El supuesto pacto entre libertarios y peronistas, revelado en exclusiva por LPO, sumó un nuevo capítulo con una negociación para definir la estratégica comisión bicameral de control de los organismos de inteligencia.
Fuentes al tanto de las negociaciones revelaron a este medio que Santiago Caputo vetó la designación del diputado peronista Eduardo Valdés en la comisión bicameral de Inteligencia, en la que venía trabajando en los últimos años.
Fuentes al tanto de la discusión contaron que Caputo se comunicó con el jefe de bloque peronista, Germán Martínez, y le pidió directamente que Valdés no sea parte de la comisión. El santafesino accedió al pedido y se anotó él mismo para integrar la Bicameral.
Caputo se comunicó con Germán Martínez y le pidió directamente que Eduardo Valdés no sea parte de la comisión. El santafesino accedió al pedido y se anotó él mismo para integrar la Bicameral
Valdés es un personaje incómodo para sectores del mundo del espionaje ya que fue particularmente incisivo con las investigaciones de las maniobras ilegales durante el macrismo. En ese sentido también es significativo que en la nueva conformación de la bicameral no esté Rodolfo Tailhade, que fue reemplazado por la camporista Paula Penacca.
El resto de los peronistas que integrarán la bicameral son los senadores Wado de Pedro, Oscar Parrilli y la riojana Florencia López.
Santiago Caputo
El oficialismo finalmente anotó a los diputados Gabriel Bornoroni y César Treffinger, mientras que el PRO estará representando por Cristian Ritondo y los senadores Edith Terenzi y Martín Goerling. Los radicales Martín Lousteau y Mariana Coletta, y el peronista Eduardo Kueider completan la comisión.
Todavía está en disputa quién será el presidente de la Bicameral. Santiago Caputo promueve al entrerriano Kueider, pero Victoria Villarruel y el PRO quieren que la presida Goerling. El peronismo todavía no definió a quién apoyará.
La ruptura entre el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y su vice, Verónica Abad, puso al país en una delicada crisis institucional.
El vínculo se dañó a penas fue electo el binomio en las elecciones anticipadas del año pasado y terminó con Abad como embajadora de paz en Israel en medio de la guerra en la Franja de Gaza como un forma de sacarse de encima a una figura incómoda.
Ahora, desde Turquía por la escalada de la crisis en Medio Oriente, Abad denunció a Noboa ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en la que acusó de violencia de género a Noboa y otros tres funcionarios cercanos.
Noboa respondió a través de un comunicado del ministerio de Gobierno que califica la denuncia como «un burdo intento de desestabilización» y «un claro intento de golpe de Estado».
El vínculo se dañó a penas fue electo el binomio en las elecciones anticipadas del año pasado y terminó con Abad como embajadora de paz en Israel en medio de la guerra en la Franja de Gaza como un forma de sacarse de encima a una figura incómoda
El Gobierno considera la acción de Abad como «una alianza con la vieja política» que intenta desesperadamente «acceder al poder a cualquier costo». «Es vergonzoso el nivel de desesperación de quienes están detrás de esta denuncia», añade el documento.
Según expresó el Ministerio de Gobierno, la demanda de la vicepresidente Verónica Abad tiene como objetivo «impedir la participación electoral» a Daniel Noboa y sus allegados.
Es vergonzoso el nivel de desesperación de quienes están detrás de esta denuncia
«(La denuncia) deslegitima la voluntad popular expresada en las urnas y quieren impedir su participación electoral al ver que no tienen otra alternativa», afirmó la entidad. «La actitud de Verónica Abad no sorprende. Desde hace tiempo quedó claro que no compartía los valores ni los principios de este Gobierno», enfatiza.
La estrategia de Noboa es trasladar esta crisis a la campaña electoral. En febrero del año que viene habrá elecciones presidenciales y proyecta un nuevo mano a mano con el correísmo encarnado en Luisa González.
El punto es que con la demanda de la vice, el presidente de Ecuador podría ser suspendido de sus derechos políticos entre dos a cuatro años y quedaría fuera de la candidatura de febrero.
