Pero el ex ministro de Economía no reaparecerá solo y compartirá panel junto a gobernadores patagónicos, Horacio Rodríguez Larreta, el diputado Nicolás Massot del bloque de Pichetto y la radical Danya Tavela.
Durante los meses como ministro de Economía, Massa logró la construcción del gasoducto Néstor Kirchner que puso a la argentina a un paso de cambiar la ecuación energética y volver a poner a Argentina entre los exportadores de gas en una obra que se hizo contrarreloj luego de años de déficit energético y la necesidad de importar para prever el mercado interno.
Además, hablarán Agustín Gerez, ex presidente de ENARSA; Cecilia Garibotti, ex subsecretaria de energía; Daniel Gerold, de G&G Energy Consultants; y Mariano Arcioni, ex gobernador de Chubut.
Entre los mandatarios patagónicos participarán el neuquino Rolando Figueroa; el rionegrino Alberto Weretilneck y el de Tierra del Fuego, Gustavo Melella: «la ancha avenida petrolera del medio», dijeron con gracias desde el Frente Renovador ante la consulta de este medio.
En la convocatoria abierta para becarios del instituto, destaca que Argentina posee una amplia gama de recursos energéticos, incluida la formación de esquisto -roca con alto contenido de minerales- de Vaca Muerta, que contiene la segunda mayor reserva de gas natural no convencional del mundo y la cuarta mayor de petróleo no convencional.
A su vez, del seminario participarán representantes de las principales petroleras con sede en Texas, el principal estado petrolero de Estados Unidos. Entre ellas, darán el presente Baker Hughes, Chevron, ConocoPhillips, ExxonMobil, Halliburton y Occidental Petroleum, BP, Equinor, Saudi Aramco, Shell, SLB y Tenaris.
El Instituto Baker fue fundado en 1993 por el republicano James A. Baker III quien dirigió cinco campañas presidenciales en Estados Unidos y se desempeñó como jefe de gabinete y secretario del Tesoro del presidente Ronald Reagan y como jefe de gabinete y secretario de Estado del presidente George H. W. Bush, dice la reseña
Lilia Lemoine estalló de bronca contra Victoria Villarruel porque la vicepresidenta guardó silencio tras el escándalo que se desató cuando seis diputados libertarios viajaron a Ezeiza para reunirse con Alfredo Astiz y otros genocidas de la última dictadura militar que cumplen condenas por delitos de lesa humanidad, que fue adelantado en exclusiva por LPO.
«Lo voy a decir porque me rompe soberanamente las bolas. ¡Por qué carajo Victoria Villarruel no saltó!», dijo indignada Lemoine y recordó que fue su «leitmotiv de campaña». La diputada de La Libertad Avanza no ocultó su furia contra la vicepresidenta por su silencio.
Lo voy a decir porque me rompe soberanamente las bolas. ¡Por qué carajo Victoria Villarruel no saltó!
Hábil, Villarruel no hizo comentario alguno sobre el tema y eso irritó a los legisladores más cercanos a Karina Milei que esperaban que se pusiese al frente de la defensa de los diputados que participaron de la comitiva y varios estaban identificados con la causa de la vice.
Eso explica el explosivo reproche de Lilia en su programa de radio No la ven. A su vez, la reacción de la libertaria alimentó las sospechas que circuló entre algunos legisladores oficialistas sobre el intento de los allegados a Karina Milei de endilgarle el escándalo a la vicepresidenta.
La estrategia la marcó el propio Milei cuando en una entrevista con Fantino dijo que «no habría ido» a Ezeiza. Luego, los pocos funcionarios del Ejecutivo que opinaron sobre el tema lo hicieron en igual sentido.
En el Congreso, Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y Gabriel Bornoroni, autoridad del bloque oficialista, intentaron también despegarse del escándalo aunque hay pruebas suficientes de que Menem conocía de antemano la reunión.
Lejos de lo que pretendía el gobierno, en ningún momento quedó expuesta la figura de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Por el contrario, terminaron envueltos en el escándalo Martín Menem y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich
Una investigación de LPO detectó que los diputados utilizaron una camioneta de la Cámara Baja para llegar a la cárcel provista por la presidencia y fue el secretario de mayor confianza de Martín, su primo Sharif Menem, quien anotó detalladamente quienes iban a ir.
Luego, los chat que se filtraron a la prensa, confirmaron que un grupo de legisladores trabajaban desde febrero con abogados y sacerdotes en una estrategia legislativa para lograr el indulto de los genocidas o de mínima, conseguirles detención domiciliaria.
Lejos de lo que pretendía el gobierno, en ningún momento quedó expuesta la figura de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Por el contrario, terminaron envueltos en el escándalo Martín Menem y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich que es señalada como la funcionaria que facilitó el ingreso al penal. Al punto tal que los visitantes pudieron acceder con sus celulares y según relataron ellos mismos, pasaron por controles de los más laxos.
De todas maneras, en la semana en que se produce el tour por Ezeiza, la relación entre Milei y Villarruel atravesaban su peor momento que trataron de disimular en el acto del 9 de julio. La reunión con represores fue dos días después.
«Quisieron hacerle una camita a Villarruel y no mordió. Por eso, organizaron la actividad para todo el bloque y terminaron yendo solo seis, curiosamente, algunos de los más cercanos a la vicepresidenta», dijeron desde la bancada libertaria a LPO.
El gobernador chubutense Nacho Torres acordó con su par de Córdoba, Martín Llaryora; de Neuquén, Rolando Figueroa; de Río Negro, Alberto Weretilneck y el catamarqueño Raúl Jalil, la conformación de un nuevo bloque en la Cámara de Senadores denominado «Provincias Unidas».
