Ricardo Lorenzetti escaló este viernes su pelea con Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz a niveles inéditos para la Corte Suprema. En una serie de escritos que filtró a la prensa denunció que el máximo tribunal funciona mal y gasta descontroladamente el presupuesto judicial.
Rosatti se limitó a publicar en la página del Poder Judicial las estadísticas oficiales que revelan que esta año hubo récord de sentencias y el personal permaneción en el mismo nivel.
La bronca de Lorenzetti tiene una explicación: el fracaso del gobierno -hasta ahora- para que ingresen al máximo tribunal Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, licúan su aspiración de integrar una nueva mayoría que le quite el manejo de la Corte a Rosatti y Rosenkrantz.
En el entorno de Rosatti evitaron polemizar directamente con Lorenzetti y se limitaron a señalar que este año el máximo tribunal dictó más de 12.250 sentencias, lo que en los pasillos judiciales se considera un récord. «Con 4 miembros y una dotación de personal estable», destacaron a LPO.
La tensión en el Palacio Talcahuano se incrementó notablemente esta semana, después que Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda firmaran la acordada para la regulación del mecanismo de designación de conjueces a partir de enero, con la disidencia de Lorenzetti.
La bronca de Lorenzetti tiene una explicación: el fracaso del gobierno -hasta ahora- para que ingresen al máximo tribunal Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, licúan su aspiración de integrar una nueva mayoría que le quite el manejo de la Corte a Rosatti y Rosenkrantz.
El ex titular de la Corte manifestó su objeción a tomar esa decisión con el argumento que está próxima la designación de Lijo y García Mansilla. Su fundamento fue similar al que utilizó en abril pasado para oponerse a la creación de la Secretaría Penal Especial y luego a la puesta en marcha del Portal de Justicia Argentina.
Un camarista recordó a LPO que, en septiembre pasado, Lorenzetti brindó una entrevista a La Nación y planteó que si ingresaban dos nuevos miembros al tribunal, habría que reelegir las autoridades. Esa afirmación era casi una declaración de guerra a Rosatti y Rosenkrantz.
En ese clima envenenado, el rafaelino decidió faltar a la despedida de Maqueda en el Patio de Honor del Palacio de Justicia, tal como informó LPO. La decisión de Lorenzetti de escalar el conflicto coincide con la encerrona en la que esta el gobierno que se debate entre reabrir la negociación con el peronismo y nombrarlos por decreto.
La ausencia de Maximiliano Pullaro de la inauguración de la primera cárcel federal en territorio santafesino es un asunto de remarcable atención. Patricia Bullrich se decidió a montar un acto en la ciudad de Coronda, donde está enclavada la prisión, para cerrar el año en una provincia en la que desplegaron acciones de seguridad auténticas a la vez que gran vigor publicitario. Y el gobernador, con quien habían manifestado hasta hace poco beneplácito por trabajar en coordinación, no estuvo allí.
Incógnita obligada: qué hizo que un gobernante que basó su carrera política en un discurso de rigor contra la criminalidad y que tiene su principal activo en las mejoras de la seguridad pública se haya escabullido de un acontecimiento largamente demandado por sucesivas gestiones provinciales. La impresión generalizada, no admitida, es que la inauguración de la cárcel de Coronda fue un acto precipitado, motivado más por el afán de divulgación que por una apertura en tiempo y forma de un presidio que tiene como finalidad alojar presos federales, básicamente los confinados por narcotráfico.
La idea impuesta es que se trató de una inauguración donde reinó la improvisación. Fue al grano con eso el intendente de Coronda, Ricardo Ramírez, que dijo que la apertura del penal en su ciudad fue una puesta en escena, con presos trasladados de apuro. Los que se ubicaron a la mañana en la flamante penitenciaría pero luego fueron sacados de allí. «Me sorprendió, porque en reuniones con autoridades penitenciarias nos habían dicho que los internos iban a llegar en 45, 60 días, que hoy se iba a hacer una inauguración…Cuando la ministra Bullrich dijo que ya había internos, lo que fue un operativo…», le dijo a la radio Aire de Santa Fe.
