Juan Bautista Mahiques mandó hace dos semanas el pliego del juez Víctor Arturo Pesino, uno de los integrantes de la Sala VIII de la Cámara Nacional del Trabajo, para concederle la prórroga solicitada antes que cumpla los 75 años de edad. Con esa maniobra, pavimentó la primera victoria del gobierno en materia judicial.
Pesino es uno de los dos magistrados que, precisamente, falló a favor del gobierno en el reclamo contra la cautelar que había logrado la CGT contra la reforma laboral.
Con esa maniobra, el ministro de Justicia le garantizó a la Casa Rosada la modificación del efecto suspensivo que el recurso otorgado a la central obrera producía sobre la ley votada por el Congreso.
Tanto la velocidad como el sentido de oportunidad de Mahiques para el caso de Pesino como el de su padre, Carlos «Coco» Mahiques, contrastan con la «indolencia» que le atribuyen sus adversarios en Comodoro Py por no apurar el pliego de Martín Irurzun, el juez de la sala de la Cámara Federal porteña que tiene la causa por la impugnación de los audios de Diego Spagnuolo. Como reveló LPO en exclusiva, Irurzun le dio un ultimátum al ministro y eso expone a Karina Milei a un riesgoso itinerario judicial si el magistrado cambia de actitud con el caso de las coimas.
De hecho, Pesino inició el trámite para su prórroga en agosto del año pasado y el procedimiento burocrático para que su pliego termine en el Congreso se aceleró el pasado 7 de abril. Irurzun, en cambio, sigue esperando.
Como sea, la estrategia libertaria en el litigio por la reforma laboral fue una jugada a tres bandas. Por un lado, el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio tramitó un per sáltum ante la Corte Suprema y, por otro lado, una inhibitoria para llevar la causa del fuero laboral al contencioso administrativo. Y finalmente, el Ministerio de Capital Humano, por contener en su organigrama a la Secretaría de Trabajo, presentó la queja ante la cámara integrada por Pesino contra la resolución del juez Raúl Ojeda, que había declarado inconstitucional 82 artículos de la norma.
Fuentes judiciales comentaron a LPO que los cortesanos veían con interés que Pesino y su colega de la Sala VIII, María Dora González, voltearan los efectos suspensivos de la cautelar para no tener que pronunciarse desde el máximo tribunal.
En rigor, los jueces de la Corte no tienen plazos que los condicionen. Pueden rechazar el per sáltum pedido por el gobierno o pueden aceptarlo sin precisar cuándo resolverían a cuestión de fondo.