De esta manera, los mandatarios provinciales buscan consolidar un nuevo polo de poder diferenciado del kirchnerismo y del macrismo. Un bloque potente que le garantice la gobernabilidad a Milei sin la confrontación que propone Macri y Cristina pero con la independencia necesaria para ponerle límites al gobierno nacional cuando lo crean necesario.
Esta equidistancia con La Libertad Avanza beneficia al oficialismo porque le unifica un sector importante para la negociación, que antes tenía que hacerlo individualmente y a su vez, a los opositores le sirve porque tienen más fuerza para marcar la cancha cuando corresponda.
«Por ahora, es una estrategia legislativa pero no descartamos que se convierta en un frente electoral en 2027», señaló a LPO una fuente al tanto del armado que aclaró que en las elecciones intermedias del año próximo, la campaña se va a provincializar y los gobernadores tratarán de fortalecer sus posiciones en el Congreso.
En ese sentido, el nuevo espacio nuclea a sectores del PRO, como Torres, del peronismo como Jalil y gobernadores que buscan alambrar la provincia y sortear el declive del kirchnerismo y del macrismo como dejó expuesto la irrupción de Javier Milei.
Por lo pronto, los gobernadores se mueven con cautela. Mientras Torres lanza el nuevo bloque, mantiene una pata en el PRO y con ello, poder articular iniciativas en el Senado. Algo parecido hizo el catamarqueño Jalil que mantiene a Lucía Corpacci en el peronismo.
Como sea, la maniobra en el Senado se corresponde a los movimientos que están haciendo en Diputados los legisladores que responden a gobernadores dialoguistas que tantean el armado de un bloque propio.
Nacho Torres junto a Edith Terenzi de Cambio Federal; Edgardo Kueider y Carlos «Camau» Espínola de Unidad Federal y la rionegrina Mónica Silva
Por el contrario a lo que ocurre con La Libertad Avanza, que tiene el liderazgo poderoso de Milei pero sin referencias provinciales, los gobernadores peronistas y Juntos por el Cambio no cuentan con conducciones naturales.
En consecuencia, el inquieto Nacho Torres comenzó a tejer alianzas legislativas con algunos gobernadores, a los que se les podría sumar el misionero Hugo Passalacqua, para pulir un liderazgo nacional.
Sin embargo, el chubutense no juega solo en la incipiente carrera presidencial. Sabe que tiene que disputar la conducción con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, que tiene intenciones de competir por la Casa Rosada. Ambos son del PRO.
Por su parte, el santafesino Maximiliano Pullaro es otro que mira las presidenciales de reojo. El radical busca reformar la constitución que le habilite la reelección y por ende, tener la posibilidad de un segundo mandato en la provincia como lo tienen el resto de los gobernadores.
Pullaro, Llaryora y Frigerio, los gobernadores de la Región Centro
Pullaro viene alimentando meticulosamente la Región Centro, una alianza entre Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, que comenzó con intereses comerciales y logísticos y ahora el radical pretende darle un perfil más político y de poder.
El problema de los del Centro es que los tres gobernadores coinciden en sus ambiciones presidenciales. De hecho, el cordobés Llaryora también aceptó el convite de Torres y su senadora Alejandra Viggo participó del lanzamiento del nuevo bloque en la Casa de Chubut.
En el peronismo, con el escándalo de Alberto Fernández trascendiendo las fronteras, la situación es crítica y los gobernadores intentan alambrar sus territorios y tomar distancia de cualquier referencia al kirchnerismo.
De hecho, el catamarqueño Raúl Jalil que hasta la semana pasada se cuidaba de no despegarse demasiado de la conducción del PJ, mandó a su senador, Guillermo Andrada, a sumarse al bloque que está armando Nacho Torres.
Durante la discusión de la Ley Bases, Jalil no pudo votar a favor en general condicionado por la posición del bloque peronista pero cuando la discusión se dio en particular, sus legisladores apoyaron el RIGI, una de las cláusulas más importantes para Milei y también para su provincia que espera potenciar la actividad minera.
Daniel Erbetta es ministro de la Corte Suprema de Santa Fe pero antes se hamacó en terrenos muy diversos. Es profesor titular de Derecho Penal en la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, gestionó durante 10 años como decano su Facultad, fue secretario general del Rectorado de la UNR. Proviene de la UCR pero estuvo cerca de referentes del peronismo santafesino. El ex gobernador Jorge Obeid lo postuló como ministro del máximo tribunal santafesino al que terminó ingresando en 2008 en tiempos del socialista Hermes Binner.
Referencia muy conocida en los círculos de penalistas argentinos, habitual conferencista en el exterior de cuestiones penales y de criminología, a los 70 años es un tipo que suele recortarse del perfil más convencional de juez. Es raro que pierda la elegancia al hacerlo, así como cierta vehemencia, pero le interesa polemizar. Ocurrió por ejemplo cuando hace dos años dijo que el proceso de la causa Vialidad, donde fue condenada Cristina Kirchner, había sido un muestrario de mala praxis judicial. O en esta conversación con LPO en la que señala que le parece un despropósito promover al mismo tiempo una ley antimafia y una ley de blanqueo. O que Comodoro Py es un muestrario cotidiano del ejercicio de la política en la judicatura mediante recursos propios de la Inquisición. «En lugares así la Edad Media es hoy», dice.
«Los jueces no tienen que hablar solo por sus sentencias. Podemos opinar de asuntos de interés público siempre y cuando no sea de los casos en los que actuamos. No es un problema subjetivo», propone Erbetta. «Hay un sector de la Justicia Federal donde les toca intervenir siempre a los mismos actores en las causas políticas más relevantes y que actúan políticamente. Un problema que se habría neutralizado bastante si el sistema federal se hubiera ajustado a lo que pide la Constitución: un modelo oral y público en todas las instancias».
-¿Le tocó pagar costos cuando Cristina Kirchner difundió por redes sociales argumentos suyos en contra de la causa Vialidad en la que ella fue condenada?
