Desde Jujuy a Tierra del Fuego, y desde Misiones a Mendoza, el movimiento de mujeres se movilizará este lunes en las principales ciudades de todo el país con motivo de un nuevo aniversario del Ni Una Menos.
Este año las consignas aparecen teñidas por el rechazo a la Ley Bases, a la proliferación de los discursos de odio y al incremento acelerado de la pobreza e indigencia.
En varias de estas acciones, la comisión organizadora solicita concurrir con ropa negra como símbolo de luto, y llevar alimentos no perecederos para distribuir en comedores populares. En la Ciudad de Buenos Aires se convoca a movilizar y concentrar en el Congreso Nacional a partir de las 16:30,
Córdoba capital: la concentración será en Avenida Colón y Cañada, a partir de las 18. Las consignas son: “Basta de Femicidios, lesbicidios y trans-travesticidios”, “Basta de hambre y persecución a les que luchan” y “Paro general y plan de lucha hasta derrotar el plan de Milei, Llaryora y el FMI”.
Neuquén Capital: A las 17 en el Monumento a San Martín, bajo el lema “Las calles son refugio”.
Resistencia (Chaco): A las 9 en Italia y 9 de Julio, convocado por NUM Resistencia y otras 6 organizaciones. La consigna es “Basta de Femicidios y de Quitarnos Nuestros Derechos”.
Mendoza capital: Movilización a las 18 en el Kilómetro Cero (Peatonal Sarmiento y San Martín)
La Rioja capital: A las 17 en Plaza 25 de Mayo
Trelew (Chubut): a las 17:30 en Peatonal Gazin, con la consigna “A las violencias machistas, autorganización feminista”.
Bariloche (Río Negro): A las 17:30 en Moreno y Onelli, con el lema “No es libertad, es odio”.
El Bolsón (Río Negro): A las 17 se iniciará una desde la puerta de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN). Antes, a partir de las 15 habrá “panfletazo”, intervenciones artísticas y lectura de documento en el mismo lugar.
San Miguel de Tucumán (Tucumán): Radio abierta, intervenciones artísticas y mateada popular en la Plaza San Martín a partir de las 16:30. Desde allí saldrá la marcha a Plaza Independencia a las 17:30 con el lema “Basta de matarnos”.
Santa Fe capital: A las 16:30 concentración en Plaza del Soldado para marchar hacia Plaza 25 de Mayo, bajo la consigna “Más hambre, más muertas”.
Río Cuarto (Córdoba): Concentración a las 16:30 en la ex sede de Tribunales ( Alvear y San Martín), bajo el lema “Sin Justicia Social la Libertad no Avanza”.
Ushuaia (Tierra del Fuego): A las 17 marcha en el Superior Tribunal de Justicia, bajo el lema “Con hambre y odio no hay Ni Una Menos”.
San Salvador de Jujuy (Jujuy): Concentración a las 17 en Plaza Belgrano.
Posadas: A las 16, la movilización partirá desde el Mástil (Mitre y Uruguay) hasta la plaza San Martín.
San Juan capital: A las 16:30 en Plaza 25 de Mayo bajo el lema ”No es libertad, es odio”. Cómo actividad de cierre, habrá un altar colectivo por las víctimas del triple lesbicidio de Barracas y por Nora de Cortinas.
Como cada año desde 2015, el movimiento de mujeres y diversidades se movilizará nuevamente este 3 de junio (3J) en todo el país, a instancias del Colectivo Ni Una Menos que esta vez marchará bajo las consignas “Con hambre y odio no hay libertad”, “Abajo la Ley de Bases y el DNU”, “Ni una Jubilada Menos” y “Ni una Lesbiana Menos”.
La convocatoria
En la Ciudad de Buenos Aires, la convocatoria es a movilizar y concentrar el lunes 3 de junio en el Congreso Nacional a partir de las 16:30 y para las 17:30 está prevista la lectura del documento.
“Este año nos convocan los números alarmantes que tiene nuestro país bajo el gobierno de Javier Milei”, dijeron en un comunicado.
En ese sentido, recordaron que “la pobreza llegó al 55% y la indigencia al 18%”, indicador que es aún más grave entre las niñas, niños y adolescentes donde, según Unicef, dado que casi 7 de cada 10 son pobres mientras “el presupuesto destinado a niñeces cayó un 75%”.
Por otro lado, denuncian que “el superávit fiscal anunciado por el gobierno se logró con la plata de las jubilaciones y pensiones”, con recortes de “entre un 24% y un 37%”.
Y mientras “los femicidios, travesticidios, lesbicidios y crímenes de odio muestran números preocupantes”, el gobierno nacional “elimina organismos, entes y, por lo tanto, políticas públicas destinadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia machista”.
En ese sentido, apuntaron que entre el 1 de enero y el 31 de abril de 2024 “ocurrieron 92 femicidios”, según el Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Maricel Zambrano” que dirige La Casa del Encuentro.
Frente a esto, “salimos a las calles con el grito de basta de femicidios y travesticidios”, con un énfasis especial en el reclamo de “Justicia por Pamela, Roxana y Andrea asesinadas cruelmente por ser lesbianas” en lo que constituye un “triple lesbicidio” cometido por un vecino de las víctimas a principios de mayo en el barrio de Barracas.
“Exigimos a Jorge Macri y el Gobierno de la Ciudad soluciones reparatorias para Sofía, sobreviviente de esta masacre. Respuesta habitacional adecuada y acompañamiento integral sostenido en el tiempo y que le garanticen una perspectiva de vida digna y libre de violencias”, dijeron.
“Consideramos que los discursos de odio promovidos por el máximo representante del Ejecutivo Nacional, llevan a una sociedad que actúa en consecuencia. Lo hacemos responsable de que los ataques hacia la comunidad LGBTIQ+ se hayan incrementado y hallan alcanzando su peor expresión”, agregaron.
En ese marco, denunciaron que “el gobierno de Javier Milei instauró la crueldad como política de Estado” que se expresa tanto en lo social, como político y económico.
