La embajada argentina en Venezuela amaneció rodeada de fuerzas del régimen venezolano en medio de la crisis desatada por las sospechas de fraude electoral.
La cuenta del partido de Machado, Vente Venezuela, publicó las fotos de los efectivos del Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana y alertaron que «Fuerzas policiales del régimen rodean la embajada argentina en Venezuela. Un llamado a los vecinos a impedirlo. Alertamos al cuerpo diplomático acreditado en Venezuela».
Tras el ultimátum de 72 horas dado por Maduro, Cancillería argentina está negociando un salvoconducto para que los asilados puedan salir de Venezuela o trasladarse a otra embajada pero los diplomáticos argentinos creen que es poco probable que suceda.
Fuerzas policiales del régimen rodean la embajada argentina en Venezuela. Un llamado a los vecinos a impedirlo. Alertamos al cuerpo diplomático acreditado en Venezuela
Fuentes de la Cancillería argentina informaron a LPO que ya les dieron formalmente el ultimátum a los diplomáticos y funcionarios consulares en Caracas, luego de que Maduro anunciara ayer la expulsión de los representantes de un grupo de países que no reconocen el resultado de la elección.
Las fuentes indicaron que se trata de una ruptura total de las relaciones. El gobierno venezolano además cerró su sede diplomática en Buenos Aires y ordenó el retiro de los diplomáticos, que se habrían marchado durante la madrugada del martes.
Los asilados siguen en la embajada. Se trata de Magalli Meda, jefa de campaña, el coordinador de Relaciones Internacionales Pedro Urruchurtu, el coordinador de la campaña Humberto Villalobos, la responsable de la comunicación Claudia Macero, el jefe de campaña en el estado de Anzoátegui y diputado Omar González y Fernando Martínez Mottola, asesor de María Corina Machado que fue ministro de Transporte y Comunicaciones durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez.
Una fuente de Vente Venezuela explicó que «la situación a las afueras de la embajada de Argentina es que hasta los momentos ayer les cortaron el servicio eléctrico y hay presencia de funcionarios del DAET de la Policía Nacional Bolivariana asediando los alrededores de la residencia».
Una fuente de Vente Venezuela explicó que «la situación a las afueras de la embajada de Argentina es que hasta los momentos ayer les cortaron el servicio eléctrico y hay presencia de funcionarios del DAET de la Policía Nacional Bolivariana asediando los alrededores de la residencia
«Las solicitudes y gestiones de salvo conducto dependen de la Cancillería venezolana que responde a Nicolás Maduro», dijo casi descartado esa posibilidad.
La noche del martes, el Centro Carter publicó un lapidario comunicado en donde confirma que la elección en Venezuela «no puede ser considerada democrática» porque no respeto los estándares internacionales.
«El Centro Carter no puede verificar o corroborar la autenticidad de los resultados de la elección presidencial declarados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela», sentenció.
El radicalismo terminó el martes por la noche de cerrarle el paso al decreto de Javier Milei para aumentar los fondos reservados de la SIDE de Santiago Caputo. En reunión de bloque, Rodrigo De Loredo respaldó la iniciativa de su colega Francisco Monti, quien por la tarde había enviado una nota a Juan Carlos Pagotto, titular de la Comisión Bicameral de DNU, para que ponga en funcionamiento ese cuerpo y someta el asunto a debate.
La misiva de Monti estaba firmada también por el pichettista Nicolás Massot y el senador correntino Carlos Camau Espínola. La gestión del legislador radical y el apoyo pleno de su bancada anticipa que el rechazo a la normativa presidencial para incrementar en 100.000 millones de pesos el dinero para el aparato de inteligencia podría orillar los dos tercios en recinto.
Según fuentes del radicalismo, uno de los diputados advirtió que entre los fundamentos del decreto figura que «esa partida se explica por la reestructuración pero la ley de inteligencia establece que los gastos reservados son aquellos que se podrán usar para operaciones de inteligencia, no para gastos corrientes». «En la historia occidental jamás nadie reestructura su sistema de inteligencia por decreto y el DNU 614/24 debería ser rechazado in limine», planteó.