-No sé, tal vez, no es importante. Mi crítica iba enfocada a las tremendas faltas al debido proceso. Si queremos vivir en una democracia sólida tenemos que respetar reglas del juego sea quien sea el que está de un lado o del otro. Hoy todo está personalizado y tanto en los medios como en la política rige la dialéctica amigo/enemigo sobre cada cosa.
En ese momento mi crítica me convirtió en K. Eso hace que todo el fundamento a por qué no hubo un proceso justo quede descalificado. Un absurdo. En ese juicio se rompió la oralidad con audiencias discontinuadas por zoom, se incorporó prueba de manera indebida, se le negaba a la imputada su derecho a declarar y había un tribunal con sobrados motivos por sus relaciones políticas probadas para que existiera temor de parcialidad.
Hay un sector de la Justicia Federal donde les toca intervenir siempre a los mismos actores en las causas políticas más relevantes y que actúan políticamente. Un problema que se habría neutralizado bastante si el sistema federal se hubiera ajustado a lo que pide la Constitución: un modelo oral y público en todas las instancias.
Después vemos que una lógica parecida se dio cuando la ex vicepresidenta es víctima de un intento de homicidio, donde han desmembrado la causa y no se ha investigado la relación presunta de imputados con sectores de la política a pesar de que habría prueba. No hay ninguna consecuencia. Pasó lo mismo con la causa del falso abogado D’Alessio por el llamado espionaje ilegal. A los funcionarios judiciales que defienden estas actuaciones procesales los invitamos respetuosamente en su momento a debatir a la Universidad Nacional de Rosario porque es importante ver cómo lo hacen en público.
-Una de las primeras acciones que tuvo el gobierno nacional en relación a la Justicia Federal en Rosario fue liquidar el viejo modelo penal de juicio escrito. Pero en Comodoro Py lo mantiene. ¿Por qué?
-No hay objetivamente duda de que si no se implementa es porque hay una resistencia notoria. Durante el gobierno de Macri se modificó el régimen de implementación de la reforma que se había sancionado en el 2014 para que no llegue nunca a determinados lugares. Ya van 17 años de fallos de la Corte que declaran la inconstitucionalidad del sistema mixto que rige en toda la jurisdicción del país menos en tres distritos. Solo se avanzó con Salta y Jujuy y acaba de pasar en Rosario por la singularidad de su violencia. ¿Por qué no llega? Comodoro Py se va a resistir. Nadie quiere cambiar la forma de trabajar. Nadie quiere dejar prácticas burocráticas de siglos que moldearon la cultura judicial argentina.
Lo que se está discutiendo con estos cambios es una forma de ejercer el poder hacia adentro y afuera de la propia estructura. Un sistema procesal donde un juez no es visible, puede resolver dentro de cuatro paredes, con eje en un montón de actas escritas y con un mal llamado juicio oral porque lo que hay es juicio leído. Esto no es nada democrático. Enfrente hay un modelo de estructura más horizontal, con jueces que solo se dedican a juzgar y no a trabajar de gerentes de pymes en sus despachos. Manejar la trazabilidad y tiempos de un caso, ser dueño de un asunto con rutinas medievales sin ninguna transparencia solo lo puedo hacer en un sistema como el que rige en Comodoro Py.
-¿Con qué consecuencias en los hechos?
-Fíjese la paradoja y lo gratuito de algunas cosas. El caso Nisman está por cumplir diez años de investigación abierta. ¡Diez años! La causa Cuadernos lleva seis años en igual sentido. Casos que están netamente sospechados de estar atravesados por cuestiones político partidarias empiezan y no terminan nunca. Después cuando en la Facultad enseñamos sobre el plazo razonable, las garantías de la Constitución, ¿qué estamos haciendo? Con el caso Nisman transcurrieron un año del gobierno de Cristina Kirchner, cuatro años de Macri, cuatro de Alberto Fernández y lo que llevamos con Milei. Y estamos como en 2015 con la investigación preliminar. Esto no podría ocurrir en la Justicia Penal de Santa Fe o en la mayoría de las provincias porque el modelo procesal no lo permite. Pero pasa en Comodoro Py.
Tener abierta una causa abierta durante seis años o diez años implica solamente dos alternativas: o total ineficiencia del juez o intención de usar la causa en momentos estratégicos en tiempos electorales. En cualquiera de los dos casos ese juez debería ser responsable y sometido a un tribunal de enjuiciamiento. El juez o el fiscal al que a veces le delegan el caso. En Comodoro Py es gratis.
El caso Nisman está por cumplir diez años de investigación abierta. ¡Diez años! La causa Cuadernos lleva seis años en igual sentido. Casos que están netamente sospechados de estar atravesados por cuestiones político partidarias empiezan y no terminan nunca.
Si se analiza un expediente de 1825 y uno escrito en PDF o digital de 2022 en el fuero federal no se encontrarán grandes diferencias. Es una matriz que se corresponde con la Edad Media y que heredamos de la época colonial. Eso le puede llevar alguna comodidad al litigante pero no al ciudadano que no ve cómo se hace Justicia. Para que un caso sea público como pide la Constitución tiene que haber audiencias orales y suprimir el expediente.
-Un emblema de prácticas opacas de la Justicia Federal es cómo se resolvió el caso de Lago Escondido, el viaje que hicieron diversos magistrados a la estancia del magnate Joe Lewis. La Justicia Federal porteña disputó y obtuvo el trámite que estaba en Bariloche, anuló la causa y sobreseyó a todos. ¿Por qué funcionarios de la Justicia Federal hacen eso? ¿Perciben que es sin costo?