“Ante esto respondemos en las calles y movilizadas. Seguimos gritando: Ni una menos, ‘Vivas libres y desendeudadas nos queremos’, ‘Fuera el FMI’”, concluyeron.
Entre las participantes se encuentran las trabajadoras de prensa nucleadas en la FATPREN y sindicatos de prensa de todo el país, quienes también convocan, según se acordó en la última Asamblea Feminista Sindical de cara al 3J.
“Estamos convencidas de que es la única forma de enfrentar al gobierno que encabeza Javier Milei que representa ideas y políticas que ya conocemos, que siempre atacaron a la clase trabajadora y en particular a las mujeres y disidencias”, aseguró Carla Gaudensi, secretaria general de la FATPREN.
Partidos políticos, organismos de derechos humanos y figuras de distintos ámbitos expresaron este jueves su pesar por el fallecimiento de Nora Cortiñas y destacaron su “incansable lucha” por los derechos humanos.
Estas son algunas de las repercusiones posteadas en la plataforma X:
Con profundo dolor, lamento el fallecimiento de Nora Cortiñas, un símbolo incansable de la lucha por los derechos humanos en Argentina.
Su legado y valentía nos seguirán inspirando. Mis condolencias a su familia y seres queridos. pic.twitter.com/ZSa9eID8Ju
Con tristeza despedimos a Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo, eterna luchadora por los Derechos Humanos y por la Democracia en nuestro país. Mis condolencias para su familia y sus compañeros. pic.twitter.com/tg0sVCeMxi
Pesar por el fallecimiento de Nora Cortiñas. Fundadora de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y una incansable luchadora por los Derechos Humanos. Acompañamos a familiares, amigos y compañeros y compañeras de militancia. pic.twitter.com/giNiUfl0Sv
— Unión Cívica Radical (@UCRNacional) May 30, 2024
Lamentamos el fallecimiento de Nora Cortiñas. Tenía 94 años. Incansable militante de derechos humanos e integrante de Madres de Plaza de Mayo, puso su cuerpo en todas y cada una de las luchas de las últimas décadas; por eso la llamaban la «madre de todas las batallas». pic.twitter.com/EmkWpwM25V
— Frente Renovador (@FrenteRenovador) May 30, 2024
Con profundo dolor, despedimos a nuestra hermana de lucha Nora Cortiñas, referente indiscutida del movimiento de derechos humanos en la Argentina. ¡Hasta la victoria siempre, querida Norita! https://t.co/ixwhVDVL9fpic.twitter.com/JIAmYJW2BW
— Abuelas de Plaza de Mayo (@abuelasdifusion) May 30, 2024
¡HASTA SIEMPRE, NORITA!
Con profundo dolor, despedimos a Nora Cortiñas. Buscando a su hijo Gustavo se hizo madre del pueblo. Con pañuelo blanco y verde, en las luchas por justicia, con la sonrisa, con la fuerza de lo imposible Abrazamos a su familia Hasta la victoria, siempre pic.twitter.com/8N1383af8B
— H.I.J.O.S. Capital (@hijos_capital) May 30, 2024
Con profundo dolor y tristeza, nos toca despedir a Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo e integrante de nuestra CPM, incansable luchadora por los DDHH, abanderada de las causas justas, cercana siempre a las víctimas, a quienes sufren la violencia estatal y la desigualdad. pic.twitter.com/EBELcA3dVk
— Comisión Provincial por la Memoria (@CPMemoria) May 30, 2024
La histórica y entrañable referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, murió en la tarde del jueves tras permanecer varios días en terapia intensiva luego de ser operada por una hernia en el Hospital de Morón, dejando un enorme legado de lucha por los derechos humanos, según informaron fuentes familiares.
Nora Morales de Cortiñas, más conocida y llamada por todos como “Norita”, había cumplido 94 años el pasado 22 de marzo y 47 años de lucha junto a las Madres desde aquella primera ronda el 30 de abril de 1977.
Quince días antes de esa primera ronda, el hijo mayor de Norita, Carlos Gustavo Cortiñas, fue secuestrado cuando se dirigía a la estación de trenes de Castelar, en la zona oeste del conurbano bonaerense.
Gustavo iba de camino a su trabajo en el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Indec), y su secuestro, marcó un antes y después en la vida de Nora y su familia.
Con profundo dolor, despedimos a nuestra hermana de lucha Nora Cortiñas, referente indiscutida del movimiento de derechos humanos en la Argentina. ¡Hasta la victoria siempre, querida Norita! https://t.co/ixwhVDVL9fpic.twitter.com/JIAmYJW2BW
— Abuelas de Plaza de Mayo (@abuelasdifusion) May 30, 2024
En numerosas entrevistas se refirió a ese “impulso visceral”, “desde adentro”, que impulsó a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo a buscar a sus hijos y nietos arrebatados por la última dictadura cívico militar.
Nora siempre ponderó el trabajo que los organismos emprendieron en esos años de terror, al asegurar que llevaron a cabo una “búsqueda colectiva”, basada en la proclama inicial que lanzó en su momento la fundadora de Madres, Azucena Villaflor, secuestrada y asesinada por la dictadura en diciembre de 1977.
“Todas por todas y todos son nuestros hijos”, era la consigna que guió a Madres, Abuelas y familiares de las víctimas. Una premisa que Nora intentó cumplir a lo largo de su larga trayectoria militante por los derechos humanos, contra el olvido y la impunidad.
En aquellas primeras rondas de los jueves, cuando eran un pequeño grupo de Madres y en pleno estado de sitio, Norita contó que esas mujeres, que habían decidido desafiar la realidad imperante, encontraron la “excusa” para “circular” como les solicitaban los efectivos policiales.
Entre las “anécdotas” que solía rememorar, se encuentra la de la vez que un policía le pidió que abone los 30 centavos del edicto policial por “hacer escándalo en la vía pública” y Nora abrió su monedero y le dio 60. Ante la corrección del oficial de que sobraban 30 centavos, Norita le contestó: “No, cobrate para el jueves que viene ya”.