La UCR cuenta con 34 diputados y la bancada de Miguel Pichetto, que contiene bajo la forma de interbloque a los lilitos, autores de un proyecto de anulación del DNU, e Innovación Federal, trepa a 31. Si a esas 65 bancas se sumaran las 5 del FIT y las 99 de Unión por la Patria, el rechazo ascendería a 169 voluntades. Las dos terceras partes de la Cámara Baja, con todos sus miembros presentes, está fijada en 171 y los dos votos restantes podrían provenir de los santacruceños José Garrido y Sergio Acevedo.
El senador Pagotto
No obstante, la iniciativa de Monti y Massot es para poner el marcha la discusión en la Bicameral que Pagotto tiene planchada. Y aun cuando el DNU no se trate en esa instancia, podría llevarse a recinto pasados los 10 días de su ingreso al Congreso.
La carta del radical y el pichettista al riojano recuerda que el 22 de febrero pasado Massot mocionó que la Bicameral se reuniera todos los martes a las 10 de la mañana y Pagotto contrapropuso que el día de encuentro fuese los jueves. La idea se votó por la afirmativa y el titular de la comisión se comprometió a notificar el horario de la cita pero sus integrantes no volvieron a trabajar en ese cuerpo desde el último 25 de abril.
Un legislador radical le dijo a LPO tras la reunión de bloque que «si el tema toca el recinto, difícilmente sobreviva».
El Centro Cartes publicó las conclusiones de su informe como observador internacional de las elecciones en Venezuela.
El instituto estadounidense planteó que «la elección presidencial de Venezuela de 2024 no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática. El Centro Carter no puede verificar o corroborar la autenticidad de los resultados de la elección presidencial declarados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela».
El texto continúa: «El hecho que la autoridad electoral no haya anunciado resultados desglosados por mesa electoral constituye una grave violación de los principios electorales. El proceso electoral de Venezuela en 2024 no ha alcanzado los estándares internacionales de integridad electoral en ninguna de sus etapas relevantes y ha infringido numerosos preceptos de la propia legislación nacional. Se desarrolló en un ambiente de libertades restringidas en detrimento de actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación».
En ese sentido, sostiene que «a lo largo del proceso electoral, las autoridades del CNE mostraron parcialidad a favor del oficialismo y en contra de las candidaturas de la oposición. En el campo específicamente electoral, la actualización del registro de electores se realizó con numerosos inconvenientes: plazos muy cortos, relativamente escasos lugares de inscripción y una mínima campaña de información y difusión públicas».
«El problema se agravó en el exterior, donde los ciudadanos enfrentaron barreras legales desmedidas, incluso arbitrarias, para inscribirse en el padrón en el extranjero. El resultado de la restrictiva jornada especial se tradujo en cifras muy bajas de nuevos votantes en el exterior. El registro de partidos y candidatos tampoco se adecuó a estándares internacionales», agregó.
El Centro Carter destaca que «la campaña electoral se desarrolló con un notable desequilibrio a favor del gobierno en todos los campos. La candidatura oficialista contó con muy amplios recursos, lo que se tradujo en la gran desproporción de mítines, murales, vallas y afiches a su favor. Se observó el abuso de recursos públicos, incluyendo el uso de vehículos, la movilización de funcionarios para la campaña y el uso de programas sociales».
«La jornada de votación transcurrió de una manera cívica, pese a restricciones en el acceso a recintos para observadores nacionales y, sobretodo, testigos de partidos, mecanismos de eventual presión sobre el electorado (puntos de control partidario gubernamental en la cercanía de los recintos para verificar la asistencia de los votantes) e incidentes de tensión o violencia reportados en algunas localidades. En el número limitado de recintos visitados, los equipos de observadores del Centro Carter comprobaron la voluntad de la ciudadanía venezolana por participar en un proceso electoral democrático y demostrando su compromiso cívico como integrantes de mesa, testigos de partidos y observadores. Estos esfuerzos fueron desmerecidos por la ausencia de transparencia del CNE en la difusión de los resultados», enfatiza.
El Centro Carter desplegó 17 expertos y observadores a partir del 29 de junio, con equipos en Caracas, Barinas, Maracaibo y Valencia y publicará un informe final de su misión deobservación en Venezuela, detallando todos los hallazgos en este comunicado.