-Tiene que ver con esas matrices históricas. Hasta no hace muchos años, algunos sectores del Poder Judicial estuvieron comprometidos con violaciones de los derechos humanos. Hay además un ADN que un poco nos persigue, ¿no?, que es la famosa Acordada del 30, cuando el usurpador Uriburu cierra el Congreso, da el golpe militar, mete preso a Yrigoyen y al abogado de Yrigoyen. Yrigoyen muere en la cárcel y le manda una carta al presidente de la Corte, con mayoría de ministros nombrados por Alvear, y les dice que si ellos validan el gobierno de facto la Corte se mantendría. Y burdamente, por una acordada, sin caso, inventó una doctrina del facto que no existía. ¿A cambio de qué? De que no se los tocara, de que siguieran todos igual, a cambio de preservar sus derechos y también sus privilegios. Este es el ADN que hay que sacarse de encima.
Más recientemente lo denuncia el Papa Francisco en la Cumbre Iberoamericana de Jueces de 2019: el problema de sectores colonizados del Poder Judicial, que en alianza con sectores del poder real y de medios de comunicación han dado lugar a una suerte de politización de la justicia y judicialización de la política.
Con Lago Escondido se visualizan dos problemas. Una agencia judicial, un modelo de organización, una estructura que no rinde cuentas, que no da explicaciones. El Estado de inocencia y el debido proceso son sagrados. Pero acá el problema son el fiscal y el juez. El juez invalida evidencia que no podía ser usada para fundar una decisión de mérito incriminante pero a la vez sepulta el caso.
El fallo que saca al empresario Calcaterra de la causa Cuadernos no habría sido posible en un sistema de audiencias públicas y orales.
Me parece bien que no se use una evidencia ilegal, que son las escuchas que descubren el caso. Pero eso no implica no generar una investigación paralela para procurar evidencia legal. Esto es lo que no hace Comodoro Py en un caso donde hay magistrados y fiscales relacionados con sectores de poder económico y político señalados de recibir dádivas. Sin dudas de que estos problemas afectan la legitimidad del Poder Judicial, pero bueno, a veces son funcionales al poder y por eso se naturalizan.
¿Cómo se resuelve esto? Reforma estructural, no más jueces escondidos en sus despachos, sistema de audiencias públicas y orales con el juez presente de cuerpo entero, control de gestión, rendición de cuentas, control de la trazabilidad de los procesos en todos los ámbitos, especialmente en el penal, en los casos que no lo hay, y en los casos en que lo hay, un monitoreo permanente.
Se aplican distintas varas para la misma situación. El fallo que saca al empresario Calcaterra de la causa Cuadernos no habría sido posible en un sistema de audiencias públicas y orales. Toda la causa Cuadernos es un laberinto jurídico resuelto entre cuatro paredes en forma nada visible. No hay credibilidad porque para las mismas situaciones se aplican distintas varas.
-Usted vive en Rosario donde la violencia criminal produce ganancias que tiene correlato en operaciones económicas. ¿Cómo analiza el blanqueo de capitales del paquete fiscal que ya está reglamentado?
-Déjeme ir un poco para atrás. Con la refundación democrática Alfonsín, que tenía un excelente grupo de asesores, había visualizado varias cuestiones estratégicas. Una era el traslado de la capital a Viedma, el de la Corte Suprema de Justicia a Rosario y el del Poder Judicial a Córdoba. La otra, no menos importante, era la necesidad de la democratización de la Justicia Federal.
La tercera provenía de visualizar que la criminalidad, o por lo menos la que tiene algún tipo de estructura organizada, con funcionamiento similar al de una empresa, tenía como motivación la rentabilidad económica y apuntaba a explotar mercados ilegales. Había que replantearse toda la política de seguridad para abordar esta nueva problemática. En esto hay una confusión conceptual sideral e interminable, porque cuando el mercado está detrás del delito no se lo frena con una ley penal. Cuando están en juego las reglas del mercado, la apelación a la ley penal es meramente simbólica. La ley penal tiene una gran capacidad para canalizar pulsiones de venganza que todos llevamos dentro y, por lo tanto, alta eficacia política y una gran aceptación social, pero ninguna eficacia para reducir la criminalidad.
Con la refundación democrática Alfonsín, que tenía un excelente grupo de asesores, había visualizado varias cuestiones estratégicas. Una era el traslado de la capital a Viedma, el de la Corte Suprema de Justicia a Rosario y el del Poder Judicial a Córdoba. La otra, no menos importante, era la necesidad de la democratización de la Justicia Federal.
Esto es muy viejo, viene de la época de la Inquisición, siempre fracasó, pero sigue gozando de prestigio. Obviamente, desde la perspectiva de la mala política, es más fácil hacer política sancionando leyes penales que abordando caminos para reducir los problemas. Por tanto, el fenómeno de las economías y de los mercados ilegales, que generan muchas ganancias, domina el mundo. La ganancia debe confluir en el mercado legal y ahí aparecen los mecanismos de lavado que tienen matices y variedades según las regiones y las escalas.
Los neokeynesianos dicen que el volumen de dinero sucio que hoy funciona anualmente en el mundo supera largamente los productos brutos de Japón y Estados Unidos. Por lo tanto, controlar o parar ese volumen o ese flujo de dinero sucio implicaría casi una recesión mundial de la economía. Los ortodoxos dicen que no. A la par de toda la burocracia creada a nivel internacional de la inversión presupuestaria, de los cargos, el correlato es una capacidad de respuesta absolutamente limitada en materia de control de lavado, y si no, veamos cuál es la capacidad de rendimiento del GAFI. Mientras escuchamos la apelación a la sanción de leyes penales para controlar el lavado, los paraísos fiscales funcionan en el norte y Occidente no tiene ejércitos contra eso, que no parece preocupar mucho. Argentina por caso tiene un récord, es el tercer país con sociedades offshore en paraísos fiscales, así que en eso somos bastante desarrollados.
-¿Pero entonces cómo se proyecta la forma de controlar la ilegalidad en la economía legal?