La amenazaron, la reprimieron, la detuvieron en comisarías, desaparecieron a varias de sus compañeras de lucha, pero Norita volvió una y otra vez a la Plaza. Nunca supo qué sucedió con su hijo Gustavo. Una desaparición forzada a la que en más de una oportunidad se refirió como “una angustia prolongada” y un “crimen permanente porque todos los días se comete” al no saber dónde está un ser querido.
Ya en democracia, Cortiñas seguiría peleando junto a las Madres por Memoria, Verdad y Justicia. Nada la detuvo, ni las situaciones políticas más adversas, ni la obediencia debida ni puntos finales, ni los gases y disparos de la policía montada a caballo en la represión de diciembre de 2001, ni el frío ni el calor.
La amenazaron, la reprimieron, la detuvieron en comisarías, desaparecieron a varias de sus compañeras de lucha, pero Norita volvió una y otra vez a la Plaza. Nunca supo qué sucedió con su hijo Gustavo.
Norita siempre estaba donde había que estar, defendiendo los derechos de quienes ya no están, de quienes habitan este suelo y de los que vendrán.
En el último tiempo y a pesar su avanzada edad, aparecía en cuanta marcha o actividad que por una causa justa hubiera.
Era habitual ver a una multitud abrirse para darle paso, siempre con su pañuelo blanco anudado a la garganta, un labial tenue como marco de su dulce sonrisa, la foto de Gustavo bien pegada al pecho y, en estos últimos años, un pañuelo verde en una de sus muñecas que dejaba lucir cada vez que alzaba el puño cerrado en señal de lucha al terminar de decir unas palabras.
Por todas las causas justas
Entre otras tantas causas, Cortiñas fue una fiel militante en la Campaña por la Interrupción Voluntaria del Embarazo a favor del Aborto legal, seguro y gratuito.
En el último Paro Feminista previo a la pandemia, el 8 de marzo de 2020, Norita ocupó un lugar en el escenario y siguió apoyando la causa hasta la aprobación de la Ley 27.610 en diciembre de ese año.
Para el 75° aniversario de la Agencia Télam, apenas iniciada la pandemia, Norita envió un saludo especial para todos sus trabajadores, palabras que siguen vigentes en la lucha actual para evitar el cierre de la Agencia Nacional de Noticias.
“Saludos a los compañeros de Télam por su gran trabajo y esfuerzo de seguir adelante, defendiendo las fuentes de trabajo, por su ética y honestidad de seguir trabajando aún en los peores momentos y poder así ganar en una lucha tan dura. Seguimos luchando juntos hasta vencer. Saldremos adelante de esta pandemia y nos abrazaremos nuevamente en las calles cuando nos encontremos”, expresó en aquel audio enviado desde su casa en abril de 2020.
Y así fue. Norita siguió hasta sus últimos días luchando en las calles, buscando Memoria, Verdad y Justicia por los 30 mil desaparecidos y defendiendo los derechos humanos de todo aquel a quien le fueran vulnerados.
Estuvo acompañando de cerca a la familia de Santiago Maldonado en el largo proceso por la investigación de su muerte en 2017, viajando inclusive con una comitiva de organismos de derechos humanos a Chubut ese mismo año para interiorizarse sobre el estado de salud de integrantes del Lof de Resistencia Mapuche Cushamen.
Cortiñas participó en numerosas movilizaciones de familiares de víctimas de gatillo fácil, marchas para defender la educación pública o protestas contra el endeudamiento externo del país y también acompañó distintas causas judiciales que involucraron a sectores estigmatizados, como su asistencia a la segunda audiencia del emblemático juicio contra Eva Analía “Higui” de Jesús, absuelta en 2022 tras haber sido acusada de “homicidio simple” por haberse defendido de un intento de violación grupal en 2016.
El pasado 24 de marzo, asistió como cada año en la conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
Antes de esa conmemoración, y en diálogo con Somos Télam, había expresado que esperaba que ese día “el pueblo argentino vuelva a salir a la calle, para mirarnos a los ojos, tomarnos de la mano, caminar y caminar para recordar y reivindicar la lucha de todos estos años”.
En su larga trayectoria como activista, recibió, entre otras distinciones, tres doctorados Honoris Causa por la Universidad Libre de Bruselas en el año 2000, la Universidad de Salta en 2004, y la UBA en 2012. El pasado 20 de mayo, llegaría su último reconocimiento en la Legislatura Porteña con el premio Jorge Morresi a “a la trayectoria, al compromiso y a la defensa de la democracia y los derechos humanos”.
Se desempeñó como psicóloga social y profesora en la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) donde fue titular de la cátedra libre “Poder Económico y Derechos Humanos” y de la materia curricular homónima para la carrera de Contador Público.
Además, dictó cursos en universidades, colegios secundarios, centros de estudios y asociaciones de profesionales, organizaciones civiles y sindicales. Su incansable búsqueda de verdad y justicia la llevó a participar de innumerables congresos y seminarios a nivel nacional e internacional.
El libro biográfico “Norita. La Madre de todas las batallas” del periodista Gerardo Szalkowicz recorre sus vivencias imposibles de resumir en estas breves líneas por la inmensidad y variedad de luchas que acompañó e impulsó a lo largo de sus 94 años de vida.
Estoy en cualquier lado acompañando las luchas contra todas las opresiones; porque, sencillamente, quiero cambiar este mundo injusto. Dentro de muchos años me gustaría ser recordada con una sonrisa y con ese grito que significa todo lo que siento dentro mío: ¡Venceremos!”
NORA CORTIÑAS
El extracto textual de Norita que figura en la contratapa de ese libro, explica cuál fue el motor de su incansable lucha y cómo quería ser recordada: “En ese caminar fui asumiendo las banderas de mi hijo y entendiendo que si él peleaba contra todas las injusticias yo también debía hacerlo”.