Pullaro había comprometido su asistencia. Pero a último momento, en un acto donde la Nación no lo previó como orador, anunció que no estaría por cuestiones de agenda. Asistió el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Pablo Cococcioni, como principal autoridad. Quien un día antes sostuvo complacido que la prisión federal era fundamental para descomprimir un sistema penitenciario provincial sobrepoblado y en un enroque de plazas vaciar de detenidos los penales de establecimientos policiales.
La infraestructura de servicios para que la cárcel federal de Coronda esté operativa se demorará tres meses. Vale decir que no estaba apta para ser inaugurada. Pullaro no quiso ser parte de un ritual que está desajustado de la posibilidad de iniciar sus funciones prácticas.
Pero eso es revelador de una relación que últimamente tiene más ruido de acoples que música. Ocurrió hace tres semanas cuando el gobierno nacional emitió un comunicado en redes para dar cuenta de un video que se había hecho llegar a Nación y al gobierno provincial, de personas con máscaras, que anunciaban represalias para Bullrich, Pullaro y fiscales santafesinos. El gobierno provincial se desmarcó sin grandes gestos. Desde la gestión santafesina deslizaron que nunca habían recibido tal video amenazante y tomaron distancia de la idea de acentuar su divulgación. «Son cosas de Patricia», dijo un funcionario santafesino.
También existe una disonancia entre Nación y provincia en relación a la persecución a dos individuos que están prófugos de la Justicia de Santa Fe a los que se aludió como conectados con el atentado que el 9 de noviembre se cobró las vidas del jefe de la barra de Rosario Central Andrés Pillín Bracamonte y Daniel «Rana» Attardo. Se trata de Lisandro «Limón» Cárdenas y Matías Gazzani, conectados con la banda de Los Menores, que el propio Pillín había dicho querían matarlo.
El intendente de Coronda, Ricardo Ramírez, dijo que la apertura del penal fue una puesta en escena, con presos trasladados de apuro. Los que se ubicaron a la mañana en la flamante penitenciaría pero luego fueron sacados de allí
Cárdenas fue detenido hace diez días en la zona de Tigre por la Policía Federal, a instancias de una fiscal de Rosario, en un operativo muy celebrado por Bullrich. Esta mañana fue imputado. Gazzani todavía está prófugo. Funcionarios del gobierno nacional manifiestan recelo o desconfianza de algo que interpretan como falta de determinación de la gestión santafesina por ubicar a estos referentes. A los que, se ignora con qué elementos, presuponen posiblemente conectados con los atentados homicidas contra cuatro trabajadores en marzo pasado, que provocaron conmoción nacional. Y que fue una pista posible que entienden no se siguió.
Esta mañana Bullrich tuvo centralidad exclusiva en el acto de apertura de la prisión que tendrá capacidad para 464 internos, distribuidos en cuatro pabellones, dos con celdas colectivas y dos con celdas individuales. «Esta cárcel es un símbolo de nuestra estrategia integral de seguridad», dijo durante el acto, según lo consignado por el comunicado oficial. «Estamos avanzando en una estrategia clara y contundente para combatir el narcotráfico y las organizaciones criminales que han desestabilizado nuestras comunidades. Esta nueva cárcel es un paso fundamental en esa lucha, una herramienta para garantizar que aquellos que cometan delitos graves enfrenten las consecuencias de sus actos en un entorno controlado, seguro y bajo el marco de la ley», señaló.
Sin embargo para la provincia esta cárcel no está adaptada en cuanto a condiciones de seguridad para alojar a presos denominados «nivel uno» o «de alto perfil», algunos conectados al comercio de drogas, aunque no todos los vinculados a este fenómeno lo son. Un capítulo más de una distinción que también tiene el gobierno de la provincia en relación a la marcada baja de los delitos de sangre que este año estarán más de un 65% debajo de 2023. Por primera vez en dos décadas todo indica que Rosario cerrará el año con menos de 100 homicidios. El año pasado hubo 261. Bullrich tiene la rutina de celebrar a voz en cuello ese descenso. Pullaro no lo desestima pero marca con énfasis que los delitos de alta lesividad tienen ciclos y que no hay batalla ganada hasta que las cifras se estabilicen en plazos más largos.