Los radicales y el peronismo le dieron media sanción al proyecto de ampliación presupuestaria para las universidades, al aprobar con 143 votos afirmativos el dictamen de la UCR, el pichettismo, los lilitos e Innovación Federal, mientras que el rechazo de los libertarios y el PRO cosechó 77 voluntades.
El expediente propone una actualización del presupuesto destinado al sistema universitario en base a la inflación del año pasado, según mediciones del Indec. La indexación sería por bimestre, combinando el 50 por ciento con la variación del IPC, el 25 por ciento por el tipo de cambio y el resto por aumentos de tarifas de servicios públicos.
Por otra parte, se postulaba la obligatoriedad de realización de auditorías a cargo de la AGN.
El pichettismo fracasó en su intento por forzar un cuarto intermedio en la sesión de este miércoles, con el propósito de que se pudiera sostener la convocatoria al recinto prevista originalmente para este jueves bajo la intención de debatir el decreto que amplía los fondos reservados de la SIDE. Por 122 votos contra 115, la bancada Encuentro Federal (EF), expresada en esta iniciativa por Nicolás Massot, perdió la disputa, y minutos más tarde tuvo que anunciar que pospondrían el llamado «debido a la obstrucción» del oficialismo y los aliados.
La derrota había empezado a cocinarse ya durante la reunión de Labor Parlamentaria, tal como explicó LPO. En ese momento, Miguel Pichetto planteó que el reglamento habilitaba a interrumpir la sesión en curso por un cuarto intermedio hasta la semana entrante y reabrir el recinto mañana, con otro temario en otra sesión, pero Martín Menem, el macrismo y los radicales se opusieron.
Luego del frustrado intento de Massot, fue el lilito Maximiliano Ferraro quien reclamó que se incorporase el DNU a la lista de expedientes en discusión. El riojano accedió a la solicitud y sometió la iniciativa a votación pero el saldo fue de 135 voluntades por la afirmativa y 100 por la negativa, cuando se necesitaban las tres cuartas partes de los presentes.
El resultado terminó de desinflar el ánimo del peronismo y el pichettismo, aunque dos diputados de la UCR consultados por LPO trataron de mostrarse optimistas. «Demostramos que con 135 votos podemos voltear el DNU», se jactó uno de ellos, mientras que el otro reivindicó que hubo 18 radicales sobre 34 que acompañaron el pedido de Ferraro.
LPO había informado que desde La Libertad Avanza (LLA) habían anunciado el compromiso de conformar la Bicameral de Inteligencia, algo que también reclamaban los senadores aliados Eduardo Vischi y Juan Carlos Romero en la reunión que tuvieron el martes con la vicepresidenta Victoria Villarruel y el vicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán.
Hubo 18 radicales sobre 34 que acompañaron el pedido del lilito Maxi Ferraro de tratar el rechazo al DNU de los fondos reservados.
Si bien desde el entorno de Emilio Monzó, el principal damnificado por la integración resuelta por Menem, dijeron durante la tarde del miércoles que «nada tiene que ver la conformación de la Bicameral con el tratamiento del decreto de la SIDE», el desarrollo de la jornada sembró suspicacias sobre la conducta de fracciones minoritarias pero determinantes en el radicalismo.
Desde el comienzo de la semana, el gobierno había implementado un juego de pinzas con la promesa de acelerar la designación de autoridades de la Bicameral de Inteligencia, por un lado, y la presión sobre mandatarios provinciales para que persuadan a sus legisladores de no dar quórum a la sesión convocada por Massot. Las reuniones de Menem con Raúl Jalil y Rogelio Frigerio que reveló LPO cobraron otro sentido con el paso de las horas.
En un despacho sin ataduras con el gobernador de su provincia, por caso, confesaron que los diputados de su tierra recibían llamados de su jefe político. Similar era la situación de una fracción del radicalismo, en aquellas jurisdicciones donde los lazos de organicidad entre el mandatario y el legislador son aceitados. «Los gobernadores están recibiendo plata, más o menos, no importa, pero piden a sus diputados que se ordenen», admitieron ante LPO.
Desde el comienzo de la semana, el gobierno inició una presión sobre los gobernadores para que persuadan a sus legisladores de no dar quórum a la sesión convocada por Massot. Las reuniones de Menem con Raúl Jalil y Rogelio Frigerio se entendieron con el avance de la sesión.