“Esa ausencia (la de su hijo), ese dolor que siento todos los días, es el motor de mi compromiso. Por eso estoy en cualquier lado acompañando las luchas contra todas las opresiones; porque, sencillamente, quiero cambiar este mundo injusto. Dentro de muchos años me gustaría ser recordada con una sonrisa y con ese grito que significa todo lo que siento dentro mío: ¡Venceremos!”, puntualizaba Nora en un párrafo que resumía todo el sentir de su compromiso con la vida, la memoria y contra el olvido.
El Foro Economía y Trabajo, que integran la CGT, ambas CTA (de los Trabajadores y Autónoma), pequeñas y medianas empresas, cooperativistas y otros espacios políticos y sociales, aseguró que “el endeudamiento externo del país, que condiciona las decisiones de política económica, es la contraparte del proceso de fuga de capitales que limita las posibilidades de desarrollo”, y denunció que “es un círculo vicioso que propicia el presidente Javier Milei a través del RIGI”, afirmó hoy el sector.
“Se trata de un círculo vicioso que propicia Milei al considerar que aquel que fuga dólares es ‘un héroe’, que ‘no importa de dónde venga la plata’, y que es ‘mejor’ que se compren ‘en negro’ para no pagar impuestos”, según dijo en el Foro Empresario de Llao Llao el 19 de abril último, afirmó un documento.
Para el Foro, que también integran economistas y otros especialistas a propuesta de las organizaciones sindicales, en “ese círculo vicioso el Estado se subordina al sector financiero por los pagos de capital, intereses y comisiones en detrimento de las obligaciones fijadas por la Constitución asociadas a los derechos humanos –como el acceso a la energía y el agua, la alimentación, la vivienda y las condiciones laborales-, la previsión social, la salud, la educación, la infraestructura, la seguridad y la defensa, por lo que crece el déficit fiscal y cuasi-fiscal, se quiebra el orden de las cuentas públicas y se condena la posibilidad de planificación integral del desarrollo nacional”, denunció el espacio.
El crecimiento de la deuda
“Entre 1976 y 2023 la deuda externa acumuló 286 mil millones de dólares y, la fuga de capitales al exterior, 351,9 mil millones de dólares, mientras que en ese período el déficit fiscal primario –que incluye el consolidado de Nación, Provincia y Municipios- ascendió a 99,4 mil millones de dólares. Es la consecuencia de la estrategia transnacional de valorización financiera que ejecutan las principales corporaciones empresarias locales y foráneas. En la estimación oficial de más de 430.000 millones de dólares de activos externos de argentinos -que continúa incrementándose en los últimos meses- se oculta la fuga sistemática de grandes capitales hacia el exterior, lo que provoca un enorme perjuicio a la recaudación tributaria y a la solvencia fiscal”, denunció el documento del espacio político-gremial.
También señaló que las grandes corporaciones exteriorizan firmas y capitales en guaridas fiscales, evaden y/o eluden tributos, subfacturan exportaciones -dejando el saldo en negro en el exterior- y sobrefacturan importaciones, queda el excedente en cuentas afuera y reingresan a través de blanqueos, precios de transferencia o negocios financieros presionando sobre el tipo de cambio.
El RIGI
“El Senado analiza la Ley Bases, que contiene un Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) para facilitar esa fuga y eximir a los futuros beneficiarios de ingresar al país el 100% de las divisas que se obtienen por exportación luego del tercer año (artículo 195), reduciéndoles de forma notoria impuestos, retenciones, derechos de exportación (artículo 180 y subsiguientes) o admitiendo la libre importación de bienes de capital e intermedios -maquinaria, tecnología, insumos, servicios- (artículo 187 y subsiguientes), sin control de impuestos y garantizando el acceso a las divisas en el mercado local para pagarlas (artículo 197)”, sostuvo el documento de prensa del sector.
Una protesta de pymes contra el RIGI.
Para el Foro, el RIGI garantizará “la entrada y salida de capitales a la medida de las grandes corporaciones interesadas en la extracción y exportación de materias primas, al permitir la no diferenciación de precios locales de los internacionales en producciones nacionales con menores costos (rentas diferenciales), inhibiendo la accesibilidad a éstas por parte de los consumidores y eliminando la alternativa de impulsar la reestructuración de la matriz industrial con valor agregado”.
“Esa iniciativa, por el contrario, propicia una regresión de la estructura productiva al discriminar de forma negativa a la pequeña y mediana empresa sobre los beneficios tributarios y, a los trabajadores argentinos, en las posibilidades de empleo que de esa manera fugan al exterior”, enfatizó.
Según la Gerencia de Estadísticas del Sector Externo del Banco Central (BCRA), la formación de activos externos privados no financieros entre diciembre de 2023 y marzo de este año fue de 543 millones de dólares, la de activos externos del sector financiero (PGC) en ese período de 843 millones de dólares y, la de activos externos del sector público, de 31 millones de la misma moneda.
El Foro convocó una vez más a “no vender a la Patria” y afirmó: “Las divisas provenientes de la exportación generada por los proyectos de inversión promovidos por el proyecto oficial al cuarto año no ingresarán a la economía argentina, no servirán para superar la denominada restricción externa y, en cambio, habrá consecuencias negativas sobre la balanza comercial y cambiaria”.
“Al cerrar ese círculo vicioso, en ese régimen ‘no importa de dónde venga la plata’, y no se establecen controles sobre el origen de los fondos a invertir; se facilita el blanqueo de capitales fugados de forma ilegal o provenientes del lavado de dinero como consecuencia de actividades delictivas (evasión tributaria, contrabando) o criminales (comercio de narcóticos, personas o armas)”, puntualizó.
También sostuvo que ese proyecto atenta contra los recursos naturales y la industria y el trabajo nacionales y debilita la soberanía cuando somete cualquier conflicto a litigios en tribunales mundiales, como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones.