El gremio de Seguridad Privada Upsra tendrá el próximo 6 de agosto una áspera compulsa electoral para definir si habrá renovación o si continúa Ángel García, que con 83 años busca estirar su dominio sobre este sindicato tras más de cuatro décadas de conducción
Se da en un contexto de creciente tensión en donde se denuncian amenazas y una injerencia de barras que enrarece el clima previo. Eso, con la antesala de una guerra por la habilitación de listas opositoras que escaló al punto de generar conflictos dentro de la cartera laboral y la llamativa autoexclusión de un funcionario clave.
Como adelantó LPO, en junio la interna estalló cuando la Junta Electoral del gremio, manejada por García, dio de baja a todas las listas opositoras, incluso la liderada por uno de sus principales competidores, el actual ministro de Trabajo de Santa Cruz, Julio Gutiérrez.
Eso generó impugnaciones ante la cartera laboral nacional para lograr habilitar a las listas opositoras, algo que finalmente sucedió a partir de una reciente resolución de la secretaría que comanda Julio Cordero.
Sin embargo, el aval de las listas que competirán contra García surge luego de denuncias por demoras de la Secretaría en resolver y tras la llamativa decisión que tomó quien tenía que expedirse sobre el tema, el director de Asociaciones Sindicales Claudio Aquino.
En una nota que Aquino envió a Cordero, el director le solicitó a su superior ser excusado de continuar interviniendo en el expediente relativo al gremio de Seguridad Privada.
En el texto al que tuvo acceso LPO, Aquino desmintió una nota periodística que señalaba que el director de Asociaciones Sindicales había avalado la decisión de la Junta Electoral del gremio de dar de baja a las cinco listas opositoras a García.
«Ello es absolutamente falso», refutó Aquino y agregó que, a la fecha de emitido ese texto (12 de julio), no había tomado una definición al respecto. Más allá de salir con esa desmentida, Aquino le pidió a Cordero no tener que expedirse sobre el tema.
El argumento fue llamativo ya que sostuvo que, a partir de estos trascendidos periodísticos, se vio «envuelto en una serie de conflictos familiares y, particularmente, en el desarrollo de mi profesión de docente universitario».
Y dijo que esos conflictos le «impiden por razones de decoro continuar resolviendo en el presente expediente con la serenidad de ánimo y la ecuanimidad que requiere el ejercicio de la función que desempeño».
Como contó LPO, Aquino llegó al gobierno en febrero de la mano de las corporaciones empresarias y es conocido en el mundo gremial por sus fuertes críticas al modelo sindical argentino. Sin embargo, eludió expedirse en el caso de un gremio donde su titular, con más de 40 años al mando, buscaba reelegir sin contrincantes enfrente.
Doce días después de la auto exclusión de Aquino, fue el subsecretario de Relaciones del Trabajo, Martín Huidobro, quien hizo lugar a las impugnaciones y habilitó todas las listas.
Así, entre las listas opositoras a García aparece la lista Azul que lidera Cristian López, cercano a Pablo Moyano, mientras que la lista Rojo y Blanco que lideraba Juan Pablo Fucks, se incorporó a la lista Verde que encabeza Gutiérrez.
Pero esa resolución no terminó con las tensiones internas, sino que se agravaron. Voces de la interna señalaron a LPO que en el clima previo a los comicios se filtran amenazas a algunos candidatos opositores.
«El 6 de agosto se viene una elección muy jodida», aseguran en la oposición y advierten que uno de los integrantes de la lista de Gutiérrez, tendría previsto hacer una denuncia penal por amenazas hacia su persona
Es ahí donde las listas contrincantes focalizan en el vínculo que García mantiene con barras que hoy forman parte de la conducción del gremio, como Miguel Tobar, hermano de Iván Tobar, oponente del «Pata» Medina en UOCRA La Plata y jefe de Los Leales, barra de Estudiantes.
«El 6 de agosto se viene una elección muy jodida», aseguran en la oposición y advierten que Leandro Nazarre, uno de los integrantes de la lista de Gutiérrez, tendría previsto hacer una denuncia penal por amenazas hacia su persona.
Sandra Pettovello faltó a la reunión de gabinete de este martes por la tensión que ya no esconde con Santiago Caputo, el principal asesor de Javier Milei.