Un detalle que los observadores más agudos destacaban en los pasillos del Congreso era que esa convocatoria no había sido firmada por Pichetto, sino por el legislador bahiense y otros colegas suyos. «Pichetto no está de acuerdo con voltear el decreto pero respaldó a sus diputados», argumentó una fuente parlamentaria.
La estrategia del oficialismo solo tambaleó, más allá del desorden que habilita Menem casi como si fuera una estética de su conducción, al inicio de la sesión y cerca de las 19, cuando el peronismo los sacudió con pedidos de apartamiento del reglamento y mociones de orden.
De hecho, el riojano tuvo que llamar a un cuarto intermedio porque Germán Martínez y el FIT amagaban con arrastrar una cantidad de diputados fuera del recinto y dejar a LLA sin quórum, si no se admitían las cuestiones de privilegio que apuntaban contra el propio Menem, el grupo de los seis que visitaron a los genocidas en el penal de Ezeiza o la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Los diputados peronistas José Glinski y Máximo Kirchner.
Fue en ese momento que el diputado Eduardo Toniolli planteó una cuestión de privilegio contra Menem por «haber generado las condiciones operativas que permitieron que un grupo de integrantes de este cuerpo hayan visitado el penal de Ezeiza condenados por delitos de lesa humanidad». Asimismo, el santafecino aclaró que «no fue un hecho aislado», y cargó contra Beltrán Benedit y Guillermo Montenegro por haberse trasladado en un vehículo oficial a la unidad penal N° 34, ubicada en Campo de Mayo.
Igual que frente a las demás cuestiones de privilegio, el presidente del cuerpo derivó el recurso a la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Nicolás Mayoraz. Como señaló después Martínez, ese legislador es uno de los miembros del chat animado por jueces, fiscales, curas y dirigentes libertarios que buscan elaborar un decreto para otorgarles prisión domiciliaria a los represores condenados que sean mayores de 70 años. Al cierre de esta nota, la victoria del oficialismo parecía más que contundente.
A la par de las reacciones de repudio a Alberto Fernández por el escándalo que lo involucra por violencia de género, en el peronismo comienzan a surgir posicionamientos concretos en lo relativo a la causa por abuso sexual en la que está procesado Fernando Espinoza.
En las últimas horas, tanto la referente matancera del Movimiento Evita, la ex diputada Patricia Cubría, como el ex secretario de Derechos Humanos, el camporista Horacio Pietragalla Corti, pidieron que el intendente de La Matanza se aparte de su cargo.
«Moralmente debemos hacer lo que se debe hacer. Si hay pruebas y una situación como la que se está relatando, la justicia debe actuar, como en el caso de Alberto Fernández», dijo Cubría este miércoles en declaraciones a Radio Perfil.
La dirigente social y esposa de Emilio Pérsico enfrentó a Espinoza en las PASO de 2023. Ya en mayo, dijo que el intendente matancero «se esconde» tras conocerse su procesamiento.
Ahora, dijo que Espinoza debería dejar el cargo. «Me parece horrible y violento que debamos convivir con quienes están acusados», sostuvo. Y agregó: «Ningún cargo puede hacer que no estemos en igualdad ante la ley».
A la menor denuncia de un caso así, hay que renunciar, poner al segundo que sigue en el cargo y ponerse a disposición de la Justicia
Como contó LPO, cuando se conoció el procesamiento de la jueza de primera instancia, concejales del PRO presentaron un proyecto de resolución que establecía el requerimiento de licencia sin goce de sueldo.
El oficialismo local, con amplia mayoría, había bloqueado esa iniciativa. Pero, ahora, en la oposición miran con atención el posicionamiento del Movimiento Evita en el Concejo de ahora en más.
Por su parte, Pietragalla dijo que Espinoza «tendría que renunciar y que la Justicia resuelva».
Me parece horrible y violento que debamos convivir con quienes están acusados
En declaraciones a Canal 9, el ex secretario de Derechos Humanos y dirigente de La Cámpora de Esteban Echeverría, sostuvo: «Somos hombres grandes, adultos y con mucha más responsabilidad que un ciudadano común. Entonces, a la menor denuncia de un caso así, hay que renunciar, poner al segundo que sigue en el cargo y ponerse a disposición de la Justicia».