“El Congreso está a horas de asumir su responsabilidad constitucional respecto de la superación del obstáculo que el círculo endeudamiento-fuga supone para la integridad de la Nación. El RIGI es uno de los motivos centrales por los que la Ley Bases debe ser rechazada totalmente”, concluyó el documento del Foro, que coordina el dirigente bancario Eduardo Berrozpe e integran, entre otros, Juan Costa, Ricardo Aronskind, Norberto Crovetto, Roberto Feletti, Santiago y Pablo Manzinelli, Felisa Miceli, Tomás Raffo, José Sbatella Nahuel Silva, Andrés Wainer y Raúl Dellatorre.
Distintos organismos del gobierno de la provincia de Buenos Aires rechazaron la posibilidad de que se reforme el sistema de prestaciones para personas con discapacidadpara que cada organismo financiador determine, de manera independiente, los valores arancelarios de las prestaciones, “lo que propiciaría un sistema fragmentado y desigual”.
La iniciativa de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se conoció el viernes pasado y busca desregular el Sistema Único de Prestaciones Básicas de Atención Integral para que “los organismos públicos nacionales financiadores fijen de forma independiente -y no vinculante entre ellos- los valores arancelarios de las prestaciones incorporadas o a incorporar en el nomenclador de prestaciones básicas para personas con discapacidad”.
Por ello, el Consejo Provincial para Personas con Discapacidad (Coprodis) y el Ministerio de Trabajo bonaerense manifestaron su rechazo a la propuesta.
Los argumentos del Coprodis
“Este accionar, vuelve a atacar los derechos de las personas con discapacidad, y es por esto que expresamos nuestro apoyo y compromiso en la defensa de los mismos, y en proteger el acceso del colectivo a los servicios que necesitan”, indicaron desde el Coprodis y apuntaron que “las personas con discapacidad tienen derecho a un sistema unificado, coherente y equitativo”.
La Ley Provincial 10.592 de la Provincia de Buenos Aires, promulgada en 1988, establece el marco legal para la promoción, protección y garantía de los derechos de las personas con discapacidad en la provincia.
La norma se inscribe en un contexto más amplio de normativa nacional e internacional, entre las que se encuentra la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que busca asegurar la inclusión plena y equitativa de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida social.
COPRODIS rechaza la desregulación del Sistema Único de Prestaciones.
La medida impulsada por la @andiscapacidad atenta contra la igualdad en el acceso a las prestaciones de salud, rehabilitación y asistencia de las personas con discapacidad.
En ese marco de obligaciones que tienen todos los entes gubernamentales, el COPRODIS se pronunció “en solidaridad con los planteos de diversos colectivos de personas con discapacidad, familias, trabajadores independientes e instituciones” e instó “a que se descarte este decreto y se busquen soluciones que prioricen los derechos y necesidades de las personas con discapacidad”.
“Para desarrollar medidas relacionadas con el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, es deber del Estado, a partir de las obligaciones asumidas mediante la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, garantizar la participación y la inclusión de las voces de las personas con discapacidad, sus organizaciones y colectivos, en cada etapa del proceso”, apuntaron.
“Esto es esencial para crear políticas efectivas, justas y sostenibles, ya que no solo asegura el respeto de sus derechos, sino que también enriquece el proceso de toma de decisiones, fortalece la democracia y promueve una sociedad más inclusiva y equitativa”, afirmaron.
El Coprodis es un espacio de articulación y coordinación con los distintos organismos interministeriales y organizaciones civiles involucrados en el desarrollo de políticas intersectoriales orientadas a la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad.
Qué dice el Ministerio de Trabajo
En tanto, la cartera laboral provincial también manifestó su “total rechazo al proyecto que propone la desregulación del nomenclador único de prestaciones básicas para personas con discapacidad, situación que implica un retroceso en los derechos adquiridos por el colectivo” y consideró que “esta desregulación destruiría el principio de universalidad y el de igualdad de acceso a las prestaciones para las personas con discapacidad, que llevó tantos años de trabajo y esfuerzo poder construir”.
Desde el área se recordó en un comunicado que, “actualmente existe un nomenclador en donde se especifican las prestaciones establecidas por la Ley 24.901 y el arancel que le corresponde a cada una y que los diversos entes que dan cobertura (obras sociales, prepagas, PAMI, Incluir Salud) están obligados a pagar en su totalidad con sus propios recursos económicos. Aranceles que se actualizan según la inflación y los índices salariales”.
“El proyecto de decreto establece que cada organismo público nacional financiador del Sistema de Prestaciones fije por su cuenta los aranceles para cada prestación, obviando que existe un Directorio que tiene esta obligación por el Decreto 1193/98 y se ocupa de que quienes brindan estas prestaciones cumplan con exigencias edilicias y de recursos humanos para ser aceptados como prestadores del Sistema”, apuntaron.
Para el Ministerio que conduce Walter Correa, “esto viene a romper un logro fundamental: que las personas con discapacidad sean atendidas en los servicios categorizados por el Estado o por profesionales inscriptos en la Superintendencia de Servicios de Salud sin importar su situación económica, mientras cuenten con el certificado único de discapacidad y una cobertura a través de una obra social, del PAMI, de la prepaga o de Incluir Salud”.
“De prosperar esta iniciativa, volveremos a una etapa en donde las personas con discapacidad podrían no recibir atención de acuerdo a la obra social que tuvieran. De establecerse aranceles que no llegaran a cubrir el costo de las prestaciones muchas instituciones o profesionales dejarán de atender a esta población”, subrayaron.
Como parte del Coprodis, exigieron a los funcionarios “que revean esta medida que puede entorpecer la atención de las personas con discapacidad, un derecho que se obtuvo hace ya más de 25 años”.
Las protestas por recomposición salarial de las y los docentes se intensificaron en Misionesluego del acuerdo alcanzado por la policía de la provincia, con la permanencia del acampe montado sobre la avenida Uruguay de la capital misionera y cortes de rutas nacionales y provinciales en distintos puntos de la provincia.