-Con voluntad de control, con controles en serio y abandonando la ficción de que con instrumentos normativos resolvemos todo. Estamos discutiendo una ley antimafia a nivel nacional, pero por otro lado la Inspección General de Justicia sanciona la resolución 10 del mes de febrero por el cual habilita y desregula completamente el control de las sociedades que se instalan en la Argentina. Estamos con una ley de blanqueo, estamos con un régimen de inversiones en donde se flexibilizan los controles del origen del dinero.
Estamos discutiendo una ley antimafia a nivel nacional, pero por otro lado la Inspección General de Justicia sanciona la resolución 10 del mes de febrero por el cual habilita y desregula completamente el control de las sociedades que se instalan en la Argentina. Es una paradoja increíble.
Entonces, ¿esto qué es? Una paradoja increíble. Mientras por un lado estoy discutiendo la respuesta punitiva en la ley antimafia, por otro estoy favoreciendo con un montón de instrumentos normativos ya sancionados la posibilidad de que el lavado del dinero sucio o el blanqueo de ese dinero encuentren canales favorables, porque esos instrumentos son como una tostadora, la puedo usar para hacer buenas tostadas, pero también para quemarle el dedo a una persona. Y es el Estado el que lo ha promovido.
Esto es una consecuencia lógica de un mundo globalizado, de una ideología que lleva al neoliberalismo que tiene como consigna bajar todos los controles, regulación versus desregulación. Desregulo el poder y el poder me pasa por encima. Desregulo el capital y el capital me pasa por encima. Desregulo un mercado ilegal y bueno, pasa lo que pasó en Rosario y que afortunadamente, esto sí hay que decirlo, no sabemos todavía bien por qué razones, pero la violencia letal, que es la que más preocupaba, se ha reducido notablemente a partir de este año 2024.
Sin embargo, aquella violencia que tuvimos en el 2013, que tuvimos en el 2023, tiene que ver con esto, con la desregulación de un mercado ilegal. Por eso el tema de regulación y desregulación es central, es una cuestión netamente ideológica. Yo no puedo estar proclamando y declamando mano dura, ley penal, abajo la imputabilidad, vamos a sancionar más leyes y endurecer las penas del lavado y por otro lado, sobre la base de la ideología que postulo, tirar abajo todos los controles, desregular absolutamente todo, hasta incluso reducir el Estado a límites prácticamente insostenibles.
Yo no puedo estar proclamando mano dura, ley penal, abajo la imputabilidad, vamos a sancionar más leyes y endurecer las penas del lavado y por otro lado, tirar abajo todos los controles, desregular absolutamente todo, hasta incluso reducir el Estado a límites prácticamente insostenibles.
-¿Cómo ve la cuestión criminal en Rosario y la violencia que predominó en los últimos diez años?
-Rosario tiene un mercado ilegal que creció exponencialmente, que existe en cualquier gran ciudad de la Argentina, fundamentalmente en ciudades portuarias, pero disparado por algunos rasgos propios. En su momento por la autonomización primero de la policía, su fragmentación luego y la ruptura de la verticalidad y la pérdida de control de la calle, función básica de la policía borbónica.
Luego ese problema se agudizó por la asociación de algunos sectores policiales con los grupos criminales que comenzaron a controlar el mercado, lo que terminó generando una disputa territorial, que es lo que explica la violencia letal asociada al mercado minorista de la droga, porque a los muertos en Rosario no los causa el narcotráfico. Esta violencia letal no se visualiza en provincia de Buenos Aires, ni en CABA, ni en Córdoba. Este negocio produce un volumen de dinero importante, que en una ciudad que tiene una economía informal enorme aprovecha los distintos canales por donde además se lava dinero que proviene de actividades productivas legales.
Esto a su vez explica el florecimiento de un montón de estructuras societarias, mutuales, fideicomisos por donde se canaliza el lavado de esta actividad ilícita. ¿Se resuelve esto con una ley penal? No. El fracaso de cerca de seis leyes que se sancionaron en la Argentina desde la época de la ley de drogas de Menem, vinculadas al lavado de dinero, han demostrado la absoluta incapacidad de la legislación penal para controlar el problema. Este es un dato empírico. Como en la frase que se atribuye a Einstein, si al mismo problema le buscan la misma solución, el problema subsiste. ¿Cuántas sociedades hay condenadas por lavado? ¿Cuántas personas hay condenadas por lavado en la Argentina? Los números hablan solos.
¿Cuántas sociedades hay condenadas por lavado? ¿Cuántas personas hay condenadas por lavado en la Argentina? Los números hablan solos.
Tiene que haber una ley que reprima esa actividad ilícita y sanciones: nadie está postulando impunidad. Pero hay quienes lo único que quieren, casi siempre con mala intención, es instrumentar la respuesta simbólica ineficaz de la ley penal en lugar de encontrar las que puedan implicar una solución real. La incapacidad de la legislación penal contra el problema de las drogas o el lavado es superlativa. Y esto demuestra que el problema del lavado también es un problema fundamentalmente extrapenal que tiene que ver con la falta de controles en distintos niveles de las agencias del Estado. Y hay también una responsabilidad social, porque mucha gente que se sienta en una mesa de un restaurante quejándose de la inseguridad, después resulta ser que están vinculados a la dimensión económica financiera de estos mercados ilegales y por tanto son los que facilitan y favorecen esa actividad.
-En la provincia de Santa Fe se está impulsando la renovación de la Corte Suprema que usted integra. Se menciona incluso su nombre como parte de los que se van.
-Como integrante de la Corte de Santa Fe tengo una limitación ética para pronunciarme. Entiendo que en mi caso personal no hay motivo ni causa legal de remoción. Cualquier valoración que haga va a tener impacto directo en mis colegas. Por eso prefiero no hacerlas mientras no haya una manifestación institucional concreta al respecto.
