo de prevenir», sostuvo Berni.
Al apuntar de nuevo hacia Ibarra, preguntó: «¿Qué pensaba que le iba a decir, nene pórtate bien, no robes más? ¿Le parece que es la mejor manera de cuidar un niño de 17 años que roba y lo dejan en libertad hasta que se arruinan la vida?»
Toto Caputo tuvo que subir la tasa para conseguir que le renueven la deuda, como anticipó en exclusiva LPO. Las renovaciones de la deuda son cada vez más cortas, un signo de la desconfianza del mercado. El equipo de Economía enfrenta vencimientos de deuda en pesos cada quince días. En este turno el monto ascendía a $2.7 billones. Cifra menor comparada con los $4.6 billones y $7.8 billones que vencen en marzo.
La Secretaría de Finanzas anunció que tuvo un gran éxito en la licitación: adjudicó $4.4 billones y recibió ofertas por un total de $5,314 billones. Esto significa un rollover de 165% sobre los vencimientos del día de la fecha. El excedente de $1,740 billones será depositado en la cuenta del Tesoro en el BCRA, como informó el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.
Sin embargo el tema son las tasas. Las fortísimas subas que tuvo que convalidar el equipo de economía para mantener el interés de los inversores. Efectivamente mostraron subas de entre el 10% para títulos a corto plazo y del 19% para LECAP más larga, que de todas formas vence dentro de tres meses.
«Levantaron bastante por encima de vencimientos pero así y todo corto plazo, menos de 3 meses», afirmó a LPO una de las fuentes del mercado consultadas.
«Subieron tasas, consiguieron roll over y recuperaron lo que habían puesto la última licitación pero el Boncer cerró en CER más 3.3%», marcó otro operador financiero.
Lo concreto es que el gobierno tuvo que ceder a la presión del mercado que exigía una suba de las tasas en pesos para darle vida a un carry trade que venía dando señales de agotamiento, tal como anticipó LPO.
«Nadie se sube a un carry de 0.05%», graficó uno de los especialistas consultados. Los indicios de agotamiento del carry saltaban a simple vista. «Por un lado, si bien tenes cepo y eso ayuda a que el riesgo de corrida por una mala licitación sea mucho más chico, no deja de ser cierto que hasta hoy a todos los tenedores de activos en pesos les resultaba costoso mantenerse haciendo tasa. A los Bancos les resultaba más seguro quedarse con una LEFI o, más rentable, buscar un préstamo que agarrar una LECAP si las tasas seguían en 2.5%. A los minoristas les resulta muy riesgoso agarrar una LECAP con tasas del 2.5% si adelante tenemos una elección. Una semana picada de MEP y perdiste la ganancia de un mes», continúo la fuente consultada.
El gobierno tuvo que ceder a la presión del mercado que exigía una suba de las tasas en pesos para darle vida a un carry trade que venía dando señales de agotamiento.
Cuando LPO advirtió sobre una posible suba de tasas, el ejercito de voluntaristas libertarios que Caputo tiene entre algunos «analistas del mercado» salió a desmentirlo en X. Es que el Gobierno quiso evitar el paso que se vio forzado a tomar este martes.
Existen multiples factores que justifican la resistencia, que no pudo sostener el gobierno, a subir las tasas. Los manuales de economía enseñan que tasas mas altas desaceleran la actividad económica.
«Me parece que esta decisión, se explica en parte para frenar la feroz intervención de los últimos dos meses y, sobre todo, por el resultado de las licitaciones previas que no pudieron completar y obligaron a Economía a sacar plata de los depósitos en la cuenta que tiene en el BCRA», afirmó a LPO un operador financiero.
Lo dificil de explicar para el equipo que conduce Toto Caputo es el alejamiento de la convergencia de las tres principales variables de la economía: tasas, tipo de cambio e inflación. Según el programa del ministro, la convergencia era el punto justo para la apertura del cepo. Y estuvo muy cerca del 222, cuando Mile lo forzó a reducir el crawling peg atemorizado por una incipiente pero generalizada suba de precios.
El Tesoro colocó deuda en pesos por encima de lo que vencía, por lo que anuló el punto Anker de la licitación anterior y dejó a febrero casi neutral. Lo destacado es que convalidó una tasa alta, superior al 2.5% mensual, contra un crawling peg del 1%.