Espinoza y su denunciante, su ex secretaria Melody Rakauskas, estarán cara a cara este jueves a las 14. Será por por la demanda de daños y perjuicios que tramita en el Fuero Civil.
«Lamentablemente le tengo que volver a ver la cara al abusador», dijo Rakauskas este miércoles a LN+. Se trata de una mediación obligatoria, dado que estaba por prescribir la parte civil en lo que respecta al abuso.
«Yo nunca reclamé un centavo por todos los daños y perjuicios que me estuvo ocasionando. Siempre fui por el lado Penal. Lo quería ver preso, la parte Civil es algo secundario», agregó.
La presencia de Espinoza frente a su denunciante se dará en un marco de excepcionalidad, considerando que persiste sobre el intendente de La Matanza la prohibición de acercamiento a Rakauskas que la jueza que lo procesó le dictó en mayo pasado, junto a un embargo por 1.500.000 pesos.
Alberto Fernández renunció -ahora sí- a la presidencia del Partido Justicialista. En su carta, el ex presidente sostiene que su dimisión a la conducción del partido es «indeclinable» y agrega que tomó la decisión ante «la denuncia por presunta violencia de género» por parte de la ex primera dama Fabiola Yañez.
La semana pasada había trascendido una carta en la que el ex presidente renunciaba al partido. Sin embargo, el apoderado del PJ, Eduardo López Wesselhoefft, indicó que no había recibido ningún escrito.
El propio López Wesselhoefft confirmó este miércoles a LPO que ahora si recibieron el texto de renuncia y que es distinto al que había trascendido días atrás.
«En el marco de la denuncia por presunta violencia de género a partir de la cual estoy siendo investigado en la Justicia Federal, vengo a elevar mi renuncia indeclinable al cargo de presidente del Partido Justicialista orden nacional con el que oportunamente me honrara», expresó Alberto en su misiva.
El ex presidente dijo tener el «deber y la necesidad de manifestar que esta decisión la tomó con el único propósito de no involucrar al partido en el que siempre milité en los hechos que falsamente se me endilgan».
«Deseo que ninguna esquirla del linchamiento mediático al que estoy siendo sometido pueda lastimar a este partido en el que militan hombres y mujeres que tanto hicimos por la igualdad de género y respeto a las diversidades».
Con mi alma lastimada por tanto escarnio y siendo víctima de una cruel operación que también lastima a mis hijos, saludo a cada compañero y compañera con mi compromiso de siempre.
Fernández reiteró que «los hechos que se me imputan son falsos. Aún aguardo que la Justicia actúe como tal, deje de lanzar irregularmente datos a través de los medios de comunicación y me permita ejercer el derecho legítimo a la defensa».
«Con mi alma lastimada por tanto escarnio y siendo víctima de una cruel operación que también lastima a mis hijos, saludo a cada compañero y compañera con mi compromiso de siempre», finalizó el ex mandatario.
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Casi en simultáneo con la renuncia presentada por Fernández, el Partido Justicialista de la Ciudad, espacio donde históricamente militó el ex presidente, buscó tomar distancia y repudió «de forma contundente todo hecho de violencia de género, provenga de quien provenga».
«Frente a la gravísima denuncia contra el expresidente Alberto Fernández, consideramos que corresponde ponerle fin a su licencia y apartarlo definitivamente de la presidencia del Partido Justicialista Nacional para continuar con la reorganización de la jefatura partidaria iniciada en el último Congreso», manifestaron, pese a que la renuncia ya se habría producido para entonces.
«El PJ siempre ha luchado por una sociedad justa, libre e igualitaria», agregaron desde la estructura que preside el senador camporista Mariano Recalde, para concluir: «Es necesario expresar y dejar clara nuestra postura como condición para reconstruir nuestra fuerza política. Tenemos que hacerlo para ofrecer una alternativa de gobierno que vuelva a representar la esperanza del pueblo argentino».