Las ocho localidades del Gran Rosario, donde se ubican los 32 puertos por donde se despacha el 80% de las exportaciones del país, hace décadas que cobran una tasa de 10 mil pesos a cada camión en concepto de mantenimiento de pavimento, limpieza y otros servicios.
El tema generó reiterada polémica y el gobernador Maximiliano Pullaro, con viento a favor por el clima político que impera, está decidido a quitarle a los intendentes una caja que se calcula, ronda los 25 mil millones al año.
Desde siempre, las cerealeras pusieron el grito en el cielo contra la tasa municipal porque aseguran que encarece el costo logístico, de por sí elevado por falta de inversión e infraestructura adecuada.
De hecho, señalan que los intendentes utilizan esos fondos para realizar obras que nada tienen que ver con los accesos a los puertos. El caso de la comuna de Timbúes es emblemático porque los kilómetros que separan la ruta de las terminales son de ripio y nunca se concretó un plan de obras para su pavimentación siendo que es una de las localidades más beneficiadas por la tasa vial por la cantidad de camiones que ingresan.
Sin embargo, las agroexportadoras ven con desconfianza el plan que impulsa Pullaro que pretendería elevar el peaje de 10 mil a 25 mil pesos, que el gobierno provincial le cobre a los camiones y luego coparticipar con las comunas según las obras certificadas que realicen que deberán estar íntegramente destinadas a mejorar los caminos a los puertos.
Las agroexportadoras ven con desconfianza el plan que impulsa Pullaro que pretendería elevar el peaje de 10 mil a 25 mil pesos, que el gobierno provincial le cobre a los camiones y luego coparticipar con las comunas según las obras certificadas
En el gobierno de Santa Fe se habla de una tarifa plana para cada camión que luego le permita descargar en cualquiera de los 32 puertos sobre el río Paraná instalados desde Arroyo Seco hasta Timbúes.
En primer lugar, no están de acuerdo con el aumento del 150% del impuesto porque aumenta la carga sobre el costo logístico. Además, dijeron a LPO fuentes empresarias, temen que los intendentes y jefes comunales creen una nueva tasa «por contaminación ambiental, por ejemplo» y se duplique la carga impositiva.
Es que los intendentes de las zonas portuarias mantienen una caja muy significativa para sus presupuestos y no están dispuestos a entregarla fácilmente. Del otro lado, Pullaro va a fondo y quiere hacerse del control.
«El gobernador se tendría que sentar con todos los actores para lograr un acuerdo que le de una solución definitiva al tema y que no lo complique aún más», suplicó la misma fuente.
Axel Kicillof viajó a La Rioja para reunirse con el gobernador Ricardo Quintela. La excusa fue el acto de jura de la nueva Constitución provincial, pero hubo reuniones respecto de la conducción del PJ.
Según pudo saber LPO hubo una reunión a puertas cerradas entre Kicillof y Quintela, de la que también participó la ex gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci. Allí se analizó la crisis del partido en medio de los escándalos de Alberto Fernández, quien este viernes renunció a la presidencia del PJ.
No existen definiciones concretas. Algunos sectores del peronismo se inclinan a expresar su apoyo hacia el riojano, pero queda mucho por discutir. Por lo pronto, Wado De Pedro dejó trascender que se anota para la pelea. El ex ministro del Interior cree que la presidencia del partido puede ser un trampolín para saltar a una candidatura presidencial. La candidatura que no se le dio el año pasado.
Wado desafía al gobernador bonaerense que viene trabajando en su candidatura desde el mismo momento en que fue reelecto en la provincia. LPO reveló la tensión con el ex ministro de Interior en algunos sectores de la provincia por su silencio durante la frustrada negociación para que la planta de GNL que construirán YPF y Petronas se quede en Bahía Blanca.
De Pedro se mantuvo al margen de esa pulseada mientras senadores de Río Negro como Martín Doñate se enfrentaron a su fuerza política (La Cámpora) para llevar la inversión a su provincia.
Pero además emergió este viernes la postura de Mercedes D’Alessandro, la ex directora Nacional de Economía, Igualdad y Género durante el gobierno del Frente de Todos, quien pidió que a Alberto Fernández lo suceda una mujer al frente del partido.
Ricardo Quintela se mostró en La Rioja junto a Axel Kicillof, intendentes y legisladores nacionales de todo el país en el acto de jura de la nueva Constitución provincial. El peronismo dio así una muestra de unidad y recambio en medio del escándalo por la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández por violencia de género.
Por lo pronto, la reunión de Kicillof, Quintela y Corpacci trajo un poco de oxígeno hacia el interior del partido en medio del escándalo por la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto por violencia de género.
El superdomo de La Rioja estuvo colmado y con dirigentes de todos los sectores del peronismo, desde el cristinista Oscar Parrilli pasando por el tucumano Juan Manzur, la bonaerense Victoria Tolosa Paz, inténtenles del conurbano como Leonardo Nardini y Daniel Gollán, ex ministro de salud de Cristina Kirchner.
Quintela desplegó un crítico discurso contra Javier Milei y también contra la gestión de Mauricio Macri y pidió que el peronismo trabaje en un camino hacia la unidad. «En el peronismo tenemos que estar todos juntos, levantar los brazos y recuperar la conducción del país para ponerlo al servicio del pueblo», planteó.
Kicillof fue el único gobernador presente en La Rioja, un gesto hacia el peronismo de lo que podría ser la nueva conducción del Consejo Nacional del PJ.
«Ricardo, compañero, amigo y ejemplo para el peronismo. Hemos venido de casi todas las provincias a acompañar este día histórico para La Rioja y para el país. Cuando hay un gobierno nacional que se borra y deserta, las provincias se unen y se acompañan. La provincia de Buenos Aires se siente parte del interior de la Argentina», dijo el gobernador en una arenga que sonó a campaña.