La ministra de Capital Humano está enfrentada al líder de los Peaky Blinders desde la histórica marcha universitaria del 23 de abril y nunca recompuso la relación.
«La ministra no fue porque tuvo que estar en Tribunales con el tema del procesamiento de Belliboni», dijeron a LPO cerca de la ministra de Capital Humano y aclararon que su relación con Santiago Caputo es «excelente».
Pero la tirantez es indisimulable y en los últimos días se agravó por los contactos de Pettovello con Mauricio Macri. El periodista Manuel Jove reveló en Blender que la ministra se reunió la semana pasada con Macri, una mancha venenosa para Milei. Como adelantó LPO, el presidente sigue con atención los contactos que el ex presidente tiene con su vice Victoria Villarruel, que comenzaron a expandirse a Córdoba.
Los contactos de Pettovello con Macri se dan justo cuando Caputo intenta robar dirigentes del PRO para dejarlo sin poder y en el mismo momento en el que desde el gobierno detectan que el ex presidente quiere jugar de opositor. La primera evidencia será el jueves en el acto que Macri encabezará en La Boca.
Pettovello también tiene una mala relación con Karina Milei y reniega de la injerencia de Lule Menem en la Anses. Es decir que está mal con los dos principales actores del Gobierno.
Por esto entre los libertarios creen que Pettovello se sostiene en el ministerio no por su amistad con Milei, sino porque el presidente no construyó relaciones políticas como para tener un sustituto de peso.
Finalmente el gobierno de Javier Milei desestimó a la provincia de Buenos Aires y eligió Río Negro como locación para que YPF y la petrolera malaya Petronas desarrollen el proyecto para exportar GNL.
Fue una decisión política atravesada por las tensiones entre la Casa Rosada y el gobierno de Axel Kicillof. Así, la jugada del gobierno libertario supone un duro golpe para el gobernador bonaerense que ve como se le escapa una inversión que se presume podría llegar a los 50.000 millones de dólares.
El viernes, desde YPF blanquearon la contratación de la consultora internacional Arthur D. Litttle, quien iba a realizar un trabajo «técnico» para determinar donde debía construirse la planta que procesará el gas de Vaca Muerta para convertirlo en líquido y exportarlo. Sin embargo, ya parecía estar tomada.
«Es una decisión política y totalmente improvisada, sin sustento técnico. Un capricho del Presidente contra los 17 millones de bonaerenses. No es contra un gobernador, es contra los bonaerenses», dijo a LPO una fuente de Casa de Gobierno. Por el momento, Kicillof no respondió oficialmente a la decisión del gobierno.
Es que todos los especialistas consideraban que el puerto de Bahía Blanca debía ser el lugar elegido por la infraestructura con la que cuenta esa ciudad del sudoeste bonaerense.
En las semanas previas, la polémica respecto de la ubicación de la planta de GNL giró alrededor de la adhesión de la provincia de Buenos Aires al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).
La tensión se disparó cuando el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, dijo que esa adhesión a la ley nacional era una condición necesaria para la millonaria inversión.
Así, mientras el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, logró aprobar en pocos días una adhesión al régimen de incentivos, Kicillof rechazó de plano. En rigor, el RIGI es nacional y constitucionalmente no necesitaba de una adhesión de las provincias. En cambio, anunció el envío de una ley a la Legislatura para crear un RIGI bonaerense, algo que finalmente nunca envió.
La noticia complica además la situación política en Bahía Blanca. Como explicó LPO, el intendente Susbielles ensayó una foto la semana pesada con los representantes de la Libertad Avanza locales y otras fuerzas y gremios. El intendente peronista mantiene una relación con el ex candidato Oscar Liberman,
que está en la mira del partido libertario a nivel nacional.
La sospecha en las altas esferas del partido de Milei es que esa cercanía es parte de un acuerdo explorado antes de la elección. La aparición de Liberman en la foto llamó la atención de los bahienses ya que no tiene hoy cargo para participar de la foto ni de la conferencia.
Con todo, estaba prevista para el miércoles el viaje de una comitiva de legisladores del oficialismo a Bahía Blanca. El grupo estaba liderado por la senadora Teresa García y el diputado Facundo Tignanelli, ambos jefes de los bloques peronistas en la siempre compleja Legislatura bonaerense.