«El Tesoro colocó deuda en pesos por encima de lo que vencía, por lo que anuló el punto Anker de la licitación anterior y dejó a febrero casi neutral. Lo destacado es que convalidó una tasa alta, superior al 2.5% mensual, contra un crawling peg del 1%», precisó Juan Manuel Palacio, especialista en finanzas.
En el mismo sentido, otro especialista en finanzas fue más categórico: «El equipo económico, ante la evidencia del resultado de hoy, tomo nota de que le queda muy poco tiempo para seguir sosteniendo el tipo de cambio fijo. La flotacion es inminente».
Delfos, una de las encuestadoras que históricamente midieron para el Gobierno de Córdoba y en la que Juan Schiaretti confía plenamente, detectó que tras el criptogate la imagen de la gestión de Javier Milei en la provincia que lo hizo presidente cayó 7 puntos, ubicándose en un 43 por ciento de aprobación; mientras que la valoración de la gestión retrocedió 5 puntos, ubicándose en el pico de los últimos cinco meses.
Pero lo sustancial está en el análisis en profundidad que hicieron en Delfos: «Se advierte que existe un segmento importante que lo eligió en el ballotage y que hoy observa que sus modales impropios y cuestionables para un presidente -que antes se dejaban de lado frente al éxito económico- empiezan a generar cierta incertidumbre respecto de la sustentabilidad de la estabilidad conseguida por Milei».
Aunque en Delfos advierten que aunque la crisis por el criptogate puede ser «de opinión sin mayor valoración política, existen electores que advierten que el esfuerzo y sacrificio que pusieron en juego en pos de acompañar el proceso político iniciado por Milei para estabilizar la economía podría rifarse».
Tras analizar las respuestas de 1.878 cordobeses, el estudio de Delfos destaca: «Ese sacrificio incluyó resignar consumo, postergar sueños y, en algunos casos, usar ahorros para ‘financiar’ los desafíos que implicó estabilizar los precios. Dicho capital ahora podría estar en riesgo si el Presidente no está a la altura, sea por ingenuo o negligente, para cuidar ese esfuerzo».
El estudio concluye: «Pero la pérdida de certezas entre los electores de Milei también es un problema concreto para la gestión. Es un capital político que queda a la deriva».
La senadora Alejandra Vigo.
En coincidencia con el resultado de esta encuesta, la senadora Alejandra Vigo salió al cruce de la designación por decreto de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, pero además de rechazar el avasallamiento institucional a la Cámara Alta, la esposa de Schiaretti leyó que se trata de una maniobra de distracción de Milei frente al criptogate.
«Con este decreto tal vez pretendan distraer a la sociedad de otro hecho de gravedad institucional: el caso del Presidente y la criptomoneda $Libra, que la Justicia debe investigar con rigurosidad y celeridad», dijo Vigo al disparar al corazón del poder libertario.
Los diputados Victoria Tolosa Paz, Alberto Arrúa y Pablo Outes reaccionaron a las intervenciones del PJ en Misiones y Salta, dispuestas por Cristina Kirchner durante el encuentro en la sede de la calle Matheu, en Capital Federal.
En declaraciones a Futurröck, Tolosa Paz sostuvo: «Creemos que hay una etapa cerrada en la construcción o la conducción de Cristina hacia el conjunto del movimiento». Después de recordar que eso fue lo que plantearon quienes fueron «a buscar» a Ricardo Quintela para que presida el Partido Justicialista, alertó que el peronismo sería «un movimiento que fue cerrando la participación política y el debate», y agregó: «Naturalizamos que en lugar de ser el partido de la democracia y participación, pasamos a ser el partido de la intervención, tenemos cuatro provincias intervenidas».
En esa cuenta, Tolosa Paz sumó las intervenciones de Jujuy y Corrientes a las resueltas este lunes sobre Misiones y Salta.
Desde el entorno de la ex Presidenta dijeron a LPO que esas medidas fueron tomadas porque los dirigentes partidarios en esas provincias ocupan bancas en la Cámara de Diputados en representación del peronismo pero votan las leyes que pide Javier Milei. «Además, en Misiones no se presentaron a las últimas elecciones con el PJ y se puede caer la personería jurídica si repiten la misma acción», argumentaron.
Una diputada cristinista también apuntó contra los colegas suyos que se fueron del bloque con el cambio de gobierno y pertenecen a los dos distritos intervenidos esta semana. «No los votaron para que acompañen al gobierno sino para que sean oposición», reprochó.