“El relato de que no había plata me parece que ya está a las claras: hay plata y mucha plata para poder pagar salarios dignos que garanticen que los trabajadores podamos tener todos los días algo para colocar en la olla”, dijo el vocero del Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha de Misiones, Carlos Lezcano.
Es decir que “lejos de apaciguar el conflicto con los docentes, esto se profundiza y también debemos hacer una lectura de que el Gobierno comienza a ceder luego de una postura tan radicalizada, donde decían que no había plata y aparentemente lo que veníamos diciendo nosotros -que sí había, y mucha-, empieza a aparecer esa plata”, aseguró el docente misionero.
El dirigente dialogó hoy con Somos Télam desde el corte total de la ruta nacional 12 a la altura de San Ignacio y explicó que “si bien nosotros estamos con un acampe -a metros del acampe que tenía la policía- que continúa en la Avenida Uruguay, hay que entender que el conflicto docente está ramificado en toda la provincia. Nosotros venimos con sucesivos cortes de rutas, rutas nacionales 12 y 14 y rutas provinciales”.
De esta forma, Lezcano explicó que “previo al conflicto, ya el gobierno unilateralmente les había cerrado a la policía el salario en $408.000, que era un incremento de 8% para mayo y terminan cerrando, para el cargo del agente, el más básico, en $620.000 a junio, es decir, más del 50%. Hay una gran distancia”.
“Tenemos que entender que el trabajador docente, sobre todo el más sometido, en abril todo lo que tenía en un cargo maestro, preceptor, bibliotecario, estaban por debajo de la línea de la indigencia, salarios de $237.000 a $390.000 y los que tenemos encima carga horaria o doble cargo, estábamos rozando la línea de la pobreza”, indicó Lezcano.
El dirigente sindical afirmó que “esto es lo que generó que la gente saliera, un acuerdo (firmado) con el sector riñón, que es UDPM, que deja el piso en $400.000, nos sigue dejando en el límite de la indigencia”.
#Misiones Tras más de 10 días de conflicto, la policía llega a un acuerdo: docentes mantienen el acampe
Delegados de la Unión del Personal Policial y Penitenciario de la Provincia y el Servicio Penitenciario Provincial llegaron a un acuerdo salarial con el gobierno provincial. pic.twitter.com/eSGh2Sp2An
“La docencia profundizó la lucha y esperemos que esto se encauce donde se deba encausar y volvemos a insistir: nosotros salimos a buscar salario, más allá de que el Gobierno ahora moviliza a la militancia porque dice que está en riesgo su gobernabilidad y que hay un intento de desestabilizar. Nosotros no venimos a tumbar ningún Gobierno, vinimos a salir a buscar que todos los días pongamos algo en nuestra olla”, dijo Lezcano.
Tanto el viernes 31, el sábado 1 y el martes 4 de junio, el Gobierno tiene previsto reunirse con los diferentes gremios -el sábado con el sector de docentes en lucha- para abordar la recomposición del salario y cuestiones que hacen a la pirámide salarial.
Las protestas de docentes y personal de salud en la ciudad de Posadas continuaron hoy con los acampes sobre la avenida Uruguay y frente a la cartera sanitaria.
En la jornada de hoy las protestas se intensificaron con cortes totales en las rutas nacionales 12 (a la altura de Santa Ana, San Ignacio, de Montecarlo y Puerto Libertad) y 14 (en la localidad de San Vicente). También hubo corte sobre la ruta provincial 103 en la localidad de Mártires.
Asimismo, este jueves está previsto el corte en la Aduana de la localidad fronteriza con Brasil de Bernardo de Irigoyen.
Los alimentos almacenados por el Ministerio de Capital Humano en un galpón de Villa Martelli siguen despertando las críticas de diferentes referentes de la Iglesia, que reclaman que sean distribuidos de manera urgente en los comedores populares.
Cientos de personas se manifiestaron el martes frente al depósito donde el gobierno nacional tiene almacenado casi tres mil toneladas de alimentos y solicitaron que el Ministerio de Capital Humano cumpla con el fallo del juez federal Sebastián Casanello, quien ordenó el lunes que en 72 horas elabore un plan para distribuir la comida.
Tras la masiva movilización, el grupo de Curas en Opción por los Pobres se acercó al lugar en las últimas horas y advirtió que, si el lunes no se empezaron a repartir los alimentos tal como obligó la justicia, iniciarán una huelga de hambre.
“Si el lunes no se empezaron a repartir las 5 toneladas de alimentos, el padre Rodolfo Viano, el hermano franciscano Nicolás y Francisco Paco Olveira comenzaremos una huelga de hambre en la puerta del depósito”.
“Esta tarde nos acercamos, con algunos compañeros del grupo de Curas en Opción por las y los pobres a intervenir simbólicamente el galpón de Villa Martelli donde duermen toneladas de alimentos que en justicia le pertenecen a los miles que tienen derecho a vivir y alimentarse. ‘Quién quita el pan al pobre es un asesino’, dice Eclesiástico 34,21”, señalaron los curas OPP.
Asimismo informaron que “si el lunes no se empezaron a repartir como obligó la justicia las 5 toneladas de alimentos retenidas en el galpón de Villa Martelli y en el de Tucumán, el padre Rodolfo Viano, el hermano franciscano Nicolás y Francisco Paco Olveira comenzaremos una huelga de hambre en la puerta del depósito con una celebración ecuménica a la que invitamos a todos los cultos y sus representantes a participar”.
En los últimos días, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Oscar Ojea, pidió al gobierno de Javier Milei que entregue “rápidamente los 5 millones de kilos de “alimentos guardados”.
Por su parte, el obispo de San Justo, monseñor Eduardo García, se sumó al pedido y sostuvo que “no hay que desproveer a la comunidad de aquello que es necesario para su vida y que es fundamental para la alimentación”.
“Estamos en una situación de emergencia bastante complicada y está faltando el alimento. Muchos de los comedores que eran sostenidos con lo que aportaba el Gobierno, en este momento no lo están, entonces resulta muy difícil cuando los más afectados son los más vulnerables”, advirtió.