El viaje surgió como una forma de visualizar la infraestructura con la que cuenta la provincia de Buenos Aires y de remarcar que Bahía Blanca era mejor opción que Río Negro. En el oficialismo habían convocado a todos los bloques opositores que rechazaron la invitación. Sólo un sector de los libertarios se comprometió a ir.
Es curioso el distanciamiento de la Legislatura con los tiempos de YPF y Petronas. El directorio de petrolera con mayoría estatal resolvió la locación un día antes del viaje de los senadores y diputados.
El ministro de Gobierno de Corrientes, Carlos Vignolo, ya le habría soltado la mano al gobernador Gustavo Valdés, según el testimonio de dirigentes del radicalismo en la provincia mesopotámica, para apostar por el intendente Eduardo Tassano como relevo de la UCR para el actual mandatario en 2025.
Por la crisis política derivada del Caso Loan, al ex titular del Plan Belgrano durante la administración de Mauricio Macri le escucharon decir en mitines políticos que Juan Pablo Valdés, hermano del gobernador, «no tiene chances en 2025».
Aun cuando este martes apuntó a través de Radio Dos de Corrientes contra los «miserables» que «buscan rédito político» y advirtió que se haría cargo de ellos, el ex intendente de la capital correntina durante el apogeo de los primos Ricardo y Arturo Colombi habría tomado distancia de Valdés cada vez que se sentó a conversar con referentes partidarios en las últimas semanas. «El primer coletazo del Caso Loan es para Juan Pablo Valdés», habría dicho.
En sus declaraciones radiales, Vignolo expresó: «Hay gente más preocupada por instalar la cuestión política que en saber qué pasó con Loan». Después de referirse a esas personas como «miserables», afirmó: «Tenemos identificados a esos actores, y en su momento nos haremos cargo de ellos».
Su frase despertó la indignación del senador kirchnerista Martín Barrionuevo, quien apeló a Twitter para criticarlo. «Ni el Padrino se animó a tanto», tipeó desde su teléfono, y agregó que «cuando el régimen se pone en riesgo, aparecen estas declaraciones».
Vignolo, apodado «el Mono», fue intendente de la capital correntina en 2005, cuando el radicalismo llevaba por sello el nombre Frente de Todos. En despachos judiciales de la provincia consideran que el funcionario, más allá de su cargo formal, es «el verdadero rostro del poder».
Las descripciones de los juzgados coinciden con las de la dirigencia política. «Es mucho más hábil para la rosca que para la gestión», comentaron a LPO, y acotaron que, desde que estalló el escándalo por la desaparición del menor que conmueve al país, «se lo ve eufórico y dice a propios y ajenos que la primera caída por el caso Loan es la de Juan Pablo Valdés».
Su lectura horroriza a la UCR. Uno de los referentes más altos del partido en la provincia contestó a LPO que «la apuesta es conservar la unidad y después se verá, cuando llegue el momento de la elección».
Sin embargo, Valdés quedó muy desgastado por el Caso Loan, sobre todo por el accionar de su entorno, como el senador Diego Pellegrini. De hecho, este martes ingresó al Consejo de la Magistratura una denuncia por mal desempeño contra la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, radicada por Sebastián Pardo, primo hermano de Eduardo Pardo, secretario privado de Valdés.
Fuentes del órgano político del Poder Judicial admitieron que las alegaciones son endebles. En todo caso, revelan el nivel de nerviosismo que maneja el gobierno correntino.
En ese contexto, Colombi aspira al apalancamiento que le podría dar la estructura del radicalismo y, por eso, Vignolo aceita sus vínculos dentro del sistema político local: al tiempo que imagina a Tassano como candidato a gobernador, impulsa al joven lilito Hugo «Cuqui» Calvano como jefe municipal de la capital.
Si bien un operador radical relativizó la autonomía del «Mono» Vignolo con respecto a Valdés, reconoció las ambiciones del secretario de Gobierno. «Es el poder detrás de Valdés y es por eso que se peleó con Colombi», sostuvo un legislador que lo conoce bien, y añadió: «si Ricardo vuelve, su reinado en las sombras se termina y al Mono siempre le fascinó el funcionamiento del binomio Macri-Marcos Peña».