Aníbal quedó de interventor en Jujuy
El PJ nacional, en tanto, comunicó a través de Twitter este miércoles que «se designaron como interventores del Partido en la Provincia de Salta al compañero Sergio Berni y a la compañera María Luz Alonso». «A su vez, se nombraron como interventores en la Provincia de Misiones a los compañeros Gustavo Arrieta y Máximo Rodríguez».
Alonso es una dirigenta pampeana muy identificada con Cristina mientras que Rodríguez fue co-interventor, junto a Teresa García del PJ en Corrientes. La normalización de esa jurisdicción finalizaría el próximo 9 de marzo con las elecciones partidarias.
En el día de la fecha se designaron como interventores de nuestro Partido en la Provincia de Salta al compañero Sergio Berni y a la compañera María Luz Alonso. A su vez, se nombraron como interventores de nuestro Partido en la Provincia de Misiones a los compañeros Gustavo…
El misionero Arrúa es secretario general del PJ pero ingresó a la Cámara Baja por un acuerdo con el espacio de Carlos Rovira y ahora integra el bloque de Innovación Federal. En diálogo con LPO, dijo que la disposición de Cristina «es una orden sin motivos reales ni se sabe con qué fundamentos legales van a intervenir».
Además, deslizó que los tres diputados tucumanos que se fueron de UP para formar la bancada Independencia, un diseño del gobernador Osvaldo Jaldo, integran el PJ de su provincia pero no se dispuso ninguna sanción sobre ellos, aún cuando votan en sintonía con los libertarios en el Congreso.
Agustin Fernández, Elia Fernández y Gladys Medina, diputados del bloque de Jaldo.
La referencia a Tucumán no es ociosa porque hasta los propios tucumanos temían en la previa que Cristina anunciara la misma resolución para esa provincia. De hecho, Jaldo criticó las intervenciones y cargó contra la jefa del partido: «cuando se interviene un distrito, hay intencionalidades. Estamos desuniendo y quiero un peronismo unido. No soy de La Cámpora, ni Cristinista. Soy peronista, quiero una presidente que haga lo que dijo: unir al peronismo a nivel nacional», planteó. Con tono desafiante, el gobernador expresó que no comparte ese mecanismo y aseveró: «si en algún momento piensan en Tucumán, acá estamos esperando».
No soy de La Cámpora, ni Cristinista. Soy peronista, quiero una presidente que haga lo que dijo: unir al peronismo a nivel nacional.
La situación del peronismo salteño es similar a la de Misiones. El diputado Outes, que accedió a su banca junto con Yolanda Vega por el sello de UP en octubre de 2023 pero migró al bloque de Innovación Federal, habló de «totalitarismo» y «falta de democracia interna».
El mismo derrotero que Outes y Vega siguió Pamela Calletti, quien resultó electa en 2021 por el Frente de Todos y había sido funcionaria de los gobiernos de Juan Manuel Urtubey. Hija del ex ministro de Salud de Mendoza durante la gobernación de Julio Cobos, ahora preside la bancada que integran Outes, Vega y también Arrúa.
El secretario general del PJ salteño, Antonio Hucena, dijo que en su espacio «ninguno dejó de ser peronista», pero enfatizó que «nadie comparte la agenda ni la conducción de UP, que las marca Máximo Kirchner». «La voluntad de Cristina no es organizar el partido, sino seguir sembrando grietas», remarcó.
También el gobernador Quintela, que había contado con el respaldo de los impulsores de Axel Kicillof, se pronunció contra las intervenciones e hizo «un llamado a la conducción nacional». Luego de señalar que esa metodología «afecta la autonomía» de los distritos, postuló que «la unidad del peronismo no se construye desde el centralismo sino desde la representación auténtica de las bases en cada provincia».
Donde también impactaron las resoluciones partidarias fue Jujuy. Allí, el partido está intervenido por Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez desde que el PJ local, dirigido por Rubén Rivarola, prestó sus votos para aprobar la reforma constitucional de Gerardo Morales que terminó con una revuelta popular en junio de 2023.
En 2024 parecía que se llegaba a un acuerdo entre La Cámpora, representada en la provincia del norte por Leila Chaher, y la senadora Carolina Moisés pero el pacto se frustró con acusaciones cruzadas. LPO supo que Cristina recibió a Moisés en el Instituto Patria en diciembre y luego a Chaher, que cuenta en este turno con el apoyo de Rivarola y Guillermo Snopek: la discusión giró en torno a quién ejercía la conducción partidaria primero, bajo compromiso de rotación en el cargo, pero ninguna de las dos cedía el cetro ahora.