Como el zumbido de los alguaciles antes de los truenos, estas discordias están en el aire. En el Ministerio de Seguridad ni en la Gobernación de Santa Fe no hay comentarios. En la primera dependencia indican que la cárcel recién va a estar con presos en marzo o abril y que se trabaja coordinadamente en la radicación del personal. Cerca del gobernador solo reflejan que hubo preocupación con el movimiento de presos, que entraron y salieron, y que para evitar generar polémica Pullaro optó por no asistir en un día de mucha actividad.
Un escenario donde las cosas se están picando entre dos espacios que venían haciendo un esfuerzo para actuar ante un problema común pero donde la coyuntura muestra novedades. Santa Fe está en la antesala electoral de convencionales constituyentes, donde gobierno nacional y provincial serán muy probablemente adversarios.
Con una novedad última que puede terminar de pudrirla. El diputado nacional Nicolás Mayoraz, puntal de La Libertad Avanza en la Cámara Baja, será muy probablemente candidato contra el oficialismo santafesino. Acaba de presentar un amparo en la Justicia de Santa Fe contra la ley que hace diez días declaró la necesidad de la reforma de la Carta Magna provincial, que incluye la posible reelección de Pullaro.
Los radicales de Facundo Manes acusaron a Rodrigo de Loredo de venderse al gobierno por «dólares o cargos».
El diputado Fernando Carbajal vapuleó a De Loredo por Twitter al tildarlo de «libertario», después que el cordobés se manifestara en contra de la resolución del Tribunal de Ética de la UCR que definió la expulsión de Mariano Campero, Luis Picat y Martín Arjol, por respaldar los vetos de Javier Milei contra los jubilados y las universidades.
«Vos vendiste a la UCR a cambio de cargos en el Poder Ejecutivo y te hiciste libertario», tuiteó el legislador formoseño, que suele ser implacable en sus intervenciones dentro y fuera del recinto.
De Loredo había considerado «ilegítima, arbitraria y parcial decisión de un tribunal de conducta que parece más abocado a una interna que al rol que debe cumplir», en referencia a la sanción partidaria contra los radicales con peluca. Tal como informó LPO este jueves, el jefe de la bancada de la UCR sostuvo: «Con un bloque escindido en Diputados, y con senadores y diputados que en reiteradas ocasiones tomaron posturas distintas a sus bloques, selectivamente se busca castigar solo a unos», y opinó que «el partido chico, cerrado, burocrático, incoherente y con doble moral, no le sirve a nadie».
Frente a ese comentario, Carbajal contestó que el bloque está dividido por las decisiones que tomó De Loredo. «Como lo demuestra Kueider, De Petri (Sic) y Bullrich, nadie se hace oficialista gratis. Reciben dólares o cargos. ¡Vamos a recuperar la UCR!», posteó.
La furiosa acusación remite al rumor de pasillo en el Congreso acerca de que el gobierno pagó con dólares el apoyo parlamentario de algunos legisladores o con cargos para sus allegados. «La Banelco de la Alianza es un poroto», decía la semana pasada un opositor.
Por lo demás, una fuente legislativa sugería que la factura contra De Loredo podía referirse al salto de Alejandro Cacace al gabinete de Milei. Cacace fue hasta el mes pasado secretario parlamentario y mano derecha de su colega cordobés.
El radicalismo en el Congreso sufrió tensiones constantes desde que asumió Milei y el bloque terminó estallando en la Cámara de Diputados, después que Campero, Picat, Arjol, Pablo Cervi y José Tournier no dieran quórum para rechazar el veto presidencial contra el incremento del presupuesto universitario. Con la agudización del conflicto, el sector liderado por Facundo Manes y la tropa que responde a Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti conformaron una bancada aparte, bajo el sello Democracia para Siempre.
