Una jueza de Menores de Rosario declaró nulo e inválido un allanamiento de la policía de Santa Fe porque se realizó sin orden judicial, en base a una disposición legislativa reciente promovida por el gobierno de Maximiliano Pullaro. La determinación muestra las tensiones que existen entre una normativa reciente que es parte de la política criminal del Ejecutivo santafesino y la interpretación de jueces que son los que deben hacer valer las garantías para que un acto policial contra la intimidad sea válido.
Lo que estaba en discusión es la validez jurídica del allanamiento a un menor de edad punible que está acusado de participar de una balacera al que se le allanó el domicilio por la normativa de flagrancia vigente. La defensa cuestionó que se alegara que el implicado estuviera en un hecho flagrante porque entre el episodio en cuestión y la intrusión policial al domicilio transcurrieron doce horas.
La jueza María Dolores Aguirre Guarrochena no cuestionó la investigación que le llevó la fiscal Virginia e incluso tuvo por formulada la imputación. Pero sí atacó el criterio de la urgencia que acá no existió como para que se solicitara el allanamiento a la autoridad judicial competente. En este caso porque habían pasado doce horas desde que el implicado presuntamente actuó hasta que la policía ingresó sin orden a buscarlo a su vivienda. También ordenó que se bajara del portal oficial de la provincia de Santa Fe una imagen que mostraba al momento de la detención del menor involucrado.
En esta medida aparece un freno a una tendencia que defensores oficiales y privados critican a los jueces santafesinos: avalar todos los pedidos que solicita un Ministerio Público de la Acusación -fiscalías-muy claramente alineada con la política de persecución que promueve el gobierno. Que está encabezado por un gobernador que se manifiesta «antigarantista» pero que viene revestido de una legitimidad en haber bajado los indicadores de delitos de alta violencia.
Muchos jueces de Rosario creen y le dicen a LPO que en la coyuntura Santa Fe está inmersa en un mundo de medidas de un populismo penal que se practica en nombre de la seguridad que pretende quitar el control de los jueces o que estos dejen de ejercer sus frenos y contrapesos en base al miedo a ser cuestionados públicamente. Como acaba de pasar con camaristas de Rosario que traspasan casos de drogas a la Justicia Federal.
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Lo que en este caso concreto produce una discusión que los jueces expresan poco pero cuestionan sotto voce es una modificación de lo que se considera flagrancia. Antes el acto flagrante era cuando el infractor estaba en pleno acto ilegal o en el acto inmediato siguiente, por ejemplo al entrar en algún lugar luego del hecho delictivo. Pero ahora una modificación pedida por Pullaro y aceptada por la Legislatura considera también que es flagrante un hecho cuando el infractor «fuera perseguido o aparezca en un registro audiovisual inmediatamente después de su comisión».
En base a esta modificación la fiscal defendió el allanamiento como un acto lícito. Efectivamente un sistema de videovigilancia hecho con una plataforma de análisis forense e inteligencia artificial instalado por el gobierno santafesino, llamado Lince, permite a los investigadores rastrear trayectorias de sospechosos y reconstruir sus recorridos tras cometer delitos.
Pero acá pasaron doce horas y la jueza Aguirre Guarrochena rechazó que existiera la urgencia.
El sistema Lince demuestra eficacia para identificar autores de delitos. En este caso el acto atribuido a un chico que efectuó al menos ocho disparos con un revólver 22 contra una casa de la zona sur de Rosario. Al cuestionar la urgencia la magistrada no reprocha el caso concreto sino la atribución genérica que puede tener cualquier fuerza de seguridad que se quiera saltear la aprobación judicial para producir una medida que suspende garantías invadiendo la intimidad. La jueza parece decir: «Si te vas a meter doce horas después de un delito en una casa, pedí la orden».
Antes la ley decía que se podía irrumpir sin orden de allanamiento judicial en caso de incendio, inundación o causa que pusiera en peligro la vida o bienes de los habitantes. También cuando personas extrañas hubieran sido vistas mientras se introducían en un local o casa con indicios manifiestos de cometer un delito. Lo que hizo modificar la ley es que ahora hay un sistema de videovigilancia activo que, para la filosofía penal del gobierno provincial, amplía los criterios de flagrancia.
«Hay claramente un ejercicio extendido de populismo penal. Se le están concediendo facultades a policías en desmedro de los jueces. Es cierto que los jueces controlan poco y nada, que toleran que todas las audiencias se hagan de manera no presencial, que sobre todo en temas de microtráfico de drogas habilitan medidas con nula evidencia, o con procedimientos policiales muy cuestionables», dice a LPO un funcionario del Colegio de Jueces de Rosario.
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«En microtráfico de drogas la policía trae cualquier cosa. Miles de procedimiento donde la policía apunta a un sospechoso, entra en una casa y le encuentra droga. Eso no puede ser válido y se valida», indica el interlocutor.
Según este magistrado, con años en su cargo, los jueces no ejercen sus controles y contrapesos, bajo el peso de una dinámica de declaraciones de políticos que objetan a los jueces que ponen frenos y los acusan de ser blandos con los delincuentes, y que también tienen en la mano sistemas de remoción. Algo que si así fuera difícilmente los dispense, porque su función es hacer cumplir las garantías.
«Está muy bien lo que hizo esta magistrada. Es una locura habilitar un allanamiento por acto flagrante doce horas después del hecho», dijo este juez a LPO. Lo que también viene de una consideración muy abierta de la norma que los legisladores santafesinos le habilitaron a Pullaro. Definir qué es «inmediatamente» después de un hecho delictivo queda librado a la discrecionalidad de la interpretación del juez. Alguno puede considerar que medio día después del hecho es algo inmediato. La jueza Aguirre Guarrochena en este caso entendió que no.