Entre los soldados que le responden, además de Tassano y Calvano, señalan a Sergio «Checho» Flinta, senador desde el 2000. «Juegan por separado pero son dos caras de la misma moneda», graficaron.
La diferencia entre Colombi, Valdés y Vignolo parece jugarse en los tres elementos de la construcción de poder. Mientras que Colombi controló durante mucho tiempo el aparato radical, el actual gobernador acreditaba hasta que explotó el caso Loan atributos de buen comunicador. Al nuevo aspirante de la UCR, en cambio, le imputan el manejo de la pauta publicitaria e injerencia en el Banco de Corrientes.
La frase que lanzó hace varias semanas en su última escala en Córdoba el expresidente Mauricio Macri -y que contó LPO- cuando afirmó que «para ganarle a Milei hay que correrlo por derecha» desnudó parte del acuerdo que el titular del PRO construye en silencio con la vicepresidenta Victoria Villarruel en la región que más creció desde lo electoral en la provincia.
En aquella ocasión, Macri se lo dijo a un grupo de intendentes del Gran Córdoba que trata de atar el exministro de Transporte, Guillermo Dietrich, en su objetivo de avanzar sobre el partido que hoy preside en la provincia el diputado Oscar Agost Carreño. Hombre al que buscan desbancar mediante una intervención que se dilata y que preocupa particularmente a Dietrich. «Es el objetivo de ‘Guillo’ desde hace rato, pero Mauricio no avanzó con eso. Es más, el tema Córdoba lo desgasta a Macri, lo cansa y prefiere poner la energía en otra cosa», reconoció a LPO un dirigente que admite el interés de Dietrich por quedarse con el partido en Córdoba.
Fuente que, además, abona la teoría de una reconfiguración en la mesa chica de Macri a raíz de la insistencia de algunos con la intervención cordobesa.
Sin embargo, la postergación del avance de la tropa de Dietrich que hoy componen intendentes del Gran Córdoba sobre el terreno de Agost Carreño, no solapa el otro objetivo real del expresidente Macri que es el de una construcción transversal con la vicepresidenta Villarruel para alambrarle la provincia al presidente Javier Milei. Ingeniería en la que también interviene, casi en rol de garante, el presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, el empresario macrista Manuel Tagle.
La preocupación en algunos referentes de peso dentro del empresariado cordobés llega -increíblemente- al borde de pensar que Milei se levante un día y largue todo. Por esto avalan el entendimiento entre Macri y Villarruel y participan de algunas reuniones que se hacen en Villa Allende, al norte del Gran Córdoba.
Desde que arrancó la gestión libertaria, Villarruel viajó más veces a Córdoba que Milei y lo hizo, tanto con escalas institucionales como sin ningún tipo de agenda política. En todas, el arribo obligado fue a la casa del cónsul de Dinamarca, Emilio Viramonte Olmos, amigo personal de Villarruel y un hombre del Círculo Rojo que tiene buen vínculo con Tagle.
Al punto que el diplomático fue el anfitrión de un encuentro en la primera parte del año que constó de un almuerzo al que también asistieron, además de los intendentes amarillos del Gran Córdoba, el propio gobernador Martín Llaryora.
Y en una siguiente ocasión, el mismo Viramonte Olmos presentó a Villarruel con el fiscal provincial Enrique Gavier, espada del poder judicial que elogió el propio Macri durante su gestión presidencial,
Manuel Tagle, titular de la Bolsa de Comercio de Córdoba.
Estos contactos federales y por fuera de la órbita de Milei son los que preocupan a la cúpula libertaria en la autonomía de la vicepresidenta, cada vez con más agenda propia por el interior. Y en Córdoba, fundamentalmente, porque detrás está Macri; pero, además, porque la incipiente dirigencia de La Libertad Avanza local no contiene a la tropa propia ni tampoco acumula refuerzos, por ahora, con miras al 2025.