Luego rompería con De Loredo también el santafecino Mario Barletta. De los 34 legisladores que integraban la UCR en diciembre el año pasado, el cordobés sólo conduce 20 pero los de Manes, liderados ahora por Pablo Juliano, aprovechan cada polémica para disputar la línea del partido.
Lo mismo hacen los legisladores sancionados por el tribunal. «Nos van a tener que sacar con un grupo de tareas», desafió uno de los tres ante LPO, y agregó: «No nos movemos un pelo de la pelea del partido y del rumbo del cambio de la Argentina».
La lista «Radicales en Acción» que responde al senador correntino Ricardo Colombi, anunció este viernes que no competirá en las elecciones internas de la UCR del próximo domingo, por lo que la lista que encabeza el actual gobernador Gustavo Valdés será la única en presentarse.
La idea del sector es concurrir a votar y se aguarda la definición de la Junta Electoral. «No soy el dueño de la UCR pero tampoco quiero que la UCR tenga dueño. Hoy están las internas en marcha, vamos a seguir empujando para ganar las elecciones», dijo Valdés.
Sobre Colombi, Valdés declaró «que haga lo que quiera, pero el radicalismo está entero y nuestro objetivo es ganar la presidencia». T»odos los ministros, intendentes, legisladores están juntos, en la misma línea. Si él decide retirarse de la contienda es porque busca dañar al radicalismo, pero no lo logró. Seguimos trabajando todos juntos», dijo Valdés.
Colombi, que había terminado su mandato en el Comité provincial en el mes de abril, había fijado como fecha para las elecciones internas el 27 de octubre, pero posteriormente decidió posponerlas para el mes de mayo del 2025. Para evitar la acefalía y las irregularidades, el Comité Nacional decidió intervenir el distrito para garantizar que los radicales de Corrientes elijan sus autoridades.
Desde el espacio del gobernador aseguraron que «Colombi no quiso competir y exponer su debilidad política a través de la elección, en el fondo es lo que siempre quiso ocultar a través de las presentaciones judiciales».
De esta forma se refirieron a las instancias judiciales en donde no encontró respuesta satisfactoria ya que tanto la Cámara provincial como la Cámara Nacional Electoral consideraron que ninguno de los pedidos de impugnación tenía justificativos para suspender la elección.
«Nunca tuvo condiciones de competitividad y siempre quiso dilatar y, en definitiva, perjudicar al espacio», señalaron allegados a la lista de Vamos Radicales que será la única en presentarse.
«Una vez que se le acabaron las chicanas legales y la Justicia autorizó la elección, Colombi retiró su lista y ratificó de esa manera el liderazgo de Valdés», dijeron. «Hace tiempo que viene trabajando en contra de nuestro espacio y especulando una alianza con el kirchnerismo, pero a partir del domingo podremos volver a abrir las puertas de los comités y modernizar la UCR», agregaron.
El intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, fue llamado a indagatoria por el fiscal de la Nación, Matías Di Lello en una causa que investiga contaminación con residuos peligrosos en el río Paraná.
En el llamado a indagatoria, se establece que desde al menos el 9 de enero de 2023, fecha en que se tomaron las muestras en el río, se viene contaminando el curso del Paraná, «mediante el vuelco de efluentes líquidos cloacales sin tratamiento, en diferentes puntos de la ciudad, categorizados como residuos peligrosos, poniendo en peligro la salud de los vecinos de la ciudad de San Pedro».
También fueron llamados a indagatoria Javier Silva, ex secretario de Obras Públicas; Ariel Álvarez, ex secretario de Servicios Públicos; Mariano Brañas, actual secretario de Obras y Servicios Públicos; y Jorge Ponzio, director de Servicios Sanitarios de San Pedro.
Según el fiscal existen elementos de prueba suficientes para sospechar los incumplimiento de la leyes que protegen las fuentes de provisión de agua, los cursos y cuerpos receptores de agua.