La Justicia ordenó el allanamiento del departamento en el que vive Alberto Fernández en Puerto Madero y le secuestró el teléfono en el marco de la causa por violencia de género contra Fabiola Yañez.
La medida fue ordenada por el fiscal Carlos Rívolo, que instruye en la causa que está en manos del juez Julián Ercolini.
En medio del allanamiento, Alberto envió una carta en la que anunció su renuncia a la presidencia del PJ.
«Ante diversas manifestaciones periodísticas y la denuncia relacionada a cuestiones de género que son de público conocimiento y para no manchar los honores que me merece el Partido Justicialista, tengo el deber político y moral de expresarme, aguardando que la situación se aclare», dijo el ex presidente.
«De ninguna manera voy a hacer que el gobierno aproveche esta denuncia en mi contra para ocultar los terribles problemas que tiene nuestro pueblo argentino. Convencido que nuestra organización partidaria no convalida el silencio y creyendo prudente no intervenir en ningún proceso judicial, siempre teniendo en alto el legado de Juan Domingo Perón y Eva Perón con mucho dolor eh decidido renunciar a la presidencia del Partido Justicialista Nacional», dijo Alberto.
La renuncia se la venían pidiendo desde todos los sectores del peronismo, aunque todavía no tienen definida una salida. Por eso motivo este viernes se reunieron Axel Kicillof, Ricardo Quintela y Lucía Corpacci para empezar a encontrar una alternativa.
El camporista Eduardo «Wado» de Pedro se promociona para ser el presidente del partido pero ya enfrenta resistencia. La ex funcionaria Mercedes D’Alessandro dijo que luego de lo de Alberto, llegó el turno de una mujer.
En la primera semana con las listas confeccionadas del radicalismo cordobés para ir a la interna de septiembre, la vicegobernadora Myrian Prunotto, engranaje clave de lo que el gobernador Martín Llaryora llama el ‘partido cordobés’, busca acercar posiciones con el armado del exintendente Ramón Mestre.
Hasta el momento, tal como lo contó LPO, son tres las listas lanzadas en busca del comando del radicalismo cordobés: una encabezada por el intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer, junto a Rodrigo de Loredo; otra que respalda el propio Mestre y lleva como candidato provincial al intendente de Villa Nueva, Ignacio Tagni; y una tercera vertiente que tiene detrás a los legisladores provinciales de la UCR críticos de la gestión de Javier Milei, como Dante Rossi y Sebastián Peralta.
Precisamente, detrás de este último espacio asoma la figura de Prunotto con el sello de Polo Gait, un dirigente de la capital cordobesa que le arma a la vice para proyectarla como sucesora en la Ciudad del intendente Daniel Passerini. Y ahora, según pudo conocer este sitio, desde el entorno de la vicegobernadora empezaron a activar algún tipo de contacto con el espacio de Mestre para que todo se defina entre dos grandes armados. El eje entre Mestre y Prunotto frente al armado de Ferrer que cerró, además del respaldo de De Loredo, el aval de Mario Negri y Oscar Aguad dentro de siete núcleos que van por la titularidad del comité provincia, la capital cordobesa y el congreso partidario, el órgano que define las futuras alianzas dentro de la provincia.
«A nosotros nos cuesta en la provincia y podemos armar con ellos la capital. El tema es que Ramón no se cebe y quiera pedir todo, hoy el contexto de él es otro. Pero hay que ser inteligentes», reveló a LPO una persona de absoluta confianza de Prunotto.
La crítica, por ahora suave al exalcalde, parte desde el mismo argumento que tuvieron aquellos en el entorno de Ferrer al no poder cerrar un acuerdo con Mestre. También en esa negociación el exintendente pedía controlar el comité capital, conservar su lugar como delegado nacional y asegurarse el comando del congreso partidario para bloquear un acuerdo del espacio de De Loredo con los libertarios de Milei.
Sobre todo, porque cerca de ese espacio que, además de Mestre integran el extitular de la Side con Raúl Alfonsín, Carlos Becerra, y el exdefensor del Pueblo, Mario Decara, sospechan que De Loredo haya sido tentado para desembarcar en la silla del ministerio del Interior que, aún como jefe de Gabinete, todavía controla Guillermo Francos.
Ramón Mestre
Prunotto estará este fin de semana en el sudeste provincial, cerca de Villa Nueva, la ciudad que gobierna Tagni, el candidato de Mestre y Becerra para pelear la interna provincial. Ella podría negociar el armado en todo el territorio a cambio de poner el candidato en la capital cordobesa, lugar para el que la vice de Llaryora tiene en los planes a Gonzalo Salvetti, candidato que, en algunos integrantes del campamento de Mestre, no termina de cerrar.
Desde El Panal, la casa de gobierno cordobesa, el consejo para Prunotto es calibrar. Observar hasta dónde puede existir el poder de daño en la interna radical y salir en el momento indicado para que, si hay derrota para la vice, es no se convierta en un boomerang. «Nosotros, aún perdiendo, ganamos» se confió esta misma semana otra persona del entorno de Prunotto que apuesta a que la vicegobernadora ingrese y ponga sus fichas en la interna.
La otra cuestión pasa por lo administrativo. Tanto para confeccionar en capital como a nivel provincial, se necesita lograr armar en la mitad más uno de las seccionales o de los departamentos; y es ahí donde pone la lupa la Junta Electoral, hoy con mucha presencia del deloredismo y por ello también cuestionada por los detractores del jefe del bloque radical en Diputados.
Tras oficializarse días atrás la autorización del uso de pistolas Taser por parte del Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, en la provincia de Buenos Aires tanto libertarios como las distintas líneas internas del PRO reactivaron la presión para que el gobierno de Axel Kicillof habilite el uso de estas armas para la policía bonaerense.
En la Legislatura bonaerense, la alianza entre el bloque de La Libertad Avanza que responde a Sebastián Pareja y la bancada de PRO Libertad alineado a Bullrich debutó precisamente con un proyecto que promueve la implementación de las Taser.
