La revelación del empresario y expolista Hugo Alberto Barabucci sacudió el escenario político de Río Negro y puso bajo presión directa al gobernador Alberto Weretilneck. Durante un juicio en Bariloche, Barabucci admitió haber adquirido cerca de 20 mil hectáreas en una zona estratégica de la Patagonia con una donación de 2 millones de dólares provenientes de Emiratos Árabes Unidos, en una operación que no habría pasado por controles del sistema financiero argentino.
La confesión no solo encendió alarmas judiciales por posibles delitos económicos y violaciones a la legislación sobre la Ley de Tierras rurales 26.737, sino que además dejó expuesta una presunta inacción de organismos clave del Estado provincial. La magnitud de la operación, sumada a la sensibilidad geopolítica del territorio involucrado, convirtió el caso en un foco de tensión política con potencial impacto nacional.
Según reveló La Política Online, los vínculos entre el gobernador Alberto Weretilneck y capitales qataríes no serían recientes. LPO reveló intercambios entre Juan Pablo Beacon y Pablo Toviggino donde se hace referencia directa a la relación del mandatario rionegrino con representantes de ese país, en un entramado que excede lo estrictamente deportivo.
En esas conversaciones, incluso, se menciona que fue el propio Weretilneck quien habría facilitado el nexo institucional al acercar a Beacon a un encuentro con el embajador de Qatar en la Argentina, consolidando un canal de diálogo previo con ese esquema de inversiones. Este antecedente cobra relevancia en el actual escándalo por tierras, ya que refuerza la hipótesis de una trama de relaciones internacionales que se viene gestando desde hace años en torno a la Patagonia.
El reconocimiento público de Barabucci se dio en el marco de un juicio contra la mapuche Soledad Cayunao, que fue absuelta tras no comprobarse los delitos de usurpación y hurto. Sin embargo, lo que emergió durante el proceso fue una trama más profunda, que dejo en evidencia la compra de 19.269 hectáreas en el Cerro Carreras, dentro del Área Natural Protegida Cipresal de las Guaytekas y a menos de 50 kilómetros de la frontera con Chile.
Según la documentación, los fondos utilizados para la operación fueron transferidos desde el First Gulf Bank de Abu Dhabi hacia una cuenta del JP Morgan en Nueva York, sin ingresar al circuito financiero argentino. Este detalle encendió sospechas sobre posibles maniobras de evasión, contrabando de divisas y lavado de dinero, además de una eventual violación de la Ley 26.737, que restringe la adquisición de tierras por parte de extranjeros en zonas de seguridad de frontera.
Las tierras fueron adquiridas al empresario Marcelo Mindlin, socio del británico Joe Lewis, figura polémica en la Patagonia por el conflicto de acceso al Lago Escondido. El valor de la operación -poco más de 2 millones de dólares- representa un promedio de apenas 106 dólares por hectárea, lo que también genera interrogantes sobre la valuación de activos de alto valor ambiental.
Nicolás Van Dijmar, propietarios de la estancia Las Marías y Carlos Valeri, ex ministro de Obras Públicas y amigo de Weretilneck.
Detrás de Barabucci se despliega un entramado de sociedades que complejiza la identificación del verdadero titular de las tierras. Firmas como Dunia Inmobiliaria, Manzil SA, Estancia Las Marías y el Fideicomiso Amaike aparecen como vehículos legales de una estructura que, según distintas investigaciones, tendría como beneficiario final al empresario emiratí Mathar Suhail Alí Alyabhouni Aldhaheri.
Este empresario está vinculado al círculo del emir de Abu Dhabi, Mohamed bin Zayed Al Nahayan, lo que introduce un componente geopolítico al caso. De hecho, trascendió que el propio emir utilizó estas tierras como refugio en un contexto de tensión internacional, arribando a Bariloche con una comitiva de alto nivel y trasladándose en helicóptero hasta la estancia.
La escena refuerza la hipótesis que Barabucci habría actuado como testaferro de capitales extranjeros en una operación que podría haber eludido las restricciones legales vigentes en Argentina. La utilización de figuras jurídicas complejas y la circulación de fondos por fuera del país alimentan las sospechas sobre una arquitectura diseñada para ocultar el comprador.
En este contexto, el foco político se trasladó al gobierno de Weretilneck. La ausencia de intervención de organismos clave como la Fiscalía de Estado, el Ministerio de Gobierno, la Dirección de Tierras y el Registro de la Propiedad Inmueble genera cuestionamientos sobre la eficacia -o la voluntad- del Estado para controlar operaciones de este tipo.
Distintos sectores advierten que no se trata solo de una falla administrativa, sino de una posible omisión sistemática que permitió consolidar una operación de gran escala en una zona sensible. La falta de pronunciamiento oficial por parte del gobernador profundiza las críticas y alimenta la percepción de un vacío de control institucional.
La legisladora provincial de Río Negro y es senadora nacional, Magdalena Odarda impulsó pedidos de informes y reclamó la intervención del Ministerio Público Fiscal de la Provincia que estuvo cargo de la causa judicial de Barabucci para investigar el origen de los fondos, la legalidad de la compra y la posible participación de organismos nacionales como la Unidad de Información Financiera (IUF).
El caso también vuelve a poner bajo la lupa la relación histórica entre Joe Lewis y Weretilneck que compartían hasta el mismo abogado y el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, muy cercano al mandatario rionegrino, era el contador de la empresa Hilden Lake S.A, marcada por la falta de resolución en el acceso público al Lago Escondido.
Vínculos que se reactualizan frente a una operatoria que presenta similitudes en el uso de estructuras societarias opacas. A esto se suma el antecedente del proyecto Baguales, vinculado al desarrollo energético e hidroeléctrico en zonas sensibles, que ya había despertado cuestionamientos por la participación de capitales extranjeros en territorios estratégicos.
En términos legales, la utilización de «personas interpuestas» o testaferros para adquirir tierras en zonas restringidas podría encuadrarse en una violación directa de la Ley Tierras Rurales, que prohíbe explícitamente la compra por parte de extranjeros -ya sea en forma directa o indirecta- en áreas de seguridad de frontera.
El caso también expone la tensión estructural entre grandes capitales y comunidades originarias en la Patagonia. La denuncia contra Cayunao -integrante de una comunidad con ocupación ancestral reconocida- puso en evidencia prácticas de judicialización que, según denuncian organizaciones sociales, buscan desplazar a pobladores históricos de territorios codiciados por su valor ambiental y estratégico.
En paralelo, quedo expuesto el rol de supuestas ONG desinteresadas de intereses político y económicos como Consenso Patagonia, una organización que agrupa intereses inmobiliarios y que ha sido cuestionada por su postura frente a los reclamos territoriales mapuche.
Ahora, la dimensión del caso ya trascendió el ámbito provincial y amenaza con escalar a nivel federal. Los abogados defensores de Cuyanao anticiparon que recurrirán a la Comisión Nacional de Fronteras para evaluar la nulidad de la operación, mientras que también se analiza la posible intervención de la Justicia federal por delitos económicos.
El silencio del gobierno de Weretilneck, en medio de un escándalo que involucra capitales extranjeros, territorios estratégicos y posibles fallas estructurales del Estado, se convierte en un factor político de peso. La combinación de elementos -financiamiento externo, uso de testaferros, ausencia de controles y conflicto territorial- configura un escenario que pone en debate la soberanía sobre la tierra en la Patagonia.
Más que un caso aislado, la confesión de Barabucci abrió una puerta incómoda: la de un modelo de acumulación territorial que podría haberse consolidado con la pasividad -o complicidad- de Weretilneck.