Di Lello consideró que las conductas atribuidas a los acusados se encuentran tipificadas en el artículo 248 del Código Penal, en concurso real con el artículo 55 de la Ley N°24.051 de Residuos Peligrosos, en carácter de coautores. Es decir, incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real con contaminación ambiental.
La causa inició en 2020 a raíz de la presentación de vecinos de San Nicolás donde se investigan hechos similares a los de San Pedro. El juez federal interviniente es Carlos Villafuerte Ruzo.
En 2022, a raíz de una investigación vinculada al vertido de efluentes con sustancias peligrosas en el río Baradero, se dispuso realizar una pericia sobre muestras tomadas aguas arriba del tubo de descarga de la firma Ingredion Argentina SA (ubicada en Baradero) la cual arrojó como resultado niveles superiores a los límites establecidos por una resolución de la Autoridad del Agua (ADA) de la provincia de Buenos Aires.
Pero los responsables de ese estudio alertaron acerca de que el agua de río ya bajaba con un grado de contaminación fecal. Es decir, una descarga cloacal anterior a la de la industria. En función de ese dato, la fiscalía ordenó ampliar las tareas investigativas al Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA), tendientes a identificar el origen de los coliformes fecales hallados en las muestras tomadas en Baradero.
Así, el grupo especial de la PFA se trasladó al límite de Baradero con San Pedro para obtener muestras en la confluencia del río Paraná con el río Paraná de las Palmas. El resultado de ese análisis fue superior al límite permitido de coliformes fecales termotolerantes, y dieron positivo para la presencia de bacterias de escherichia coli.
En julio de 2023 se ordenó un allanamiento en la municipalidad de San Pedro. En ese momento, el por entonces secretario de Servicios Públicos, Álvarez, manifestó que la planta de tratamiento cloacal de San Pedro pertenecía a la provincia de Buenos Aires, a principios de 1980 pasó a formar parte del patrimonio municipal y funcionó hasta el año 1982. Y aportó que los residuos cloacales son «desechados a un riachuelo que sería un brazo del río Paraná».
Javier Milei tachó otro periodista de la lista de agredidos que acumula desde que asumió la presidencia y le dijo «imbécil» y «pedante» a Carlos Pagni.
El presidente habló ante empresarios en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Los presentes le festejaron las agresiones a Milei, a pesar de que se trata de otro ataque a la prensa, una actitud que el libertario tiene casi a diario.
«Hay un imbécil muy pedante, muy jactancioso, en un programa televisivo que sale una vez por semana que se arroga saber mucho de política y pifió todo y que dice que nosotros no teníamos plan, que improvisamos», dijo Milei luego de anunciar que había bajado la pobreza, pese a que el Indec aún no difundió ningún índice que lo acredite.
«Con el quilombo que teníamos al frente, si no teníamos un programa volábamos por los aires. Porque esto lo empezamos a hacer desde el día uno», dijo el presidente.
«Será que envidia de mi cabellera el señor en cuestión», dijo. «Así lo identifican al mentiroso, farsante y operador», enfatizó como para que no quedaran dudas de que hablaba de Pagni, que es pelado.
Los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, máximas autoridades de la Cámara Federal de Casación Penal, inauguraron este viernes un stand de Café Martínez en el hall de los tribunales de Comodoro Py, junto al CEO de la empresa, Leandro Canabe.
Rodeados de empleados del Poder Judicial, los magistrados probaron la infusión y celebraron la apertura del local que brindará servicio gastronómico y de cafetería para los jueces, fiscales, abogados, trabajadores estatales, periodistas y público en general de las audiencias que se realizan en el viejo edificio de Retiro. «Esto es un sueño», se lo escuchó decir a Borinsky mientras se abrazaba o estrechaba su mano con quienes se acercaban a saludarlo.
Cerca suyo, Petrone trataba de evitar las fotos que los empleados sacaban a través de sus celulares. Ante la consulta de LPO sobre si lo que no le gustaba era el café o salir en las fotos, contestó: «No me gusta la publicidad».
