Brasil vive un momento de fuerte tensión institucional a menos de un mes de las elecciones presidenciales. La guerra total en la Corte Suprema de Justicia sumó un nuevo capítulo con la decisión del juez André Mendoça de desplazar al jefe de la Policía Federal, Andrei Rodríguez y de Leandro Almada, jefe de Inteligencia de la fuerza.
La decisión representa una nueva y fuerte escalada en el enfrentamiento entre Mendonça y Alexandre de Moraes y coloca al gobierno de Lula en el centro de una crisis muy profunda.
El argumento de Mendonça para tomar esta decisión es que la inteligencia de la PF realizó durante más de un mes un monitoreo sistemático e ilegal sobre su trabajo y sobre sus vínculos con el abogado general de la Unión, Jorge Messias. Según el magistrado, fueron elaborados al menos seis informes entre el 3 y el 31 de agosto.
Moraes acusó a Mendonça de cometer abuso de autoridad, interferir en negociaciones de delaciones premiadas y orientado investigaciones por motivos políticos y personales.
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Pero el fondo de la pelea entre Mendonça y Moraes aparece el escandaloso caso del Banco Master que tiene al empresario Daniel Vorcaro detenido por estafar a jubilados y pensionados. En la mira también está el vínculo del banquero con Flavio Bolsonaro y los 134 millones de reales que recibió para financiar una película sobre su padre.
Ese dinero que está siendo investigado habría sido para solventar parte de los gastos de permanencia de Eduardo Bolsonaro en Estados Unidos. A su vez, según informó Globo en base a la delación del operador financiero Antonio Carlos Freixo Júnior, conocido como «Mineiro», afirmó que realizó siete transferencias bancarias por un total de US$ 12,3 millones -unos R$ 69 millones al tipo de cambio de la época- a un fondo estadounidense, por pedido Vorcaro.
El dinero fue enviado al Havengate Development Fund, administrado en Estados Unidos por el abogado de inmigración Paulo Calixto, cercano a Eduardo Bolsonaro. Los pagos se realizaron entre febrero y septiembre de 2025. El último, por aproximadamente US$ 1,66 millones (unos R$ 9 millones), ya había sido revelado por la revista Piauí. La nueva delación aporta ahora un dato clave: quien habría ejecutado las operaciones confirmó que fueron siete transferencias realizadas por indicación de Vorcaro.
André Mendonça fue nombrado por Jair Bolsonaro pero recibe directivas de la ex primera dama Michelle quien se encargó de promocionar su candidatura al máximo tribunal. Con esta jugada logra correr de la agenda este relación poco claro de los Bolsonaro con el Banco Master para enfocarse en De Moraes y convertirse en un nuevo Sergio Moro para el bolsonarismo porque es quien investiga también al hijo de Lula por tráfico de influencias.
Tal es así que rapidamente se constituyó una mayoría en la llamada «Segunda Turma» en la Corte para mantener el desplazamiento de Rodrigues que ya tienen visto Mendonça, Luiz Fux y Kassio Nunes Marques. El ministro Gilmar Mendes pidió vista y suspendió la conclusión del juicio, mientras que Dias Toffoli todavía debe votar. La medida cautelar, sin embargo, continúa vigente.
Del lado del gobierno decidieron presentar una apelación la Abogacía General de la Unión, convirtiéndose en una de las mayores crisis institucionales del Brasil de cara a las elecciones y siguen la presiones, como adelantó LPO, para que Lula nombre al juez que debe reemplazar a Luiz Barroso y equilibrar las fuerzas internas de la Corte.
Por su parte, el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, evalúa asumir personalmente las investigaciones relacionadas con el Banco Master y los fraudes en el INSS que están bajo la conducción del ministro Mendonça para intentar contener la crisis institucional. Para concretarlo, busca construir previamente un consenso entre los ministros del Supremo en un escenario de división clara dentro de la Corte.
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Según el relevamiento de Folha, Luiz Fux es el único apoyo seguro de Mendonça. Moraes cuenta con el respaldo de Flávio Dino, Cristiano Zanin y Gilmar Mendes mientras que las posiciones de Kassio Nunes Marques, Cármen Lúcia y el propio Fachin son menos definidas.
En el equipo de Lula ven con preocupación esta crisis porque sospechan que está empujada por el Departamento de Estado y la CÍA para beneficiar al bolsonarismo en un escenario electoral que se presenta de extrema paridad.