El massismo impulsa una ley en la provincia de Buenos Aires que podría impactar de lleno sobre las empresas licenciatarias de juego online. La idea es sumar el reconocimiento facial como medida de seguridad para validar la verdadera identidad de quienes apuestan.
El objetivo del proyecto es evitar que los menores se registren con los datos de sus padres o familiares cercanos incorporando la incorporación de la autenticación por factor facial (AFF) cada vez que el jugador ingrese a apostar.
Actualmente, los dueños de las licencias de apuestas online se amparan en la Ley 15.079, la cual no obliga a validar fehacientemente quien está realizando las apuestas. De esta manera, los titulares de las licencias deben comprobar la exactitud de la información brindada para evitar de esa forma que los menores puedan adulterar esos datos.
En la provincia operan el juego online cinco grandes empresas:
– Betwarrior, propiedad de las empresas DAGMA, Inverclub y Nortia. La empresa está asociada a Intralot International Limited, una compañía inscripta en Chipre.
– Betsson: empresa sueca que tiene como socio local a Daniel Mautone, dueño de Casino Victoria
– Betano: una compañía inscripta en la provincia con la firma Insipia Ltd, que tiene origen en Malta pero está radicada en Mendoza. Opera a través de una UTE con Atlántica Juegos SA, de Mautone.
– BPlay: una UTE conformada por Boldt Entretenimientos (de la familia Tabanelli) y Cassava Enterprises, una compañía radicada en Gibraltar.
– Bet365: de Hillside (New Media Malta) con la empresa Pasteko SA, del empresario Gastón Stefani, como socia local.
– Sportsbet: un sitio operado por Argenbingo, de Nazareno Lacquanti (titular del Bingo Moreno), que se asoció con Will Hill, una compañía de origen británico considerada como una de las empresas más grandes del panorama del juego online internacional.
«Al requerir de manera digital una autenticación facial (AFF), como la que se pretende, se pone en cabeza de las licenciatarias la obligación de cumplir con un requisito más e ineludible, verificando quién está detrás de cada apuesta», dijo el autor del proyecto, el diputado Rubén Eslaiman.
La ludopatía infantil es una enfermedad silenciosa y en crecimiento. La ciberludopatía es la adicción al juego en línea, que incluye apuestas deportivas, casinos virtuales, videojuegos con elementos de azar y otras formas de juego que se realizan a través de internet.
A principios de julio, el gobierno de la provincia presentó un programa para combatir las apuestas ilegales online y puso en marcha una mesa de trabajo se enfocará en siete puntos.
Esos puntos incluyen la creación de un observatorio de ludopatía, la concientización en escuelas, la regulación de la publicidad, el control y la atención de la problemática en centros de salud mental.
Desde el gobierno sostienen que el 80% de las apuestas tiene lugar en las plataformas ilegales y que se avanzará en el bloqueo de las direcciones de IP de todos los sitios de apuestas en las 4.700 escuelas de la provincia.
En medio del intento del gobernador Pullaro para renovar la Corte Suprema de la provincia, el diputado radical Fabián «Palo» Oliver, quien entró en la última elección en una alianza con la izquierda, presentará un pedido de juicio político al juez Daniel Erbetta.
El tema tiene un trasfondo político innegable. Desde el gabinete de Pullaro están furiosos con el juez de la Corte por haber habilitado a votar a los menores de 16 y 17 años aunque evitan confrontar abiertamente con Erbetta y en la Legislatura se sospecha que el Ejecutivo está detrás de la denuncia de Oliver que pertenece al bloque Frente Social y Popular que preside Carlos del Frade.
Oliver acusa al magistrado por abuso de autoridad e incumplimiento de funcionario público por dos actuaciones del año pasado. La primera, cuando siendo presidente del Tribunal Electoral, Erbetta bajó la edad de votación a los 16 años para equiparar a la provincia con Nación
«Lo hizo cuando ya estaba vencido el período de revisión del padrón sin posibilidad de tacha y violando la Constitución de Santa Fe que habilita desde los 18 años», explicó Oliver a LPO quien adelantó que también pedirá el jury de enjuiciamiento para los jueces Ivaldi Artacho y Armando Drago, los otros integrantes del Tribunal Electoral.