Como ejemplo para su uso, citaron el programa que Bullrich pretende aplicar en estaciones de trenes. Como fundamentos para su aplicación, justificaron la nula letalidad de las Taser citando un estudio de la Universidad de Wake Forest, en Estados Unidos.
En paralelo, en concejos deliberantes de grandes centros urbanos de la provincia hicieron presentaciones en esa línea. Por caso, en La Plata lo promovió recientemente la concejal alineada a Bullrich, Belén Muñoz, y en Mar del Plata lo presentó el bloque libertario.
Nos gustaría tenerlas en nuestra Policía provincial y también en la patrulla urbana
En Junín, con el impulso de la gestión PRO de Pablo Petrecca, el Concejo aprobó un pedido de similar tenor a Kicillof y al Ministerio de Seguridad bonaerense, planteando una «capacitación adecuada de su personal» para «evitar daños colaterales durante el accionar policial».
«Nos gustaría tenerlas en nuestra Policía provincial y también en la patrulla urbana», dijo a LPO el intendente de Pergamino, Javier Martínez (PRO), que sostuvo que su gestión tiene la intención de adquirir esas armas para el uso de la fuerza en el distrito, pero que no tuvieron «ninguna respuesta» del Ejecutivo bonaerense.
Por fuera de la seguidilla de presentaciones que hizo en los últimos días la oposición, también existe un proyecto promovido por el Frente Renovador.
Como contó LPO, para la reaparición de Sergio Massa prevista para este sábado y que fue finalmente pospuesta, el FR proyectó un panel en donde se marcan matices con Kicillof. Entre las exposiciones, figuraba la del diputado Carlos Puglielli sobre el uso de Taser.
En octubre pasado, cuando aún no era ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso cuestionó el «fetiche» de algunos municipios de Juntos con el uso de las Taser.
«El uso de este tipo de armas solo será empleado por el personal activo, el cual accederá al mencionado armamento previo haber realizado capacitaciones técnicas, psicofísicas y aquellas otras que la autoridad de aplicación haya designado a tales efectos», establece el proyecto que presentó Puglielli con su par del FR, Ayelén Rasquetti.
En el Ministerio de Seguridad bonaerense, voces consultadas por LPO aclaran que «nunca estuvimos en contra» del uso de las Taser pero sostienen que, antes de esa discusión, existe la necesidad de dar respuesta en materia de salario y formación policial.
También, sostienen que se trata de una discusión que, de darse, tiene que considerar el aspecto de la capacitación en un universo de 107 mil efectivos y su reglamentación en lo relativo a su aplicación.
En ese sentido, focalizaron en la profesionalización del personal que -remarcan- «antes de la llegada de Axel no tenía polígonos de tiro, ni balas para practicar ni chalecos para ponerse».
En la cartera de Seguridad aseguran que no llegaron pedidos formales desde las comunas ni desde la oposición y ubican el planteo en lo declarativo.
En octubre pasado, cuando aún no era ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso cuestionó el «fetiche» de algunos municipios de Juntos con el uso de las Taser.
«La seguridad es algo muy complejo para reducirlo a una estrategia marketinera. Este tipo de pistolas son una herramienta más pero menos letal. Como se tienen las municiones, las granadas, esto bien usado tiene un sentido y mal usado es peligroso», dijo en aquella oportunidad Alonso a Radio Provincia.
Con el PRO fogoneando por aquel entonces la propuesta sobre la que vuelve a la cagra por estos días, Alonso agregó: «Tenemos mucha gente uniformada y lograr que actué como tiene que actuar, lleva mucho tiempo. Es fácil tirar propuestas al aire».
Con 320 a favor y 60 en contra, la asamblea de la Asociación del Personal del Servicio Exterior de la Nación (APSEN) aprobó la implementación de medidas de fuerza por primera vez en la historia de la Cancillería.
El paquete de acciones contra el pago de Ganancias en el plus que cobran en el exterior comienza el lunes y tendrá una semana de duración. Las mismas se basan en no firmar el recibo de sueldo como nota de protesta para la justicia, un petitorio a Diana Mondino para que no instrumente la retracción de Ganancias, jornada reducida en el país y en el exterior con el retiro dos horas antes del 12 al 16 de agosto, cartelería dentro del ministerio y en las redes sociales y la abstención de licitar (mecanismo por el cual los diplomáticos se anotan para varios destinos).
Asimismo, se mantienen en estado de alerta y movilización hasta la celebración de una nueva reunión del comité de crisis y asamblea que se desarrollará el próximo 16 de agosto.
Las medidas fueron menos contundentes de la que esperaban una parte de los diplomáticos de base que proponían paralizar los consultados, pero destacan que el hecho de haber tomado una medidas de acción directa es un inédito en la historia del Palacio San Martín.
Además, como adelantó LPO, en el sindicato de los diplomáticos apuestan aun fallo favorable de la justicia. APSEN presentó un amparo a través del abogado Ricardo Gil Lavedra ante la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo del que confían puede prosperar por el perfil del juez. «La justicia falla a nuestro favor, es obvio que el diferencial no es salario», apunta una fuente diplomática.
No obstante, aclaran fuentes diplomáticas, que el enojo de las bases con la conducción de APSEN es cada día mas fuerte, sobre todo con el presidente Ernesto Michel y se vice, Darío Zelaya que está cerca de irse a Corea del Sur como embajador.
El titular anterior, Gustavo Zlauvinen, dejó el cargo para irse a Austria, una plaza más que codiciada en el universo de la Cancillería.
«Los diplomáticos van a arrastrar los pies. El trabajo va a ser a reglamento para hacerle sentir a Mondino las consecuencias en la firmas de expedientes, reuniones con empresarios y renovación de pasaportes», concluye una fuente que estuvo presente en la reunión.