La instalación del local se discutió en el Acuerdo de Superintendencia del 26 de noviembre pasado y, según el resumen de las deliberaciones al que accedió LPO «se dispuso por mayoría librar oficio al Administrador General del Poder Judicial de la Nación, Alexis Varady», bajo el argumento de que ya en 2019 se procedió de igual forma para extender un permiso de uso precario a una empresa de gastronomía para que provea ese servicio en la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. En la votación, los tres jueces que estuvieron en la inauguración votaron por la afirmativa, pero Ángela Ledesma y Gustavo Hornos se opusieron.
Petrone y Barroetaveña en el hall de Comodoro Py.
Borinsky, Barroetaveña y Petrone afirman en la nota dirigida a Varady que se hizo la licitación pública 10-17942/2023 pero «no tuvo adjudicación alguna», y que por eso «este Tribunal efectuó una compulsa de oferentes -Havanna, Lex Café y Café Martínez-«. Allí explican: «resultó en estas particulares circunstancias, conforme a nuestro modo de ver, Café Martínez el más adecuado».
Esa «compulsa» es blanco de objeciones de los jueces y fiscales que critican el desembarco de la empresa en los tribunales. «No sé qué pasó pero Havanna se retiró», dijo una fuente judicial.
Resultó en estas particulares circunstancias, conforme a nuestro modo de ver, Café Martínez el más adecuado.
La propuesta de la firma que prevaleció, con 207 sucursales en Argentina, es montar un local de 20 metros cuadrados en el hall de Comodoro Py, con una barra de 3,5 por 2,5 metros y un espacio para depósito de mercaderías de alrededor de 10 o 15 metros cuadrados. La inversión total rondaría los 77 millones de pesos y en el stand, además de café y otras bebidas, se venderían alfajores, tostados, medialunas y cookies.
El gerente de la empresa posaba con alegría entre los jueces y hasta deslizó ante LPO que estaba interesado en expandir el negocio a otros poderes del Estado.
Barroetaveña, Borinsky y Canabe, CEO de Café Martínez.
Para que la apertura de la «sucursal Py» fuera posible, medió la resolución 133/24 de la Comisión de Administración y Financiera del Consejo de la Magistratura, presidida por el diputado Álvaro González. Ese documento autorizó a los camaristas para emitir «un acto administrativo que otorgue un permiso precario y oneroso» a Café Martínez.
Esa habilitación regirá por un año y sería extensible por 180 días más pero desata la crítica de jueces y fiscales
Desde el entorno de otro legislador que integra el órgano de control de los jueces, explicaron a LPO que «antes había un buffet en esos tribunales y después quedó un kiosco pero al mediodía se corta toda la actividad y no hay negocio que rinda». «¿Por qué tanto lío?», se quejaron.
Frente al cierre del muelle de pesca de San Clemente por problemas edilicios, la Municipalidad de La Costa firmó un convenio con el Club de Pesca Náutica y Fomento de San Clemente para acompañar a la institución en las obras de restauración.
En este marco, el intendente Juan de Jesús mantuvo una reunión con el secretario de Obras Públicas,arquitecto Walter Natalizia; la Directora de Instituciones de Bien Público, María Laura Escalante; y el Presidente del Club de Pesca San Clemente, Rubén Chirizola.
Según manifestó el presidente del club, “Estamos muy contentos porque hemos acordado hoy que la Municipalidad nos va a acompañar en la entrega de materiales y en la dirección técnica, mientras nosotros pondremos la mano de obra. Es una suma importante, que nos permitirá resolver el tema prioritario del Muelle de Pesca de San Clemente y, una vez terminado, abrirlo”.
Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Walter Natalizia, detalló: “La Municipalidad va a proveer los materiales para reemplazar losas del piso del muelle. Además, nos comprometimos a llevar adelante la dirección de obra, limpiar la pasarela de acceso, reforzar la iluminación y entregar el material de pintura para el embellecimiento y mantenimiento del muelle”.