«Los jueces electorales cumplen funciones administrativas, no tienen facultades para interpretar la ley y debe aplicar la norma a la materia
«Los jueces electorales cumplen funciones administrativas, no tienen facultades para interpretar la ley y debe aplicar la norma a la materia», agregó Oliver en sus declaraciones a este medio.
Para Erbetta, no existen fundamentos para habilitar un proceso en su contra, «sino cualquier fallo en disidencia sería causal de juicio político. Atenta contra los principios básicos de la división de poderes», consideró ante la consulta de LPO y dijo que es tan irregular lo que plantea el diputado radical que se solidarizaron desde los colegios de magistrados y asociaciones de profesionales de todo el país. ¿Qué delito se me adjudica?», se preguntó el juez.
Fabián «Palo» Oliver
De hecho, en su momento el procurador de la Corte Jorge Barraguirre dictaminó en el mismo sentido que Erbetta, a favor de bajar la edad para que los jóvenes de Santa Fe puedan votar a partir de los 16 años como sucede en las elecciones nacionales. Sin embargo, Barraguirre no fue mencionado por Oliver.
«Yo resolví con un dictamen firme del procurador. Si fueran a promover un juicio político en mi contra deberían hacerlo también contra el procurador. No lo digo para que lo enjuicien al procurador, sino para dar una idea de la magnitud de esta desmesura», dijo Erbetta a este portal.
La otra situación que apelará el diputado en su acusación lo tuvo como protagonista de una polémica que suele repetirse en las elecciones provinciales. Según el Decreto 9280 que viene de la época de la dictadura, establece un piso de votos del 3% del padrón electoral para que los candidatos accedan al cálculo del sistema D’Hont para integrar la Cámara Baja.
El año pasado, luego de las elecciones, el ex socialista Rubén Giustiniani que había sacado 72 mil votos no pudo superar el piso y esa banca terminó quedando para Fabián Oliver. En el medio, la Corte que estaba presidida por Erbetta, falló a favor de Giustiniani argumentando que la norma que establecía un mínimo de votos provenía de la época de la última dictadura cuando en retirada, fijó los criterios para la primera elección de la apertura democrática.
Luego, la Cámara de Diputados definió por mayoría otorgarle la razón a Oliver y posteriormente esa decisión fue refrendada por la Corte. Sin embargo, el diputado no quiere dejar el tema ahí y ahora quiere llevar la discusión a la Legislatura en el juicio político a Erbetta.
Lo curioso es que la ley que benefició a Oliver y dejó a Giustiniani afuera de la Cámara le impidió asumir en 2011 al presidente del bloque que integra el diputado radical, Carlos del Frade quien hace años intenta modificar la normativa y eliminar el piso electoral pero no logró el acompañamiento mayoritario de la Cámara Baja.
Domingo Rondina, fiscal de Estado y ex abogado de Carlos del Frade
Quien representó legalmente a del Frade en esa faena fue el abogado Domingo Rondina, actual fiscal de Estado designado por el gobernador Pullaro. En su momento, el letrado argumentó en contra del decreto-ley que estipula el piso electoral y dijo que «tiene una génesis ajena a los procesos constitucionalmente establecidos por emanar de poder ilegítimo» y agregó que «dispuso un umbral donde la Constitución Provincial no lo admite».
Esto significa que el actual fiscal de Estado opinó en el mismo sentido que Daniel Erbetta, al menos durante los años en que tuvo a su cargo la defensa de del Frade: «Habría que preguntarle al procurador Barraguirre sobre el voto de menores de 16 y 17 años y al fiscal de Estado Rondina sobre la constitucionalidad o no de la norma electoral que perdura desde la dictadura». Vale aclarar que, sobre este último punto, la Corte provincial la consideró válida en cinco oportunidades con la disidencia de Erbetta desde que ingresó al Máximo Tribunal.
Capítulo aparte se abrirá cuando el pedido de juicio político ingrese a la Cámara de Diputados donde debe conseguir mayoría especial. El oficialismo cuenta con 28 bancas y el bloque de Fabián Oliver tres, por lo tanto, requerirían otros 3 para que el juicio prospere. Sin embargo, difícilmente el Socialismo aporte los 14 votos de su bancada ya que a Erbetta lo propuso para la Corte Hermes Binner. El radicalismo tampoco votaría unánimemente el juzgamiento del magistrado y otro tanto en el peronismo. Lo cierto es que no le será sencillo a Oliver conseguir los 34 votos para acusar a Erbetta.