Carolina Moisés, en el Senado.
Como las elecciones internas se pasaron del 17 de noviembre al 15 de diciembre y se pospusieron luego para marzo, el gobernador Carlos Sadir adelantó las elecciones provinciales para el 11 de mayo, ajustando el calendario electoral y complicando al peronismo. Ante la falta de entendimiento, las autoridades nacionales extendieron la intervención hasta noviembre.
Como sea, Cristina decidió ejercer la conducción imponiendo dirigentes que le responden en la jefatura de cada jurisdicción o disponiendo la intervención donde no pudiera ordenarlos. Sus adversarios, perjudicados con las definiciones de esta semana, se quejan de su jugada y le atribuyen distinta vara para cada lugar.
Un peronista correntino consideró ante LPO que «las intervenciones de Salta y Misiones son estratégicas y la prudencia frente al mileísmo de Tucumán o Catamarca es táctica».
Los diputados de los bloques mayoritarios en el Congreso firmaron este miércoles un comunicado exigiéndoles a Victoria Villarruel y Martín Menem que revisen las restricciones que pretenden imponer para la cobertura periodística del acto de apertura de sesiones ordinarias, previsto para el próximo sábado ante la Asamblea Legislativa.
La nota enviada por los legisladores expresa que «esta incorrecta restricción atenta contra contra el derecho de libertad de expresión y de prensa y vulnera principios fundamentales consagrados en la Constitución Nacional».
Además, los jefes de las bancadas que rubricaron el texto advierten que la medida «afecta el derecho de la ciudadanía a conocer, de manera libre y sin intermediaciones oficiales, el desarrollo de un acto de trascendencia institucional». «Solicitamos, con carácter de urgente, la inmediata revisión de estas restricciones, garantizando que los periodistas acreditados y los reporteros gráficos puedan realizar su labor en plena libertad», plantean.
Entre los diputados firmantes se cuentan Cristian Ritondo y Silvana Giudici por el PRO, Miguel Pichetto y Oscar Agost Carreño por Encuentro Federal, Germán Martínez por UP, Karina Banfi por la UCR, Pablo Juliano por Democracia para Siempre, y Maximiliano Ferraro y Juan Manuel López por la Coalición Cívica.
La misiva se suma al comunicado que se formuló también este miércoles desde el Círculo de Periodistas Parlamentarios (CPP), que «deplora y rechaza» el impedimento de que los trabajadores de prensa accedan a los palcos que se utilizaron históricamente para las coberturas de estas ceremonias. Como las autoridades del Poder Legislativo no brindaron más explicaciones que las del cumplimiento de una orden que emanaba de Casa Rosada, el CPP precisó que «no se entiende la razón por la que a los periodistas se los discrimina de esta manera absolutamente irracional y sin ningún sentido práctico».
En el último párrafo de su nota, el CPP se lamenta por que «otro poder del Estado, como es el Congreso, claudique ante las órdenes del Poder Ejecutivo».
La definición de las restricciones, que fuentes parlamentarias atribuyeron directamente a Karina Milei, desplazaría a la prensa de los palcos que ocupa habitualmente para otorgárselos a invitados del oficialismo. La sospecha es que llenará las gradas de fanáticos libertarios, tal como sucedió cuando Javier Milei presentó el proyecto de Presupuesto el 15 de septiembre pasado.
Iñaki tuvo un palco para él solo en la última sesión.
En esa ocasión, los periodistas se vieron obligados a amontonarse en solo dos palcos porque la Presidencia de la Cámara de Diputados habilitó el resto de los espacios para su barra, algo que durante años le reprocharon al kirchnerismo. Otro antecedente similar fue el de la sesión en que los villarruelines, el grupo de jóvenes believers que militan a la Vicepresidenta, ocupó uno de los palcos del Senado y se trenzó en discusiones con un grupo de periodistas acreditadas, tal como informó LPO.
La noticia de este nuevo cercenamiento causó revuelo en los pasillos de la Cámara Baja pero también se convirtió en fuente de burlas en redes sociales. La ex diputada Myriam Bregman posteó en Twitter: «El gobierno está organizando la Asamblea Legislativa como si fuese una entrevista con Jonatan Viale. Quiere digitar todo, hasta quién puede sacar una foto».