En este sentido, Chirizola adelantó que prevén la reapertura del muelle en el mes de enero. “Más allá de esta situación, hay que trabajarlo a nivel provincial para avanzar en un mantenimiento general del muelle. Si bien no hay un peligro importante en la estructura general, el deterioro es significativo”.
Finalmente, María Laura Escalante, Directora de Instituciones de Bien Público, destacó la importancia del muelle para la localidad y el turismo, así como la labor del Club de Pesca y Náutica. “Consideramos fundamental ayudarlos en esta situación puntual, que para el intendente es clave resolver de cara a la temporada y al próximo año, pensando en el uso de vecinas, vecinos y turistas de la localidad”, concluyó.
El juez en lo contencioso administrativo federal Enrique Lavié Pico rechazó el amparo que presentó el destituido senador nacional Edgardo Kueider para ser repuesto en su cargo.
En su presentación el dirigente que intentó cruzar a Paraguay con 211.000 dólares sin declarar había requerido la anulación de la sesión en la que había sido expulsado del Senado porque -según justificó- la titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, se encontraba en ejercicio del Poder Ejecutivo nacional por la gira de Javier Milei.
Este viernes, Lavié Pico rechazó «in limine» el planteo de la defensa de Kueider quien se encuentra bajo prisión domiciliaria en Asunción.
«Acceder al planteo formulado por el demandante, implicaría la inaceptable declaración de la nulidad por la nulidad misma», sostiene.
«Teniendo en cuenta la presunción general de validez que acompaña a todos los actos estatales y, por ello, toda ley se presume constitucional, toda sentencia se considera válida y todo acto administrativo se presume ajustado a derecho. Así, en virtud del mentado principio de legitimidad que fluye de todo acto emanado del Estado, ante un acto que no esté afectado de un vicio grave y manifiesto, es necesario para quien sostiene su nulidad, alegarla y -sobre todo- probarla», remarca la resolución firmada por el juez Enrique Lavié Pico.
Y agrega que «por los motivos expuestos, corresponde desestimar el planteo intentado por el accionante».
«Corresponde concluir que en el ámbito de las facultades exclusivas atribuidas constitucionalmente, la función jurisdiccional no alcanza al modo de ejercicio de las mismas, por lo que las consideraciones formuladas por los integrantes de la H. Cámara de Senadores de la Nación en oportunidad de la Sesión Pública Especial celebrada el 12 de diciembre del corriente año y la decisión allí adoptada, relativa a la remoción del Senador Nacional Edgardo Darío Kueider por inhabilidad moral para desempeñar tan eminente función pública en razón de los hechos acaecidos en la República del Paraguay, no pueden ser revisados en esta sede judicial porque su examen constituye una competencia exclusiva y excluyente atribuida al Senado de la Nación por el art. 66 de la Carta Fundamental», cierra el fallo.
El pasado miércoles 18, se llevó a cabo una charla de concientización sobre los cuidados de la piel dirigida a los guardavidas, en el SUM de Costa del Este, con la participación de todo el equipo de la Secretaría de Ordenamiento Urbano y Control.
El encuentro estuvo a cargo de la dermatóloga Mariel Santamarina y el objetivo fue informar sobre la importancia de la protección solar y la prevención de enfermedades relacionadas con la piel debido a la constante exposición al sol, la prevención de lesiones cutáneas causadas por la exposición al agua salada y el viento, también se abordó la hidratación de lesiones cutáneas, los riesgos de las quemaduras solares, y la necesidad de utilizar bloqueador solar de amplio espectro, siguiendo las recomendaciones sobre su re-aplicación.
Desde la Dirección de Seguridad en Playa señalaron la importancia de la prevención para la salud de los trabajadores guardavidas, teniendo en cuenta la cantidad de horas que se exponen al sol.
El evento fue organizado en colaboración con el laboratorio Andrómaco. Al finalizar la charla, se entregaron protectores solares a todos los guardavidas presentes y vouchers con un 50% de descuento en farmacias del Partido de La Costa. En estos días se distribuyen los mismos productos a todos los guardavidas que forman parte del operativo.