En el marco de los festejos por los 358 años de la fundación de Quilmes, Mayra Mendoza publicó un video junto a Cristina Kirchner en el que la ex presidenta saluda por el aniversario a los vecinos de esta ciudad del sur del Conurbano.
«Espero que coman ricas tortas y que disfruten mucho del aniversario. Los quiero mucho», dijo Cristina luego de las actividades que realizó en el Instituto Patria junto a dirigentes que la acompañaron tras su declaración testimonial por el intento de asesinato que sufrió en 2022.
«Estamos orgullosos y orgullosas de esta patria chica en la que vivimos y, en este nuevo aniversario, redoblamos los deseos y los compromisos de vivir en una ciudad con igualdad, trabajo e inclusión», dijo la intendenta de Quilmes.
Para dar comienzo a los festejos que van a hacerse, en el municipio llevaron adelante un acto institucional junto a integrantes del gabinete municipal, concejales y miembros de la comunidad quilmeña.
Siendo una de las dirigentes más cercanas a la ex presidenta, Mayra Mendoza acompañó a Cristina en una jornada relevante en la causa por el intento de magnicidio.
«Tenemos que poder primero estar con una persona que nos dio muchísimas de las posibilidades. Yo siempre digo que soy de una generación política que fue convocada por Néstor y Cristina cuando en el 2001 no creía en nada, en absolutamente nada. Y hoy soy una mujer, ya mamá e intendenta comprometida con la Argentina», dijo.
Patricia Bullrich se sentó a la cabecera de la mesa del plenario de la Cámara de Casación Penal, en Comodoro Py, por invitación del juez Gustavo Hornos, responsable del Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles, sin que ninguno de los presentes requiriese información sobre las visitas de diputados libertarios a represores ni la sospecha de su actuación en la promoción de la prisión domiciliaria para genocidas mayores de 70 años.
Fuentes al tanto de la actividad dijeron a LPO que la funcionaria «presentó algunos proyectos de gestión, como ampliación de plazas y mejora de infraestructura». «Habló sobre la baja del delito en Rosario y planteó que la Ciudad de Buenos Aires debe hacerse cargo de sus presos», resumieron.
Bullrich asistió a la sala donde habitualmente celebran los acuerdos los magistrados del máximo tribunal penal del país, paradójicamente, el mismo día que Cristina Kirchner pero dos horas después.
La ex presidenta declaró ante el tribunal que investiga el atentado en su contra, ocurrido el 1° de septiembre de 2022, y su defensa responsabilizó desde el inicio de la causa al entorno de la ministra, compuesto entre otros por el diputado Gerardo Milman, quien habría mantenido premonitorias conversaciones con sus asesoras y cuyo teléfono celular habrían borrado peritos informáticos para ocultar pruebas.
Uno de los jueces de la Casación que accedió a conversar con LPO reconoció que lo sorprendió que Hornos invitara a Bullrich justo el mismo día que asistiría Cristina. Ambas visitas estresaron el despliegue de seguridad del edificio.
Por lo demás, un juez federal que no asistió al encuentro reprochó que «la ministra no brindó explicaciones sobre las visitas a genocidas». «Se sentó a la cabecera y se explayó sobre la construcción de nuevas plazas», explicó en referencia a la ampliación del espacio para cada detenido dentro del sistema carcelario.
Curiosamente, ni los representantes de los organismos que integran el sistema interjurisdiccional ni los jueces de revisión o de ejecución plantearon sus inquietudes frente al reciente posteo de Javier Milei sobre el sistema penitenciario. En su mensaje, el Presidente compartió la foto de una cárcel con la frase «la sociedad ideal progre», y enumeró una serie de características denigratorias como «no hay que trabajar» y «mucho sexo gay».
Al respecto, un miembro de la Casación apuntó que «es inaceptable para el Poder Judicial». «Esto es un aval, un espaldarazo en favor de la administración», completó.