Macri siempre sostuvo que Córdoba era ‘su’ provincia y hasta en los arribos que hace actualmente en modo golf lo ratifica. En el último movimiento, y como un capítulo más de la guerra contra Patricia Bullrich, decidió poner a la segunda de Martín Yeza en la asamblea nacional del partido, la intendenta de Mendiolaza, Adela Arning. Además de tratar de alambrar a la dirigencia para que no se le vaya con Bullrich, termine de romperse el PRO y haya una diáspora a las filas de un nuevo armado entre la ministra y los libertarios.
Por lo que las conversaciones se agitaron con los empresarios del Círculo Rojo cordobés que observan a Macri como un par y que encontraron, además, un salvoconducto con la vicepresidenta. «Algunos pensaban que a este tipo se lo iba a poder dominar y se está saliendo de control. Teníamos todo como para darle una mano, pero no nos da pelota», confió un encumbrado empresario a un histórico armador del Gran Córdoba.
Frase que remató hace un par de días en Córdoba con un: «hay que esperar hasta el 30 de septiembre para ver cómo avanza y después prepararse para el último trimestre del año». En esta última estrategia coincidió también otro empresario de histórica relación con el Gobierno provincial y es uno de los que se sumó a la calificación de «imprevisible» a la hora de definir al presidente Milei.
La preocupación en algunos referentes de peso dentro del empresariado cordobés llega -increíblemente- al borde de pensar que Milei se levante un día y largue todo. Por esto avalan el entendimiento entre Macri y Villarruel y participan de algunas reuniones que se hacen en Villa Allende, al norte del Gran Córdoba.
Estos movimientos confirman que el expresidente decidió romper cualquier tipo de relación con los hermanos Milei y afianza su relación con Villarruel en varios sentidos. Y Córdoba, por tratarse de una plaza atractiva desde lo electoral, no es la excepción.
La duda para muchos es cómo se van a acomodar los integrantes del PRO del Gran Córdoba que tienen, encuesta en mano, un discurso más cercano a Milei o a Bullrich, pero que deben responder a Macri. Desafío que se acentúa a la hora de pensar en las listas del año próximo donde, por ejemplo Tagle, no descarta insistir con Josefina Sandoz, integrante de la Bolsa y candidata a diputada el año pasado.
Y donde, además, el macrismo sabe que Bullrich se correrá definitivamente a un esquema con los libertarios. Por ahora, todos aguardan la reaparición de Macri el jueves para reconfigurar el GPS rumbo al 2025.
Lula rompió el silencio y opinó sobre las cuestionada elecciones en Venezuela. El presidente brasileño se había llamado a silencio durante los dos días posteriores a la elección y su gobierno solo se había expresado a través de su enviado a Caracas y asesor en Política Exterior, Celso Amorim, y con un escueto comunicado de la Cancillería.
Ambos coinciden que lo que destrabará la crisis por las sospechas de fraude será la presentación de las actas que el chavismo no parece estar dispuesto a hacerlo.
En ese marco de crisis, Lula dijo que lo del domingo fue un proceso normal y tranquilo» y intentó calmar los ánimo al sostener que «es normal que haya una pelea», por las protestas de la oposición.
«Las personas que no están de acuerdo tengan derecho a expresarse y a probar por qué no están de acuerdo, así como el Gobierno tiene derecho a probar que tiene razón», agregó el presidente brasileño.
Las personas que no están de acuerdo tengan derecho a expresarse y a probar por qué no están de acuerdo, así como el Gobierno tiene derecho a probar que tiene razón
En otro tramo de su discurso, Lula instó al Consejo Nacional Electoral a que presente las actas para evitar las dudas y, en su defecto, acudir a la justicia. «Lo que sea resuelto entonces tendrá que ser acatado por la gente. Todos tenemos la obligación de reconocerlo», insistió.
Today, I spoke with President Luiz Inácio Lula da Silva of Brazil to discuss a range of bilateral and regional issues, including the emerging political situation in Venezuela following their presidential election.We agree on the need for an immediate release of full,…
Es evidente que el presidente de Brasil no quiere romper los puentes con Maduro y por eso evita una condena, pero en la medida que la situación empeore y se avancen en la detención de opositores, esta postura será cada más compleja de sostener.
Mas temprano, Lula conversó con Biden por teléfono en donde «coincidieron en la necesidad de que las autoridades electorales venezolanas divulguen de inmediato datos completos, transparentes y detallados de la votación a nivel de mesa electoral».