Los reclamos en el interior del país
En las últimas horas, referentes religiosos de Rosario también acompañaron el pedido de monseñor Ojea.
El párroco Fabián Monte, vicepresidente de Cáritas Rosario, señaló que desde principio de año se nota un aumento importante de familias que necesitan asistencia y consideró “una picardía” que haya tanta mercadería guardada en momentos de tanta necesidad.
“Somos los primeros interesados en que la plata para los pobres llegue a los pobres y que nadie lucre con eso. Pero eso no parece una razón para que la comida no llegue a los lugares donde tiene que llegar”, analizó en diálogo con Rosario/12.
En la misma línea, para el padre Jorge Aloi es un “despropósito” que no se distribuyan alimentos, que puedan echarse a perder, cuando la gente está pasando hambre. “Me parece bien que la Iglesia levante su voz para tratar de hacer reaccionar y pedir que se tome conciencia”, señaló.
En tanto, desde la provincia de Misiones, el sacerdote Alberto Barros -de Cáritas Posadas- apoyó el pedido realizado por Ojea: “Comparto plenamente el pedido que ha hecho el obispo Oscar Ojea. Realmente llama la atención que el Gobierno nacional no haya hecho el más mínimo gasto en alimentos desde que asumió”.
“Los obispos argentinos también lo han remarcado en el último documento que han dado al país firmado el 19 de abril, donde entre tantas cosas que denuncian hablan de la carencia de alimentos en los comedores, lo cual es gravísimo en un momento de profunda crisis socioeconómica”, agregó.
El cura Barros también cuestionó las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien argumentó que los alimentos no se distribuyen para evitar robos: “Es un argumento muy infantil, hasta casi insultante. Es inadmisible que no se reparta la comida para que no se la robe, cuando todos sabemos la cantidad de gente que depende de los comedores para poder tener el alimento cotidiano”.
“Hay miles de comedores en Argentina. Cáritas tiene algunos; pero en porcentaje es un número mínimo comparado con la cantidad de comedores que tienen organizaciones barriales, no gubernamentales y movimientos sociales. Todo eso se cortó desde diciembre. No hubo más envío de mercadería a los comedores”, concluyó con preocupación.
Con su alejamiento del gobierno de Javier Milei, Nicolás Posse se convirtió en el jefe de Gabinete que menos duró en ese cargo durante un gobierno democrático y, con su partida, ya son 52 los funcionarios que dejaron de ser parte del gobierno de La Libertad Avanza, desde el 10 de diciembre hasta hoy.
Posse, quien ejerció funciones hasta el lunes, duró 169 días en el cargo y se convirtió en el jefe de Gabinete que menos estuvo en ese cargo, superando el récord que ostentaba Alberto Fernández, cuando estuvo en ese puesto entre el 10 de diciembre de 2007 y el 23 de julio de 2008 -un total de 226 días- durante el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner.
“El día de hoy, el presidente Javier Milei aceptó la renuncia presentada por Nicolás Posse a la jefatura de Gabinete. Motivó esta decisión la diferencia de criterios y expectativas en la marcha del Gobierno y las tareas encomendadas”, señaló el comunicado oficial difundido en la noche del lunes por la Jefatura de Gabinete.
Posse será reemplazado por Guillermo Francos, quien se desempeñaba hasta el momento como ministro del Interior, que ahora pasa a ser una secretaría y quedará al frente de Lisandro Catalán.
La salida de Posse arrastró también la partida del gobierno de un hombre de su confianza, el titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Silvestre Sívori.
Los otros nombres
Según el relevamiento realizado por Somos Télam, con Posse y Sívori, ya son 52 los funcionarios que dejan el gobierno de Javier Milei en menos de seis meses de gobierno, y se espera que la lista se engrose en las próximas semanas tras las declaraciones del propio mandatario.
“Nuestro primer hito de gestión terminaría con el desenlace de la Ley Bases que puede salir bien o puede no salir. Esa situación va a llevar a que, marcado ese hito, nosotros tengamos que hacer una evaluación de resultados. Queda bajo análisis todo el Gabinete, no solo Posse”, dijo el Presidente en los últimos días en declaraciones periodísticas.
El exjefe de Gabinete es el ministro más importante que deja su cargo, lo que se suma a las partidas del exministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro en febrero; y luego del titular de la Anses, Osvaldo Giordano; la secretaria de Minería, Flavia Royon y el secretario de Trabajo, Omar Yasin, entre otros.
Omar Yasín, ex secretario de Trabajo. Foto: X@GabinoTapiaBA.
En mayo, los funcionarios que abandonaron el cargo fueron el jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia, Diego Guerendiain; el jefe de Gabinete del ministerio de Defensa, Carlos Becker Fioretti; la subsecretaría de Trabajo, Liliana Acosta de Archimbal; y el subsecretario de Empleo, Luis Palomino.
También se fueron de sus puestos el subsecretario de Asuntos Internacionales en la secretaria de Derechos Humanos, Mathias Valdez Duffau; el presidente del Bice, Juan Manuel Troncoso y la Directora General de Aduanas, Rosana Ludovico, entre otros.
Otros funcionarios que se habían ido previamente fueron el director de control Pesquero, Julián Suárez; el coordinador general de Cancillería, Pablo Ferrara; el subsecretario de Empleo Público, Ricardo Bocacci; el director de la Casa Patria Grande Néstor Kirchner, Marcelo Basilotta y el director de la Televisión Pública, Juan Parodi.
Los primeros funcionarios en irse
Las primeras renuncias en el Gobierno fueron el exsubsecretario de Medios, Eduardo Roust y el exdirector de comunicación del gobierno nacional, Juan Caruso, quienes abandonaron sus puestos en el gobierno nacional en la primera semana de gestión. Ambos renunciaron a sus cargos aduciendo “imposibilidades” para trabajar en el área de comunicación del gobierno.