Tanto EEUU con Brasil afirmaron que esta crisis «representa un momento crítico para la democracia en el hemisferio».
Por su parte, en un mensaje publicado en sus redes Biden dijo: «Hoy he hablado con el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre una serie de cuestiones bilaterales y regionales, entre ellas la situación política que se vive en Venezuela tras las elecciones presidenciales».
La Casa Blanca también difundió un comunicado en el que remarca: «Estados Unidos ha estado siguiendo de cerca las elecciones presidenciales de Venezuela que tuvieron lugar el domingo 28 de julio y los anuncios posteriores del Consejo Nacional Electoral de Venezuela».
Seguimos pidiendo a las autoridades electorales de Venezuela que publiquen los resultados electorales completos, transparentes y detallados, incluidos los desglosados por colegios electorales. Esto es especialmente crítico dado que hay señales claras de que los resultados electorales anunciados por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela no reflejan la voluntad del pueblo venezolano tal como se expresó en las urnas el 28 de julio
El texto continúa: «Seguimos pidiendo a las autoridades electorales de Venezuela que publiquen los resultados electorales completos, transparentes y detallados, incluidos los desglosados por colegios electorales. Esto es especialmente crítico dado que hay señales claras de que los resultados electorales anunciados por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela no reflejan la voluntad del pueblo venezolano tal como se expresó en las urnas el 28 de julio».
«También estamos revisando otros datos electorales compartidos por organizaciones de la sociedad civil y los informes de observadores electorales internacionales», finalizó.
El gobierno presentará el miércoles una serie de modificaciones al Código Urbanístico en la Legislatura. La normativa permitirá construir más metros en corredores del norte si un desarrollador también construye esos mismos metros en la zona sur y obligará a incrementar los pulmones de manzana.
La ley obliga a que cada cinco años el gobierno proponga modificaciones al Código Urbanístico vigente.
La Transferencia de Edificabilidad es la mayor novedad que trae el «nuevo» código. Implica la posibilidad de que los desarrolladores consigan mayor cantidad de superficie que la permitida en una zona si construyen esos mismos metros en otra.
Por cuestiones de rentabilidad, los desarrolladores buscan conseguir mayor superficie en el corredor norte de la Ciudad y están dispuestos a compensar con construcciones en la parte sur. Fue la idea que los grandes jugadores le transmitieron al Secretario de Desarrollo Urbano, Álvaro García Resta, y que el gobierno aceptó.
Esa Transferencia de Edificabilidad es el centro de una polémica que deberá dirimir la Legislatura: si la superficie excedente se otorga una vez construidos los edificios en el sur o alcanza con presentar los planos. «Lo más probable es que te los otorguen con la obra avanzada», confiaron a LPO fuentes del sector.
El código implementará las USAB, zonas con distintos grados de protección la «identidad barrial». En que tengan USAB 0, no podrá haber ninguna modificación a la altura máxima previa al Código de 2018, mientras que las USAB 1 o 2 permitirán modificaciones leves.
Se trata de una promesa de campaña de Jorge Macri motivada por las quejas de vecinos. Esas restricciones se aplicarían en sectores de Devoto, Coghlan, Villa Crespo, Caballito, Colegiales, Parque Chás y Barrio River. Espacialmente en donde las protestas fueron más fuertes.
Básicamente se trata de regresar al código «pre Carlos Colombo». Sin embargo, en algunas zonas de esos mismos barrios, principalmente en las avenidas, se permitirá mayor altura.
Las modificaciones al código buscan acotar la profundidad de las construcciones para tener mayores pulmones de manzana.
Una de las mayores incógnitas es qué sucederá con las habilitaciones de obra que se presenten hasta la sanción de una nueva normativa. ¿Por qué? El código vigente es más permisivo en comparación a la futura normativa que la Legislatura comenzará a discutir en los próximos días.
«El código nuevo es un proyecto, hasta que no se apruebe sigue vigente el actual», explicó a LPO un desarrollador. Los vecinos más movilizados pretenden que se suspendan los permisos de obra hasta que no esté sancionado el código. El gobierno y la Legislatura, por ahora, no darán curso al reclamo.