Antes de finalizar el 2023, la exsecretaria de Comunicación, Belén Stettler, quien formaba parte del equipo del asesor de gobierno, Santiago Caputo, renunció a menos de 20 días de iniciada su gestión por causas desconocidas.
Sin embargo, la primera gran salida del gobierno fue la del exministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, a fines de enero, tras ser acusado por sectores del gobierno de “filtrar información” a la prensa.
La derrota legislativa que representó ese mes el retorno a comisión de la denominada Ley “Bases” representó la caída de dos funcionarios ligados a los gobernadores de Salta y Córdoba, Flavia Royon (en Minería) y Osvaldo Giordano (Anses).
El decreto 206/24 -que habilitaba una suba de sueldo de un 48% para el Gabinete y luego fue derogado- provocó el alejamiento del Gobierno del secretario de Trabajo, Omar Yasin.
Los funcionarios que dejaron el Gobierno. /Infografía: Somos Télam.
Otros funcionarios que abandonaron la gestión pública durante el gobierno libertario fueron Ricardo Schleiper (Subsecretario de Deportes), Enrique Rodríguez Ghiantore (Superintendente de Salud), Horacio Pitrau (Subsecretario de Trabajo), Armando Guibert (Secretario de Transformación del Estado), Diego Marias (Interventor de Medios públicos), Pablo Rodrigué (Subsecretario de Políticas Sociales de la Secretaría de Niñez), David Arauchan (Agencia Nacional de Discapacidad), Pablo Lostri (Secretario de Vivienda), Sebastián García de Luca (Secretario de Articulación federal del Ministerio de Seguridad), Cristian Sedam (Gerente de Contar) y Alejandro Guglielmi (Jefe de la Casa Militar).
También renunciaron a sus cargos Guillermo Abdala Bertiche (Director Nacional de Acuicultura), Geraldine Calvella (Dirección de Fiscalización de Centro de Documentación del Registro Nacional de Personas (Renaper), Ricardo Spartano (Secretario de Coordinación Administrativa de Capital Humano), Nicolás Striglio (Gerente de Control Económico y Financiero de la Superintendencia de Salud), Agustín Sánchez Sorondo (Director Administrativo del ministerio de Capital Humano), Daniel Ibáñez (Subsecretario de la pequeña y mediana empresa) y Juan Ignacio López Montoiro (Subsecretario de gestión Administrativa de la secretaria de Trabajo).
Otros funcionarios que abandonaron funciones, pero continúan en el gobierno: Rodrigo Aybar renunció a su cargo de Subsecretario de Innovación de la Economía Solidaria del ministerio de Capital Humano pero luego asumió como subsecretario de Vivienda, mientras que el influencer Iñaki Gutiérrez, quien fuera el encargado de las redes sociales durante los primeros días de la gestión, quedó relegado al manejo del TikTok de Milei, luego de que posteara en la cuenta oficial de Casa Rosada una foto con su novia con la frase “Feliz 2024 a todos”.
La Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, recibió este lunes a las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN),” a fin de retomar la agenda de trabajo conjunta en torno a la actualización del presupuesto universitario 2023/2024”, informó esa cartera en un comunicado.
La Ministra y el Secretario de Educación, Carlos Torrendell, buscaron “acordar la creación de una comisión para la confección del presupuesto 2025” a la vez que analizarán “las medidas existentes para profundizar la transparencia de los fondos que se transfieren a las instituciones universitarias y el debido cumplimiento de las rendiciones de dichos gastos”.
El CIN viene denunciando el “período crítico” que atraviesa el sector “como consecuencia de las políticas implementadas por el gobierno nacional”, según ratificó en el documento “La universidad pública: base de la democracia y el desarrollo social”, emitido el 23 de abril en el contexto de la histórica marcha de la comunidad universitaria para defender a las altas casas de estudio.
Durante esa jornada, estudiantes, docentes, no docentes y organizaciones sociales y sindicales ganaron las calles de distintas ciudades del país para defender a la universidad pública ante los recortes presupuestarios del gobierno nacional.
Luego, el 15 de mayo, a tres semanas de esa histórica Marcha Universitaria Federal, el CIN le exigió al gobierno de Javier Milei que “inmediatamente” efectivice un incremento del 270 % del presupuesto de gastos de funcionamiento para todas las universidades nacionales del país, luego de que efectivizara ese acuerdo con la UBA.
“Resulta inadmisible y provocador que se reconozca solo para una universidad y no para la totalidad del sistema que reúne a un conjunto de 60 universidades a lo largo y a lo ancho de todo el país, que representan a dos millones de estudiantes de las universidades argentinas. No aceptaremos que existan estudiantes de primera y de segunda”, advirtieron desde el Consejo que nuclea a las universidades nacionales, institutos universitarios y las universidades provinciales reconocidas por la Nación.
La masiva marcha en favor de las universidades./ Foto SomosTelam
“Rechazamos cualquier metodología que promueva la división entre universidades y dentro de las universidades. No convalidaremos ningún intento de división, ni priorizaremos nunca ningún atajo”, advirtió el CIN.
En este contexto, la cartera que conduce Pettovello indicó que este lunes se fijarán “medidas conjuntas “para el debido cumplimiento de lo establecido en el art. 33 de la Ley de Educación Superior, en relación con la pluralidad de ideas y las líneas de investigación, combatir la persecución ideológica y la discriminación por razones políticas, particularmente, contra el antisemitismo”.
A la vez, “se evaluará la situación de los investigadores, centros de administración compartida con el CONICET e infraestructura para el desarrollo de la investigación, así como el estado de situación del Plan de Infraestructura Universitaria, las restricciones presupuestarias y la racionalización de los fondos otorgados por la Subsecretaría de Políticas Universitarias (SSPU)”.
Por último, el Ministerio indicó que “se trabajarán los lineamientos de la cooperación del sistema universitario para el desarrollo e implementación del Plan Nacional de Alfabetización establecido por la Secretaría de Educación perteneciente al Ministerio de Capital Humano”.
